Fuerzas Armadas: fracasa modernización

Publicado por

José Réyez

noviembre 19, 2018 9:00 am

El Plan Militar de Defensa Nacional Conjunto se quedó en un listado de carencias y buenos deseos. Al final del sexenio, las Fuerzas Armadas no pudieron cumplir con los lineamientos del documento y se hundieron más en su crisis, incluso, de identidad

Quinta parte y última

Las Fuerzas Armadas Mexicanas fracasaron en el intento de aplicar el Plan Militar de Defensa Nacional Conjunto, documento de carácter secreto al que Contralínea tuvo acceso. Luego de 2 sexenios de “guerra” contra el narcotráfico y de ampliaciones a su presupuesto, pocas glorias pueden contar las milicias de tierra, mar y aire. En cambio, el desgaste al que han sido sometidas ha causado estragos que no pudieron solventarse con la estrategia fechada el 30 de julio de 2013.

Al final del sexenio de Enrique Peña Nieto, no se cumplió con uno solo de los propósitos básicos establecidos en el escrito firmado por los titulares de las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena) y de Marina (Semar): el general de división Salvador Cienfuegos Zepeda y el almirante Francisco Vidal Soberón Sáenz, respectivamente.

No se alcanzaron los objetivos de integrar y homologar sistemas conjuntos de inteligencia y de logística militar; de comunicaciones de mando y control, y de crear un Estado Mayor de Operaciones entre las tres Fuerzas Armadas Permanentes, para “mantener el estado de derecho y apoyar a la población en casos de desastre y emergencia”.

La coordinación entre el Ejército Mexicano, la Armada de México y la Fuerza Aérea que establece el Plan Militar “no funcionó porque la Sedena y la Semar no comparten información de operativos ni del ámbito civil, lo cual demuestra que no sirvió el sistema de inteligencia militar y que se utilizó sólo para sus propias metas e intereses”, advierte Martín Barrón Cruz, experto en seguridad pública, seguridad nacional y Fuerzas Armadas.

El doctor en humanidades por la Universidad Autónoma Metropolitana y maestro en ciencias penales por el Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), señala: “Lo ideal sería que ambos sistemas de inteligencia funcionaran, pero no es así. Quizás en áreas menos visibles y mediáticas estén funcionando, pero en el combate al crimen organizado, por ejemplo, no funciona”, subraya. “La realidad es que no trabajaron de manera conjunta la Sedena ni la Semar”.

El Plan Militar de Defensa Nacional Conjunto plantea “articular un Sistema de Inteligencia Militar Conjunto mediante el establecimiento de mecanismos que garanticen el flujo continuo y expedito de información para generar confianza mutua entre los órganos de inteligencia, que permita la determinación conjunta de las amenazas, riesgos y desafíos del país y elaborar una Agenda de Riesgos Miliares, nacionales e internacionales”.

Una vez creado el sistema de inteligencia conjunto –señala el documento secreto–, las Fuerzas Armadas se proponen crear una Escuela de Inteligencia Conjunta a mediano plazo, para generar una doctrina homogénea entre ambas instituciones armadas; así como establecer organismos de inteligencia que atiendan aspectos relacionados con los campos del poder nacional (político, económico, social y militar).

Barrón Cruz, investigador adscrito al Inacipe, indica que para que el Plan Militar de Defensa Nacional Conjunto funcione tiene que haber condiciones para ello. Por ejemplo, dice, el plan de Peña Nieto establece promulgar la Ley de Seguridad Interior; pero nadie, hasta el segundo semestre de 2017, se propuso impulsarla, y luego fue aprobada abruptamente por el Congreso de la Unión, para finalmente ser invalidada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación el pasado 15 de noviembre.

En el capítulo sobre “Capacidad Estratégica Conjunta”, el Plan Militar plantea que las Fuerzas Armadas integrarán sus capacidades presentes y potenciales para constituir un solo esfuerzo en operaciones marítimas, terrestres y aéreas, mediante líneas de acción a corto, mediano y largo plazos, pero “sin intervenir en las atribuciones de los Estados Mayores de cada Fuerza Armada”.

Resalta la creación de un Sistema de Inteligencia Conjunto, “capaz de apoyar operaciones militares para la seguridad interior y defensa exterior; [contar con] tecnología de punta que mejore la búsqueda de información, y una Escuela de Inteligencia Conjunta, que capacite al personal en aspectos propios, así como en asuntos de comunicación social, propaganda, contrapropaganda y asuntos civiles”.

Además, un sistema de investigación y desarrollo en el ámbito de defensa para proyectos de armas, pertrechos, navegación, propulsión, sensores, construcción naval y aeronáutica; investigación científica en ciencia militar, oceanografía, hidrografía, meteorología, cartografía y geología, que genere productos especializados para el apoyo a las operaciones militares.

También, integrar la infraestructura de tecnología de información y comunicaciones de las Fuerzas Armadas para garantizar la conectividad confiable, segura y oportuna entre las unidades operativas y tácticas, mediante la inversión en sistemas de radiocomunicaciones, satelitales, terrestres y sistemas criptográficos.

Las aspiraciones de desarrollo del Plan Militar de Defensa Nacional Conjunto para cada Fuerza Armada son vastas. La Armada requiere, por ejemplo, desde consolidar la organización de las Regiones Navales para contar con una zona por estado costero, hasta “consolidar la preparación de las fuerzas navales para escalar su organización en caso de amenaza de intervención militar extranjera”.

También, equipo y armamento orgánico y especial de unidades de Inteligencia Militar a nivel de brigada, de batallón y de compañías independientes; sistemas de vigilancia por radar y monitoreo de señales; equipos de inspección no intrusiva para los Centros Unificados para la Protección Marítima y Portuaria (Cumar); equipamiento para cuarteles generales, instalaciones logísticas, hospitales y escuelas.

Sin embargo, a más de 1 década de la “guerra” contra el narcotráfico, el Plan Militar propone “realizar estudios para la instalación de sistemas de vigilancia por radar y guerra electrónica en ambos litorales del país”.

El documento secreto, aprobado por el presidente Enrique Peña Nieto en su calidad de comandante supremo de las Fuerzas Armadas, sugiere adquirir dos aeronaves de ala rotativa, armamento para siete brigadas, 13 batallones, 14 compañías independientes y nueve compañías de seguridad a instalaciones navales de Inteligencia Militar, vehículos blindados de reconocimiento ligero para cinco agrupamientos de seguridad a instalaciones estratégicas, dos fragatas con capacidad antisuperficie, antiaérea y antisubmarina; 25 aeronaves de ala fija y 40 de ala rotativa.

Las propuestas contenidas en el Plan militar se cumplieron parcialmente. Fracasó la creación de una escuela de inteligencia conjunta. La compra de equipo y modernización de instalaciones para responder al narcotráfico fue parcial. La generación de una industria naval-militar distó mucho de la realidad, asegura Martín Barrón, catedrático del Inacipe.

“Peña Nieto concedió a las Fuerzas Armadas sólo una pequeña parte de lo que pidieron los militares en el Plan secreto; sin embargo, el mandatario continuó la campaña mediática a favor de las Fuerzas Armadas, iniciada por su antecesor Felipe Calderón, por su heroísmo, capacidad profesional y servicio a la patria.”

Condecoraciones, menciones honoríficas, distintivos y citaciones al valor heroico, al mérito militar, el mérito especial, al mérito técnico, y sobre todo “al mérito en la campaña contra el narcotráfico”, perseverancia excepcional, distinción naval y por servicios distinguidos, halagos, premios, promociones, ascensos, aumentos de sueldos, ostentación de equipo en desfiles conmemorativos. Mientras, la sociedad quedó inerme frente a la delincuencia organizada en amplias regiones del país.

“La constante y machacosa exaltación propagandística oficial de las Fuerzas Armadas no tuvo su correlato en el combate a la delincuencia organizada y el narcotráfico, cuyos grupos se multiplicaron en más de 300 que operan en el territorio nacional”, advierte el general y doctor en administración pública José Francisco Gallardo Rodríguez. Quien fuera preso político en cárceles militares entre 1993 y 2002, señala que en esta publicidad y propaganda a favor de las Fuerzas Armadas se incluyeron las acciones de apoyo a la población en casos de desastres.

Gallardo Rodríguez dice que no debe perderse de vista que las Fuerzas Armadas deben estar subordinadas al ámbito civil del Estado. No se requiere que los militares se involucren más en temas civiles. Por el contrario, de lo que se trata es de desmilitarizar a la sociedad y los espacios públicos usurpados históricamente por el cuerpo militar.

“En una democracia, a los militares les está prohibido por ley participar en asuntos que son de exclusiva competencia de autoridades civiles: concebir y operar la política de defensa, deliberar en asuntos públicos, aplicar la ley, perseguir el delito, combatir al narcotráfico y al crimen organizado, entrometerse en la seguridad pública y los procesos electorales”, enfatiza.

Al fracaso de las Fuerzas Armadas en la lucha contra la delincuencia organizada se suma la incertidumbre que les depara en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, de convertir gran parte de ellas en una Guardia Nacional, sujeta a una nueva regulación de las operaciones armadas que realizan, contenidas en la nueva legislación que discute el Congreso de la Unión.

Pliego petitorio para la guerra

El Plan Militar de Defensa Nacional Conjunto proponía al presidente Peña Nieto la necesidad de contar a corto plazo con una Fuerza Armada terrestre, con una Comandancia y tres Cuerpos del Ejército móviles, flexibles y con poder de fuego, que constituyan elementos fundamentales de maniobra para desarrollar la doctrina de defensa, así como unidades especializadas para confrontar una amenaza tradicional (es decir, intervención militar extranjera) y diluir amenazas, riesgos y desafíos.

En el ramillete de propuestas, la milicia plantea además constituir una unidad de ciberseguridad y ciberdefensa y una unidad para emergencias químicas biológicas y radiológicas (QBR), y crear tres compañías de aviación del Ejército. Además, adquirir lanzacohetes, ametralladoras y misiles antiaéreos; sistemas de localización de blancos para artillería, y vehículos blindados de reconocimiento de mando y control.

“Adquirir obuseros de artillería, cañones y sistemas de misiles antitanque, radares para artillería antiaérea, equipos de guerra electrónica”. En este punto, el documento resalta que debe legislarse para que estos materiales sean de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

En materia de infraestructura, el Plan Militar sugiere construir cuarteles, laboratorios especializados, trenes de transporte, almacenes logísticos y hangares, parques de maquinaria y herramientas; centros de adiestramiento nacional y regionales.

Destaca construir sedes alternas de gobierno y mando, con sistemas de comunicaciones y enlace material que permitan la dirección nacional de la defensa del país, “para contar en todo momento con capacidad de toma de decisiones para enfrentar una crisis”.

Para la organización de la Fuerza Aérea, el documento requiere de tecnología de punta, recursos humanos técnicamente preparados, con una estructura que conforme la defensa del espacio aéreo con cinco componentes a nivel ala, en un esfuerzo integral con las fuerzas navales del Golfo y Pacífico y los tres cuerpos del Ejército desplegados en territorio nacional, que constituyan elementos de acción del poder del Estado y contribuyan en el mantenimiento del estado de derecho.

Para cumplir con este objetivo, el documento señala que se requieren 85 aeronaves de ala rotativa para misiones de transporte de tropa y de carga, operaciones especiales, escolta, reconocimiento armado, enlace, apoyo por el fuego y en apoyo al Plan DN III; 72 aeronaves de ala fija para operaciones de vigilancia y control del espacio aéreo, reconocimiento, adiestramiento y ambulancia aérea.

A mediano plazo, instalar un Centro de Mando y Control que remplace al actual (denominado SIVA) y adquirir dos centros de mando adicionales; uno para Chihuahua y otro para Santa Lucía, Estado de México.

Finalmente, en recursos humanos el Plan para defender la independencia y soberanía del espacio aéreo, requiere incrementar la admisión en planteles militares y reclutamiento en los organismos de la Fuerza Aérea, y contar con 19 mil 555 elementos para 2030, considerando un mínimo del 97 por ciento en personal y capacidad operativa de pilotos y especialistas, y servicios comunes.

El documento concluye: “el Plan Militar de Defensa Nacional Conjunto como instrumento de planeación estratégica orienta los objetivos de defensa con una visión 2030 y propone el desarrollo armónico de las Fuerzas Armadas, acorde con el papel que México juega en la región, persigue el inconfundible propósito de defender la integridad, independencia y soberanía nacionales para el presente y futuro de los mexicanos”.

Finalizado el diagnóstico, estampan sus firmas al calce, por la Secretaría de la Defensa Nacional, el general Salvador Cienfuegos Zepeda (matrícula 6416991) y por la Secretaría de Marina, el almirante Vidal Francisco Soberón Sanz (matrícula S-6605839).

El doctor Martín Barrón Cruz indica que la agenda militar secreta está vinculada con problemas de seguridad nacional de temas internos –como la delincuencia organizada– y externos –como la relación con Estados Unidos. Por ello, desde la visión militar, se piensa que un cártel pretende desestabilizar o derrocar al gobierno, lo cual es erróneo.

“Lo que pretende el cártel es que los gobernantes lo dejen operar, que haya un gobierno consolidado que opere para sus intereses en función del dinero, no les preocupa la corrupción ni la ideología, ni quien gobierne, sino el dinero”, enfatiza.

La visión militarista de cómo se enfoca el narcotráfico y la delincuencia organizada es como si estuvieran ante una narcoguerrilla y narcoterrorismo, “lo cual no es así, porque ambos fenómenos no son los objetivos de los traficantes de drogas, sino temas de contrainteligencia, la cual funciona si se cuenta con información de inteligencia”, acota el catedrático del Inacipe.

Indica que la contrainteligencia es también combatir el lavado de dinero. Subraya la paradoja de que México cuente con todos los instrumentos legales u técnicos para ello, pero no hay casos concretos de combate. El programa de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Procuraduría General de la República está bien armado pero no funciona en la práctica, y si no se ataca la fuente del dinero persistirá el problema.

Con respecto de la propuesta de modificar la legislación militar, señala que tal intención viene de administraciones pasadas, y ya hay jurisprudencia. “El problema son los desplantes de López Obrador contra las Fuerzas Armadas: cambiarlos de militares a guardia nacional, eliminar el Estado Mayor Presidencial… así no funciona”, critica el especialista.

Explica que, de acuerdo con la Constitución, el Plan DN-III es para apoyar a la población en casos de desastres, la seguridad interna y el orden compete a la guardia nacional; la seguridad externa le toca al Ejército y la seguridad pública a la policía, “pero como no hay guardia nacional se le dio la tarea a las Fuerzas Armadas, “que no han dado resultados”, acota.

De acuerdo con el maestro en seguridad nacional Jesús de Miguel Sebastián, coronel de infantería Diplomado del Estado Mayor de la Armada de México, la participación de las Fuerzas Armadas en materia de orden público y seguridad ciudadana debe ser considerada como una excepcionalidad, y en consecuencia regularla como tal. “Éstas tienen unos cometidos mucho más amplios relacionados con la defensa nacional y que requieren disponer de unas capacidades y una preparación específicas para ello”, apunta.

Aclara que caer en el error de especializar a los ejércitos en un instrumento de seguridad pública no solamente es desnaturalizarlos, sino poner en grave riesgo la seguridad y defensa nacionales.

“Si nos referimos al caso de México en el umbral de un nuevo cambio de administración, cabe añadir una nueva reflexión: reducir la lucha contra el fenómeno del crimen organizado al empleo de las Fuerzas Armadas es una estrategia ineficaz, cuando no negativa”, alerta.

Se debe construir a la mayor brevedad un sistema policial que les permita recuperar el espacio de la seguridad pública y de esta manera diferenciar claramente las agendas de las seguridad interior y la pública, considera Jesús de Miguel Sebastián, experto en seguridad y defensa.

El también catedrático del Colegio de Defensa Nacional indica que la seguridad nacional desborda hoy el ámbito ofensivo-defensivo y va más allá de su dimensión militar; a la vez, que la seguridad interior se ve afectada por fenómenos y situaciones que superan el ámbito territorial nacional.

“El hecho que la seguridad haya estado tradicionalmente asociada a los riesgos le confiere un carácter de incertidumbre por cuanto éstos tienen una naturaleza y un origen variable y por ende, resulta imposible garantizar la seguridad plena, lo que lleva a determinar el grado de inseguridad permisible y el nivel de vulnerabilidad que se puede aceptar”, señala.

“Proteger el Estado ha dejado de ser el único objeto a preservar: la persona ha ido adquiriendo un valor central, por cuanto muchos de los fenómenos que afectan a la seguridad como la migración, el terrorismo, el crimen organizado, los efectos del cambio climático o incluso las nuevas guerras tienen a las personas como sus principales víctimas”, explica el académico.

Indica que los riesgos ya no se diferencian de manera clara entre internos o externos, para establecer la diferencia entre la seguridad y la defensa. “Nos tenemos que fundamentar más bien en el gradiente entre probabilidad e impacto, que nos permita definir el nivel de la amenaza sobre la seguridad y garantizar así la resiliencia”.

Al considerar las respuestas y los medios, Jesús de Miguel, investigador del Instituto de Investigaciones Estratégicas de la Armada de México (IIEAM), precisa que éstos desbordan el tradicional ámbito militar y, en su caso, el policial que ha caracterizado a la seguridad. Se requiere por ello encontrar soluciones mucho más integrales que incluyan a los diferentes elementos del Estado y de la sociedad.

Para Humberto González Arroyo, experto en temas de seguridad nacional por el Instituto Nacional de Administración Pública, la Policía Federal, la Sección Segunda de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Unidad de Inteligencia Naval y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) “están activos a la espera de reorganizarse para enfrentar amenazas asimétricas a la seguridad nacional”.

El académico espera que el nuevo gobierno de López Obrador “tenga claro el concepto de seguridad nacional y los servicios de inteligencia para que pueda mejorarlos, pues no se puede concebir un Estado sin ellos”. La perspectiva en el periodo de López Obrador es que, “con asesores y operadores adecuados, se pueda tener un buen aparato de inteligencia de Estado”, subraya.

Añade que se tiene que transparentar la Agenda Nacional de Riesgos con reservas, para no vulnerar la seguridad nacional con el crimen organizado o agentes de otros países, pero aclara que hay muchas actividades donde tiene cabida la transparencia y tiene obligación el gobierno de publicarlas.

González Arroyo destaca que si bien el equipo de López Obrador está en un periodo de adaptación, de prueba y error y de diseño de las nuevas instituciones, debe tener claro que la seguridad nacional nada tiene que ver con la seguridad pública, y que no se puede concebir un Estado sin servicios de inteligencia, para estar preparados ante riesgos y amenazas.

José Réyez/Zósimo Camacho / Quinta parte y última

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