El sistema carcelario estadunidense viola los derechos humanos de sus internos, particularmente de los afroamericanos y latinos. Además, impide que defensores de la ONU o de organizaciones civiles internacionales visiten los penales

Thalif Deen/IPS

Organización de las Naciones Unidas, Nueva York, Estados Unidos. Cuando el presidente de Estados Unidos, Barack Obama,
visitó la cárcel de El Reno en el estado de Oklahoma el 16 de julio pasado, para comprobar las condiciones de vida de los 1 mil 300 presos que allí se encuentran, ninguna autoridad pudo impedírselo.

La histórica visita de Obama fue la primera de un presidente en ejercicio de Estados Unidos a una penitenciaría federal.

“En demasiados lugares, chicos… y hombres negros, chicos… y hombres latinos experimentan ser tratados de manera diferente por la ley”, declaró el mandatario.

Pero la Organización de las Naciones Unidas (ONU) no ha tenido la suerte de Obama. A varios de sus funcionarios, armados con la autoridad del Consejo de Derechos Humanos de Ginebra, se les impidió acceder a centros penitenciarios de Estados Unidos que están acusados de tener una cultura de violencia.

En 1998, el gobernador de Michigan, John Engler, prohibió la visita de la esrilanquesa Radhika Coomaraswamy, la relatora Especial de la ONU sobre la Violencia contra las Mujeres que pretendía investigar casos de inconducta sexual contra las reclusas en tres cárceles de ese estado nordestino.

El fallecido senador Jesse Helms, expresidente del poderoso Comité de Relaciones Exteriores del Senado, impidió que el senegalés Bacre Waly Ndiaye, el entonces director de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU en Nueva York, observara las condiciones de vida en algunas de las prisiones de Estados Unidos en 1997.

La histórica visita de Obama en julio llevó a la ONU a buscar una vez más el permiso para acceder al sistema carcelario de Estados Unidos.

El relator Especial de la ONU sobre la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, el argentino Juan E Méndez, y el presidente del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, el surcoreano Seong Phil Hong, solicitaron de forma conjunta a Washington que facilite sus pedidos de visita oficial a las cárceles de Estados Unidos para avanzar en la reforma de la justicia penal.

“Espero trabajar con el Departamento de Justicia de Estados Unidos en el estudio especial encargado por el presidente sobre la necesidad de regular la reclusión en aislamiento, que afecta a 80 mil presos… en la mayoría de los casos por periodos de meses y años”, declaró Méndez el martes 21 de ese mes. “La práctica prolongada o indefinida de la reclusión en aislamiento inflige dolor y sufrimiento de índole sicológica, que está estrictamente prohibido por la Convención contra la Tortura”, explicó. “La reforma en este sentido tendrá un impacto considerable no sólo en Estados Unidos sino en muchos países”, aseguró.

Hong dijo que la visita a las instituciones federales y estatales “será una excelente oportunidad para analizar con las autoridades los Principios y Pautas Básicas sobre el Derecho de Toda Persona Privada de Libertad a Recurrir ante un Tribunal y promover su uso por la sociedad civil”.

El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria ya redactó un borrador de estos principios, que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU considerará en septiembre.

Según informes publicados, el sistema carcelario de Estados Unidos ha sido acusado de condiciones de vida insalubres y agresiones físicas, específicamente contra minorías como la afroestadunidense y de origen latinoamericano.

En junio, el gobierno de Nueva York y la fiscalía del Distrito Sur, que tiene competencia en la ciudad, anunciaron profundas reformas, como la propuesta de nombrar un observador federal que investigue los abusos en la Isla de Riker, el segundo mayor sistema penitenciario de Estados Unidos, que alberga diariamente a un promedio de 14 mil presos.

Entre otras medidas se incluyen las restricciones al uso de la fuerza por los guardias de la prisión y la instalación de cámaras de vigilancia.

En diálogo con Inter Press Service (IPS), Tessa Murphy, de Amnistía Internacional, señala que el actual relator Especial de la ONU, Méndez, no ha podido visitar ninguna cárcel estadunidense con nivel de seguridad “supermáximo”, el mayor de todos, desde que ocupó su cargo en noviembre de 2010.

No obstante, Méndez realizó una visita a la prisión de Pelican Bay, en el occidental estado de California, como testigo experto en un juicio.

Murphy añade que su organización solicitó al Departamento de Estado que invite al relator a Estados Unidos para que examine la reclusión en aislamiento en las instalaciones federales y estatales, algo que Méndez solicitó en reiteradas ocasiones.

“Amnistía Internacional considera que este escrutinio externo es particularmente importante en el caso de las instalaciones de ‘supermáxima’ seguridad, donde los presos están aislados dentro de un entorno cerrado”, destaca.

La organización publicó varios informes que solicitan el acceso de la ONU al sistema carcelario, basada en numerosas investigaciones sobre el régimen de aislamiento a largo plazo y sus efectos perjudiciales.

Antonio Ginatta, de la organización de derechos humanos Human Rights Watch, dice a IPS que éste es un momento decisivo en Estados Unidos, en el que se apresta para reformar su sistema de justicia penal.

El propio presidente Obama se refirió a la necesidad de esa reforma y destacó especialmente los daños que provoca el régimen de aislamiento, sostiene.

“Sin embargo, el Departamento de Estado sigue sin permitir el acceso del relator Especial sobre la Tortura a las instalaciones de confinamiento de Estados Unidos para examinar […] la reclusión en aislamiento. Parece que se perdieron el discurso del presidente”, comenta.

Ginatta dice que la invitación al relator Especial de la ONU tiene años de retraso.

“A la luz del discurso del presidente y de su visita a la cárcel de El Reno, el Departamento de Estado […] debería cambiar de rumbo e inmediatamente extenderle una invitación sin restricciones a […] Méndez y el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria”, exhorta.

Después de su visita a la prisión, Obama dijo que su meta es “ver algunas mejoras en el ámbito federal y que luego […] los estados de todo el país tomen la posta”.

Añadió: “ya hay algunos estados que lideran el camino tanto en la reforma de las condenas como en la reforma penitenciaria”.

Amnistía Internacional dice a IPS que en febrero se reunió con funcionarios del Departamento de Estado, entre ellos William Mozdzierz, director de la Oficina de Asuntos de Organizaciones Internacionales, Derechos Humanos y Asuntos Humanitarios, para entregarle una solicitud con más de 20 mil firmas con el fin de que el relator de la ONU acceda al sistema carcelario estadunidense.

Según Amnistía Internacional, Méndez ya tiene una lista de las prisiones que desea visitar en los estados de Arizona, California, Luisiana, Nueva York y Pensilvania, además de la Oficina Federal de Prisiones.

Mozdzierz subrayó que el acceso a las prisiones estatales depende de los gobernadores y los fiscales de cada estado, y que no existen mecanismos que le permitan al Departamento de Estado garantizar una respuesta positiva a la solicitud. (Traducción de Álvaro Queiruga)

Thalif Deen/IPS

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 Contralínea 453 / del 07 al 13 de Septiembre 2015