El 5 de abril de 2021, el juez Noveno de Distrito del Decimotercer Circuito en Oaxaca admitió la demanda de amparo que solicitaron, como parte de su lucha por la defensa de su territorio, comuneros del núcleo agrario de Santo Domingo Ixcatlán, Tlaxiaco, ante el intento de venta de su territorio ancestral indígena “por parte de una espuria representación agraria, con el apoyo de funcionarios corruptos del gobierno del estado y federal, sin que hayan sido consultados al respecto”.
De acuerdo con el Consejo de Principales y el Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas, después de que en marzo de 2021 los comuneros de Santo Domingo Ixcatlán se enteraron del convenio de fecha 11 de diciembre de 2017, firmado entre Chalcatongo de Hidalgo y la espuria representación agraria de Santo Domingo Ixcatlán (encabezada por Alma Morales Arias, hermana de Fredy Eucario Morales Arias, preso en el reclusorio de Miahuatlán por el triple homicidio de comuneros que se opusieron en el año 2008 a la venta de las tierras), solicitaron el amparo y protección de la justicia federal en contra de los actos ilegales del Tribunal Unitario Agrario de Huajuapan, del secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y del procurador agrario, entre otras autoridades.
En el amparo debidamente admitido por el juez federal, los comuneros se inconforman contra las consecuencias que puedan derivar de la aprobación del convenio que mantuvieron oculto los funcionarios y la falsa representación agraria, y en la que firmó como testigo de honor el Gobernador del Estado de Oaxaca, que pone a la venta su territorio; así como la falta de consulta previa, libre e informada que tutela el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre la inclusión del territorio de Santo Domingo Ixcatlán al Programa de Atención a Conflictos Sociales en el Medio Rural, de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y solicitan que la justicia de la unión los ampare y proteja contra estos ilegales actos.
También señalaron irregularidades e ilícitos cometidos por la autonombrada representación agraria de Santo Domingo Ixcatlán, “en complicidad con el entonces delegado en Oaxaca del Registro Agrario Nacional, Francisco Javier Cañada Melesio, quien avaló la separación de 1 mil 13 comuneros por haber fallecido sin que existieran las actas de defunción y sólo con una validación carente de sustento del licenciado Daniel Víctor Merlín Tolentino, jefe de la Unidad Jurídica del Registro Civil del Estado… Todo esto para vender el territorio indígena de Santo Domingo Ixcatlán, cuyos títulos primordiales datan del año 1767, aproximadamente”.
En los próximos días, advirtieron en un comunicado, el juez podrá conocer de fondo el intento de venta del territorio, “que ha dejado muertes, miseria y olvido; todo por la ambición de la familia Morales Arias, no oriundas del lugar, y con el apoyo de funcionarios corruptos que tratan de obtener el recurso millonario”. Por lo que los comuneros están seguros de que el amparo inhibirá el intento de despojo territorial y, con ello, llegue la añorada paz social al pueblo mixteco.
Documento EXP.211-2021 ACUERDO PRAL.060421
