Un informe elaborado por el Centro de Análisis Multidisciplinario (CAM) de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) revela una sostenida caída del poder adquisitivo de los académicos que, en algunos casos, llega hasta el 80 por ciento del salario real.
El estudio, que se dará a conocer en los próximos días, documenta que todos los académicos han visto mermados sus ingresos reales durante los últimos 31 años. Quienes menos deterioro han sufrido registran una pérdida del 44 por ciento.
Como ocurre anualmente, las autoridades de la UNAM y la dirigencia de la Asociación Autónoma del Personal Académico de la UNAM (AAPAUNAM) se reunieron para revisar los salarios de los docentes que laboran en esta institución educativa. Las partes acordaron, como resultado de las negociaciones, un incremento de 3.5 por ciento directo al tabulador.
El aumento pactado para 2014 es el segundo menor en los últimos 14 años, luego del 3.3 por ciento logrado en 2005, año en el que, sin embargo, se incrementaron también las prestaciones económicas de los profesores universitarios.
La afirmación se sustenta en la consulta de la Memoria UNAM, publicación que reúne los informes de todas las entidades universitarias respecto de las actividades realizadas más relevantes. El capítulo “Relaciones laborales”, correspondiente al informe de la Dirección General de Personal, da cuenta de los resultados de las revisiones salariales celebradas año con año entre la APPAUNAM y la UNAM.
La tendencia del incremento salarial durante los últimos 14 años es a la baja. En 2000, la institución y la representación sindical convinieron aumentar en 12 por ciento los ingresos de la planta docente. Para 2001 el incremento fue de 10.5 por ciento y apenas 1 año después, de 5.25 por ciento.
A contracorriente de este comportamiento, los precios de los productos y servicios básicos en el país se disparan. El cruce deviene en la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores académicos de la máxima casa de estudios del país.
Los integrantes del CAM, con sede en la Facultad de Economía de la UNAM, comparten con Contralínea los avances de un informe próximo a publicarse en el que dan cuenta del fenómeno. A partir del análisis del comportamiento del salario nominal frente al Índice Nacional de Precios al Consumidor (indicador económico que mide la variación de los precios de la canasta fija de bienes y servicios), concluyen que en los últimos 31 años la pérdida del poder de compra del grueso de los trabajadores académicos es del 69.2 por ciento.
Los economistas de la UNAM diseminan el cálculo según la categoría que los docentes ocupan dentro de la estructura universitaria. Así, resulta que de 1982 a 2013, la pérdida para los ayudantes de profesor ha sido del 80 por ciento; la de los profesores ordinarios de asignatura, del 78 por ciento; la de los profesores investigadores asociados y la de los técnicos académicos, de 72 por ciento; y la de los profesores de tiempo completo, de 44 por ciento.
Cabe destacar que los más desfavorecidos son los ayudantes de profesor, quienes representan el 10.8 por ciento del total de la planta docente, seguidos del personal de asignatura (contratados por horas y no por jornada laboral), quienes, de acuerdo con las estadísticas de la Dirección General de Asuntos del Personal Académico (DGAPA), representan el 57.3 por ciento del total de catedráticos que laboran en la institución.
—¿Qué se está haciendo desde la AAPAUNAM para evitar que el poder de compra de los catedráticos universitarios siga perdiendo valor?
—No se puede. La única manera de resarcir esto es a través de los programas de estímulos –responde Bertha Guadalupe Rodríguez Sámano, quien desde hace más de 2 años funge como secretaria general de la AAPAUNAM. Explica que la Universidad cuenta con estímulos para cada tipo de profesor, desde los de asignatura hasta los de carrera: estímulos por asistencia, por antigüedad, para superación, etcétera.
La química de formación agrega: “No es culpa de nosotros el tope salarial; el tope salarial lo pone Hacienda. No debemos olvidar que la UNAM es una institución pública, por lo que sólo nos movemos con el presupuesto gubernamental. Entonces no es sencillo”.
—¿Se ha pensado en fortalecer los programas de estímulos?
—Claro que se han fortalecido. Todos se han fortalecido. Por ejemplo, en la última revisión, la del año pasado, se fortaleció el Pepasig [Programa de Estímulos a la Productividad y al Rendimiento del Personal Académico de Asignatura] que durante 20 años no se había movido.
María Esther Navarro Lara, docente por casi 40 años, asegura que la APPAUNAM no influye en los programas de estímulos que se otorgan al personal académico. A partir de su experiencia, la también exrrepresentante de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales ante la AAPAUNAM (periodo 1989-1993), asegura que “el sindicato no interviene ahí”, pues la Rectoría “no lo deja meter ni un dedo”. Acota que, según la normatividad universitaria, es la DGAPA, a través de la Subdirección de Estímulos y Reconocimiento, la encargada del diseño de estas primas.
La profesora de tiempo completo refiere, asimismo, que, además de estar totalmente diferenciados por categorías, los estímulos no están pensados para el grueso de catedráticos que laboran en la Universidad Nacional. Así es que los profesores de medio tiempo se encuentran totalmente excluidos del beneficio; igualmente quienes no cumplen a cabalidad con los requisitos que establecen las respectivas convocatorias.
Ejemplifica que en lo que respecta a la convocatoria del Programa de Primas al Desempeño del Personal Académico de Tiempo Completo, misma que es expedida a “discreción” de la Secretaría General de la UNAM, se deja fuera a los profesores con incapacidades médicas o consideraciones por edad avanzada, así como a los docentes con permiso de maternidad.
Navarro Lara, maestra en ciencias políticas, recuerda que en febrero de 1993, alrededor de 300 profesores sostuvieron una huelga de hambre frente a la Rectoría universitaria en demanda de un amento del ciento por ciento de su salario. Apenas 1 mes después, José Sarukhán, entonces rector, cedió. Con ello, la UNAM otorgó más de 200 plazas definitivas para profesores de bachillerato, abrió concursos de oposición y otorgó un aumento salarial del ciento por ciento.
“El aumento salarial fue como lo pedimos, nada más que nuevamente a través de estímulos. No pudimos quitar la cuestión del estímulo y en eso sí fracasamos, pero el estímulo se convirtió en la duplicación de nuestro salario”, comenta la catedrática.
En su libro La medida de una nación. Los primeros años de la evaluación en México. Historia de poder y resistencia (1982-2011), Vicente Hugo Aboites Aguilar, doctor en educación por la Universidad de Harvard, explica que, en términos de eficiencia, los pagos extraordinarios a docentes de todos los niveles resultan mucho más baratos que otorgar un aumento salarial generalizado al grueso de los trabajadores de la educación.
El también profesor investigador del Departamento de Educación y Comunicación de la Universidad Autónoma Metropolitana concluye que aunque en la década de 1990 los académicos “ganaron” los estímulos –una década atrás perdieron la mitad de su salario real–, “a cambio vieron comprometido el control sobre su trabajo y entraron a una etapa de redoblada exigencia laboral”.
Aunque en distinta proporción, los docentes universitarios también han visto mermadas sus prestaciones económicas. Éstas son modificadas cada 2 años, en el contexto de la revisión del Contrato Colectivo de Trabajo.
Como lo dejan ver las Memorias UNAM, de 2001 a 2013 los incrementos en prestaciones han sido fluctuantes y nunca por arriba del 2.6 por ciento, puntaje logrado en 2011. De ahí sigue el 2.5, de 2001 y 2009.
En la revisión más reciente, la de 2013, el aumento en prestaciones económicas fue del 2.4 por ciento, por arriba del 1.5 de 2003 y del 1.4 de 2005 y 2007.
David Lozano Tovar, economista e integrante del CAM, adelanta una de las conclusiones del reporte de investigación que en breve harán de conocimiento público: que las prestaciones a las que actualmente tienen acceso los académicos de la UNAM son menores que las que perciben los administrativos que laboran en la misma institución educativa. Refiere, por ejemplo, que mientras los administrativos tienen derecho a licencia con goce de sueldo por hospitalización de hijos, los docentes no. Lo mismo ocurre con la ayuda para la adquisición de libros que se les brinda a los administrativos que son profesionistas.
Contralínea solicitó conocer la posición de la UNAM sobre la caída del poder adquisitivo de los académicos, a través de Juan Sánchez Brito. El director de Enlace y Relaciones públicas envió la transcripción de una conferencia de prensa dictada por la institución el pasado 23 de enero, en la que, sin embargo, no se aborda el tema de los salarios ni las prestaciones del personal docente.
Hugo Aboites, licenciado en filosofía y doctor en educación, refiere que en febrero de 1990, Carlos Salinas de Gortari, entonces presidente de la República, anunció un programa mediante el cual miles de académicos obtendrían ingresos adicionales.
“Se trataba así de introducir en el ámbito educativo por primera vez concepciones derivadas del mercado –eficiencia, competencia, productividad, calidad– que desde tiempo atrás eran aplicadas en el mundo industrial. Pero la iniciativa habría de generar también mecanismos de supervisión y control más precisos que permitieron volver más dócil la fuerza de trabajo de maestros y académicos.”
Poco a poco, los programas de estímulos se transformaron en un complicado sistema que requería de una “verificación constante, anual y sistemática de los realizado por el académico”.
Además, considera que “los programas de estímulos nacieron sin un claro sustento legal e incluso en puntos importantes violentando abiertamente el marco normativo vigente sobre el trabajo y la educación”.
Es el caso de la Ley Federal de Trabajo, que en su artículo 84 señala expresamente que cualquier pago que reciba el trabajador debe considerarse salario: “El salario se integra con los pagos hechos en efectivo por cuota diaria, gratificaciones, percepciones, habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquier otra cantidad o prestación que se entregue al trabajador por su trabajo”.
Basada en esta normatividad, María Esther Navarro Lara, académica de la UNAM, inició a principios de 2012 una campaña colectiva de reconocimiento de los estímulos a la productividad como salarios, luego de que las autoridades de esa casa de estudios le retiraran de manera “injustificada e ilegal”, dice, el 70 por ciento de su ingreso económico, correspondiente al Programa de Primas al Desempeño del Personal Académico de Tiempo Completo.
Flor Goche
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Contralínea 380 / 6 al 12 de abril de 2014
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