Gobierno chileno atiza el conflicto con el pueblo mapuche. En áreas rurales, más de una decena de atentados contra camiones de empresas forestales son supuestamente reivindicados por el movimiento indígena. Ello justifica la militarización, denuncian los pueblos originarios

Orlando Milesi/Inter Press Service

Santiago, Chile. Las tierras donde habitan los mapuches en el Sur de Chile viven una espiral de violencia, que una comisión presidencial plantea desactivar con 50 propuestas, como el reconocimiento constitucional a los indígenas y su representación en el Parlamento, en un primer cambio al trato del Estado a los pueblos originarios.

La mandataria Michelle Bachelet recibió el lunes 23 de enero las recomendaciones de la Comisión Asesora Presidencial para afrontar el conflicto en la región de La Araucanía, principal asiento del pueblo mapuche, que suma la mitad del millón de indígenas que hay en este país suramericano de casi 18 millones de habitantes.

Los líderes mapuches y quienes les respaldan tildan de “provocadores” a los policías enviados a la región, a los que acusan de haber “militarizado” la zona, mientras las empresas forestales y los dueños actuales de la tierra califican de “terroristas” a los indígenas y piden mano dura contra ellos.

Entre las propuestas de la Comisión, instituida en julio de 2016, también están las de crear un registro nacional de víctimas de la violencia e indemnizarlas, apoyar el desarrollo económico mapuche, el mayor pueblo originario chileno, y resolver el tema de la adquisición de sus tierras para devolvérselas a los indígenas.

Además, planteó que la presidenta “debiera manifestar públicamente, en representación del Estado de Chile, una petición de perdón por las consecuencia que ha provocado este conflicto al pueblo mapuche y a todas las demás víctimas de la violencia en la región”.

El paquete de propuestas llega después de que al comenzar el año se produjeron en áreas rurales de La Araucanía más de una decena de atentados incendiarios en contra de camiones de empresas forestales y de galpones por parte de desconocidos que, en algunos casos, dejaron panfletos con reivindicaciones del movimiento mapuche.

Los ataques tuvieron su cénit en torno al 3 y 4 de enero, fechas marcadas en la lucha indígena por sus derechos en recuerdo de las muertes de Matías Catrileo (2008), un joven mapuche víctima de un disparo policial, y del matrimonio Luchsinger Mackay (2013), dos ancianos que perecieron en su vivienda, quemada por agresores aún sin identificar.

La empresarial Sociedad de Fomento Fabril, a la cual pertenecen las dos principales empresas forestales que explotan madera en La Araucanía, sostuvo que en esa región “ya no impera el estado de derecho” y que “es evidente la incapacidad de los poderes del Estado para reaccionar y cumplir con sus funciones de hacer respetar la ley y sancionar los delitos que se cometen”.

“No es una ausencia de estado de derecho, es una falta de respeto y transgresión a los derechos humanos de un pueblo. Eso es lo grave. Es el mismo Estado el que vulnera sus derechos. Hablar de una ausencia de estado de derecho es sólo usado para meter a los militares al territorio”, aseguró a IPS el sacerdote Carlos Bresciani, de la misión jesuita que habita en el pueblo de Tirúa, en el área del conflicto.

“Aquí todo funciona, la gente vive la vida con normalidad, siembra, cosecha, va a hacer sus trámites, trabaja. Los que hablan de falta de estado de derecho jamás han vivido aquí. Aquí no estamos en guerra. No corren las balas por encima ni hay bombas que destrocen ciudades”, comentó en un diálogo telefónico.

Al presentar las conclusiones de la Comisión de 20 miembros, su líder, el obispo católico Héctor Vargas, afirmó que La Araucanía “es una región herida y fragmentada” que enfrenta “una gradual agudización de su problemática”.

Esa problemática, explicó el obispo de Temuco, capital de La Araucanía, “se refiere a la deuda histórica con el pueblo mapuche, a la situación dramática de las víctimas de la violencia rural y a los muy preocupantes indicadores que nos ubican como la región más pobre del país”.

“Se ha venido generando así una triple postergación del Estado respecto de esta tierra y su gente” dijo Vargas, añadiendo que estos problemas son difíciles de abordar porque “generan visiones y posiciones contradictorias y sentimientos muy profundos de dolor, impotencia y resentimiento”.

El obispo urgió a poner fin a la violencia “antes que el odio termine con nosotros… si queremos desarmar las manos, debemos desarmar los corazones”.

Para José Aylwin, director del no gubernamental Observatorio Ciudadano, las propuestas de la Comisión carecen de “un enfoque de derechos”, por ejemplo en lo referido a las tierras ancestrales ocupadas.

“Se reconoce una deuda histórica con el pueblo mapuche, pero no se hace un análisis de en qué consiste esa deuda y menos de las causas históricas y actuales profundas de la violencia hoy existente en la Araucanía”, declaró a IPS.

“No se menciona la violencia de los agentes policiales en contra de los mapuche ni tampoco el fomento a la industria forestal que ha resultado en la consolidación de una propiedad forestal de 1.5 millones de hectáreas al Sur del río Bío Bío”, sostuvo Aylwin.

La propuesta de la Comisión, adujo, “se hace cargo de la exclusión política proponiendo formas de representación especial indígena, pero no se hace cargo de otras opciones como la autonomía y autodeterminación en zonas de alta demografía indígena”.

“El sesgo hacia el desarrollo productivo es claro, habla de nuevos rubros productivos, como los frutales, pero incluye en estos a la celulosa”, que interesa a las empresarios forestales, aseveró el director del Observatorio.

El ministro del Interior, Mario Fernández, admitió durante una interpelación en el Congreso legislativo el mismo lunes 23 de enero que en La Araucanía “hay terrorismo, pero también una atmósfera de violencia que tiene otras raíces”.

“No vamos a resolver ni con represión ni con candidez un problema que lleva siglos. Estado de derecho no significa derecho a reprimir, significa respetar los derechos de las personas”, dijo.

Bresciani subrayó que el uso de la palabra violencia en La Araucanía “es tendencioso y busca crear un clima enrarecido y claramente discriminador en torno a las demandas sociales del mundo mapuche”.

“El término violencia ha sido coaptado por un grupo ideológico de derecha y empresarial que quiere crear ese escenario para justificar mayores medidas de judicialización y sobre todo militarización del territorio… Por lo tanto de represión”, planteó.

Según el jesuita, la violencia en La Araucanía “es ejercida por el modelo político y económico neoliberal extractivista” y “hay una causa histórica más antigua que tiene que ver con la usurpación de las tierras que el pueblo mapuche tenía y que lo redujo a pobreza y humillación”.

Bresciani cree que una solución se alcanzará “cuando vean este conflicto como político y no judicial o policial o de pobreza. Y a partir de ahí tomar medidas para asegurar el reconocimiento de los pueblos originarios y la devolución de tierras”.

“Tenían 10 millones de hectáreas cuando los invadieron y ahora tienen entre 500 y 900 mil”, sostuvo.

Isolde Reuque Paillalef, una de las tres mujeres de la Comisión y la única dirigente social indígena, consideró que “hay una mirada nueva y conocedora” tras escuchar a las víctimas de la violencia de ambos lados.

Pero “va a depender también de quienes estén apoyando a los grupos más violentos, porque la violencia ya no es solo violencia…deben haber otros intereses”, advirtió en diálogo con IPS.

Orlando Milesi/Inter Press Service

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Contralínea 526 / del 12 al 18 de Febrero 2017