Tras graves hechos de violencia y la ausencia de seguridad en la región de Tierra Blanca Copala, indígenas triquis de esta localidad viven desplazados en la comunidad de Yosoyuxi. Se trata de más de 700 hombres, mujeres, niños y ancianos que han perdido sus viviendas y su modo de sustento, indica Marcos Albino Ortiz, vocero de las víctimas de desplazamiento y víctimas de violencia en la región triqui.

Ayer, habitantes de Tierra Blanca sostuvieron una reunión con Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob), quien se comprometió a realizar una “visita de carácter humanitario” para dar seguimiento de la atención integral a víctimas de desplazamiento, la primera semana de febrero.

Los indígenas y las autoridades del gobierno federal también acordaron la presencia “permanente y coordinada” de la Policía Estatal y la Guardia Nacional, para garantizar “la integridad y seguridad de los habitantes de la región”.  Durante la visita oficial, se buscará que las autoridades correspondientes cumplan con su responsabilidad de brindar las medidas cautelares emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos de manera integral.

Además, se solicitará que la Fiscalía General de la República, a cargo de Alejandro Gertz Manero, atraiga la investigación de los hechos.

La Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia de la subsecretaría también revisará los casos de las personas que se señalan como “injustamente privadas de su libertad, con la finalidad de que se haga justicia con estricto apego a derecho”.

Finalmente, los integrantes de la reunión se comprometieron a participar en la instalación de una mesa de diálogo donde participen instancias de los tres órdenes de gobierno y todos los distintos actores del conflicto: Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT), Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente (MULTI) y a la Unión de Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort). Asimismo, las instancias defensoras de derechos humanos que decidan contribuir a la construcción de un proceso de paz duradera en largo plazo.

En las oficinas de la Secretaría de Gobernación, donde se acordó la minuta, estuvieron presentes: Josefina Bravo Rangel, comisionada para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México (CDPIM); Neftalí Granados González, director de Seguimiento e Implementación de Medidas Preventivas o de Protección; Óscar Banda González, director de área de la CDPIM; Carolina Santana, directora general de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana; Francisco Gutiérrez, representante del Gobierno de la Ciudad de México y Marco Antonio Hernández Sánchez de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.