Una de las empresas favoritas del calderonismo, Tradeco, mantiene una megaobra sin cortapisas en el sexenio actual. Ha recibido todas las facilidades aunque su proyecto destruya un Área Natural Protegida
Cuatro kilómetros de carretera y dos túneles avanzan en un 30 por ciento de su construcción. “Libramiento Sur, segunda etapa, ramal Camelinas” es el proyecto encomendado por el expresidente Felipe Calderón Hinojosa a Grupo Tradeco, SA de CV, durante el último tramo de su administración. La vía se pavimenta sobre tres de las siete fallas geológicas activas y laderas inestables de Morelia, Michoacán. El costo financiero: casi 1 mil 400 millones de pesos.
El riesgo futuro, un alud como el ocurrido en La Pintada, Guerrero, donde desaparecieron 68 personas en septiembre de 2013. Un estudio de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) advierte sobre uno de los cortes: “Los principales problemas que se ven son el de caída y rodamiento durante la época de lluvias y el de erosión superficial del talud debido al mismo fenómeno”.
La defensa de la Loma de Santa María, espacio afectado, es férrea. Además de ser una de las únicas dos recargas de agua de Morelia, es el hábitat de flora y fauna en peligro de extinción y pulmón de la ciudad, Área Natural Protegida desde la presidencia de Lázaro Cárdenas del Río y preservada por los exgobernadores Cuahutémoc Cárdenas Solórzano y Ausencio Chávez.
La oposición de científicos, académicos, sociedad civil y activistas a este proyecto ya ha provocado amenazas sobre los voceros del Movimiento Ciudadano en Defensa de la Loma. Desde que era gobernador Fausto Vallejo se ha llevado a cabo un volanteo de anuncios que los visibilizan como opositores al “desarrollo” de Morelia, con fotografías, así como amedrentamiento.
En tanto, la “compañía consentida del calderonismo” sigue el curso del proyecto. Tradeco es una de las compañías que ganaron millones de pesos en la administración pasada. Ahora, ha sido mencionada en un punto de acuerdo del Senado de la República para ser investigada. La Cámara de Diputados también exigió la detención de la obra.
Inestabilidad y riesgos: UNAM
El Estudio geológico-geotécnico del ramal Camelias del Libramiento Sur de Morelia, elaborado por la División de Ingeniería de Ciencias de la Tierra de la Facultad de Ingeniería de la UNAM– alerta que los cortes 1 y 2 que se realizarán en la obra se encuentran sobre “rocas de baja resistencia” y hay un “alto riesgo de inestabilidad y erosión”.
El análisis académico, al que tuvo acceso Contralínea, menciona que el “estudio presentado en 2009 no presenta análisis de estabilidad de corte, diseño geotécnico y no indica los tratamientos que se requerirán para su estabilidad y protección a largo plazo”; sólo se limita a presentar recomendaciones generales y se anota que el diseño definitivo se realizará durante la etapa de construcción.
La zona del Corte 2, indica el análisis de la UNAM, “está formada por brechas volcánicas con intercalaciones delgadas de derrames de andesita y también capas poco frecuentes de tobas arcillosas, los principales problemas que se ven son el de caída y rodamiento durante la época de lluvias y el de erosión superficial del talud debido al mismo fenómeno”.
En entrevista, Víctor Manuel Hernández, investigador del Instituto de Investigaciones Metalúrgicas, especializado en Sistemas de Información Geográfica y Percepción Remota, es contundente: no hay viabilidad en el proyecto por las fallas geológicas que existen, el riesgo de sismo podía provocar un alud. La obra no es viable, hay otras alternativas para generar accesos.
Amenazas a defensores
No obstante las advertencias académicas, la obra continúa. Y, con ella, las amenazas en contra de los opositores al proyecto calderonista. Moctezuma Madrigal, vocero del Movimiento Ciudadano en Defensa de la Loma, es uno de los personajes a los que ha llegado el acoso tras la defensa de este espacio, recarga de agua y pulmón para Morelia.
Su rostro ha aparecido impreso en volantes que circulan por la ciudad y en el que se menciona que es opositor al “desarrollo” de Morelia. Uno de los atentados (durante la administración de Fausto Vallejo en 2013) fue fallido.
[blockquote pull=”right” align=”left” attributed_to=”” attributed_to_url=”{{attributed_to_url}}”]Tradeco enlista más de 70 proyectos con el sector público: desde túneles y edificios hasta autopistas y plataformas petroleras”[/blockquote]
Su expareja conducía el vehículo de Moctezuma Madrigal, hombres armados hicieron la parada mientras viajaba por la carretera, la bajaron y preguntaron por el activista. El mensaje fue para él: que “ya le bajara de huevos”. Aunado a ello ha habido llamadas telefónicas en donde repiten el mensaje.
Las reuniones con los integrantes de la organización ha comenzado a ser itinerante, las conferencias de prensa para mantener al tanto a los medios ya no se hacen en espacios públicos, porque había personajes que llegaban a boicotear, comenta en entrevista con Contralínea.
Moctezuma Madrigal también comenta que, previo a que se iniciara la construcción del proyecto, se llevaron a cabo consultas con los colonos para observar sobre la viabilidad de éste, sin embargo, la gente se opuso en 28 de las 30 llevadas a cabo.
Y es que más allá del “progreso”, argumento con el que las autoridades impulsaron la obra, expone Madrigal los verdaderos beneficiarios de esta vialidad serán los empresarios que administran el centro comercial Altozano.
“Quienes se oponen a estos proyectos han sido estigmatizados como ‘detractores del desarrollo’ y ‘antipatriotas’ por los medios de comunicación y las autoridades gubernamentales. Valiéndose de esa retórica, y mediante otras tácticas coercitivas, el gobierno y los actores privados han fomentado conflicto y divisiones en el seno de las comunidades mexicanas.
“El gobierno mexicano no es el único actor responsable de las violaciones a derechos humanos que se señalan en este informe. Empresas con sede en México, Canadá, Estados Unidos y la Unión Europea invierten en estos proyectos, por lo que pueden ser cómplices, aprovechando la disposición del gobierno mexicano de pasar por alto los problemas ocasionados por estos proyectos, para implementar en México prácticas ambientales perjudiciales que serían inaceptables en sus países de origen. Algunos empleados de estas compañías incluso han estado implicados en agresiones físicas e intentos de asesinato dirigidos contra defensores ambientales”, dice el informe del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez Han destruido la vida en este lugar.
Exhorto legislativo
La cancelación del proyecto fue uno de los últimos exhortos de la LXII Legislatura. Integrantes de la Comisión de Medio Ambiente arguyeron la inviabilidad de la construcción porque “la zona de Loma de Santa María en Morelia, Michoacán, es de gran importancia ecológica, ya que representa el pulmón de la ciudad y cuenta con una vasta biodiversidad de especies endémicas protegidas de flora y fauna, además suministra el 40 por ciento de agua potable que consume la ciudad de Morelia”, se expuso el punto de acuerdo del 2 de diciembre de 2014.
En él se arguyó que en el Presupuesto de Egresos de la Federación del Ejercicio Fiscal de 2014 no se incluyó la asignación de recursos para la construcción de dicha vialidad, debido a que estaban en proceso los juicios de nulidad 1 981/12-21-01-2, 1406/12-21-01-4, 37/13-21-01-2 y 1145/12-21-01-9 ante la Sala Regional Pacífico Centro del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.
El proceso legal ha sido largo. El 17 de julio de 2012, el juez federal otorgó la suspensión provisional y levantó la suspensión definitiva el 6 de febrero de 2013, “días después la Secretaría de Comunicaciones y Transportes [SCT] comienza a construir la segunda etapa del Libramiento Sur; esto a pesar de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público mantiene suspendida la clave de cartera desde el 21 de noviembre de 2012, cuando se informó a la unidad responsable del proyecto (Centro SCT Michoacán) que el registro en cartera 1109360009 del proyecto Libramiento Sur de Morelia se suspendía su vigencia y se enviaba a revisión a la dependencia [SCT], con la finalidad de demostrar las viabilidades técnica, jurídica y ambiental”.
El 2 de abril de 2014, mediante el oficio 3.1.3.-043, signado por el maestro Óscar Callejo Silva, director general adjunto de Construcción y Modernización de Carreteras Federales de la Dirección General de Carreteras de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, se informó con respecto del Libramiento Sur de Morelia (clave 11096360009): “…el presupuesto establecido para dicha obra es de 1 mil 520 millones de pesos; el avance físico es de 10 por ciento, y el monto ejercido de obra es 144.8 millones de pesos […] el presupuesto correspondiente a la segunda etapa del Libramiento Sur de Morelia es del orden de 1 mil 375.2 millones de pesos; sin embargo, el ejercicio de dichos recursos se encuentra sujeto a la actuación del registro ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, razón por la cual, a la fecha no se cuenta con asignación presupuestal en 2014”.
Vigilancia y revisión a Tradeco
Grupo Tradeco es una de las “consentidas” del calderonismo, asevera un punto de acuerdo emitido en diciembre de 2014, a través del que se solicita que la Secretaría de la Función Pública (SFP), a cargo de Virgilio Andrade, envíe al Senado un informe desglosado de cada una de las contrataciones que la administración pública federal llevó a cabo en el periodo 2003-2012 con la empresa de Federico Alberto Martínez Urmeneta.
Este ejercicio, indica el documento legislativo, está motivado para que “se finquen responsabilidades contra quien resulte responsable por daño al erario y se establezcan las sanciones administrativas y penales que conforme a derecho procedan”.
El grupo parlamentario del partido en el poder (Partido Revolucionario Institucional, PRI), arguyó durante la administración de Felipe Calderón Hinojosa que “se documentaron los múltiples privilegios en favor de Grupo Tradeco, beneficiados con la adjudicación directa en múltiples proyectos como la autopista Durango-Mazatlán y el puente Baluarte Bicentenario”.
“La contratista preferida de la administración previa, encabezada por Felipe Calderón, tenía muchos contactos en el gobierno federal, pues fue evidente que Tradeco logró la mayoría de obras vía adjudicación directa. Trasciende que tan sólo entre 2003 y 2012 los contratos adjudicados ascendieron a los 15 mil 143 millones de pesos con la constante de sobrecostos y retrasos en las obras.”
Tradeco.com
Más de 70 proyectos ejecutados con presupuesto público se despliegan en la información del portal de la empresa. Las obras van desde túneles, edificios públicos, autopistas, plataformas petroleras, hasta la venta de aeronaves de adiestramiento táctico.
Sus clientes: las secretarías de Comunicaciones y Transportes, de la Defensa Nacional, Petróleos Mexicanos (Pemex), el Instituto Nacional de Migración, la Comisión Nacional de Seguridad, los gobiernos de Chiapas, Puebla y más.
Entre los proyectos están: la base aérea militar 2 de Ixtepec; el Hospital Regional del Instituto Mexicano del Seguro Social 1; el puente Albatros, el taponamiento de pozos petroleros… obras que significan recursos millonarios para el erario, entre ellas la del Libramiento Sur en Morelia.
El punto de acuerdo del Senado de la República, con fecha del 22 de diciembre pasado, cuestiona el beneficio que se le dio a Tradeco durante las administraciones de Acción Nacional: “Sin duda, explican cómo una empresa cuyo capital inicial fue de 10 mil pesos, según consta en la escritura emitida por el notario Felipe Alfredo Beltrán, en solamente 20 años logró incrementar hasta 30 mil millones de pesos su capital social”.
Otro ejemplo grave, dice el documento legislativo, “justifica las altísimas ganancias de Tradeco. Se reporta cómo en 2003, el fundador del grupo en comento, se incorporó a Pemex como director ejecutivo del proyecto Cantarell –el pozo más productivo– y benefició a la empresa dirigida por su hijo con un gran contrato de 379 millones de pesos.
“Así, una empresa al amparo del tráfico de influencias y el conflicto de interés –no sólo expuesta como evasora de impuestos; omisa en el cumplimiento de contratos en los términos pactados y desatenta con la normatividad ambiental, tal como lo denunció la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente respecto a la Manifestación de Impacto Ambiental para el muelle de Manzanillo en Colima– sigue pretendiendo participar en concursos de obras públicas, al amparo de la impunidad que, tal vez, en otra administración era la regla.”
Contralínea solicitó conocer la postura de Tradeco a través de la encargada de Relaciones Públicas de la empresa, Tatiana González; asimismo, solicitó entrevista con Ricardo Luna, secretario de Urbanismo y Medio Ambiente del gobierno de Michoacán y con el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, mediante la dirección de Comunicación Social que atiende Rodolfo González. Al cierre de la edición no se obtuvo respuesta.
Érika Ramírez, @erika_contra
[BLOQUE: INVESTIGACIÓN] [SECCIÓN: SOCIEDAD]
TEXTOS RELACIONADOS:
Contralínea 463 / del 16 al 22 de Noviembre 2015
