[fullwidth style=”parallax” fullwidth=”yes” background_color=”” background_image=”https://contralinea.com.mx/wp-content/uploads/2015/12/politica-anticampesina-plx.jpg” background_repeat=”no-repeat” background_position=”left top” mesh_overlay=”no” border_width=”1px” border_color=”” padding_top=”20″ padding_bottom=”300″ padding_left=”20″ padding_right=”20″ text_align=”” text_color=””]
El crecimiento de 40.73 por ciento en el precio del diésel agropecuario de 2011 a 2015, ha ido afectando a los pequeños y medianos agricultores del país. Las autoridades encargadas del sector se hacen de oídos sordos ante las propuestas de los campesinos que compiten con los de Estados Unidos y Canadá, bajo el cobijo de subsidios y apoyos garantizados en aquellos países.
A esta situación se suma la deuda de más de 11 mil millones de pesos desde los ciclos agrícolas de 2013, del gobierno federal con algunas organizaciones campesinas. Opuesto a ello, trasnacionales como Maseca, Minsa, SuKarne, y otras seis, acaparan los apoyos del gobierno federal para la comercialización de maíz. El estancamiento de la productividad, competitividad y rentabilidad refleja el agotamiento de la política dirigida al campo, resume el documento Valor al campesino. Vida, nutrición y riqueza para México.
Fue a principios de este año que productores de Chihuahua se organizaron para ir a traer gasolina a la frontera con Estados Unidos, porque valía 5 pesos menos que en el resto del país. Aquí se comenzó un movimiento que ha derivado en la toma de caminos y vías de ferrocarril, para visualizar las condiciones de pobreza en que está el campo mexicano como consecuencia de los altos costos de los hidrocarburos.
Los indicadores de Petróleos Mexicanos (Pemex) –precio al público de productos petrolíferos 2015–, indican que en 2011 el precio del litro de diésel estaba en 10.09 pesos; el cual ascendió año con año en: 11.17, 2012; 12.49, 2013; 13. 94, 2014 y 14.20 en este año fiscal.
En lo que parecía un paso a la negociación, las movilizaciones lograron la reunión con funcionarios de las secretarías de Gobernación (Segob), a cargo de Miguel Ángel Osorio Chong; Energía (Sener), a cargo de Pedro Joaquín Codwell; y la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), que preside José Eduardo Calzada Rovirosa, a principios de noviembre pasado. “Después de 4 horas de tenernos sentados nos dijeron que no habría reunión”, comenta Heraclio Rodríguez, dirigente de El Barzón en Chihuahua.
Ahora, en 17 estados del país, ya hay un punto de acuerdo fundamental: “Luchar por bajar los altos costos en los energéticos; el diésel no lo podemos seguir sosteniendo, es exageradamente caro. El diésel agrícola nos lo cobran a 14 pesos, cuando en Estados Unidos y Canadá anda alrededor de los 5 pesos. Lo mismo ocurre con el costo de la energía eléctrica, que es pagada en 55 centavos, cuando en Estados Unidos se paga a 24 centavos”, reclama el productor.
Los fertilizantes, que según los commodities del Banco Mundial están en 450 dólares por tonelada, en México “lo tenemos que comprar hasta 700 u 800 dólares. Esto nos deja ver cómo el gobierno permite que unos cuantos empresarios y unas cuantas personas nos tengan en la quiebra. Ganan a costa de nuestro trabajo y del esfuerzo de los consumidores, porque todo lo que producimos se encarece; en consecuencia, los consumidores lo tienen que pagar”, comenta el dirigente barzonista.
Un documento elaborado por la organización campesina El Barzón muestra el crecimiento de los precios de 2013 a 2015. El fertilizante también conocido como Súper Fosfato Triple fue el que más se incrementó (12.23 por ciento), al pasar de 8 mil 777 pesos por tonelada a 10 mil pesos por el mismo peso; le sigue el llamado Urea, costaba 7 mil 400 y subió a 8 mil 64 pesos (8.23 por ciento más) en el mismo periodo, y el Fosfato Diamónico, que pasó de 9 mil 200 a 9 mil 300 pesos.
José Durán, coordinador nacional de la Unión Campesina Democrática (UCD) comenta en entrevista con Contralínea que la organización campesina ha confluido porque la política agropecuaria del gobierno federal actual es “absolutamente anticampesina” y, porque no hay atención real a propuestas que intentan resolver los problemas estructurales de la producción de alimentos en el país.
“Los estudios del Banco Mundial han demostrado cómo de 1990 a 2014 se han invertido en el campo mexicano en términos de subsidio alrededor de 23 mil millones de dólares, el 10 por ciento de los grandes productores de la agricultura capitalista son los que se llevan entre el 70 y el 75 por ciento de este subsidio que no se refleja en un documento sustancial de empleo ni en la erradicación de la pobreza, ni en precios accesibles; es decir, no se abona a la seguridad alimentaria ni a la soberanía alimentaria”, dice el líder de más de 450 mil productores en 30 estados del país.
En agosto pasado, Contralínea (edición 448) documentó que más de 549 millones de pesos son acaparados por nueve grandes compañías que reciben estímulos de Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria (Aserca), órgano desconcentrado de la Sagarpa, de un total de los 610 millones repartidos entre 48 empresas para la comercialización de maíz. Entre las principales: Maseca, Minsa, Comercializadora de Granos Patrón, Comercializadora Columbia, SuKarne. También aparecen otras renombradas como Sabritas y Bachoco.
En 2003 el movimiento campesino logró convenir, con el entonces presidente Vicente Fox, el Acuerdo Nacional para el Campo (ACN). El documento prometía apoyos sustanciales en materia energética para los campesinos. En uno de los apartados convenía el subsidio al diésel agropecuario, que se mantuvo vigente hasta 2013. “De pronto, por razones no explicadas” por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), encabezada por Luis Videgaray Caso, se canceló el subsidio, manteniéndose sólo algún apoyo mínimo para la pesca ribereña” comenta el líder de la UCD.
El 28 de abril de ese año, a través del Diario Oficial de la Federación, se precisaba la urgencia de la reforma estructural del campo mexicano en el marco de una política de Estado. Se mencionaba como “prioritario” que “el Estado responda diferenciadamente a las necesidades de los distintos estratos de hogares en el medio rural de acuerdo con sus características y capacidades humanas, así como al tipo de unidades de producción que poseen”.
Entre los puntos sustanciales que, ahora, mantienen en crisis a los agricultores, se mencionaba que: “El Ejecutivo Federal procederá a evaluar el avance del Programa de Energía para el Campo que incluye la energía eléctrica para uso agrícola y diésel agropecuario”.
Incumplido en el ANC, la propuesta de las organizaciones va en dos vías: uno, que pueda subsidiar de nueva cuenta para que con no más de 5 mil millones de pesos del presupuesto se pueda tener un precio de entre 8 y 9 pesos el litro de diésel; la otra es exentar del pago de dos impuestos fundamentales: impuesto al valor agregado y el impuesto especial sobre la producción y servicios a los agricultores, “pero ninguna de las 2 opciones le parece suficiente al gobierno, sólo le apuestan al libre mercado”, dice Durán Vera.
El gobierno federal produce el amoniaco y el amoniaco anhidro, materia prima para la producción de fertilizantes, de urea, fosforados, fórmulas de triple combinación; sin embargo, “ellos siguen manteniendo los precios internacionales, el más caro de los fertilizantes está arriba de 10 mil pesos la tonelada y se necesitan varias toneladas por hectárea para mantener el nivel de productividad”, arguye.
La reducción de las tarifas eléctricas es una falacia promovida por el Ejecutivo, comenta José Durán, “una forma de engañar, manipular las reformas que se han dado en beneficio de los grandes ricos del mundo”.
De acuerdo con las tarifas de la propia Comisión Federal de Electricidad, el costo actual promedio es de 0.49 kilovatios-hora a noviembre de 2015, en tanto que en 2003 era de 0.25 kilovatios-hora. “Hay un esquema que se firmó en el ANC donde podíamos regar por las noches y disminuir la tarifa o encontrar esquemas que nos permitieran resolver el problema, pero falta la voluntad del gobierno”, dice.
En efecto, el punto 38 del ANC también contempló la instrumentación de una tarifa nocturna que correrá de las 10 de la noche a 6 de la mañana del día siguiente, la cual se propone con descuento del 50 por ciento a la vigente, independientemente del consumo. Y entre los compromisos también se contempló que el Ejecutivo Federal echara a andar un “programa de rescate y reestructuración de adeudos con la Comisión Federal de Electricidad de las zonas de riego por bombeo”.
El 19 de noviembre pasado, el líder nacional de El Barzón, Alfonso Ramírez Cuéllar, anunció que la oficina de la Sagarpa encargada de dispersar los apoyos a los campesinos (Aserca) adeudaba 11 mil 800 millones de pesos de los ciclos otoño-invierno y primavera-verano de este año fiscal, así como de los mismos ciclos en 2014.
Pedro Vázquez, coordinador de Agricultores Unidos por México, comenta a Contralínea que la región de La laguna –ubicada entre los municipios de Coahuila y Durango– no está exenta del alza en los precios en diésel, fertilizantes y tarifas eléctricas.
“Tenemos muchos años luchando. Logramos que en el periodo de Vicente Fox se aprobara la Ley de Energía para el Campo. Nuestro error fue que no estábamos preparados para exigirles a los representantes legales, los diputados y senadores, la asignación del presupuesto; confiamos en que iba a ocurrir automáticamente. ¿Qué ha sucedido? Que se ha ido luchando y nos han ido empobreciendo cada vez más”, comenta uno de los líderes en la comarca lagunera.
Además de la crisis económica que viven los productores de esta región, el integrante de Agricultores Unidos por México relata: “En años pasado tuvimos una crisis en la producción de leche, supimos que las autoridades entregaron 1 peso para amortiguarla; no obstante, los productores no obtuvimos ni 1 centavo, el apoyo se fue a las empresas”, acusa.
Esto se debe –explica el documento elaborado por las organizaciones Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo, Fundar, Semillas de Vida y Ashoka– a “la baja cobertura de los programas del PEC [Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural]; por el sesgo de fomento productivo a ciertas regiones del Norte y trato asistencialista a las zonas campesinas del Sur; por la ausencia de organización de productores para acceder a mercados y el retroceso de la cobertura de crédito que pasó de 50 por ciento a fines de la década de 1980 a 7.5 por ciento de productores atendidos en 2012; la poca complementariedad de la política pública y, definitivamente, el sesgo asistencialista del PEC en los últimos 20 años, [que] profundizó la desigualdad y concentración de la vertiente productiva y financiera; bajo acceso de los productores a los programas, e incumplimiento en la transparencia y rendición de cuentas”.
Expone que en México, la mayoría (68 por ciento) de los 4 millones 69 mil 938 agricultores del país tienen 5 o menos hectáreas. Sin embargo, son quienes generan la mayor parte del empleo contratado en el campo (56.8 por ciento) y producen alrededor del 39 por ciento de los productos agrícolas. Además, reciben menos recursos y apoyos del gobierno, con los cuales podrían desarrollar su potencial productivo. En las 16 entidades del Sur del país en las que se concentran estos pequeños productores, se asignó menos presupuesto.
El documento incluye propuestas para la reactivación del sector agropecuario, como la de reorientar el 70 por ciento de los subsidios al campo hacia el sector de pequeños productores; agrupar el conjunto de los programas que tienen como población objetivo a los pequeños productores o grupos vulnerables de Sagarpa en un solo programa de apoyo a la pequeña agricultura; reducir el tope de apoyo del Proagro Productivo de 80 a 20 hectáreas y establecer un tope de hasta 35 cabezas de ganado para el Programa de Producción Pecuaria Sustentable y Ordenamiento Ganadero y Apícola.
Érika Ramírez, @erika_contra
[BLOQUE: INVESTIGACIÓN][SECCIÓN: CAMPO]
Contralínea 468 / del 21 al 27 de Diciembre 2015
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