Éste es un relato como debe haber muchos en México. No es de sufrimientos físicos ni estruendos sociales, pero sí de esfuerzos colectivos de periodistas, como ocurre en todo el país, por cambiar lo negativo de su entorno y que, en este caso, a pesar de haber sido escamoteados por legisladores y por otros periodistas, lograron el mejor marco jurídico en distintas entidades para ejercer el periodismo.
Por mi labor como coordinador del Programa de Protección de la asociación civil Casa de los Derechos de Periodistas, conozco bien ese proceso. Éste es mi testimonio. Expongo primero un resumen:
Sucedió en Quintana Roo. Comenzó en 2011, cuando unas cuantas personas dedicadas al periodismo iniciaron gestiones por un marco legal de protección para ejercer la profesión. Convencieron a otros colegas y entre todos lograron que para julio de 2015 ya hubiera penalización para quienes agredan a periodistas. Además todo indicaba que lograrían la aprobación de un proyecto de ley de protección integral. Pero en la recta final algunos legisladores les escondieron acuerdos y además tuvieron que resistir agresiones de una organización internacional y de otros periodistas que, por el contexto político de su estado, querían impedir que se aprobara la ley. Sin embargo, lograron completar el marco jurídico, con una ley para protegerse en caso de amenazas, castigar a los agresores a través del Código Penal del estado y promover mejores prácticas profesionales con la instauración de un premio estatal. No es poco. Ningún otro estado tiene las tres normas vigentes.
Conocí a Graciela en diciembre de 2010, en Cancún, para hacerle una evaluación de riesgo por amenazas. Desde entonces ella se propuso conjuntar esfuerzos con sus colegas de Quintana Roo para su organización, para su defensa y por un marco legal favorable. A ella la buscan sus pares para que sea mediadora, o apoya sin petición a quienes padecen amenazas o conflictos. Lo ha hecho para la revista Luces del Siglo, para Pedro Canché y algunos otros corresponsales.
Los trabajos para mejorar el ambiente para periodistas iniciaron aquí en 2011. Con el grupo aún pequeño, ayudó con protección cautelar a un colega y a dos con protección correctiva. También hubo gestiones para cambiar el Código Penal estatal y se inició el proceso para una ley estatal.
Graciela aceptó ser enlace de la Casa de los Derechos de Periodistas (CDP) con otros cuatro colegas del estado; antes de eso también ya habían promovido al menos tres talleres de autoprotección y de actualización. Siguieron empujando hacia la posible ley, sumando colegas, hablando con legisladores y en otros ámbitos políticos. Trabajo hormiga.
Hace 1 año y meses que periodistas de los municipios de Chetumal y Felipe Carrillo Puerto comenzaron a reunirse preocupados por agravios y maltratos, tanto por parte de políticos como de patrones. Decidieron crear una asociación civil para defender y profesionalizar su actividad. Con la mediación de la CDP, periodistas de los estados de Morelos y San Luis Potosí les facilitaron documentos de los colegios recién formados. A su asociación le llamaron Periodistas del Caribe. La preside el reportero Javier Chávez y el vicepresidente es Felipe Hernández.
En mayo de 2015, un grupo de colegas de Cancún, también preocupadas por agresiones a varias reporteras, siguió el ejemplo y fundó la Asociación de Mujeres Periodistas de Quintana Roo. Su presidenta es Zuleika Cáceres, reportera y conductora de radio y televisión.
Promotores de ambos organismos platicaron para coordinar acciones conjuntas. Se les unió una asociación activa más enfocada a la capacitación, la Asociación de Periodistas Mirada Interactiva, que dirige Antonio Cabello, formado profesionalmente en la Universidad Autónoma Metropolitana, entre otros, por René Avilés Fabila.
En diciembre de 2011 Graciela, Raymundo Martín Gómez (también reportero veterano) y otros iniciaron un proceso en el Congreso del estado para crear una ley de protección al periodista y el ejercicio periodístico. Entregaron su primera propuesta. Se comenzó el intercambio con los asesores del Congreso y del Ejecutivo local. Para agosto de 2012 se entregó un mejor proyecto basado en dos leyes similares que entonces existían en Chiapas (septiembre de 2007) e Hidalgo (julio de 2012).
Ellas y ellos sabían de su contexto. Para fines de 2012 el entramado jurídico para protección a periodistas en México era escaso, a pesar de que siguió creciendo el ciclo de agresiones al periodismo. Ya se contaba con una ley federal de protección y dos reformas al Código Penal Federal para proteger el secreto profesional y penalizar las agresiones.
En los estados, aparte de las dos leyes referidas de Chiapas e Hidalgo, existían otras cinco: la Ley de Fomento al Ejercicio del Periodismo, en Guerrero (mayo de 2002); una similar y anterior en Baja California; también se registraban tres de protección al secreto profesional en el Distrito Federal (junio 2006), en Sonora (abril 2011) y Chihuahua (junio de 2011). En Quintana Roo siguieron trabajando.
Para junio de 2015, estos actores y otros acordaron varias acciones conjuntas y trabajaron en ellas. En su balance tenían a favor que Quintana Roo fue la segunda entidad donde el Código Penal del estado se alineó con el Código Penal Federal (6 de septiembre de 2013). La primera reforma fue en el Estado de México, en 2011, y le siguió Michoacán en 2014. Tres nada más. Pocos periodistas lo saben.
El artículo 199-bis del Código Penal de Quintana Roo es el mejor diseñado porque protege también el secreto profesional y penaliza hasta con cárcel a “quien por sí o por interpósita persona obstaculice, impida, o por cualquier medio reprima la publicación, producción, distribución, circulación o difusión de algún medio de información escrito o impreso […] [o en uso] de violencia física o moral, intimide a cualquier persona para evitar que ésta o un tercero ejerza la actividad de periodista”.
Eso, para las y los colegas sureños era un avance. Pero faltaba la ley de protección. El proyecto inicial de 2011 fue transformándose en la medida en la que aparecían leyes en otras entidades en el mismo sentido, por el intercambio de opiniones entre colegas de Carrillo Puerto, Chetumal y Quintana Roo y con los asesores del Congreso y del Ejecutivo local. La CDP participó y tiene las cinco versiones que derivaron de la inicial. Esperaban la oportunidad para presentarla formalmente.
En el contexto de los últimos meses, en Quintana Roo hubo hechos que fueron noticias nacionales: las confrontaciones de la revista Luces del Siglo con el gobierno del estado o el encarcelamiento injusto del activista y bloguero Pedro Canché, que trascendió por la adopción y difusión internacional que hizo de su caso la organización Artículo 19 como “periodista maya agredido”. Más soterrados y añejos han sido los agravios y amenazas contra otros periodistas hombres y mujeres, tanto de particulares, la delincuencia organizada, gobernantes, organizaciones sociales así como por parte de dirigentes de partidos políticos. Además se registran no pocos abusos e injusticias de empresarios de los medios contra sus periodistas empleados. Estos climas no son muy diferentes en otras entidades.
En ese contexto las y los periodistas de las tres organizaciones vieron una coyuntura favorable para empujar su proyecto de ley, resolvieron convocar a un acto abierto en Cancún e invitar a colegas de otras entidades, a los medios de prensa y a otras personalidades. Al gobernador le convenía cambiar la atmósfera en su contra por los conflictos. Con su apoyo se invitó al Congreso del estado y al presidente municipal. Sus objetivos formales fueron: presentar públicamente a las tres organizaciones, entregar su versión más acabada del proyecto de ley de protección integral para personas defensoras de los derechos humanos y periodistas, proponer a los dos poderes el proyecto de ley y la restauración del premio estatal de periodismo que ahora se llamaría Ernestina Mac Donald, la reportera decana en la entidad.
Con ese diseño, el acto se realizó el miércoles 24 de junio de 2015. El salón para unas 200 personas se llenó; hubo presencia de dirigentes de organismos no gubernamentales, pero mayoritariamente periodistas. Sorprendieron las integrantes de la asociación de mujeres, todas vestidas de blanco con pañoleta azul caribe y muchas más que las fundadoras originales; otra presencia trascendente lograda por los periodistas promotores fue de Yoisi Moguel, de Yucatán; Sara Estela Tamés, de Campeche; Candelaria Rodríguez, de Chiapas; Patricia Hernández Goñi, de Tabasco; Soledad Jarquín, de Oaxaca; Dora Villalobos, de Chihuahua; Judith Calderón Gómez, del Distrito Federal, presidenta de la CDP. Todas destacadas en sus entidades no sólo como periodistas, sino también como defensoras de la equidad de género. También estuvimos Daniel Robles, periodista consultor de derechos humanos, y este reportero, quien ha brindado asesoría gratuita a Graciela Machuca y a otros periodistas durante casi 4 años, algunos por agravios, pero especialmente para su proyecto de ley.
En general, el acto alcanzó los objetivos: el gobernador recibió el proyecto, informó que con acuerdo del Congreso se harían dos foros para que otros periodistas y más personas interesadas lo discutieran y tomó protesta a las integrantes de la asociación de mujeres periodistas. También hablaron a la concurrencia el alcalde Paul Carrillo y los representantes de los organismos. Graciela no habló y se sentó abajo, con sus colegas.
Las repercusiones en medios de prensa locales, en general, le dieron la importancia prevista al acto y al sujeto principal, es decir, a las y los periodistas. A mi juicio, la mejor nota en prensa fue de la colega corresponsal de El Universal Adriana Varillas, que en poco espacio informó sin filias ni fobias ni comentarios personales, ubicó bien el acto, sus significados, su contexto y al protagonista de la acción: “un trío de organizaciones de periodistas entregó al gobernador del estado su propuesta de ley…”
Y entonces vino el primer escamoteo a los periodistas promotores, a las virtudes que podría alcanzar la ley, todo para golpear mediáticamente al gobernador. Por ejemplo, en contraste con la nota de El Universal, aunque reprodujo el boletín de gobierno, el periódico digital Noticaribe dio como entrada de la nota informativa lo siguiente:
“Arropado por tres asociaciones de comunicadores, el gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, dio este miércoles un paso más para sacar adelante una polémica iniciativa de ley para, supuestamente, garantizar la protección de periodistas en el estado, donde precisamente bajo su administración se han registrado varios sonados casos de amenazas, persecución y hostigamiento de reporteros críticos y medios independientes en el que están involucrados él mismo, así como varios de sus colaboradores.”
Medios y periodistas opositores no publicaron los contenidos que propusieron sus colegas promotores de la ley. Comenzaron a combatir el proyecto que difundió el Congreso y que no era el que habían acordado diputados, el Ejecutivo y los periodistas promotores. Tenía varios y severos cambios.
Eso mismo sirvió para que en el mismo sentido descalificador del proyecto de ley, dos sitios de periodistas blogueros editorializaran también sus textos y señalaran a los periodistas promotores como “paleros”, “entregados”, “personeros”. La revista Luces del Siglo (a la que la CDP ha defendido en varias ocasiones al igual que lo ha hecho Graciela) acusó, en falso, a la periodista promotora principal de la ley de usufructuar terrenos cedidos en comodato por el gobierno del estado. Graciela le respondió con información cierta, pero sus antes cercanos colegas no le publicaron la réplica. Ambiente envenenado por venganzas políticas.
La organización internacional Artículo 19, aprovechando la atmósfera del conflicto de algunos medios y periodistas contra el gobernador, no intentó saber la opinión de los periodistas promotores de la ley e hizo una valoración del proyecto del Congreso para acusar que era una farsa, entre otras razones, porque el proyecto decía que la libertad de expresión era una prerrogativa y no un derecho consagrado, que se quería controlar a periodistas al exponer que sus organizaciones debían registrarse, que se limitaba el acceso a los actos públicos porque se pedía un registro previo y otras cosas. Demandó más tiempo y más foros para que los periodistas independientes y otros sectores pudieran opinar sobre el proyecto.
En los primeros dos foros convocados por el Congreso participaron los periodistas promotores y señalaron que a su proyecto les habían escamoteado varias precisiones y propuestas. Ante las quejas, el Congreso amplió el tiempo de consulta y se hicieron otros dos foros, como lo pedían Artículo 19 y los promotores. Los periodistas más enconados no asistieron a ninguno de los cuatro foros, no proponían alternativas pero sí continuaron con sus señalamientos. A ellos se les sumaron aliados políticos en la Ciudad de México y un portal informativo que consiguió que otros, también sin equilibrio informativo o consultas con los periodistas promotores, replicaran textualmente las críticas e interpretaciones de Artículo 19. Ése fue el otro escamoteo.
En ese ambiente, sin embargo, la ley se aprobó el 3 de agosto de 2015. Y, sin publicidad, el Ejecutivo local la publicó en el periódico oficial al día siguiente con cambios y agregados logrados por las críticas de los periodistas confrontados y los periodistas promotores. Pero faltaron varias propuestas que estos últimos habían hecho en su proyecto original y en los cuatro foros, como agregar otros derechos para ejercer el periodismo, implantar bases para políticas públicas, dar transparencia y cauce a un porcentaje del gasto público en publicidad y eliminar otras restricciones.
Un mes después de aquel episodio se puede valorar el lugar que ocupa la ley en Quintana Roo, sus contenidos y alcances. Un comparativo entre las 55 normas, leyes e iniciativas existentes hasta agosto de 2015 indica que la ley en Quintana Roo no es la primera de su tipo que se aprueba, fue la 19 de las 20 similares que existen en otros estados, pero tiene ventajas singulares.
Con excepción de Baja California Sur y Tamaulipas, en todo el país se registra una tendencia consolidada por la creación de leyes estatales de protección al ejercicio del periodismo. Un dato relevante es que buena parte de las 20 aprobadas o promulgadas han sido por el impulso de periodistas, igual que en la mayoría de las 29 iniciativas que esperan ser dictaminadas o descongeladas.
Como parte de esa tendencia, las promulgaciones más recientes fueron en el Distrito Federal y Quintana Roo, el 10 y el 4 de agosto, respectivamente. Al comparar sus alcances y contenidos puede deducirse que ambas superan a casi todas las anteriores, entre otras cosas porque establecen, por vez primera en una legislación mexicana, que el periodismo es una actividad de interés público que debe protegerse, auspiciarse y tutelarse.
Otro rasgo común de estas dos leyes es que fueron diseñadas y promovidas inicialmente por personas de la sociedad civil. Por eso, la ley en el Distrito Federal superó en forma y fondo a la ley federal para proteger cautelarmente a personas defensoras de los derechos humanos y periodistas; por eso la de Quintana Roo, que no sólo es de protección cautelar, sino integral –porque también reconoce derechos e instala el fomento–, en varios aspectos superó en eso a las dos leyes similares de Hidalgo y San Luis Potosí.
La ley de Quintana Roo es la segunda que crea un fondo específico para medidas de protección (la primera es la del Distrito Federal) y la primera que añade que dicho fondo también es para medidas sociales y no sólo para quienes lleguen de otras entidades. Es la única también que reitera tres principios fundamentales en derechos humanos y expone 16 criterios transversales para su aplicación, lo que hace más difícil la arbitrariedad. Esos criterios son: pro persona, no restricción de derechos, buena fe, idoneidad, coordinación, concurrencia, eficacia, voluntariedad, exclusividad, complementariedad, prevención, temporalidad, causalidad, proporcionalidad, confidencialidad, igualdad de trato (no discriminación y enfoque diferenciado) y respeto.
Y es también una de las tres que reconoce el mayor número de derechos para ejercer el periodismo: protección, secreto profesional, acceso a la información, acceso a los actos públicos y libertad de conciencia. Similar a la de San Luis Potosí, pero con cuatro derechos menos de los que reconoce la de Hidalgo.
Aunque inconformes, los periodistas promotores saben que lograron completar un marco jurídico en su estado para protegerse con la ley en caso de amenazas; castigar a los agresores con el Código Penal del estado y promover mejores prácticas profesionales con la reinstauración del premio estatal. No es poco. Ningún otro estado tiene las tres normas vigentes. Eso es sembrar para el futuro. Y lo han comentado: “Velaremos porque se apliquen y esperaremos mejores momentos para que se mejoren”, resumió Graciela poco después de aquella sesión del Congreso.
Finalizo el relato resaltando actitudes de los periodistas promotores porque pueden servir a colegas de otras entidades. Mostraron que ya se hizo colectiva la decisión de incorporarse a organizaciones profesionalizadoras (ahora son tres en la entidad) y voluntad para que éstas actúen juntas en lo que coinciden: romper el aislamiento al vincularse con periodistas de otras entidades y con otras organizaciones solidarias.
Las y los dirigentes de las organizaciones promotoras eligieron la táctica de acumular fortalezas como interlocutores para avanzar en otros objetivos: no se conformaron con la desunión que facilita agresiones a veces hasta de los propios colegas. Su vía rebasa al individualismo crónico y a la práctica de las quejas sistemáticas que, aunque justas, poco se atienden, y que además atizan la confrontación que normalmente ganan quienes detentan el poder económico o político o se imponen con violencia.
Rogelio Hernández López*
*Periodista; cofundador de la Casa de los Derechos de Periodistas
[BLOQUE: ANÁLISIS] [SECCIÓN: SOCIAL]
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