La administración de Javier Duarte tiene a las finanzas públicas en jaque; más de 35 mil millones de pesos han sido operados con irregularidades desde el inicio de su gestión, así lo revela el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014, elaborado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Veracruz es una de las entidades más pobres del país, el 63 por ciento de su población, unas 5 millones de personas, tienen un ingreso inferior a la línea de bienestar.
Según el máximo órgano de fiscalización del país, dependiente del Congreso, Veracruz ocupa el primer lugar en la lista de entidades con más observaciones con impacto económico negativo, con 35 mil 421 millones 700 mil pesos de daño patrimonial. Dichos recursos mal ejercidos impactan los fondos de infraestructura, desarrollo social, salud, educación y seguridad pública, principalmente; cuyos sectores son los mismos en los que el estado tiene grandes rezagos.
La ASF confirma que la gestión del gobernador Duarte no ha solventado observaciones por 13 mil 456 millones 400 mil pesos, cuya cifra sin comprobar corresponde al periodo 2011-2013, menor en 590 millones de pesos que la observada en 2014 (en el más reciente informe de la ASF), la cual llega a 14 mil 47 millones 100 mil pesos. Aún faltan los reportes auditados de los años 2015 y 2016, por lo que la cifra de daño patrimonial podría ser mucho mayor.
Las irregularidades comprometen, además, 3 mil 148 millones de pesos en procedimientos resarcitorios; otros 4 mil 770 millones 200 mil pesos corresponden a montos en denuncias penales relacionadas con simulación de reintegros.
María Candelaria Ochoa Ávalos, secretaria de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción en la Cámara de Diputados, dice que la auditoría habla de un desvío de recursos muy grande, donde los rubros de salud y desarrollo social son los más afectados; así como también la educación, de manera grave a la Universidad Veracruzana que se le ha negado el subsidio para su operación.
Esto ocurre, dice la legisladora, “porque hay una gran impunidad en este país, a nadie se sanciona por desvío de recursos públicos. Creen que el dinero público es de ellos, pero tienen que rendir cuentas. Ya se ha pedido un juicio político contra Javier Duarte en la Cámara de Diputados”.
El informe indica que se presumen daños a la hacienda pública por 1 mil 1 millones 615 mil 816 pesos, ya que estos recursos no los transfirió la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Veracruz a los Servicios de Salud del estado. Unos 250 mil pesos más también podrían significar un perjuicio para las finanzas, derivado del pago total a un proveedor, aunque a éste ya se le había dado un pago anticipado.
Otras afectaciones corresponden al gasto de 342 millones 789 mil 100 pesos, de los cuales la Auditoría señala: “no se realizaron pagos de medidas de fin de año a personal con categoría de mando medio y superior; no se realizaron pagos a personal que contó con permiso o licencia sin goce de sueldo ni pagos posteriores al personal que causó baja y los importes de los cheques cancelados fueron reintegrados a la cuenta bancaria del fondo…”
Las carencias en salud y seguridad social alcanzan cifras por arriba del 30 y 65 por ciento en Veracruz, respectivamente. Los resultados del Consejo Nacional de Evaluación indican que en estas áreas hay 1 millón 736 mil personas con carencia por acceso a los servicios de salud (27.7 por ciento); en tanto que las que no tienen acceso a la seguridad social son 5 millones 469 mil personas (68.5 por ciento).
Los recursos suministrados en el Programa de Inclusión Social, Prospera, también manifestaron irregularidades por 241 millones 464 mil 513 pesos, derivado de “incumplimientos en las obligaciones de transferencia de recursos y registro e información financiera de las operaciones sobre la gestión del programa”.
Leopoldo Amador Rodríguez, legislador por Veracruz del Partido de la Revolución Democrática, comenta en entrevista: “esto es muy alarmante, sabemos que la revisión de la Auditoría ya nos dio los datos de 35 mil millones de pesos operados de manera irregular; somos el estado número uno en el desvío de recursos, también en cuestión de inseguridad y desempleo, hay partes del estado muy lastimadas económicamente, como la zona norte; sin embargo, el gobierno del estado no ha actuado.
“Es una vergüenza estar en esta situación porque el estado fue, durante muchos años, primer lugar en producción y el segundo en generar energía; sin embargo, por la mala administración e ingobernabilidad, hoy en día tenemos muchos problemas”.
La seguridad pública de Veracruz también ha sido vulnerada en sus finanzas, pues el informe de fiscalización muestra irregularidades por 394 millones 704 mil 700 pesos, así lo muestra el programa de Recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal.
Del informe se desprende que el daño más alto en este rubro podría ascender a 252 millones 108 mil 575 pesos, más los intereses generados desde su disposición hasta el reintegro a la cuenta del Fondo.
Este sector es uno de los más golpeados en la entidad, pues el crimen organizado ha proliferado y los ciudadanos se perciben en un ambiente inseguro. La organización México Evalúa indica que la percepción de seguridad, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, en 2015 disminuyó con respecto a lo observado en 2011, “ya que el porcentaje de personas que mencionaron sentirse seguras pasó de 31 por ciento en 2011 a 17.6 por ciento en 2015. Se aprecia un ligero aumento en el porcentaje de ciudadanos que tienen “mucha confianza” en la policía estatal, pasando de 9.6 por ciento en 2011 a 14.5 por ciento en 2015”.
Veracruz, dice la ASF, “no dispone de un sistema de control interno adecuado que le permita identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría”.
Además, “hay incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya que la entidad federativa no proporcionó la información con la calidad y congruencia requerida; tampoco realizó la evaluación sobre los resultados del fondo, lo cual limitó a la entidad federativa conocer sus debilidades y áreas de mejora”.
El legislador veracruzano Gonzalo Guízar Valladares comenta que la metodología de fiscalización tiene todas las evidencias relevantes, los resultados son el reflejo de la opacidad que hay en el gobierno de Veracruz, no sólo en materia financiera y económica sino en lo social.
“Veracruz es un estado en caos, sin transparencia ni rendición de cuentas, como lo reclama la democracia; existe un gobierno totalmente deficiente, fallido. El ejercicio fiscal revisado de 2014 refleja todo el mal manejo de los recursos públicos. Javier Duarte se rodeó de gente inepta e irresponsable”, dice el diputado por el Partido Encuentro Social.
Una de las más castigadas por la administración Javier Duarte es la Universidad Veracruzana (UV). Durante el año fiscal de 2014, la ASF documentó que no se habían entregado 60 millones 948 mil 632 pesos. La “asfixia financiera” en la que se tiene a la principal universidad del estado ha ido en ascenso; desde 2009 ha perjudicado varios programas de estudios y obras que se tenían contempladas para fortalecer a la educación superior.
El abandono presupuestal en que se tiene a la UV, ha provocado el pronunciamiento de rectores de 46 universidades del país y ha ocasionado marchas masivas de alumnos, académicos y sociedad civil en exigencia del presupuesto autorizado por el Congreso de la Unión. La denuncia que se hizo pública en mayo pasado por las autoridades universitarias, habla de que en 2015 tampoco se entregaron 2 mil 76 millones de pesos en 2015.
Ejemplos de los impactos del desahucio económico fue la suspensión de la construcción de los edificios de Matemáticas, Física e Inteligencia Artificial y el de posgrado para el Centro de Estudios e Investigaciones en Conocimiento y Aprendizaje Humano, documentó el periodista Noé Zavaleta para el semanario Proceso.
En marzo pasado, la ASF —que encabeza el auditor Juan Manuel Portal Martínez—informó que no se habían transferido 10 millones 295 mil 762 pesos del Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior. Y es que “la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave no acreditó la transferencia de los recursos del programa a la Universidad Veracruzana ni su reintegro a la Tesorería de la Federación”.
Otros 3 millones 866 mil 500 pesos, que correspondían a los Apoyos para Saneamiento Financiero y la Atención a Problemas Estructurales de las UPES, no fueron depositados en la cuenta de la misma universidad. Del Fondo para Elevar la Calidad de la Educación Superior tampoco fueron transferidos 46 millones 768 mil 250 pesos, y 18 mil 119 de los Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales.
En 2009, la Organización Deportiva Centroamericana y del Caribe, organismo deportivo internacional que tiene entre sus objetivos la realización de los Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe, nombró a Veracruz sede de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2014.
Desde ese mismo año, la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz y una institución bancaria celebraron el contrato del “Fideicomiso Público de Administración e Inversión para el Desarrollo de la Infraestructura y Equipamiento Deportivo en el Estado de Veracruz de Ignacio de Llave para los Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe Veracruz 2014”, con el objetivo de construir, desarrollar, remodelar y fortalecer la infraestructura deportiva para los juegos.
De la realización de obras, para que se llevaran a cabo los juegos deportivos, la ASF tuvo observaciones por 702 millones 715 mil 301 pesos. Las competencias, que colocaron en el medallero como primer lugar a los atletas cubanos, con 123 preseas doradas, tuvo una inversión en infraestructura de 862 millones 27 mil 600 pesos.
Derivado de la fiscalización de los recursos públicos, la Auditoría solicitó a las autoridades veracruzanas que aclaren y entreguen la documentación que justifique el pago de 684 millones 772 mil 501 pesos, pues “se efectuó sin contar con el catálogo de conceptos modificado, revisado y evaluado a precios unitarios, la conciliación y autorización correspondiente, los planos ejecutivos debidamente autorizados, los programas detallados para el control y seguimiento de las obras y el presupuesto específico por frente de trabajo, los cuales se debían presentar previamente al inicio de la obra”.
Otros 573 mil 814 pesos tampoco fueron justificados y corresponden a los gastos por el concepto de vigilancia del mismo contrato; 17 millones 368 mil 984 de pesos que avalan la documentación de la “construcción de obra exterior complementaria del Velódromo”, tampoco fueron probados.
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