La corrupción en todos los niveles de gobierno ha provocado el incremento de los delitos ambientales y el fracaso de los programas que deberían atender la precaria situación de los ecosistemas del país. Así lo revela la Agenda Nacional de Riesgos, bajo custodia del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).
De acuerdo con la versión 2013 del documento, durante el primer año de la administración de Enrique Peña Nieto al frente del poder Ejecutivo, el capítulo “Deterioro del medio ambiente” ocupó el noveno lugar de la lista de los 10 temas prioritarios de la Agenda.
En 2014, “Desastres naturales y pandemias” (donde se incluye la afectación
ambiental) subió al primer sitio; ya para la versión 2015, el análisis de esta problemática regresó al noveno lugar, antecedido del “Tráfico de mercancías en fronteras y mares”.
Los documentos confidenciales, de los cuales Contralínea posee copia, señalan que de 2000 a 2010 los efectos del cambio climático y la degradación ambiental han ocasionado en México 5 mil muertes, 13 millones de afectados y pérdidas económicas por 250 mil millones de pesos.
Gian Carlo Delgado Ramos, doctor en Ciencias Ambientales por la Universidad Autónoma de Barcelona, dice que no es extraño que la crisis ambiental se vuelva un tema de seguridad, pues esta inquietud ha sido expresada por otros gobiernos y “hay preocupaciones” en torno al tema.
La “pregunta de fondo” –comenta el investigador del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México– es “¿cómo llegamos a esta crisis?”. Se responde: “Llegamos a ella por el tipo de patrones de consumo que tenemos, la lógica del sistema actual de producción y reproducción de la vida que ha empujado la acumulación creciente de capital, la expansión de los mercados y los patrones de consumo derrochadores”.
El tema de la seguridad ambiental, expone Delgado Ramos, se incluye desde década de 1990 en la agenda de riesgos de Estados Unidos (en la Estrategia Nacional de Seguridad). Pero el enfoque con que lo abordan en ese país es el de las dificultades que el deterioro ambiental significará para el acceso a los recursos que garantizan su hegemonía hemisférica y global. “Y esto se sostiene sobre la base de los procesos productivos que ellos tienen; tanto civiles, como militares. Necesitan garantizar el acceso a los recursos para poder mantener este posicionamiento civil y militar. Ahora, también es tema para México”.
El diagnóstico del Consejo de Seguridad Nacional, contenido en la Agenda Nacional de Riesgos, enlista las siete vulnerabilidades del Estado para atender los problemas relacionados con el deterioro ambiental; seis de ellas, bajo una medición de riesgo 3, medio; la última, con riesgo bajo.
Entre ellas, se reconoce la “limitada capacidad gubernamental para atender los ilícitos ambientales vinculados a grupos de interés (tala ilegal, sobre explotación de acuíferos, tráfico de la vida silvestre y manejos de residuos)”.
También, la “falta de una cultura medio ambiental (internalización) de los costos del deterioro, así como de políticas públicas transversales” y el “uso desmedido del agua (vigencia de sistemas de medición y cobro de agua obsoletos)”.
En el marco del deterioro ambiental y las vulnerabilidades del gobierno para enfrentarse a los problemas, incluye las “resistencias sociales y corporativas a implantar precios de combustibles que incentiven su uso racional; la falta de incentivos para el reciclaje de residuos sólidos urbanos, la reubicación de rellenos sanitarios y generación de energía; y la carencia de un sistema de distribución de agua potable alterno en regiones de alta concentración poblacional como la Zona Metropolitana de la Ciudad de México y Toluca.
Mientras la Agenda Nacional de Riesgos reconoce las incapacidades del Estado y alerta de los daños que pueden ocasionar las afectaciones al medio ambiente, las cifras presentadas en el Cuarto Informe de Gobierno, 2015- 2016 de Enrique Peña Nieto indican que entre el 1 de enero de 2014 y el 30 de junio de 2016 se ejercieron 660.5 millones de pesos en el apoyo de 866 proyectos para la adaptación y mitigación del cambio climático. Los proyectos involucraron, según los datos oficiales, a 47 mil 594 indígenas.
La Plataforma de datos abiertos para el cambio climático añade cifras al panorama de las afectaciones: en México se registran 319 municipios como los más vulnerables del país; la región más dañada es la del Norte, con 111 municipios: 15 en Chihuahua; 38 en Coahuila; 39 en Durango, y 19 en San Luis Potosí.
El total de la población vulnerable por el cambio climático, según esta misma plataforma oficial, asciende a 28 millones 393 mil 577 mil mexicanos en todo el territorio nacional. Los estados con más personas en esta situación son: el Estado de México, con 3 millones 919 mil 419; Baja California, con 3 millones 220 mil 301; la Ciudad de México, con 2 millones 539 mil 822; Sinaloa, con 2 millones 5 mil 383, y Tabasco, con 1 millón 961 mil 275.
La Agenda agrega que el 62 por ciento de la superficie nacional de “áreas protegidas no cuenta con programas de administración, lo que propicia un aumento en su degradación”.
Uno de los mayores impactos de la degradación ambiental es el del agua: la sobreexplotación de mantos acuíferos y el deterioro de las zonas de recarga.
En el documento bajo custodia del Cisen se menciona que “de 1975 a 2011 la tendencia de acuíferos sobreexplotados se incrementó de 32 a 211. De éstos, 77 no tienen disponibilidad de agua al ser desviada para otros usos”. Las cifras del aparato de inteligencia del país se incrementan a más del doble de las presentadas por otras instituciones públicas e investigaciones.
La Auditoría Superior de la Federación también ha advertido que “la preservación del agua en cantidad es asunto de seguridad nacional, por tanto, debe evitarse su aprovechamiento no sustentable”.
Según cifras de 2013, de los 653 acuíferos existentes en el país, 106 (16.2 por ciento) registran sobreexplotación, que corresponden a nueve de las 13 regiones hidrológicas de México. Cuencas Centrales del Norte registró el mayor número de acuíferos sobreexplotados, 23 (33.8 por ciento) de 68 acuíferos que integran esa zona; Aguas del Valle de México 4 (28.6 por ciento) de 14 acuíferos registran sobreexplotación, y Lerma-Santiago-Pacífico con 32 (25.2 por ciento) de 127 acuíferos están sobreexplotados, expone el máximo órgano de fiscalización.
El geoestadista Manuel Llano Vázquez Prada señala que cuatro de los 10 acuíferos con mayor extracción ilegal de agua subterránea se encuentran en Guanajuato. “De éstos, el caso más extremo es el acuífero de Pénjamo-Abasolo donde la extracción ilegal asciende a 11 mil 721 litros cada segundo (370 millones de metros cúbicos anuales). El segundo acuífero con mayor extracción ilegal es el de Cuautitlán-Pachuca, en el Valle del Estado de México: de éste se extraen hasta 10 mil 749 litros cada segundo ilegalmente.
En tercer lugar se encuentra el acuífero principal de la Región Lagunera en Coahuila, del que se extraen sin autorización 8 mil 977 litros cada segundo”, indica a través de su análisis Extracción ilegal de agua por acuífero. El motivo, según el investigador, corresponde a la ineficacia de los mecanismos de inspección (Contralínea, 426).
En el tema de las presas, los organismos de seguridad nacional también hacen observaciones. En el documento se establece que de febrero 2012 a febrero 2013 la disponibilidad de almacenamiento de 41 de las 51 presas más grandes del país disminuyó del 48 por ciento a 37.7 por ciento de su capacidad.
La Agenda Nacional de Riesgos advierte que “en las presas del sistema Cutzamala existen descargas de aguas residuales que impactan en la calidad del agua. El sistema suministra el 23 por ciento de agua potable a la Zona Metropolitana de la Ciudad de México y Toluca (5 millones de habitantes)”.
Alerta que la disponibilidad de agua natural media per cápita a nivel nacional disminuirá de 4 mil 90 metros cúbicos por habitante por año en 2010 a 3 mil 815 en 2030.
Además de la sobreexplotación, la contaminación de los afluentes ha sido tema de análisis de seguridad nacional. El Cisen alerta sobre la contaminación de los principales afluentes: Grijalva-Usumacinta, Papaloapan, Coatzacoalcos, Balsas, Pánuco, Santiago y Tonalá, ya que “disminuye el potencial de la red hidrográfica de 63 mil kilómetros”.
La Agenda Nacional de Riesgos también coloca, entre sus temas de observación y que atentan a la seguridad nacional, aquellos relacionados con la minería. “En 2012 se detectaron 54 minas, ubicadas en 18 estados, que registraban conflictividad. El tema ambiental concentró el 67 por ciento de los casos de inconformidad en los desarrollos mineros”.
El documento contiene un mapa de las mineras “en conflictividad”. Entre ellas se encuentran: La Platosa, Mapimí, Durango; Mina VII Saltillito, San Juan Sabinas, Coahuila; Peñasquito y San Martín, Mazapil, Zacatecas; La Luz, Real de Catorce, Zacatecas; San Xavier, Cerro de San Pedro, San Luis Potosí; Actopan y Alto Lucero, Caballo Blanco, Veracruz; La Trinidad, San José del Progreso, Oaxaca; Los Filos, El Bermejal, Eduardo Neri, Guerrero; Las Truchas, Las Encinas, El Baztán, Michoacán.
Jen Moore, coordinadora del programa para América Latina de Alerta Minera Canadá (Mining Watch Canada), dice en entrevista que las leyes ambientales en México han sido hechas a modo para la instalación de la gran minería. “Éstas, permiten y legalizan una forma de destrucción del medio ambiente que va perjudicando la calidad del aire y agua; así como la permanencia de millones de toneladas de roca y desechos tóxicos sobre la tierra, para siempre”. Agrega que las mineras sólo moderan su destrucción y saqueo con la presión social de los pueblos y las acciones legales.
Moore considera que “las pérdidas son muy grandes, pues se habla de hasta el 20 por ciento de territorio concesionado; y esto implica mucho: deterioro del tejido social, proliferación del crimen organizado y daños irreversibles al medio ambiente; y todo esto no responde a intereses sociales sino a los de empresas rapaces que sólo llevan el dinero a sus bolsillos”, dice la activista canadiense.
La propia Agenda Nacional de Riesgos expone que “en Baja California Sur, Chiapas, San Luis Potosí y Veracruz el proceso de extracción minera a cielo abierto propicia afectaciones a la calidad del agua potable y de riego, así como del aire”.
El proceso de extracción que se ha empleado en este boom minero es a cielo abierto, consistente en la detonación sistemática de explosivos en las montañas, lo cual transforma drásticamente el paisaje. Además, se afecta negativamente el proceso de los mantos freáticos.
El documento identifica los daños de los megaproyectos al medio ambiente: “la extracción de minerales preciosos de la roca requiere un procesamiento intensivo, que crea grandes cantidades de residuos sólidos, los cuales suelen ser tóxicos. En el proceso se emplea habitualmente cianuro y los residuos minerales contienen naturalmente compuestos de sulfuro, que cuando se exponen al agua y al oxígeno, forman ácido sulfúrico. En un fenómeno denominado drenaje de ácidos provenientes de minas, el ácido sulfúrico se filtra a través de los residuos de las minas y libera sustancias tóxicas como el cadmio y el arsénico de la roca”.
Miguel Mijangos Leal, integrante de la Red Mexicana de Afectados por la Minería, comenta que ya “desde hace 30 años que la nueva forma de explotación minera ha generado un sin número de problemas al ambiente, que rápidamente trasciendan al daño de la salud de la población, más allá de los otros efectos de la minería.
“En el caso de la minería a cielo abierto, se ha documentado que la gran remoción de material tiene consecuencias catastróficas para todos los elementos de la naturaleza: desaparición de manantiales y mantos freáticos, uso indiscriminado de agua, tierra contaminada, desviación de cursos de ríos, entre otros. Hay una preocupación muy fuerte porque tenemos leyes ambientales débiles, más allá los lazos de corrupción que hay entre los sectores, federal y empresarial. Es urgente prohibir la gran minería”, añade Mijangos Leal.
Según la información de los órganos de inteligencia, contenida en la Agenda Nacional de Riesgos, “la estimación de 2005-2010 arroja una pérdida de 155 mil hectáreas por año. Las selvas y bosques son los ecosistemas en los que el impacto es mayor. Hasta 2010 se habían perdido 63 por ciento de las selvas y 38 por ciento de los bosques”.
Para la organización ambientalista Greenpeace México, las cifras son mayores, las pérdidas ascienden a 500 mil hectáreas de bosques y selvas. Alerta: “Los ritmos de deforestación que sufre nuestro país son alarmantes. La acelerada destrucción de los bosques ha colocado en estado de emergencia a una gran variedad de especies de flora y fauna que dependen de ese ecosistema. Entre esas especies se encuentra la humana”.
De 1979 a 2007 el cambio de uso de suelo de bosques y selvas a terrenos agropecuarios creció más de 14.3 millones de hectáreas, y de pastizal 1.5 millones.
En la Reserva de la Biósfera Montes Azules (Chiapas), identifican 37 asentamientos irregulares que implican desmonte de la selva alta y cambio de uso de suelo. Las entidades que registran mayores índices de tala ilegal son: Chiapas, Hidalgo, México, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla y Tlaxcala.
Documenta la vinculación de esta práctica con la delincuencia organizada en: Campeche (Los Zetas); Estado de México y Morelos (La Familia Michoacana) y Michoacán (Los Caballeros Templarios). En Ocosingo, Chiapas, se registra el tráfico de maderas preciosas.
Los residuos sólidos y peligrosos no pasan desapercibidos en la Agenda Nacional de Riesgos, pues hasta 2012 en México se generaban alrededor de 40 millones de toneladas de residuos al año, de las cuales 35.3 millones corresponden a residuos sólidos urbanos y entre 5 y 6 millones de toneladas a residuos peligrosos. “La problemática se agudiza ante la falta de infraestructura para su tratamiento y reciclaje. Hasta 2010 en el Distrito Federal [ahora Ciudad de México] su área metropolitana se tenía una cobertura de recolección de Residuos Sólidos Urbanos de 80 por ciento, de los cuales sólo entre el 10 y 20 por ciento son reciclados”, indica.
De las emergencias medioambientales describe: “La ciudad de México genera alrededor de 12 mil toneladas diarias, desaprovechadas para la generación de gas metano. El reciclaje es ineficiente e informal. El relleno sanitario bordo Poniente, pese a su cierre definitivo en 2011, se mantiene como un generador de contaminación del aire (gas metano) y suelo (lixiviados y fauna nociva)”.
La contaminación del aire en zonas metropolitanas del Centro de México, Guadalajara y Monterrey también se destaca en el documento. Ésta ha generado que en fechas recientes se imponga la fase de contingencia ambiental en la Ciudad de México. “México registra 15 mil decesos por año atribuibles a la contaminación del aire ambiental, superado únicamente por Brasil, que acumula 23 mil muertes”.
Érika Ramírez
[BLOQUE: INVESTIGACIÓN][SECCIÓN: SEGURIDAD]
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Contralínea 508 / del 03 al 08 de Octubre 2016
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