Dejar de visitar el pueblo al que defendía fue uno de los protocolos de seguridad que tuvo que imponerse para evitar una agresión; salir de su estado natal, otro para seguir viva. Esperanza Salazar Zenil es una defensora de los derechos humanos y del medio ambiente que vive bajo amenaza. También sus compañeros de la organización ambientalista que coordina, Bios Iguana, y comuneros de la región.
El hostigamiento comenzó a raíz de su trabajo en la defensoría de Zacualpan, comunidad nahua ubicada al Sur de Colima, y a la que llegaría una minera en 2013 para explotar el oro de la región. El territorio ha sido declarado libre de esta actividad extractiva por autoridades federales, después de que Bios Iguana y con la organización de los comuneros se hicieran talleres, impartieran pláticas y se demostrara los efectos que trae consigo la explotación minera.
En entrevista con Contralínea, Esperanza relata las vicisitudes generadas a partir de la defensoría de este territorio, de las personas y personajes involucrados en ella. La historia se asemeja a las amenazas recibidas por otros defensores de derechos humanos y opositores a megaproyectos hoy muertos.
Los casos: Atilano Román Tirado, opositor a la presa Picachos, en Mazatlán, Sinaloa, quien fuera asesinado el 14 de octubre de 2014; también Bernardo Vásquez Sánchez, contra la Compañía Minera Cuzcatlán, ejecutado el 15 de marzo de 2012 en San José del Progreso, Oaxaca; y Mariano Abarca, asesinado el 27 de noviembre de 2009 en Chicomuselo, Chiapas, oponente a la minera Blackfire Exploration.
Esperanza Salazar Zenil relata que en octubre de 2013 gente de la comunidad indígena de Zacualpan se acercó a Bios Iguana para solicitar apoyo “y [que] les lleváramos información sobre cuáles serían los daños que pudiera causar una mina de oro, que pretendía explotar el empresario Rigoberto Verduzco Rodríguez, vinculado a la empresa Gabfer, SA de CV.
“Este trabajo lo comenzamos a hacer con muy poca gente en Zacualpan: la comunidad estaba muy cerrada, había un cacicazgo recalcitrante y no se les permitía hablar; incluso, en las asambleas, las mujeres no tenían voz, les decían ‘tú siéntate y cállate porque eres mujer’, había un control hacia los hombres y jóvenes sobre todo por parte de Carlos Guzmán Teodoro, entonces presidente de Bienes Comunales”, relata.
Comenzó a circular la información, misma que había trabajado la organización ambientalista con la Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema) y con el Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero (M4).
Los integrantes de la organización hicieron material gráfico de los efectos de la minería, expusieron fotografías de los daños causados en otras entidades, como San Luis Potosí, Oaxaca y Guerrero. La mina que se pretendía instalar en Zacualpan estaba apenas a 1 kilómetro de la comunidad y a la misma distancia del ojo de agua que abastece a la población y a la zona conurbada de Colima y Villa de Álvarez.
En marzo pasado, Contralínea documentó las disputas que prevalecen en la zona desde que pretendió instalarse la mina, y la población inconforme comenzó a trabajar con la organización Bios Iguana (edición 429).
Tras el trabajo comunitario y de la organización ambientalista, en una asamblea comunitaria fue destituido el presidente de Bienes Comunales Carlos Guzmán Teodoro. De esto, “el 27 de junio de 2014, el Tribunal Unitario Agrario determinó que la Asamblea que se llevó a cabo el 23 de febrero de 2014 celebrada por los miembros de la comunidad [de Zacualpan] cumplió con los lineamientos de la Ley Agraria para declararse válida, en cuya acta de asamblea se decide por unanimidad rechazar el proyecto minero que pretendía instalar Roberto Verduzco Rodríguez, señalando que en dicha asamblea se declara el territorio de la comunidad, como libre de minería”.
Se empezó a administrar con un nuevo comisariado. Una vez aprobada la asamblea, relata Esperanza Salazar, la gente de Carlos Guzmán toma el ojo de agua. “Se llevan a cabo manifestaciones frente a la Procuraduría Agraria y son agredidos físicamente Alejandro, Jonathan y Vanessa. Jonathan Ochoa fue amenazado de muerte por el hijo de la delegada de la Procuraduría, que trabajaba como visitador en la Procuraduría. Le dijo: ‘Si sigues en esto, te voy a matar’.
“El mismo día se interpuso una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, donde también se encontraba el grupo de Carlos Guzmán. Nuevamente recayeron las amenazas, ahora por parte del hijo de Carlos Guzmán, quien también amenazó a Alejandro; le dijo que ‘ya habían valido todos los Bios Iguanos; los vamos a matar, los vamos a sacar encostalados’”.
Además de las amenazas verbales a sus compañeros, Esperanza ha sido vigilada. Esto mientras vendía artesanía en un tianguis cultural del Centro de Colima. “Una tarde había hombres siguiéndome, acosándome, se aseguraban que yo los viera, nada más. Después, Alejandro y yo, que vivimos en el Centro, vimos en varias ocasiones patrullas siguiéndonos. Nos encontraban en una calle, luego en otra; al compañero lo siguieron en varias ocasiones, hasta cuando iba a correr al parque”.
Las intimidaciones y el seguimiento han sido denunciados ante el gobierno del estado, las comisiones Estatal y Nacional de los Derechos Humanos y hasta las oficinas de Michel Forst, presidente del Consejo de Derechos Humanos como relator especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), sin que al momento se hayan tomado acciones sobre el caso ni se haya recibido protección y medidas de seguridad que salvaguarden la vida de los defensores y defensoras de derechos humanos en Colima.
En el documento enviado al relator de la ONU se lee: “Las amenazas de muerte han sido recurrentes, y los integrantes de Bios Iguana no podemos libremente caminar por las calles, menos aún en la comunidad, ya que después del punto de acuerdo (en el que se destituyó al cacique por mayoría de la comunidad) la gente violenta se ha envalentonado y cada que alguien extraño se acerca a la comunidad inmediatamente se organizan con palos y piedras para recibirlo […] tres de nuestros compañeros han renunciado a la organización por considerar que no hay garantías de seguridad a nuestro trabajo como personas defensoras de derechos humanos; dos más, sin renunciar, se han alejado, lo que sin duda nos pone también en riesgo a los compañeros que seguimos trabajando en la organización Bios Iguana y en la comunidad”.
En el documento también se detalla que, a través de las redes sociales (Facebook), José Vázquez Lorenzo, habitante de la comunidad, amenaza de muerte a José Martín Peña, integrante del Consejo por la Defensa del Territorio de Zacualpan.
Cabe señalar que todo el Consejo Indígena por la Defensa del Territorio de Zacualpan se encuentra amenazado por el expresidente de Bienes Comunales Carlos Guzmán Teodoro, quien ha dicho que “todos los que andan por delante de la lucha en contra de la mina saldrán encostalados uno por uno”. Asimismo, el señor Enrique Carpio Rincón, comisario municipal ha dicho, refiriéndose a la recién inaugurada oficina del Consejo Indígena: “Se le va aprender fuego a la oficina donde se encuentran documentos, archivos y personas que estén dentro”.
“…Nos sentimos amenazados todas y todos tanto de la organización Bios Iguana y Consejo Indígena por la Defensa del Territorio de Zacualpan por las declaraciones que la delegada María Elena Díaz Rivera ha lanzado a la prensa, acusándonos [a los integrantes de Bios Iguana] de ser delincuentes, de extorsionar a la gente, de tener sembradíos, y pide que el gobierno del estado y la Procuraduría de Justicia del Estado intervengan para sacarnos de Zacualpan. Al Consejo esto le afecta pues la delegada deja entrever que el Consejo protege a delincuentes”, acusa la carta dirigida al relator de la ONU.
Érika Ramírez, @erika_contra
[Sección: Sociedad]
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Contralínea 435 / del 04 al 10 de Mayo 2015
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