En México, las cárceles son uno de los peores escenarios para la propagación de la pandemia de Covid-19, pues en 37 por ciento hay sobrepoblación; además, 30 por ciento de los internos carece de agua potable. El riesgo no sólo es el contagio, sino también la tortura en un contexto de incomunicación. En prisiones federales, ya no hay acceso
La pandemia de Covid-19 agrava las condiciones precarias en las que viven las personas privadas de libertad, alerta el coordinador del Programa de Prevención de la Tortura en la organización Documenta, Ángel Salvador Ferrer. Ello, porque la sobrepoblación persiste en 37 por ciento de las cárceles mexicanas y dificulta, cuando no imposibilita, mantener la sana distancia de 1.5 metros recomendada por la Secretaría de Salud.
Aunado a esto, el lavado frecuente de manos con duración mínima de 30 segundos es un desafío para casi un tercio de la población penitenciaria, pues carece de acceso a agua potable.
Estas cifras, retomadas por Documenta a partir de las bases de datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) no tienen en cuenta otro tipo circunstancias y carencias que los internos y sus familiares sí conocen muy bien. Lucía Alvarado, coordinadora del Centro de Apoyo Integral para Familiares de Personas Privadas de la Libertad (Caifam), detalla en entrevista que en el contexto actual de la pandemia de Covid-19 “a los familiares se les está pidiendo que lleven cloro y Pinol como parte de una donación”.
Agrega que “la obligación del sistema penitenciario es muy clara, pero la verdad es que no se cumple. Los familiares tenemos que llevar todo: desde ropa de cama, ropa de ellas o ellos, comida, agua, medicina. Todo lo que se necesite para tener la vida allá adentro”.
Las carencias son tales que, indica, a los prisioneros ni siquiera se les provee de jabón, champú ni otros insumos de limpieza personal. “Y lo peor: ni siquiera tienen agua potable ni corriente dentro de las prisiones”, comenta Lucía Alvarado, quien también es familiar de una persona que estuvo privada de la libertad por 10 años.
A esto se suma la “intriga y ansiedad” por no tener claro cuáles son las políticas que van a adoptar las autoridades de los sistemas penitenciarios. Por el momento, los familiares han confirmado al Caifam que los Centros Federales de Readaptación Social han negado el acceso por completo, mientras que en centros penitenciarios locales existen restricciones parciales.
En el caso de la Ciudad de México, la Subsecretaría del Sistema Penitenciario anunció el 25 de marzo pasado las acciones de prevención realizadas. Se redujo en 50 por ciento la visita: la persona interna ya no podrá recibir a sus familiares 4 días a la semana sino sólo 2. Además, a los adultos mayores, mujeres embarazadas y menores de 17 años se les solicitó no acudir.
El subsecretario Hazael Ruiz Ortega afirmó que también se instalaron filtros sanitarios en los accesos de los 13 centros penitenciarios, así como en los de Atención Especializada para Adolescentes y en el de Sanciones Administrativas e Integración Social “El Torito”. Se toma la temperatura y se proporciona gel antibacterial a los visitantes. Según el boletín de la Subsecretaría, al interior de los penales todos los días se realizan jornadas de limpieza y sanitización.
Al respecto, Lucía Alvarado afirma que, por lo menos en los casos de los reclusorios preventivos varoniles Oriente y Norte, a los familiares les han pedido artículos de limpieza.
“Pusieron gel en los pasillos, pero se terminó de inmediato y no volvieron a resurtir. Algunos familiares me dicen que eso de guardar la debida distancia es imposible porque en la celda de algunos hay ocho personas. No tienen lo mínimo indispensable para dormir separados o para estar en la estancia debidamente separados”.
La coordinadora del Caifam explica que la corrupción es un elemento que empeora las condiciones: “En algunas celdas sí hay una o dos personas, pero es porque ya pagaron algún dinero, situación que ahí se da mucho. Y por eso hay celdas donde hay un hacinamiento increíble”.
Sobre esto, explica que, aunque en el contexto actual se trata prevenir el contagio del virus SARS-CoV-2, “históricamente en los reclusorios se han disparado una serie de infecciones, lo que es lógico que se dé por el hacinamiento en el que viven”.
En lo que respecta al acceso a la atención médica oportuna, comenta que “en el [reclusorio] Oriente, en el Norte y en el Sur entre los mismos internos se venden las citas [para consulta] y realmente es muy difícil tener acceso a un médico. Ahí hay otra cosa: si el médico puede consultarlo ese día, las medicinas no se le dan en el centro, tiene que comprárselas el familiar”.
El 31 de marzo, las oficinas en México de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), la Organización Mundial de la Salud (OMS) y del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) se unieron para promover medidas sanitarias concretas: los Estándares Avanzados de Naciones Unidas para el Sistema Penitenciario Mexicano.
Se trata de una guía que “busca mejorar la calidad de vida y el entorno carcelario de las personas que viven privadas de la libertad, el personal penitenciario, las visitas y los infantes que viven en estos centros con sus madres”. Las organizaciones internacionales señalaron que, debido a “las condiciones de reclusión y los espacios reducidos de convivencia al interior de los centros penitenciarios, las acciones para hacer frente a la pandemia se vuelven particularmente urgentes y relevantes”.
En entrevista, Ángel Ferrer explica que los problemas de precariedad preexistentes tienen que ver con que en México las “políticas punitivas son muy fuertes y hay una tendencia muy clara a privar de la libertad a personas que entran en conflicto penal. Esto significa que tenemos una de las poblaciones penitenciarias más altas del mundo: existen alrededor de 200 mil personas privadas de libertad en reclusorios. […] Alrededor del 38 por ciento no cuenta con una condena”.
Incomunicación incrementa el riesgo de tortura
Ángel Ferrer comenta que en el tiempo que dure la declaratoria de emergencia por la pandemia de Covid-19 “no debe de existir incomunicación” en los centros de readaptación social. Ello, con el fin de evitar escaladas de violencia, motines o huelgas, “como las que ya han ocurrido en otros países latinoamericanos en este contexto”.
El 22 de marzo, en Colombia, 23 presos murieron y 83 resultaron heridos en medio de protestas por hacinamiento y falta de elementos para prevenir el contagio de Covid-19. El 23 de marzo, en Argentina, murieron cinco internos en dos cárceles distintas, también durante motines y exigencias sanitarias.
El coordinador del Programa de Prevención de la Tortura en Documenta explica que es importante no confundir conceptos: “restricción de acceso no es incomunicación. De hecho, es importante que la comunicación se intensifique para impedir que haya situaciones idóneas para los abusos. Si las instituciones que ya de por sí son cerradas se cierran todavía más, va a ser muy complejo poder documentar y actuar frente a posibles irregularidades al interior”.
Agrega que “todo lo que signifique que pueda haber ojos del exterior al interior de los centros de privación de libertad son oportunidades para que la tortura no se cometa, para que los abusos en general no se comentan. No tienen que llegar a manifestarse en tortura, pueden ser violaciones a otro nivel, pero al fin y al cabo son violaciones”.
Señala que la comunicación también ayuda a “mitigar los impactos en la salud mental y el estrés que genera la falta de contacto físico de familiares. Cuando una persona está privada de la libertad, el poder tener algo de interacción con el mundo exterior son válvulas de escape, de aliento fuertísimas”. En este sentido, sugiere buscar otros medios efectivos para llevar a cabo la comunicación con familiares, y con representantes legales, en caso de que se decida restringir por completo el acceso: videollamadas o más tiempo en locutorios, por ejemplo.
Sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, Ángel Ferrer explica que se trata de “un fenómeno poliédrico” en el que existe una autoridad de por medio, pero que no sólo tiene que ver con maltrato físico, sino que puede haber otras manifestaciones.
En México, el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura está encargado de visitar lugares de privación de libertad para identificar los riesgos para que las personas sean víctimas de tortura o malos tratos.
“En las visitas que generalmente hace el Mecanismo, una de las irregularidades o factores de riesgo más persistentes son las malas condiciones que hay al interior. Malas condiciones se refieren tanto a infraestructuras deficientes como prestaciones de servicio precarias, servicios de salud que en muchos casos cuesta mucho corregir”, explica Ferrer.
Agrega que “esto es un factor de riesgo porque la persona puede tener un sufrimiento o un dolor físico, emocional o psicológico derivado de cuáles son las condiciones de internamiento: que exista hacinamiento en sus celdas, humedad o que no se le dé la alimentación adecuada ni los medicamentos que precisa. Todas éstas son situaciones que pueden llegar, en un grado extremo, a ser catalogadas como tortura o malos tratos”.
El coordinador de Documenta también lamenta que “justo este Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura también está suspendiendo actividades: las visitas no se van a poder hacer y hay que ver cómo va a estar en contacto este Mecanismo con las autoridades para que vayan brindando información precisa y lo más actualizada posible. Para saber, aunque sea a la distancia, si se están incrementando los riesgos o no para que existan abusos”.
Solicitan preliberación
El 30 de marzo, Documenta presentó ante la Subsecretaría del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México “una solicitud de preliberación de personas privadas de la libertad en centros de reclusión para garantizar su derecho a la salud e integridad ante la crisis sanitaria por Covid-19”.
En un comunicado, la organización explicó que “se trata de una solicitud de preliberación por política penitenciaria, con base en el artículo 146 de la Ley Nacional de Ejecución Penal (LNEP), que contempla que la autoridad penitenciaria, con opinión de la Procuraduría, podrá solicitar al Poder Judicial la conmutación de pena, liberación condicionada o liberación anticipada de personas sentenciadas”.
Ángel Ferrer explica que la LNEP “es la que regula todo el funcionamiento, las condiciones, los derechos y las obligaciones en el ámbito penitenciario. Esta ley contempla una figura que concretamente permite la preliberación por motivos humanitarios a personas adultas mayores y, en este caso, en alto riesgo de tener complicaciones por la enfermedad Covid-19. Entonces este tipo de políticas deberían empezar a instrumentarse porque no sólo son lógicas sino porque la normativa mexicana las avala”.
La organización detalló que “esta medida podrá aplicar a personas privadas de la libertad que no hayan cometido delitos con violencia o que ameriten prisión preventiva oficiosa y que tengan penas menores a 5 años; sean personas mayores; tengan una enfermedad crónico-degenerativa o terminal; puedan recibir amnistía por parte del Estado; o cuyo encarcelamiento no contribuya más a la reinserción social o prevención de reincidencia”.
“Ante la emergencia internacional por el Covid-19 la ejecución de la medida solicitada por nuestra organización garantizaría la protección los derechos humanos de las personas en reclusión, combatiría el hacinamiento que podría derivar en un contagio masivo y sería una señal de atención al llamado de la Alta Comisionada de la ONU, Michelle Bachelet, que el 25 de marzo señaló en un comunicado la urgente necesidad de atender de forma integral y transparente a poblaciones en situación de extrema vulnerabilidad y llamó examinar la manera de poner en libertad a personas especialmente vulnerables ante el Covid-19”, señaló Documenta.
El pasado 8 de abril, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó en su conferencia mañanera que su gobierno busca acelerar los indultos a los presos políticos. Se trata, dijo, de medidas extraordinarias en las cárceles federales para evitar contagios.
En otros países, como Irán, Estados Unidos, Afganistán, Etiopía y Colombia, ya se han tomado medidas de este tipo con el fin de evitar o reducir contagios, hechos violentos y muertes en penales por Covid-19.
