Una investigación del Instituto Belisario Domínguez (IBD) subrayó la necesidad de que el país lleve a cabo acciones coordinadas con las economías avanzadas, debido a “la debilidad institucional y financiera” que caracteriza a las economías emergentes como México; de lo contrario, advirtió, no se podrá hacer frente al impacto económico generado por la pandemia de Covid-19.

El estudio –elaborado por la Dirección General de Finanzas del IBD– apuntó que la disminución de la actividad económica, la caída en los precios del petróleo y la depreciación del tipo de cambio en México, aunado al reducido espacio fiscal con el que cuenta actualmente el país, podrían limitar y afectar la capacidad de respuesta del gobierno federal.

También informó que, en lo que va del año, la Bolsa Mexicana de Valores ha caído 22.4 por ciento, el peso se ha depreciado 24.6 por ciento frente al dólar y el precio de la mezcla mexicana de petróleo ha caído 76.8 por ciento. Al respecto, el Instituto apuntó que se han contratado coberturas petroleras para cubrir los ingresos petroleros contra reducciones respecto al esperado de 49 dólares por barril.

En relación con la depreciación del tipo de cambio, el análisis se basó en los Criterios Generales de Política Económica (CGPE) 2020, que estimaron una depreciación anual de 10 centavos con respecto al tipo de cambio estimado de 19.9 pesos por dólar, lo cual se elevaría en 3.1 miles de millones de pesos (MMDP) los ingresos y en 0.4 MMDP el costo financiero.

La investigación del Instituto –que depende del Senado de la República– concluyó que “la crisis económica ocasionada por la pandemia por Covid-19 da cuenta de la necesidad de que, en épocas de crecimiento y elevados precios del petróleo, el país genere el espacio fiscal requerido para atender y mitigar los efectos de distintos choques económicos y de incrementar el ahorro público a través de los distintos fondos de previsión de contingencias”.

Asimismo, destacó las propuestas por el Consejo Coordinador Empresarial para “intentar” hacer frente a esta situación, las cuales tienen el objetivo de asegurar liquidez al mercado interno; estimular el consumo privado; elevar el consumo e inversión del sector público, y dar señales positivas a los mercados internacionales, cuyas siete medidas son:

1. Abandonar el objetivo de superávit primario de 1 por ciento del PIB para apoyar la reactivación de la economía.

2. Anunciar un plan inmediato de inversiones del sector privado en el sector energético; depreciación acelerada automática; deducción inmediata de las inversiones durante 2020; otorgar apoyos del gobierno a las empresas con recursos fiscales para evitar recortes de empleos y otorgar a los trabajadores al menos un salario de subsistencia.

3. Evitar cambios a las normas para las empresas que invirtieron en el sector energético.

4. Acelerar los pagos pendientes a proveedores de Petróleos Mexicanos y Comisión Federal de Electricidad.

5. Apresurar devoluciones de IVA y restaurar la compensación universal.

6. Conformar un equipo tripartito (sector privado, trabajadores y gobierno) para determinar acciones a seguir en la crisis.

7. Activar programas especiales de garantía a través de la Banca de Desarrollo.