Entre el 1 de enero y el 15 de diciembre pasado, en Colombia se registraron 85 masacres contra líderes sociales, defensores de derechos humanos y excombatientes de las desmovilizadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP). Estos ataques cobraron la vida de 357 personas.

De acuerdo con el Segundo Informe sobre Asesinatos de Líderes Sociales, Defensores de Derechos Humanos y Excombatientes Durante 2020, elaborado por el Colectivo por la Paz en Colombia desde México (Colpaz), la mayoría de los ataques se perpetraron en el departamento de Antioquía.

Las masacres, que se multiplicaron luego de que las FARC-EP depusieran las armas en noviembre de 2016, se recrudecieron en 2020. El documento señala que la pandemia de Covid-19 no detuvo los ataques en territorios que son “el centro de la disputa por parte de grupos armados, de intereses empresariales y de un gobierno indolente”.

Además de los ataques armados, otras modalidades de violencia contra los líderes sociales, defensores de derechos humanos y excombatientes son la intimidación, las amenazas, la tortura, los secuestros, la desaparición forzada, el desplazamiento forzado, la estigmatización y la violencia sexual basada en el género.

El informe señala que estas agresiones han puesto en riesgo la paz, que implica un proceso de reconciliación, verdad y justicia. Más aún cuando la mayoría de los asesinados habían “firmado la paz y se encontraban en proceso de reinserción”.

El Colpaz apunta, asimismo, que la problemática que dio origen a la guerra en Colombia se mantiene. Persiste “la concentración de la propiedad y la exclusión de los sectores más vulnerables”. Particularmente, se refiere al problema agrario y a la irrupción del narcotráfico.

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