El tren Maya, el proyecto turístico más importante del futuro gobierno que encabezará Andrés Manuel López Obrador, va en contra de la territorialidad, de la integridad de los pueblos indígenas y del medio ambiente. Además, no se ha llevado la consulta debida, acorde con los tratados internacionales pactados por México, alertan especialistas consultados en el tema. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) insta al gobierno mexicano a llevar a cabo la consulta previa.
El megaproyecto se ha presentado como una de las opciones viables para superar la pobreza del sureste mexicano: “acercar el desarrollo”, a comunidades donde predomina la pobreza. Sin embargo, cuestionan los especialistas, ¿se han evaluado otros proyectos productivos para esta región y el verdadero impacto ambiental que éste traerá consigo?
El mismo presidente electo ha descartado un impacto ambiental significativo en la región donde hay 25 Áreas Naturales Protegidas, en más de 8 millones de hectáreas.
Sin embargo, Gilberto López y Rivas, profesor-investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), dice que se trata de un “proyecto agresivo contra los pueblos, el ambiente, contra todo lo que es vida. No ve el interés de los pueblos, ni siquiera se les ha ocurrido hacer una consulta como las que se deben de hacer”.
De acuerdo con el Proyecto de Nación 2018- 2024 del presidente electo, el objetivo del Proyecto Tren Turístico Transpeninsular “es acercar el desarrollo a las comunidades nativas de la cultura maya e incrementar la competitividad del producto turístico”. Según las declaraciones hechas a la prensa, será a partir del 1 de diciembre, fecha en que tomará posesión la administración entrante, en que se inicie con el proceso de licitación.
El tren contempla una ruta de 1 mil 500 kilómetros con un costo de hasta 150 mil millones de pesos. Atravesará los estados de Yucatán, Quintana Roo, Campeche, Tabasco y Chiapas.
“Buscando acercar el desarrollo a las comunidades nativas de la cultura maya e incrementar la competitividad del producto turístico Mundo Maya, se plantea la construcción de una vía ferroviaria con un tren de mediana velocidad [130 kilómetros por hora aproximadamente] que comunique efectiva y rápidamente varias ciudades muy importantes de la cultura maya en el sur de la Península de Yucatán”, indica el proyecto inicial.
Éste contempla la participación del gobierno federal, empresas privadas, pequeños propietarios y ejidatarios para darle “factibilidad”.
En su visita a México, la relatora especial de la Organización de las Naciones Unidad sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Victoria Tauli-Corpuz, dijo que entre los impactos que genera la construcción de megaproyectos sin consulta previa se encuentran el desplazamiento forzado y la violencia, principalmente enfrentadas por los pueblos indígenas en un contexto de pobreza y desigualdad. Por ello, instó a realizar las consultas a las comunidades afectadas, tanto en este proyecto como en el del Nuevo Aeropuerto Internacional de México.
El Convenio 169 de la OIT [Organización Internacional del Trabajo] sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes fue firmado por México desde la administración de Carlos Salinas de Gortari, en 1990. En éste se reconoce la necesidad de los pueblos originarios de asumir “el control de sus propias formas de vida y de su desarrollo económico y a mantener y fortalecer sus identidades, lenguas y religiones, dentro del marco de los Estados en que viven”.
En su artículo 2 menciona la obligatoriedad de los gobiernos de “asumir la responsabilidad de desarrollar, con la participación de los pueblos interesados, una acción coordinada y sistemática con miras a proteger los derechos de esos pueblos y a garantizar el respeto de su integridad”.
Y entre sus medidas se determina que “ayuden a los miembros de los pueblos interesados a eliminar las diferencias socioeconómicas que puedan existir entre los miembros indígenas y los demás miembros de la comunidad nacional, de una manera compatible con sus aspiraciones y formas de vida”.
Lo anunciado, además de la ampliación del proyecto, es que a partir del 1 de diciembre se va a abrir la licitación. Entonces, ¿cuándo y cómo se va a hacer la consulta?, dice Luis Miguel Cano López, abogado especialista en la defensa de los derechos humanos.
El especialista expone que el derecho a la consulta popular está en el artículo 35 de la Constitución, que señala en su fracción VII: “Votar en las consultas populares sobre temas de trascendencia nacional, las que se sujetarán a lo siguiente:
“1o. Serán convocadas por el Congreso de la Unión a petición de:
“a) El Presidente de la República;
“b) El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de cualquiera de las Cámaras del Congreso de la Unión; o
“c) Los ciudadanos, en un número equivalente, al menos, al dos por ciento de los inscritos en la lista nominal de electores, en los términos que determine la ley”.
Al respecto, expone el abogado: “No cualquier cosa se puede poner a consulta, temas de trascendencia nacional, sí, pero no temas que restrinjan derechos humanos. Y hay tiempos, se tienen que dar información, tiene que ver con un periodo para informar a la sociedad”, expone el abogado.
En la Península Maya la pobreza oprime a 9 millones 166 mil personas, según arrojan las cifras de la más reciente Medición de Pobreza, 2016, del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). Esta cifra significa el 17.15 por ciento de la población total del país en pobreza, que oficialmente asciende a 53.4 millones de mexicanos.
De la zona que pretende recorrer el Tren Maya, Chiapas es la entidad con mayor cantidad de pobres, con 5 millones 612 mil 600, de los cuales 4 millones 114 mil viven en situación de pobreza y 1 millón 498 mil 600 en pobreza extrema.
Le sigue Tabasco con 1 millón 512 mil 300 en condiciones de precariedad, de los cuales 1 millón 228 mil 100 viven en pobreza y 284 mil 200 en pobreza extrema.
Yucatán es el tercer estado de la zona que atravesará el proyecto ferroviario. Y de acuerdo con los datos del Coneval, viven con carencias para llevar una vida digna 1 millón 34 mil 300 yucatecos, de los cuales 901 millones 900 mil viven en pobreza y 132 mil 400 pobreza extrema.
Quintana Roo tiene 540 mil 200 pobres, de los que 471 mil están en condiciones de pobreza y 69 mil 200 en pobreza extrema. En tanto que Campeche tiene 466 mil 600 en condiciones de pobres: 405 mil en pobreza y 61 mil 600 en pobreza extrema.
Gilberto López y Rivas, profesor-investigador del INAH, comenta que las comunidades indígenas de la región no sólo padecen la pobreza. También, el “impacto ocasionado por el turismo corporativo a lo largo de las últimas décadas”, el cual vendría a agudizarse con el proyecto del Tren Maya.
“¿Qué pueblo, en realidad, se ha beneficiado del turismo corporativo?”, se pregunta el doctor en antropología por la Universidad de Utah. Agrega: “Todo está controlado por las cadenas hoteleras, las agencias de viaje; las grandes corporaciones turísticas están en manos de españoles, estadunidenses, de las trasnacionales. ¿Para quién van a construir el proyecto del tren?”, cuestiona el investigador cuyo libro más reciente se titula Las autonomías de los pueblos indígenas en México.
Información de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas indica que la Región Península de Yucatán y Caribe Mexicano está conformada por 25 Áreas Naturales Protegidas reconocidas a nivel mundial por su alto valor ambiental, las cuales suman 8 millones 562 mil 758 hectáreas.
En el listado de Reservas se encuentran: la Biósfera Arrecifes de Sian Kaan, la Biósfera Banco Chinchorro, la Biósfera Calakmul, la Biósfera Caribe Mexicano, la Biósfera Los Petenes, la Biósfera Ría Calestún, la Biósfera Ría Lagartos, la Biósfera Sian Kaan, y la Biósfera Tiburón Ballena.
Los Parques Nacionales: Tulum, Arrecife Alacranes, Arrecifes de Cozumel, Arrecifes de Xcalak, Dzibilchantún, Isla Contoy. En tanto que las Áreas de Protección de Flora y Fauna son: Yum Balam y Uaymil.
Xóchitl Gálvez Ruiz, secretaria de la Comisión de Asuntos Indígenas en la Cámara de Senadores, dice que de desde este recito parlamentario se están llevando a cabo las gestiones para la creación de la nueva institución que se pretende crear para la atención a las comunidades indígenas, pero está pendiente Ley de Consulta, y “es algo en lo que se tendrá que trabajar a la brevedad porque hay un lineamiento esbozado por la CDI, pero no está establecido en una Ley”.
“Cuando se trata de proyectos de interés común, como es el caso, debe haber consulta para decidir el cómo. Se trata de un proyecto de carácter estratégico, pero los pueblos indígenas también tienen derecho a establecer qué beneficios les va a generar este tipo de infraestructura”, comenta la senadora del Partido Acción Nacional.
La exdirectora general de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (institución que encabezó bajo la administración de Vicente Fox Quesada), anticipa que las bases del Ejército Zapatista de Liberación Nacional podrían ser opositoras principales en este proyecto ferroviario.
Se tiene que buscar un equilibrio entre los pueblos indígenas y la toma de decisiones. “Hay que preguntarles a las comunidades, que ellos decidan y vean qué beneficio van a tener. Yo no soy una opositora a los proyectos que generan desarrollo; pero sí que se consulten, se socialicen y vean si en verdad habrá un impacto social positivo y no sólo vayan a ver a los indígenas como los empleados de los Oxxo que se vayan a poner en la zona”, comenta en entrevista.
La relatora especial de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas, Victoria Tauli-Corpuz, alertó sobre algunas de las problemáticas que traen consigo los megaproyectos, entre las que destaca el desplazamiento forzado, por lo que instó al gobierno mexicano a realizar consultas en las comunidades que serán impactadas por ese proyecto en puerta.
Respecto de esta problemática, Brenda Pérez, coordinadora del área de Desplazamiento Forzado de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), comenta que es importante visualizar que a partir de la proyección de un megaproyecto inicia un periodo de resistencia por parte de algún sector de la población y esta no ha sido un tema de atención prioritaria para el gobierno en los últimos años.
“No ha habido identificación clara sobre las afectaciones en particulares al sector, tenemos afectaciones poblacionales, pero observamos que han sido los ataques y el desplazamiento en concreto un elemento que vulnera a defensores de derechos humanos. Siempre detrás de estos desplazamientos hay una serie de procesos victimizantes previos, que provienen o con la lucha por la defensa de la tierra y el territorio”, dice.
Por lo que, añade, es importante generar información que le permita al gobierno entrante tener información de las problemáticas de la zona, que estas contribuyan a que se hagan de manera adecuada la evaluación del proyecto y “siempre que se piense en otros términos, correspondientes a una lógica capitalista, que no sea sobre los derechos de las personas que puedan ser afectadas”.
Érika Ramírez
[INVESTIGACIÓN][SOCIEDAD][SEMANA][D]
Contralínea 613 / del 22 al 28 de Octubre 2018
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