A diario son asesinadas con armas de fuego 46 personas en México. Desde 2006, más de 300 mil armas han sido compradas legalmente por las Fuerzas Armadas Mexicanas para uso propio y de las corporaciones policiacas federales, estatales y municipales. Cientos de miles más han sido fabricadas en las mismas instituciones castrenses. Y otros cientos de miles han ingresado al país de manera ilegal.
Nadie sabe cuántas armas están en manos del crimen organizado. Pero algunos datos muestran apenas la punta del iceberg: desde el inicio de la “guerra” contra el narcotráfico, se calcula que cada año ingresan alrededor de 90 mil armas de manera ilegal a México procedentes de Estados Unidos; se han recuperado más de 106 mil armas de escenas criminales, y las corporaciones policiacas han reportado como “perdidas” o robadas más de 20 mil.
Pero las armas no necesitan estar en manos de delincuentes para que se haga mal uso de ellas. Las Fuerzas Armadas Mexicanas y las corporaciones policiacas se han visto envueltas en crímenes de lesa humanidad, que incluyen ejecuciones extrajudiciales.
Sólo la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) adquirió, desde 2007, más de 300 mil armas procedentes de Estados Unidos. En promedio la Sedena y la Secretaría de Marina (Semar) invierten en conjunto más de 40 millones de dólares (alrededor de 800 millones de pesos) cada año en la compra de armas de fuego. Sin embargo, en los últimos ejercicios el monto ha sido ampliamente superior.
Los datos están contenidos en Gross Human Rights Abuses. The legal an Illegal gun trade to Mexico, título de un informe elaborado por las organizaciones civiles Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) y Stop US Arms to Mexico. El documento se presentó ante congresistas de Estados Unidos en agosto pasado. En México se presentará a finales de este mes de septiembre ya traducido al español.
“Una de las conclusiones del informe es que hay una política de Estado, iniciada por el gobierno de Felipe Calderón y continuada por el de Enrique Peña Nieto, de matar: de combatir al tráfico de drogas y a la delincuencia no por medios legales, sino por el de abatir delincuentes”, dice, en entrevista con Contralínea, Lucía Guadalupe Chávez Vargas, coordinadora del Área de Investigación de la CMDPDH.
Y es que, agrega, las armas que México está importando, en su mayoría, son armas largas: fusiles de asalto. “Son armas para matar, porque no usas armas que disparan muchísimas veces por segundo en un caso común de legítima defensa, donde tienes que hacer un uso proporcional y racional de la fuerza”.
En el texto se da cuenta de que la profunda crisis de violaciones a derechos humanos y brutales crímenes que padece México está estrechamente relacionada con el incremento del tráfico –legal e ilegal– de armas en el país. De hecho, apunta la investigación, dos de cada tres homicidios se cometen con armas de fuego. El 70 por ciento de las armas utilizadas en estas escenas criminales proviene –legal e ilegalmente– de Estados Unidos.
La “guerra contra las drogas” de Felipe Calderón –continuada por Peña Nieto–implicó la militarización de la seguridad pública, destaca el estudio elaborado conjuntamente entre defensores de derechos humanos mexicanos y estadunidenses.
La crisis que resultó de esta decisión es tal que hoy 37 mil 435 personas se encuentran desaparecidas y, desde diciembre de 2006 y hasta junio de 2018, un total de 121 mil 35 habían sido asesinadas con armas de fuego. Sólo en 2017 ocurrieron 16 mil 898 asesinatos con estas armas. Encima, la gran mayoría de estos crímenes quedan impunes: sin investigación judicial, sentencia ni reparación del daño a las víctimas.
El politólogo y sociólogo Valeriano Ramírez subraya el carácter “contrainsurgente y de control social” de la guerra iniciada en 2006 supuestamente contra la delincuencia.
En entrevista con Contralínea, el doctor en estudios políticos y sociales por la Universidad Nacional Autónoma de México señala que, más que fracaso, la política contra las drogas siempre tuvo como objetivo militarizar el país y generar una violencia que desmovilizara las protestas.
El documento revela que el nivel de exportaciones legales de armas de Estados Unidos a México es el más alto del que se tenga memoria. Sólo entre 2015 y 2017 México pagó por armas a Estados Unidos más de 122 millones de dólares (alrededor de 2 mil 400 millones de pesos). Se trata de un monto 12 veces mayor que el observado entre 2002 y 2004, antes de la supuesta “guerra contra las drogas”. El incremento coincide también con un aumento de la producción propia mexicana de armas para uso militar.
Entre 2010 y 2016 la Sedena gastó 16 millones 86 mil 620 dólares (unos 320 millones de pesos) y 29 millones 698 mil 203 euros (alrededor de 670 millones de pesos) en la adquisición de armas de fuego para su propio uso. En este periodo, la dependencia importó 10 mil 149 armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas: 6 mil 622 armas largas y 4 mil 551 armas cortas. A los montos erogados se suman 8.3 millones de dólares (aproximadamente 170 millones de pesos) en explosivos para uso de las fuerzas especiales.
Es decir, en el periodo, la institución erogó alrededor de 1 mil 160 millones de pesos en la adquisición de armas para uso propio. Como única autoridad reguladora del uso de armas en México, la Sedena es la encargada de la compra de armas para las corporaciones policiacas públicas y privadas.
Por su parte, la Semar firmó en 2015 un contrato por 265 millones de dólares (alrededor de 5 mil 200 millones de pesos), que terminarán de pagarse en 2024, para adquirir licencias y partes para ensamblar rifles semiautomáticos y fusiles de asalto, entre ellos el MPX, con capacidad de realizar 850 disparos por minuto. El contrato fue firmado con Sig Sauer y necesitó de la autorización del Departamento de Estado de Estados Unidos.
Adicionalmente, la Sedena adquirió entre 2010 y 2016 un total de 166 mil 763 armas de fuego para las corporaciones policiacas del país: federales, estatales y privadas. De ellas, 20 mil 66 han sido robadas o perdidas. El caso más escandaloso es el de estado de Guerrero, donde el 20 por ciento de las armas de uso oficial han sido “extraviadas”.
El documento de la CMDPDH y Stop US Arms to Mexico es profuso en la información, aunque no puede ofrecer cifras concluyentes. Lo anterior, debido a que las dependencias gubernamentales no entregaron datos completos ni organizados uniformemente. Es decir, para algunos años entregaron el número de armas adquiridas pero no el monto total erogado por ellas. Y, en otros, sí señalan cuánto gastaron, pero no el número de armas compradas.
La investigadora Natalia Paulina Báez Zamudio, integrante de la CMDPDH, explica que la idea del informe fue precisamente impulsar la transparencia y el control de las armas en México. En entrevista con Contralínea, ejemplifica: “No hay cifras claras de cuántas armas entran legalmente al país. Tampoco hay cifras claras de cuántas se extravían y cuántas son robadas”.
Durante los últimos 12 años las Fuerzas Armadas Mexicanas también incrementaron exponencialmente sus capacidades de producción de armas. Para ello, durante los dos últimos sexenios les fueron aprobados recursos como nunca antes en su historia.
Sólo de 2017 a 2018, el incremento en el presupuesto de seguridad nacional fue del 18 por ciento, unos 826 millones de dólares: de 4 mil 400 millones a 5 mil 200 millones de dólares. La más beneficiada fue la Sedena: ejerce en este 2018 un presupuesto de 3 mil 600 millones de dólares; la Semar, 1 mil 400 millones, y la Secretaría de Gobernación (que incluye al Centro de Investigación y Seguridad Nacional, Cisen), 152 millones 200 mil dólares.
Entre 2007 y 2017, la Sedena erogó 1 mil 400 millones de dólares (unos 28 mil millones de pesos) sólo en la producción de armamento para sus efectivos.
Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, la producción de armas en las fábricas de la Sedena se ha incrementado en 590 por ciento. Entre 2012 y 2013, la institución militar fabricó 4 mil armas de fuego. Entre 2013 y 2014, el número ascendió a 11 mil. Entre 2014 y 2015 llegó a 13 mil 200. En el periodo 2015-2016 se incrementó a 16 mil 600. Y para 2016-2017 se disparó a 23 mil 600.
Es decir, sólo en el sexenio que está por concluir se han fabricado 68 mil armas largas y cortas. Lo anterior, sin contar las que fabrica la Semar, incluso con licencias de empresas estadunidenses.
Con respecto de las armas robadas o perdidas, el informe documenta que, desde 2006, se trata de 20 mil 66 pistolas y fusiles de la Policía Federal y las corporaciones estatales. Sólo en la Ciudad de México y el Estado de México han sido robadas o perdidas 7 mil.
Pero la tasa es muy superior en Guerrero, donde dos de cada 10 armas tiene reporte de robo o extravío.
“La Ciudad de México –dice Lucía Guadalupe Chávez– es adonde más armas llegan y aquí se pierden o son robadas alrededor del 8 por ciento. En Tamaulipas la cifra es del 11 por ciento. Pero cómo es posible que, en el caso de Guerrero, se te pierda el 20 por ciento de las armas que estás adquiriendo. Esos datos sí nos sorprendieron.”
Además, observa la coordinadora del Área de Investigación de la CMDPDH, cuando un arma se reporta como robada o extraviada, lo único que sucede es que un seguro cubre la pérdida. “Pero nunca se establece en qué circunstancias se perdió o extravió, porque pudiera ser que estas armas estén llegando a organizaciones criminales por negligencia o, incluso, por complicidad de agentes del Estado”.
Por lo demás, explica Chávez Vargas, “no hay una sanción para el funcionario que pierde un arma o se la roban”. Incluso, si después de eso se comete con ella un delito grave, una masacre o un crimen de lesa humanidad. “Simplemente se pierde, se reporta y listo”.
Por su parte, Natalia Báez considera que “justo el tema de desvío de armas [aquellas que ingresan legalmente pero que terminan en la delincuencia] es lo más importante y lo que se podría impulsar con la nueva administración”.
La investigadora señala que al gobierno federal que asumirá el 1 de diciembre próximo, y que estará encabezado por Andrés Manuel López Obrador, podría planteársele la desmilitarización de la seguridad pública. Una condición sería mejorar los controles de las armas. “Siquiera de las que entran legalmente, para que después no sean desviadas al crimen organizado”.
En 1997, los asesinatos cometidos con armas de fuego en México sumaban 2 mil 522. En 2006 eran 3 mil 610. La “guerra” declarada por Felipe Calderón disparó los índices exponencialmente. Si en 2007 habían llegado a 4 mil 40, para 2008 ya eran 5 mil 85. En 2009 ascendieron a 8 mil 804 y en 2010 a 11 mil 987. En 2011 alcanzaron los 12 mil 615. En el año electoral de 2012 la estadística descendió moderadamente a 11 mil 391.
Durante el primer año del peñismo (2013) el número de homicidios cometidos con armas de fuego bajó a 9 mil 774. El descenso siguió registrándose en el año siguiente (2014) con 8 mil 592. Pero el parco decremento se acabó y los índices volvieron a incrementarse. Incluso, superaron a los de Felipe Calderón. En 2015 sumaron 9 mil 531. En 2016, 12 mil 603. Y durante 2017 se alcanzó la histórica cifra de 16 mil 698 asesinatos cometidos con arma de fuego. Cada día fueron asesinadas 46 personas con este tipo de armas.
Gross Human Rights Abuses documenta que el 70 por ciento de las armas que importa México provienen de Estados Unidos. Sólo en 2017, los estadunidenses vendieron armas de fuego a los mexicanos por un monto cercano a los 50 millones de dólares. A ningún otro país latinoamericano le vende tal cantidad de armas. Muy lejos, en segundo lugar, se encontró Colombia, con 11 millones de dólares.
El documento asienta que las armas que Estados Unidos ha enviado a México han sido utilizadas en la comisión de graves crímenes, incluyendo aquellas que envía de manera legal. Explica que las fuerzas del orden en México están involucradas en ejecuciones extrajudiciales, masacres y desapariciones forzadas.
Las armas importadas por Estados Unidos han sido utilizadas en México por efectivos estatales para cometer crímenes de lesa humanidad. Cinco casos emblemáticos destacan en el informe:
-El ataque de policías del municipio de Iguala, Guerreo, contra estudiantes de la Escuela Normal Rural de Aytozinapa, en septiembre de 2014. Se utilizaron rifles AR6530.
-La masacre de 22 personas en Tanhuato, Michoacán, en 2015, efectuada por elementos de la Policía Federal. Se utilizaron armas Dillon Aero, montadas en helicópteros Black Hawk. Estas armas efectúan 125 disparos por minuto.
-El asesinato injustificado de dos personas en un retén policiaco, en Chihuahua, en 2012, cometido por policías federales. Usaban fusiles XM15.
-En Veracruz elementos policiacos son responsables de, al menos, 15 ejecuciones extrajudiciales. Se utilizaron armas de los fabricantes: Colt, Bushmaster y Combined Systems.
Sólo entre 2011 y 2016 se recuperaron en México 106 mil 450 armas de fuego utilizadas en crímenes. Un total de 74 mil 515 de ellas son de origen estadunidense. La cifra sólo es un indicio del número de armas que ilegalmente se encuentran en México.
“Y la mayoría de esas armas son rifles de asalto”, destaca Lucía Guadalupe Chávez. Agrega: “Podemos concluir que las armas que están ingresando a México para las organizaciones criminales son de este tipo: que disparan muchísimas veces por segundo, que en realidad pueden causar un daño grave, que se utilizan para matar”.
El estudio observa que no se tienen datos de las armas que ingresan de manera ilegal a México provenientes, principalmente, de Estados Unidos. Pero un estudio de la Universidad de San Diego, de 2012, estimaba en poco menos de 90 mil por año: 253 mil en un periodo de 2010 a 2012.
Natalia Báez destaca la irresponsabilidad de Estados Unidos con respecto a lo que sucede en México. Se refiere a la venta legal e ilegal de armas que alimenta la violencia en su vecino del sur.
“Ellos [los estadunidenses] saben. Se les ha dado la información sobre las violaciones graves a los derechos humanos y crímenes que se cometen en México. Y ellos, en el marco de la Iniciativa Mérida, se han dedicado a dar asistencia técnica y económica a los militares sin establecer frenos o controles ligados a la observancia de los derechos humanos.”
Por su parte, Lucía Guadalupe Chávez señala que “en Estados Unidos también se cometen masacres por la facilidad que tienen las personas de comprar armas largas”.
Mientras que en México se cometen, porque esas armas pasan la frontera y aquí hay total impunidad. “Las autoridades y los delincuentes saben que pueden cometer ejecuciones arbitrarias porque lo más seguro es que no se les llegue a investigar. Y si acaso hay alguna investigación, no terminará en sanción”.
Zósimo Camacho
[INVESTIGACIÓN][SEGURIDAD][SEMANA][D]
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