Los conflictos en México por el dominio del agua potable derivan de corrupción, intereses de empresas multinacionales, falta de política sólida en seguridad nacional en la cual ese recurso se convierte en objetivo de expropiación y control del sistema neoliberal, coinciden expertos, académicos y organizaciones no gubernamentales.
“El desabasto o escasez del agua no sólo denotan el incumplimiento de la obligación del Estado, sino que atentan contra la seguridad nacional del país, ya que dan lugar a la desigualdad e inestabilidad sociales, poniendo en peligro el orden social imperante”, advierte la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
El acceso al agua subterránea en forma suficiente y salubre está en riesgo por lo que plantea asignar recursos en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2018, para atender la crisis del agua, al considerar que “el recurso hídrico es considerado como estratégico y está calificado como un asunto de seguridad nacional en la Ley de Aguas Nacionales (LAN)”.
Refiere que la Ley de Seguridad Nacional señala que el Estado se rige por principios de legalidad, responsabilidad y respeto a los derechos fundamentales de protección a la persona humana y garantías individuales y sociales, como el derecho humano al agua.
Establece que los conflictos por el agua afectan el bienestar público y representan una amenaza a la seguridad nacional, la cual “se mantendrá en la medida en que los problemas públicos, como el del agua, sean erradicados, controlados o minimizados”.
Linda Yáñez Pérez –maestra en política– y Erick Aguilar Obregón –doctorante en ciencias sociales en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso)– consideran al agua como un elemento constitutivo de seguridad nacional y advierten el potencial para convertirse en un problema social por desabasto, contaminación e inequidad en su distribución.
“En la actualidad, el discurso nacionalista y de justicia social que pesaba sobre recursos como el agua ha quedado en el olvido y el hídrico ha continuado su tránsito hacia un lugar que lo objetiva como un elemento de diferenciación y exclusión social”, destacan.
En su análisis El agua en México, recurso estratégico de seguridad nacional, señalan que la disponibilidad de agua establece una clara delimitación entre un grupo social que goza de satisfactores e ingresos económicos decorosos, y otro marginado económica y ambientalmente.
La auditoría practicada a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), respecto de la administración de las aguas subterráneas del país para su protección y conservación, evidenció que, en 2016, se registraron deficiencias de la comisión.
En las consideraciones del Presupuesto de Egresos de la Federación 2018, dada a conocer en junio de 2017, la ASF señaló que en 371 de 653 acuíferos del país no se evaluó la calidad del agua, por lo que se desconoció la condición de esos cuerpos hídricos; se vigiló las extracción del subsuelo solo en el 1.7 por ciento de 275 mil 300 concesionarios registrados, y no se inspeccionó la descarga de aguas residuales en cinco de cada seis acuíferos del país.
Asimismo, la Conagua sólo realizó dos de 13 proyectos de recarga artificial, insuficientes para atender los acuíferos con escasez del recurso; no publicó 99 decretos de veda y 234 reglamentos de protección de 333 cuerpos hídricos, por lo que, a juicio de la ASF, no logró el ordenamiento de usos del agua ni consideró establecer declaratorias de rescate y reserva del recurso en los cuerpos hídricos que presentaron las condiciones para ese propósito.
Lo anterior, aunado a que el número de acuíferos sobreexplotados pasó de 32 en 1975 a 105 en 2016, que el 37 por ciento del agua se extrae del subsuelo y que el 80 por ciento del agua de buena calidad representa un riesgo para garantizar el suministro a la población del país, en especial para 60 millones de personas que se abastecen de los 105 acuíferos sobreexplotados.
La ASF advierte que de persistir la sobreexplotación y deterioro de las aguas subterráneas, las dificultades para la extracción, tratamiento y traslado del agua aumentarán debido a la creciente demanda y a la escasez del recurso, con lo que se estima que, para 2050, se dispondrá de 377.7 m3/hab/año, lo que representa el 81.7 por ciento menos que la cantidad disponible en 1962.
Resalta que de 731 cuencas hidrológicas y 653 acuíferos que existen, 102 fueron identificados con déficit de disponibilidad media anual de agua. De las 1 mil 206 concesiones para aprovechamiento de las aguas superficiales otorgadas, 4.1 por ciento (50) se otorgaron en cuencas con déficit. Y de 8 mil 87 concesiones para el uso y aprovechamiento de aguas subterráneas, el 13.5 por ciento (1091) se autorizó en cuencas con déficit.
“Estos datos muestran que “ni la Conagua ni los 13 Organismos de Cuenca que concesionaron las aguas superficiales y subterráneas se aseguraron de que existiera la disponibilidad de las cuencas y acuíferos del país, lo que no contribuyó a preservar el vital líquido”, advierte el máximo órgano de fiscalización del país.
La auditoría también destacó irregularidades en el manejo presupuestal de la Conagua en 2015, que ascendieron a 8 mil 301 millones de pesos, monto no aclarado que corresponde a contratos con empresas, pagos indebidos e improcedentes.
En relación al desempeño de la Conagua, la auditoría señaló que “las acciones realizadas fueron insuficientes para gobernar el agua, lo que no favoreció a la preservación del líquido, ni a enfrentar los riesgos a la seguridad nacional en perjuicio de 118.5 millones de mexicanos”.
Desde Baja California hasta Quintana Roo, las manifestaciones y protestas de inconformidad de la gente continúan en defensa de su territorio y recursos, el medio ambiente, el agua, principalmente en comunidades indígenas, campesinas y colonos vulnerables.
El más reciente conflicto por el agua ocurrió en Mexicali, Baja California, donde ejidatarios se oponen a la construcción de la planta cervecera estadunidense Constellation Brand que amenaza con despojarlos del líquido en una región de mayor escasez en el país.
Organizados en Mexicali Resiste, surgida a principios de año y que echó abajo la ley promovida por el gobernador panista Kiko Vega para privatizar el servicio de agua, se enfrentaron a la policía el 21 de julio de 2017, con saldo de varios lesionados. El lunes 17 de ese mismo mes, un tribunal federal otorgó a los ejidatarios del Valle de Mexicali un amparo definitivo que impide la entrega del agua de los agricultores a la cervecera.
En Sonora, la resistencia del pueblo yaqui intensificó la lucha por la protección de su agua y territorio contra el despojo de un pequeño sector de la sociedad, cuando en 2010 supo de la inminente construcción del Acueducto Independencia, afluente que se le abre al Río Yaqui para satisfacer las necesidades de agua de Hermosillo.
Pese a que obtuvieron un amparo de la Suprema Corte, el acoso continúa hacia el pueblo yaqui y el proyecto no da marcha atrás, a pesar de que no cumple con las normas de control y cuidado ambiental, aunado a problemas de abasto de agua en la comunidad indígena, por lo que el acueducto funciona desde 2013.
Los ejemplos de conflictividad abundan: una manifestación por falta de agua en la colonia Peñón de los Baños de la Ciudad de México el 17 de marzo de 2017, terminó en batalla campal entre la policía y un grupo de ciudadanos. Los colonos exigieron al gobierno restablecer el suministro de agua que desde hacía más de una semana fue suspendido.
Asimismo, en el periodo de estiaje de este año, habitantes de las delegaciones Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Cuauhtémoc, Venustiano Carranza, Tlalpan, Benito Juárez e Iztapalapa bloquearon vialidades en protesta por la falta de suministro de agua.
El 23 de marzo del mismo año, en Ocozocoautla de Espinosa, Chiapas, decenas de habitantes demandaron agua potable para la comunidad, luego de 10 días de no haber contado con el servicio. Tomaron la alcaldía municipal y amarraron a varios funcionarios, entre ellos dos del Sistema Municipal de Agua Potable.
En un enfrentamiento con efectivos de la policía, quienes fueron heridos con piedras y palos, los manifestantes demandaron la renuncia del director de seguridad del municipio. Este hecho “llama la atención por la relación directa de los conflictos por el agua con el tema de seguridad nacional”, indica la ASF.
El descontento de los ciudadanos ante la falta de suministro de agua no es exclusivo de la Ciudad de México ni de Chiapas, considera la ASF. “Los conflictos por el vital líquido se han convertido en un problema público, es decir, un estado de cosas indeseables en la vida social, en la unidad jurídico-política o territorial de que se trate”.
Como un elemento fundacional de la vida, el agua debe ser tratado como un bien social y cultural y no como un bien económico, considera, por lo que el Estado debe asumirse como el responsable de observar en la inapropiada gestión del recurso hídrico un potencial detonante de problema social.
Advierte que una política pública que ignore la cuestión ambiental “puede llevar a situaciones límite como vivir permanentemente en la sociedad del riesgo, llegando con el paso del tiempo, a un punto de no retorno en el cual el problema se vuelve irremediable”.
Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía señalan que en México existen 722 cuencas de aguas superficiales y 653 acuíferos, agrupados en 37 regiones hidrológicas que administran la Conagua en materia de permisos, concesiones, proyectos y custodia de aguas nacionales, explotación, uso o aprovechamiento, distribución, control y preservación de cantidad y calidad del agua.
Sin embargo, los recursos hídricos se encuentran distribuidos en forma desigual ya que la mayor parte del líquido se ubica en la zona centro y sur del país debido a condiciones climatológicas que permiten una mayor captación de agua pluvial.
Se concentra en grandes cantidades en Veracruz, Tabasco y Chiapas, mientras que en los estados del Norte la escasez del líquido ha llegado a ser preocupante. Respecto al uso del agua datos de Inegi 2017 señalan el doméstico, con 14 por ciento, comercial 10 por ciento y agrícola 76 por ciento.
El 50 por ciento de escurrimiento anual total se concentra en los ríos en el Sureste del país, cuyas cuencas más importantes son las de los ríos Yaqui, Fuerte, Mezquital, Lerma, Santiago y Balsas; y en la vertiente del Golfo de México, sobresalen los ríos Bravo, Pánuco, Papaloapan, Grijalva y Usumacinta.
Otra circunstancia que ha derivado en conflicto social es la privatización del agua en México, promovida por el Banco Mundial y empresas privadas. Esto ha afectado a ciudades y municipios del país, donde los usuarios resienten sus efectos económicos, el daño al medio ambiente, en medio de procesos opacos que no respetan el derecho humano al agua.
El informe sobre Violaciones a los derechos humanos, agua y saneamiento –publicado en mayo pasado por la Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua (Comda)– explica que la participación privada en los organismos operadores de México se ha dado en tres etapas.
Primero con la Ley de Aguas Nacionales, aprobada en diciembre de 1992, permitió el acceso de empresas privadas a la gestión de los sistemas de agua y se otorgaron concesiones en 1993 en Aguascalientes, Cancún e Isla Mujeres, en Quintana Roo; y en Navojoa, Sonora en 1997.
La segunda, en 2001, con la aprobación de Promagua, programa privatizante de la Conagua, se formó la empresa mixta Aguas de Saltillo. Finalmente, de 2013 a 2015, como antesala de la nueva Ley General de Aguas, se otorgaron concesiones y se formaron empresas mixtas en Ramos Arizpe, Coahuila, Puebla y municipios vecinos; Medellín, Veracruz, y se extendió la concesión de Cancún e Islas Mujeres al municipio de Solidaridad.
El informe precisa que “las leyes estatales de agua de estas ciudades fueron reformadas antes de la privatización, para permitir el corte del servicio a los usuarios morosos. Además, en el caso de Veracruz se agregó un párrafo (tomado del artículo 33 de la fallida Ley Korenfeld) para promover la participación de los sectores social y privado en la prestación de los servicios públicos”.
En todos los casos, dice el informe de Comda, el proceso de licitación se llevó a cabo sin participación ciudadana y en forma opaca, con sospecha de corrupción. Además, durante la gestión de la empresa privatizada, las autoridades violaron los derechos humanos al agua y saneamiento, su respuesta a quejas y demandas ciudadanas ha sido nula; y en ningún caso se han aplicado sanciones a las empresas privadas.
En los últimos meses ha sido evidente la presión del Banco Mundial para la privatización del Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex), a pesar de que el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, negó que las negociaciones estén sucediendo.
Sin embargo, Mancera admitió en septiembre de 2016, en respuesta a solicitudes de acceso a información, que a través del proyecto “Ciudades Resilientes” se negociaron con el Banco Mundial inversiones para “la gestión de 320 pozos, 16 manantiales, 16 entregas de agua en bloque, 17 presas, 26 plantas de bombeo, 26 tanques, 90 estaciones de transferencia, 52 estaciones de presión, 13 líneas de conducción y equipamiento de 1 mil 174 sistemas de telemetría, así como la construcción y rehabilitación de plantas potabilizadoras”.
Además anunció que el Fondo del Agua que tendrá injerencia en los sistemas de abastecimiento, sería manejado por fundaciones formadas por empresas con fuertes intereses en el sector, como la Fundación Femsa (refresqueras) y Fundación Kaluz (Mexichem), sin contar con mecanismos de legítima participación ciudadana.
Aunque Sacmex rehúsa informar al respecto, en el sitio web de las empresas trasnacionales Suez y Veolia se anunció que el 17 febrero de 2017 (10 días después de la aprobación, y 19 meses antes de la entrada en rigor de la nueva Constitución, que prohíbe la privatización y el lucro en la gestión del agua) firmaron nuevas concesiones con Sacmex para manejo de base de datos, medición, facturación, cobro, potabilización, almacenaje, distribución, reemplazo y operación de líneas primarias y secundarias, recolección y tratamiento de aguas residuales, con vigencia a 5 años.
En cumplimiento con las necesidades de dichas empresas, actualmente se busca aprobar una nueva ley de aguas de la ciudad que permitiría que el gobierno capitalino fije tarifas sin revisión pública o legislativa, y cortar el servicio al acumular dos bimestres sin pago, además de dar a las familias acceso a compra de vales para garrafones con 50 litros por día por persona, hasta la reconexión con pago de multa.
Además de la privatización de los organismos operadores, el Banco Mundial –con la pretensión de garantizar el acceso universal al agua– también ha condicionado los préstamos que otorga a México a cambios legislativos y políticos que faciliten la realización de megaproyectos y la privatización de infraestructura hidráulica. Los créditos no aparecen en las cuentas públicas, lo que facilita a las autoridades este tipo de endeudamiento.
“No se puede permitir que los intereses de unos cuantos estén por encima de la Constitución y tengan el privilegio de decidir sobre nuestro derecho al acceso al agua. La privatización no debe ser permitida porque atenta contra la vida misma; aunque, lastimosamente, ya existan casos en el país donde la privatización está presente”, advierte la analista del Centro de Estudios Superiores Navales (Cesnav), Gabriela Rosales Cristalinas.
Expresa que la privatización del agua potable es un problema latente que se debe tomar en serio y considerar como amenaza a la seguridad nacional, “por lo que urge actuar para revertir la metamorfosis del sistema neoliberal actual que busca adueñarse de los recursos estratégicos del país”.
Agrega que el caso de Puebla es elocuente. En el gobierno del panista Rafael Moreno Valle, desde 2013 se concesionó el servicio de agua potable de cinco municipios y la capital al empresario Juan Diego Gutiérrez Cortina, presidente y principal accionista de Gutsa Construcciones, Epccor y Agua de México, un grupo de empresas de ingeniería, desarrollo y construcción de proyectos relacionados con la accesibilidad del agua.
Sin embargo, a pesar de que la tendencia de México –con excepción de los sistemas de aguas de Navojoa, Sonora y de Ramos Arizpe, Coahuila que se han remunicipalizado; el primero después de 8 años de gestión y el segundo después de 15 meses–, es entregar el agua a empresas privadas, en el mundo este modelo ha fracasado.
En Berlín y París, luego de 25 años el servicio de agua potable fue retomado por los ayuntamientos debido a que las empresas privadas no cumplieron con invertir en infraestructura, pero sí aumentaron tarifas.
En Berlín, donde las operaciones de agua fueron parcialmente privatizadas en 1999, los precios se elevaron 28 por ciento después del periodo estipulado de tres años de ganancia, mientras las inversiones para preservar la infraestructura fueron reducidas en más de la cuarta parte, lo que orilló a que los ciudadanos a exigir la iniciativa del referendo.
En Stuttgart, sexta ciudad alemana, una iniciativa de los ciudadanos en 2013 obligó a la alcaldía a recompensar las acciones de un proveedor privado de agua y en 2014, la autoridad estatal detectó que los precios del recurso eran demasiado altos y ordenó su reducción en 30 por ciento.
En la misma línea, destaca el papel de organismos internacionales ante las medidas privatizadoras capitalistas, basta recordar el fracaso del Banco Mundial en querer implementar un supuesto proyecto de desarrollo en Lagos, la ciudad más poblada de Nigeria, que en realidad buscaba beneficiar los acueductos de empresas británicas y francesas. Indonesia, otro país que renunció al modelo privatizador de agua, considerado el mayor en el mundo, duró 18 años.
Graves implicaciones han tenido las concesiones a megaproyectos en regiones estratégicas donde el agua se encuentra en mayor cantidad y calidad, principalmente en comunidades indígenas con mayores tasas de exclusión y pobreza del país, anhelados por las corporaciones multinacionales, asegura la catedrática del Cesnav.
Dice que la relación entre Estados, organizaciones multinacionales rivales, resulta de enorme trascendencia y responde a una estrategia común de actuación, “esto es, a una política exterior propia, que deriva en reajuste de leyes nacionales para acatar disposiciones del mercado y los intereses de las entidades corporativas”.
Precisa que es ahí cuando se observa la enorme autoridad que poseen los grandes consorcios, colocándose por encima de los Estados, algunos incluso se han visto obligados a indemnizar a multinacionales o a realizar cambios en su ordenamiento por orden de tribunales.
Destaca que en México las grandes corporaciones han aprovechado la oportunidad para acrecentar sus ingresos y minimizar costos de producción, al asentarse en territorios geoestratégicos ricos en insumos de vital importancia en fabricación de mercancías en tiempo corto y sin problemas legales.
“Las grandes corporaciones en el país llevan años extrayendo el líquido de cuencas y manantiales para la producción de bebidas, utilizan enormes cantidades de agua en la producción de plásticos y crean un mayor desabasto de agua en las comunidades y aumentan la contaminación ambiental”, subraya.
Y es que las concesiones a las empresas se hacen difusas cuando no se pueden encontrar datos de venta y cantidad de agua que extraen diariamente –para producir 1 litro de Coca Cola, por citar un caso, se desperdician 3 litros de agua–, y aunque se otorgan concesiones y licencias, se abusa de ellos, sobreexplotando cuencas, ríos y mantos acuíferos.
Incluso, alerta la académica del Cesnav, las empresas van tras las llamadas aguas fósiles. Diversos casos en México indican que ya se extrae agua fósil conforme se perfora a mayores profundidades, como en Iztapalapa, en la Ciudad de México donde se realizan actividades de exploración a 2 kilómetros de profundidad en vísperas de encontrar supuestas reservas para 50 años de abastecimiento.
Explica que las empresas multinacionales de bebidas son otro actor importante en la privatización de agua, y es que el modelo internacional busca posicionar sus grandes consorcios en todo el mundo, especialmente en regiones ricas en recursos estratégicos, apoyados por los propios Estados en detrimento de sus comunidades.
La sobreexplotación de acuíferos por compañías refresqueras, ha ocasionado deterioro y escasez alarmantes en el país, pues al explotar los acuíferos a una mayor profundidad de lo permitido, las aguas profundas representan un peligro para el consumo humano al contener residuos peligrosos de sales, arsénico o materiales radioactivos.
En el Estado de México algunos proyectos pueden perjudicar a las comunidades nahuas y otomíes, dice la maestra del Centro de Estudios Superiores Navales. El pasado 10 de abril, el presidente Enrique Peña Nieto inauguró una planta de Grupo Peñafiel en Tecamac, donde rige un sistema autónomo de administración de agua y donde la empresa refresquera extraerá el líquido del acuífero Cuatitlán-Pachuca, a pesar de que la Conagua emitió veda debido a su sobreexplotación.
Asimismo, agrega que desde 1920 la empresa refresquera multinacional Coca Cola es una de las más beneficiadas en el aprovechamiento de recursos hídricos, cuya operación ha ocasionado déficit de agua en los acuíferos de Chihuahua, Estado de México, Michoacán, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, y actualmente Chiapas.
En Chiapas, las protestas de pobladores contra la Coca Cola no han cesado, y es que llevan años siendo víctimas de la multinacional que sigue extrayendo agua y dejando en desabasto a las comunidades. El disgusto se agrava por la concesión dada a la compañía en San Cristóbal de las Casas, para extraer agua en regiones donde se sufren los estragos de la escasez al máximo.
Inclusive la promoción para el consumo del producto ha llegado al grado de adaptarse a las comunidades indígenas con precios más bajos y creación de slogans en sus lenguas nativas. Los chiapanecos argumentan que las concesiones se hicieron de manera fraudulenta, pues en 2003 la refresquera pagó 25 mil euros por la planta embotelladora de San Cristóbal de las Casas gracias a los favores del entonces sexenio panista.
Por otro lado, además de otorgarle concesiones a Coca Cola para de explotación de acuíferos y a trasnacionales como Pepsicola y Danone –que acaparan el 82 por ciento del valor del mercado en términos de ventas totales–, sin regulación ni fiscalización, los pagos anuales de estas concesiones son absolutamente ridículas en relación a las ganancias que obtienen a partir del agua.
Por ejemplo, Coca Cola del grupo Femsa paga 2 mil 600 pesos al año por cada una de las 46 concesiones de explotación de aguas subterráneas, y tan solo en 2007 tuvo ganancias por 32 mil 500 millones de pesos.
“Esta desproporción de pago por derechos de explotación y utilidades revela como el sector político privilegia los intereses del sector económico por encima de los derechos fundamentales, el pago adecuado de estos volúmenes podría, por ejemplo, financiar la cobertura de agua potable a poblaciones que no tienen acceso a ella.”
El poderío de las embotelladoras que más desperdician agua en su producción ha orillado a algunas comunidades a manifestarse en Tlaxcala contra la embotelladora Coca Cola en Apizaco; en Puebla y la región de Tlahupan por la apropiación de agua por Nestlé; en Chiapas por la planta de Coca-Cola en San Cristóbal de las Casas; en Veracruz la apropiación de agua por Femsa y la cervecera Heineken.
En 2015 el gobierno federal presentó al Congreso una iniciativa de modificaciones a la Ley General de Aguas, Ley Korenfeld, llamada así por David Korenfeld Federman, exdirector de la Conagua, violentaba el derecho humano al acceso al agua pues convertía el líquido en un bien mercantil al querer privatizarla, restringir o suspender los servicios públicos de saneamiento, acceso o consumo, que ocasionó enorme descontento social.
La Ley Korenfeld no pudo aprobarse por la oposición ciudadana y se mantiene congelada en la Cámara de Diputados, sin embargo, este año se busca revivir la iniciativa y retomar la discusión para su aprobación
En abril de 2017, las irregularidades y el conflicto de interés de David Korenfeld con la Universidad de Tel Avid de Israel seguían presentes, al hacerse público que había adjudicado estudios de contaminación de agua en territorio nacional por 25 millones de pesos.
“La Ley Korenfeld atentaría contra el pueblo y el medio ambiente beneficiando a grandes empresas pues concesionaría el agua a multinacionales que iniciarían grandes obras hidráulicas, para controlar los sistemas de agua en las grandes ciudades del país”, apunta la catedrática del Cesnav Gabriela Rosales Cristalinas.
Añade que los sistemas municipales serían privatizados por particulares quienes impondrían sus normas hacia el usuario final; habría una sobreexplotación de cuencas y acuíferos, el despojo de territorios a comunidades indígenas dándoles las concesiones a grandes multinacionales.
Y en caso de descontento social la ley permitiría el uso de la fuerza pública en nombre del gobierno y la fractura hidráulica, con daños al ambiente y a la calidad del agua, y sin dar cuentas a la sociedad ni al gobierno, además de no recibir sanción alguna por la afectación.
En la actualidad se esconden daños ocasionados al ambiente bajo el término de “responsabilidad social empresarial” con el que las empresas pueden promocionarse aún más en el mercado bajo estándares de salud. Tenemos el ejemplo del agua embotellada y sus comerciales que, bajo la lógica del deporte, la alimentación sana, elemento esencial del bienestar humano, venden la idea de que dicha agua es sinónimo de salud, esbeltez, belleza y estatus.
El medio ambiente no se salva de esta práctica pues las maniobras de los grandes consorcios se apoyan en la idea de proteger al ambiente disminuyendo la producción de contaminantes plásticos, apoyo a la reforestación de bosques, creación de empaques amigables al ambiente y discursos que promueven a nivel nacional e internacional como compañías preocupadas por el futuro del planeta.
“Esas acciones nos lastiman y nos hunden en la miseria, siendo las más notorias la corrupción e impunidad; modificando reglamentos, leyes, políticas de Estado, con el fin de vender nuestras tierras y recursos al mejor postor, afectando principalmente a nuestros pueblos originarios”, considera la maestra Rosales Cristalinas.
José Réyez/Primera de dos partes
[SOCIEDAD]
Contralínea 551 / del 07 al 13 de Agosto de 2017
https://youtu.be/PecwR_DF3wc
https://youtu.be/lRihaqtnbO8
https://youtu.be/u1qR0ZQsFR4
https://youtu.be/nWD5a6MyPZM
Luego de que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) solicitó un presupuesto de…
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