En la segunda audiencia que enfrenta el exdirector general de Pemex, Emilio Ricardo Lozoya Austin (ERLA) –ahora por el caso de corrupción internacional de Odebrecht–, una de las primeras revelaciones de la Fiscalía General de la República es que “muchas de las cuentas provenientes de diferentes empresas estaban a nombre de Gilda L[ozoya] y Margarita A[ustin], hermana y madre de ‘ERLA’, respectivamente”.
Para la FGR, Emilio Lozoya intentó ocultar diversos movimientos y cuentas bancarias ligadas a este caso, particularmente cuando era coordinador de la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto, durante 2012.
Por ello, la Fiscalía considera que el exdirector general de Pemex tuvo una posible participación en los delitos de asociación delictuosa, cohecho y operación de recursos de procedencia ilícita todos en agravio del Estado mexicano.
Según el Ministerio Público federal, “el extraditado excedió el número de inversiones en diversos países, principalmente europeos. El vínculo con la tresnacional brasileña Odebrecht –empresa que se declaró culpable de sobornar a diferentes gobiernos de América Latina para obtener contratos irregulares– se dio porque en México ésta era dirigida por Luis Alberto Meneses Weill, quien “constantemente se reunía con ‘ERLA’ para pedirle orientación en la estructuración de programas en diversos estados de la república (Tamaulipas, Veracruz e Hidalgo, principalmente)”.
Las investigaciones apuntan que Lozoya Austin le ofreció a Luis Alberto Meneses un cargo en la administración pública, en caso de que su partido –el Revolucionario Institucional, PRI– llegara a ganar las elecciones en 2012, cosa que finalmente ocurrió, pues el 1 de diciembre de ese año Peña Nieto asumió la Presidencia del país.
A las 09:31 horas, el juez Juan Carlos Ramírez Benítez decretó el inicio de la audiencia relativa a la causa penal 261/2019, en la que Lozoya Austin pidió mantener en resguardo sus datos personales, por lo cual el Consejo de la Judicatura Federal lo ha identificado sólo por su sigla: ERLA.
En los primeros minutos de la audiencia, la parte ofendida pidió al juzgador que se decrete legal el cumplimiento de la orden de aprehensión y procedió a formular la imputación.
Al respecto, la defensa –que llevan los abogados Miguel Ontiveros Alonso y Alejandro Rojas Pruneda– señalaron que el allanamiento que se hizo del juicio de extradición, es un ánimo de colaboración con el Estado mexicano, y en especial con la FGR, para la búsqueda de la verdad.
Agregaron que “en ese marco, el traslado y la aprehensión se llevó a cabo con absoluto respeto de sus derechos fundamentales y derechos humanos de nuestro representado. De tal forma que esta defensa solicita a usted, con todo respeto, un término prudente a los agentes del Ministerio Público, con la finalidad de que queden debidamente registrados los hechos correspondientes, y quede desactivada dicha orden de aprehensión”.
