Calderón en la picota de su versión histórica: los dobles lenguajes de la privatización

Segunda parte. El jueves 8 de octubre de 2009, tres días antes de darse a conocer el Decreto de Extinción de Luz y Fuerza del Centro (LyFC), Luis Felipe Bravo Mena, entonces secretario particular de Felipe Calderón Hinojosa, recibió a la dirigencia del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) en Los Pinos y se dijo “sorprendido” por el estudio entregado en sus manos donde se comprobaba que los trabajadores estaban cumpliendo con el convenio de productividad firmado con la empresa al reducir las pérdidas en un porcentaje de 3 mil millones de pesos.

En el documento se precisaba que la mayor parte de los recursos erogados por la entonces paraestatal correspondían al subsidio de las tarifas eléctricas y no al pago de los salarios y las prestaciones establecidas en el Contrato Colectivo del SME.

El funcionario prometió agendar una mesa de trabajo para el lunes 12, cita que ya no se concretó, porque como lo confiesa el expresidente Felipe Calderón Hinojosa en su libro “Decisiones Difíciles”, la determinación de desaparecer a la empresa pública se había tomado desde semanas atrás y la cínica postura de su subalterno solo fue para ganar tiempo y no alterar lo acordado con su gabinete e incluso con gobernadores de los estados ubicados en la zona centro del país, donde prestaba sus servicios LyFC, para mantener en secrecía el golpe planeado contra el SME y la entidad pública, la madrugada del 11 de octubre de 2009.

Con un perverso doble lenguaje, Calderón y sus funcionarios mintieron a la nación, como ahora lo hace en su libelo, donde el hombre que alentó un narcogobierno y dejó sumido a todo el país en la debacle económica, el desempleo y un entorno de muerte e inseguridad, trata de auto justificarse ante los mexicanos.

En sus reiteradas trápalas, el expresidente se asume una y otra vez como un aparente salvador de las finanzas públicas, que buscó además rescatar al sector energético en manos de una “burocracia dorada” y contratos como el del SME que impedían que los beneficios, tanto del petróleo como de la electricidad, llegaran a la población.

De esa privilegiada burocracia de las empresas públicas, el exmandatario se confunde en su mendacidad y reiteradas contradicciones, al plantear: “Sería interesante saber, por ejemplo, con cuánto se han jubilado diversos directores y altos funcionario de la CFE, Luz y Fuerza y Pemex. Estoy seguro que tienen pensiones mucho mayores que el salario del Presidente de la República”.

¿Por qué Calderón enfiló su encono neoliberal hacia los sindicalizados del SME y no actuó en consecuencia contra esta élite? Obvio que necesitaba, al menos en las paraestatales del sector eléctrico, la complicidad del titular de CFE, Alfredo Elías Ayub, y del director de LyFC, Jorge Gutiérrez Vera, y por ello consintió que tales canonjías permanecieran intactas. Sus dichos lo ubican en el papel de un consumado demagogo y traidor al país.

El embustero también oculta decir que en su gobierno como el de su antecesor Vicente Fox, se continuaron otorgando permisos de generación a los productores independientes, en su mayoría empresas trasnacionales y contratos para comprarles electricidad, a un alto costo para el erario que dice haber defendido con uñas y dientes. Tampoco habla de los excedentes petroleros por casi un billón de pesos, dilapidados durante su gobierno en estrategias absurdas, como el combate al narcotráfico, en donde una costosa Secretaría de Seguridad, al mando de Genaro García Luna, absorbió miles de millones de pesos tirados a la basura en su fallida lucha contra el narcotráfico.

Al exmandatario no se le da la aritmética básica, pues en su fallida expiación nunca documenta cuánto costó realmente desmantelar el sector eléctrico ni los elevados gastos de operación derivados tras el cierre de Luz y Fuerza, por la aparición de empresas privadas contratadas por la CFE y que reportaron millonarias ganancias a funcionarios corruptos como Néstor Moreno Díaz, aquel personaje que recibía como pago por sobornos yates y ferraris. Protegido de Alfredo Elías Ayub, cabeza de otro grupo delincuencial que le pasó de noche a Calderón y García Luna: El Cártel de la Electricidad.

Según lo referido en el panfleto con apariencia de libro, su gobierno debería erogar en 2010, 55 mil millones de pesos para el subsidio a las tarifas de los usuarios, pero no cita que de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF), hasta el 2009 se habían desembolsado más de 200 mil millones de pesos para cumplir con los contratos de compra de energía a las trasnacionales. ¡Vaya manera de velar por los intereses del país!

Calderón termina por aceptar que la amenaza de “quiebra técnica” a LyFC no era responsabilidad del SME, sino consecuencia directa de la oculta intención de abrir las puertas a la privatización del sector eléctrico. Nunca estuvo en sus planes defender el patrimonio de los mexicanos y prueba de ello es que la propia CFE fue obligada a subutilizar sus plantas de generación para favorecer a las empresas privadas.

Varías líneas son dedicadas a exaltar la labor casi “patriótica” del entonces director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Alfredo Elías Ayub y del líder del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (SUTERM), Víctor Fuentes del Villar, pero los mexicanos deben preguntarse tras la narración del expresidente ¿cuándo el funcionario y el líder charro alzaron la voz para defender a la paraestatal de los embates del neoliberalismo panista? ¿Dónde hay constancia de haberse pronunciado en contra de los contratos leoninos firmados con las multinacionales que le van a costar al país en los años por venir un billón de pesos?

Tras el cierre de Luz y Fuerza el sistema eléctrico en la zona centro del país estuvo a punto de colapsar por la ineptitud de los esquiroles del SUTERM y el personal de las empresas contratistas habilitadas por la CFE. Algunas de las fallas recurrentes ocurrieron en el Centro Histórico de la Ciudad de México, en donde varias mufas volaron, poniendo en riesgo a la población.

Funcionarios del narcogobierno tuvieron el descaro de acusar de sabotaje a los electricistas del SME en resistencia, cuando los problemas derivaron de la incapacidad para operar el sistema en su conjunto. Muchos improvisados “técnicos” murieron electrocutados por la impericia en el manejo de las redes, sin recibir indemnizaciones justas por parte de los voraces contratistas. Estos hechos ni siquiera se mencionan en el texto del expresidente.

Es hora de que Calderón Hinojosa diga a los mexicanos agraviados por el mal servicio y los cobros disparados a raíz de los llamados “recibos locos” de la CFE, cuánto le costó realmente a su gobierno la extinción de LyFC.

Al correr de los años, es claro que los usuarios como las finanzas públicas salieron perdiendo y algunos de los beneficiados directos fueron miembros del Cartel de la Electricidad, que obtuvieron pingües ganancias a costa de las disparatadas decisiones de un presidente que para encubrir la desnacionalización de la industria eléctrica recurrió a la fuerza del Estado para agredir al SME. (Continuará)

Martín Esparza*

*Secretario general del SME