El sistema de salud durante el gobierno de Jorge Herrera Caldera significó tres cosas: el ingreso anual de miles de millones de pesos, irregularidades permanentes en el manejo de los recursos y negocios redondos a partir de dinero público para la cadena de supermercados Soriana, de la familia Martín Bringas.
En cuatro años, la administración priísta recibió 7 mil 824.3 millones de pesos. De esta cantidad, 6 mil 65.3 millones vinieron del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (Fassa), y 1 mil 759 millones del Acuerdo de Coordinación firmado entre la Secretaría de Salud y el estado de Durango para operar el Seguro Popular.
A pesar de que el programa estrella del gobierno federal es el Seguro Popular, el mayor apoyo a los estados proviene del Fassa: la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la Tesorería de la Federación, transfiere a favor de los gobiernos locales recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (Fassa), que es parte del Ramo 33.
Y en Durango, tres funcionarios de apellido Díaz son los encargados de manejar miles de millones de pesos que cada año nuevo llegan con el objetivo formal de mejorar la calidad del sector salud.
Los dineros son entregados a la Secretaría de Finanzas y Administración (SFA), a cargo de María Cristina Díaz Herrera. Después, son transferidos a los Servicios de Salud de Durango (SSD), de los cuales el secretario de Salud, Eduardo Díaz Juárez, funge como su director general. Por último, María de Lourdes Díaz Herrera, directora Administrativa de la Secretaría de Salud y hermana de María Cristina, es la mano que reparte los recursos.
Cada año, de 2011 a 2014, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) registró desvíos y subejercicio de recursos, pagos a “médicos” que no son médicos, licitaciones amañadas, falta de control en medicamentos, financiación de eventos, demora en la transferencia… opacidad permanente.
De a poco, de a miles o de a millones, los costos de las irregularidades en el manejo de los recursos federales se sumaron ejercicio tras ejercicio hasta rebasar los 500 millones de pesos. Y eso que la ASF no revisó en su totalidad los fondos.
En 2011, el primer desembarco del erario que administraron las hermanas Díaz Herrera y el secretario Díaz Juárez fue de 1 mil 340 millones 185.4 mil pesos.
Lo primero que advirtió la Auditoría Superior fue que los SSD no tenían cómo asegurar que los recursos del Fassa no fueran destinados “para fines distintos del fondo”.
Pero el desorden en los SSD era general:
-“No alinean la aplicación de los recursos al utilizar varias cuentas donde se manejan diferentes fuentes de financiamiento,
-“No tienen manuales oficiales de procedimientos para el manejo y control de almacén y para el manejo de medicamento y material de curación de lento y nulo movimiento y próximo a caducar,
-“No cuentan con procedimientos para evitar la caducidad de medicamentos, así como para su baja y destino final,
-“Con la revisión de los almacenes y farmacias de las diferentes unidades médicas de los SSD, se constató que no se realizan inventarios.”
El gobierno duranguense pagó, sin autorización, 12 millones 814.7 mil pesos en bonos (compensación extraordinaria), y 1 millón 3 mil pesos “por conceptos que corresponden a otros programas no autorizados”.
“No se cuenta con los controles adecuados para identificar las necesidades de insumos, por lo que se detectó desabasto de medicamentos”, anotaron los auditores, y más de una cuarta parte de las recetas no fueron surtidas. Incluso se encontraron “medicamentos caducos, sobre los cuales no se proporcionó evidencia de los mecanismos de control aplicados para evitar su caducidad”.
En 2012, el monto depositado fue de 1 mil 502 millones 390.4 mil pesos.
Ya con más de dos años bajo el mando del priísta Caldera, los Servicios de Salud de Durango seguían sin garantizar que no se hicieran “transferencias de recursos a otros fondos o programas”.
Los SSD tampoco contaban con “un área coordinadora de la gestión del fondo”, Todas las maniobras se hacen desde arriba, sin “manuales de organización y procedimientos aplicables al manejo de los recursos del Fassa” o códigos de ética y conducta.
Asimismo, la ASF resaltó la inexistencia de mecanismos de control para que las recetas médicas fueran requisitadas de acuerdo con la información que en ellas mismas se solicitaba.
Se permitió que once servidores públicos “que no acreditaron el perfil profesional requerido” se repartieran 709 mil 834.43 pesos.
Los recursos también sirvieron para financiar eventos como el Día de las Madres, el Día del Trabajo, el Día de Reyes; así como para estímulos por antigüedad, “personal” y hasta para licencias de manejo. Sólo en esa forma de emplear los dineros representaron “un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto de 3 millones 675 mil 125.26 pesos”.
Otros 13 millones 179.6 mil fueron desviados “para el pago de aportaciones patronales al Fovissste, SAR [Sistema de Ahorro para el Retiro], cesantía en edad avanzada y ahorro solidario, al personal regularizado del Seguro Popular”; 4 millones 838.1 mil pesos “para el pago de aportaciones patronales del ISSSTE al personal regularizado de otro programa (Seguro Popular)”, y 3 millones 860.6 mil más “para el pago de vales de despensa a personal regularizado del Seguro Popular”. Todo a pesar de que para operar dicho seguro el gobierno estatal recibe miles de millones de pesos aparte.
Los funcionarios celebraron la caída del año viejo. Brindaron, cantaron, mientras miles de duranguenses enfermos esperaban la cita prometida y 12 millones 854.2 mil pesos no habían sido gastados.
El siguiente año, 2013, el primero de Enrique Peña Nieto, 1 mil 546 millones 275.8 mil pasos traspasó la federación a favor del gobierno de Herrera Caldera.
La ASF siguió documentando en ramillete las falencias estructurales:
“El estado de Durango no cuenta con normativa en materia de control interno”, empezó el listado.
Aún los SSD carecían “de un instrumento que oriente la actuación de los servidores públicos en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones ante situaciones concretas que se les presenten”; así como de un Comité de Ética, por lo que ni se habían “establecido procedimientos para la investigación o denuncia de posibles actos contrarios a la ética y conducta institucional”.
Si el gobierno estatal no se preocupó por elaborar mecanismos de control, tampoco por elaborar documentos propios que registraran los movimientos. “Los SSD no realizaron auditorías internas o externas para la evaluación de sus principales procesos”, resume la ASF.
Todo ello favoreció el florecimiento de los negocios de las empresas amigas del Partido Revolucionario Institucional (PRI), y de Enrique Peña Nieto en especial.
Un ejemplo fue la contratación del Servicio Integral de Abasto y Administración de Medicamento y Material de Curación para Unidades Médicas y Hospitales de los SSD.
Para 2013 se hizo una “licitación pública nacional”, pero en los hechos fue una partida hecha para que un participante específico ganara: los dados estaban cargados.
Entre los 50 postulantes, sólo 1 cumplía con tales condiciones a la medida: Soriana, la misma tienda departamental que meses atrás había apoyado la campaña del PRI que llevó a Peña Nieto a la presidencia.
La ASF presumió que el gobierno de Herrera Caldera favoreció a “un participante”, pues el pliego de condiciones no se sustentó en ningún estudio o justificación técnica.
Además, Soriana no sólo no debió haber obtenido el contrato, sino que desde el principio tenía que haber sido descalificada, porque los precios ofrecidos por la empresa encabezada por Francisco Javier Martín Bringas “rebasaron el 20 por ciento del precio establecido para los medicamentos del Catálogo Universal de Servicios de Salud (Causes)”.
Aparte del contrato en mención, se le pagaron a Soriana 59 millones 618.6 mil pesos más “por la compra de medicamentos, material de curación y dispensación […] de los cuales se detectaron quejas de los beneficiarios por el desabasto en la entrega de medicamentos”.
Una quinta parte de los médicos financiados con los recursos federales no prestaron sus servicios frente a paciente, y casi una tercera parte de las unidades médicas fueron catalogadas por la gente como regulares o malas.
Se agrega que “en el ejercicio de los recursos, la entidad federativa registró inobservancias a la normativa, principalmente en materia de adquisiciones y servicios personales, así como la Ley de Coordinación Fiscal”.
El probable daño a la Hacienda Pública Federal se marcó en 11 millones 467.9 mil pesos, y al fin de año 8 millones 968.6 mil no habían sido gastados.
En 2014 el monto recibido subió a 1 mil 676 millones 600 mil pesos. Una vez más, la Secretaría de Finanzas y Administración retrasó la entrega de recursos. La espera de enfermos y médicos se convirtió en una ganancia de 198 mil pesos que la oficina de María Cristina Díaz Herrera no entregó a los servicios de salud estatales.
616 mil pesos que salieron por medio de cheques que después fueron cancelados y no regresaron a la cuenta del fondo. Tampoco presentó documentación comprobatoria de otros 622.1 mil pesos.
El estado se puso duro y castigó a algunos proveedores con penas que sumaron 158 mil 500 pesos. Lo malo fue que dicha cantidad no se integró a los recursos de Salud, sino que paró en “una cuenta bancaria distinta a la cuenta bancaria específica del fondo”.
Si el proceso de “licitación” para 2013 guardó de alguna manera las formas, en la de 2014 de plano dejó claro para quién estaba dedicado el negocio: ese año quien deseara abastecer y administrar las medicinas del sector salud de Durango debía “contar cuando menos con una superficie de terreno o construcción de 50 mil metros cuadrados, 11 farmacias, plantilla laboral de al menos 302 empleados, 50 vehículos de su propiedad, así como con ingresos anuales superiores a 990 millones de pesos y un capital contable superior al 20 por ciento total de su propuesta”.
Suspicaz, la ASF apuntó que por segundo año consecutivo el procedimiento “limitó la participación de [otros] ofertantes” y que “favoreció a uno de los participantes”.
Así, en todos los ejercicios, la Auditoría remarcó la reincidencia y pidió una y otra vez explicaciones, sanciones y reintegros. Pero a lo largo del gobierno de Jorge Herrera Caldera las millonarias transferencias siguieron convirtiéndose en millonarias irregularidades.
El gobierno federal se encarga se hacer aparecer el nombre del Seguro Popular en televisión, periódicos, revistas, páginas web, autobuses, parabuses y hasta banquetas con el fin de que la población se entere de los beneficios del programa oficialmente destinado al sector más pobre de la población que no tiene ni acceso a los servicios de salud públicos.
Para mantener el Seguro, el Ejecutivo reparte entre los estados un monto específico cada año. Mucho menor al del Fassa, pero millonario al fin.
Y como ocurre con el Fassa, el manejo de los recursos del Seguro Popular se convierte en un festín de anomalías:
Desabasto de medicamentos, médicos ejerciendo sin título, subejercicio permanente… y más negocio para Soriana, son algunas de las irregularidades que se presentan todos los años en el manejo de los recursos destinados al sector más pobre de Durango.
En sus primeros cuatro años, la administración de Jorge Herrera Caldera, priísta como su antecesor ?el hoy senador Ismael Hernández Deras?, recibió 1 mil 759 millones 12 mil 300 pesos a través del Acuerdo de Coordinación firmado entre la Secretaría de Salud y el gobierno del estado para operar en esa entidad el llamado Seguro Popular.
Los montos fueron entregados de la siguiente manera:
368 millones 862.1 mil pesos en 2011; 426 millones 915 mil el siguiente año; 457 millones 255.7 mil en 2013, y en 2014, 505 millones 979.5 mil más.
En sus fiscalizaciones, lo primero que apunta la Auditoría Superior es la deficiente vigilancia interna en la gestión de los recursos, así como los “insuficientes mecanismos de control sobre el comportamiento de la mayoría de las actividades” relacionadas con el programa.
-Los Servicios de Salud de Durango “carecen de controles que aseguren que los recursos autorizados se ejerzan dentro del ejercicio fiscal correspondiente.
-“No alinean la aplicación de los recursos al utilizar varias cuentas donde se manejan diferentes fuentes de financiamiento.
-“No cuentan con los controles adecuados para identificar las necesidades de insumos, por lo que se detectó desabasto de medicamentos.
-“No desarrollaron actividades para evitar la adquisición de medicamentos que no están contemplados en el Catálogo Universal de Servicios de Salud (Causes), así como pagar medicamentos a un precio superior al establecido,
-“No tienen implementada la práctica de inventarios en los almacenes y farmacias de las diferentes unidades médicas.
-“No cuentan con un instrumento que oriente la actuación de los servidores públicos.
-“No se cuenta con un Comité de Ética, ni se han establecido procedimientos para la investigación o denuncia de posibles actos contrarios a la ética y conducta institucional.
-“No se informa periódicamente al Titular de los SSD el funcionamiento general del sistema de Control Interno.
-“No realiza una autoevaluación de control interno de los principales procesos sustantivos.
-“No realizaron auditorías internas o externas para la evaluación de sus principales procesos.”
A pesar de enlistar las fallas ?reincidentes en varios casos?, la ASF “solventó lo observado” cada año porque el gobierno instruía realizarse “las acciones necesarias de control y supervisión”.
En cuanto a la recepción y transferencia de los recursos, las irregularidades se presentaron desde el principio y hasta la última fiscalización, la de 2014:
“La Secretaría de Finanzas y Administración (SFA) utilizó dos cuentas bancarias para la recepción y administración de los recursos correspondientes a la CS (Seguro Popular 2011); asimismo, los SSD no abrieron una cuenta bancaria específica para la operación del Seguro Popular 2011, para tal efecto utilizaron cinco cuentas bancarias, lo que dificultó su revisión y le restó transparencia al manejo de los recursos.”
El primer subejercicio fue de 32 millones 355.4 mil pesos. Después se convirtió en costumbre: en 2012, 73 millones 765 mil 550; 42 millones 848 mil 800 en 2013, y en 2014 sólo 15 millones 419.5 mil pesos vieron llegar el año nuevo sin ser gastados. Tampoco ejerció en su totalidad lo disponible para “acciones de promoción y prevención de la salud”.
En 2011 más de 1 millón de pesos cobraron “servidores públicos con puesto de médico especialista; sin embargo, éstos no cuentan con la cédula profesional que los acredite como tal”; el siguiente año dos personas recibieron 146.7 mil pesos sin que nadie les exigiera comprobar su formación académica; en 2013, se le pagó 1 millón 164 mil 342.72 pesos a “personal que no está directamente involucrado en la prestación de servicios de atención a los afiliados al Sistema de Protección Social en Salud”.
También se gastaron millones de pesos en sobreprecios de medicamentos. Ya había pasado en 2010 (Herrera Caldera tomó posesión el 15 de septiembre de aquel año), y siguió ocurriendo en 2011, 2012, 2013 y 2014, siendo este último el más grave.
Además, “No se contó con evidencia de identificación de los medicamentos que permita verificar su localización, se carece de semaforización para identificar los medicamentos de lento y nulo movimiento y próximos por caducar”, señaló la ASF en la revisión de 2011. En el ejercicio siguiente, para salir de la obligación, “los SSD destinaron recursos por 30 millones 93 mil pesos para el pago del servicio de administración, distribución y dispensación de medicamentos”.
Los efectos de la licitación ganada por Soriana gracias a las bases hechas a la medida por el gobierno estatal se extendieron al Seguro Popular: las quejas por el desabasto también se escucharon por parte de los “beneficiarios”.
No sólo eso. “Cabe mencionar que en el ejercicio 2013 se realizaron pagos con recursos de la CS 2013 por 87 millones 826.3 mil pesos por la compra de medicamentos, material de curación y dispensación a dicho proveedor y de los cuales se detectaron pagos a un precio superior al de referencia y medicamentos que no están contemplados en el Causes”.
Cada año hubo casos en los que las recetas no fueron surtidas completamente. Los motivos variaron: algunos porque lo prescrito no lo cubre el seguro, otros por la “inexistencia” del medicamento; también porque se requisitaron mal las fórmulas.
A pesar de las carencias, los días de reyes, de las madres y del trabajador fueron conmemorados con recursos del Seguro Popular.
Al paso de los años, el servicio, en vez de mejorar, engrosó el catálogo de quejas. Los buzones dejan constancia de la irritación de la gente, pero cuando la ASF verificó qué pasaba después, encontró que de cada cinco mensajes tres no son tomados en cuenta.
Ni la población ni la Secretaría de Hacienda y Crédito Público son informadas de lo que ocurre con el dinero destinado a mejorar el sistema de salud de Durango. Así lo resumió cada año la Auditoría Superior:
2011: “Los SSD no efectuaron la difusión al público de la información a nivel fondo, ni de la ficha de indicadores; asimismo, la información no fue de calidad, ni existió oportunidad en su entrega a la SHCP”.
2012: “No [se] reportó a la SHCP de forma pormenorizada el avance físico de las obras y acciones respectivas”. Y cuando sí le reportó cifras a Hacienda, éstas correspondieron “con la información contenida en el estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos, restando calidad a la información sobre la aplicación y resultados obtenidos del fondo”.
2013: “No informaron de forma pormenorizada sobre el avance de las acciones implementadas ni reportaron los resultados y tampoco las evaluaciones de desempeño del fondo, además la información que remitieron carece de congruencia y calidad. Del resultado se advierte su reincidencia, toda vez que fue observado por la Auditoría Superior de la Federación en la revisión de la Cuenta Pública 2012”.
Asimismo, “se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del programa Seguro Popular, ya que la entidad federativa no proporcionó a la Comisión Nacional de Protección Social en Salud la totalidad de los informes del avance del ejercicio mensual de los recursos”.
2014: No se presentó en tiempo la información “relativa al Formato Único Nivel Financiero ni se evidenciaron evaluaciones de desempeño del fondo; tampoco existió congruencia entre las cifras reportadas a la SHCP, el Analítico del Ejercicio del Presupuesto proporcionado por los SSD y el Periódico Oficial del Gobierno del Estado; finalmente, la información correspondiente al tabulador no se remitió a la Dirección General de Recursos Humanos de la SSA en ningún trimestre”.
Además, “los SSD no enviaron a la SSA trimestralmente la información relacionada con el personal comisionado con licencia; los pagos retroactivos y de los pagos realizados diferentes al costo asociado a la plaza del personal a cargo al Seguro Popular; en consecuencia no se difundió en su página de Internet ni en algún otro medio local de difusión”.
Para confrontar todas estas anomalías y desvíos de recursos públicos federales descubiertos por la ASF, Contralínea buscó tanto al gobernador como a sus subalternos Díaz pero hasta el cierre de edición no se recibió respuesta.
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Contralínea 488 / del 16 al 21 de Mayo 2016
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