A 1 mes de haber llegado a la Ciudad de México, indígenas triquis desplazados de la comunidad Tierra Blanca Copala siguen a la espera de respuestas de seguridad para poder regresar a sus hogares, en la mixteca oaxaqueña. Exigen la presencia de la Guardia  Nacional, después de que en enero pasado fueron sacados a punto de metralla de sus casas. Y aunque el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho que ya hay más de 100 elementos de este cuerpo de seguridad en la región, éstos se encuentran en Carrizal y no donde se cometieron los hechos de violencia.

Más de 80 personas sobreviven sobre la plancha del Zócalo capitalino, frente a dos estructuras arquitectónicas palaciegas. Duermen en casas de campaña de plástico, comen lo que pueden guisar en sus anafres. Venden fruta a las afueras del metro. Los niños han cambiado el juego entre la serranía por el asfalto de la capital. Descalzos, andan con poca higiene y expuestos a todo lo que hasta hace algunos días era desconocido para quienes no habían salido de su lugar de origen.

Los ruidos de los animales de corral se acabaron. Ahora, hay motores, claxones, el bullicio de los que circulan por el primer cuadro de la ciudad. Bajo una carpa blanca, las mujeres se organizan para brindar el primer alimento del día. En platos de plástico se sirven arroz y frijoles. Visten su huipil colorado con listones de colores. Ellas se han quedado con casi nada, cargan con sus hijos mientras esperan la paz en la región. Sus esposos se han ido en busca de una mejor calidad de vida en Estados Unidos, andan en Washington, Los Ángeles, Nueva York.

Gerardo Martínez García, agente suplente en Tierra Blanca Copala, es uno de los pocos hombres que se encuentran en el plantón. Comenta que la están “pasando mal porque el gobierno prometió el retorno seguro”, y aún están a la espera.

Aquí, dice el indígena triqui, hemos pasado frío, sed, hambre. “Los niños están sufriendo, pero parece que al gobierno no le importa eso, tienen otra cosas que hacer u otros compromisos”, en señalamiento al subsecretario Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, encargado de atender el caso.

“El acuerdo ya está, pero esperemos que ellos cumplan para un retorno seguro”, añade el indígena oaxaqueño que todavía dice confiar en el lema presidencial de “primero los pobres”.

El 25 de enero, Encinas Rodríguez recibió en las instalaciones de la Secretaría de Gobernación a un grupo de habitantes de esta comunidad, “quienes denunciaron que los habitantes de su comunidad sufrieron ataques armados, lo que ocasionó la muerte de dos hombres y el desplazamiento forzado de más de 100 personas, por lo que es prioritaria la atención a estas víctimas”, se indicó a través de un comunicado.

Como parte de los compromisos de ese encuentro, precisa, el pasado 3 y 4 de febrero, el subsecretario de Derechos Humanos llevó a cabo reuniones de trabajo en Oaxaca “para coordinar el diálogo con los diferentes actores del conflicto, además de las autoridades del gobierno federal, autoridades estatales y municipales para atender en coordinación la problemática”.

De estas acciones, se desprende:

“1) Reunión con el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa, con quien se estableció un acuerdo de colaboración entre el gobierno federal y estatal para atender de forma inmediata a las víctimas desplazadas otorgando alimentación, salud y seguridad.

“2) Reuniones y comunicación con las distintas organizaciones de la región triqui, para definir los criterios y compromisos para construir la paz en la zona.

“3) Integración de la mesa interinstitucional para coordinar las acciones de atención integral de las personas desplazadas. En esta mesa participan, por parte del gobierno federal, las secretarías de Gobernación, Seguridad y Protección Ciudadana y Bienestar, incluyendo la Guardia Nacional; además, el programa del Instituto Mexicano del Seguro Social IMSS-Bienestar y la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México; por parte del gobierno local, las secretarías de Gobierno, Seguridad Pública, Salud y Bienestar. Asimismo, se cuenta con la participación de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca y la Coordinación para la atención de los Derechos Humanos del Estado de Oaxaca.

“4) Revisión y análisis de la situación jurídica de las personas detenidas en toda la región por parte de la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia, de Gobernación”.

En este caso, expresó el presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado 21 de marzo durante su conferencia de prensa mañanera, es “un problema de división de la etnia de la cultura triqui”, que involucra a tres organizaciones y es “un asunto que viene de lejos”.

“Se está buscando la conciliación, la paz, reconciliarlos. No es un asunto de Guardia Nacional solamente, es llegar a acuerdos para que no haya agresiones, para que haya paz y hay condiciones, se ha ido avanzando con ese propósito”, dijo desde Palacio Nacional.

Hizo un llamado “a los dirigentes para que ayuden, que hagan a un lado sus diferencias, sus intereses, por legítimos que sean y que piensen en la paz y en la tranquilidad en la región, y que no se exponga a la gente”.