México ha sido reprobado en materia de derechos y libertades democráticas por sexto año consecutivo respecto a varios países de Latinoamérica, advierte la fundación Konrad Adenauer, mientras que la organización humanitaria Freedom House alerta que el país se encuentra en grave riesgo de entrar en una fase de autoritarismo sin precedentes en su historia moderna.
En su informe 2016 sobre el Índice de Desarrollo Democrático de Latinoamérica (IDD-Lat), la fundación alemana demócrata cristiana Konrad Adenauer señala que México enfrenta un grave retroceso en materia de derechos, libertades y democracia de los ciudadanos.
“México ocupa la misma décimo cuarta posición que en 2014 y 2015 en desarrollo democrático. El descenso de su puntuación es producto de caídas en los indicadores de adhesión política y tasa de secuestros, este último, uno de los componentes de la variable condicionamiento de las libertades por inseguridad”, señala el documento que compara cada año el avance democrático de 18 países de Latinoamérica.
“Tanto en participación de la mujer en el gobierno, como en tasa de homicidios, los puntajes son superiores a los del 2015, con lo cual México se integra al conjunto de países con bajo desarrollo democrático, empeorando su categorización, pues en el 2015 presentaba desarrollo democrático medio”, subraya la fundación alemana.
Añade que a esta situación propia del país se suma la coyuntura internacional de un complejo panorama de inestabilidad y conflicto que, aunque no impacta plenamente en la región latinoamericana, genera un marco poco propicio para generar políticas de largo plazo que ataquen de raíz los problemas endógenos mencionados.
En cuanto a capacidad para generar políticas que aseguren eficiencia económica, el informe establece que México muestra la peor puntuación, del orden del 58 por ciento con respecto al año anterior, y se aleja de los mejores puntajes de toda la serie (2004, 2009 y 2014) al obtener el peor resultado desde el 2002 a la fecha.
Ello es producto de una caída en los indicadores de la brecha entre ingreso e inversión, ya que a pesar de que es uno de los pocos países de la región que presenta un crecimiento en PIB per cápita y muestra mejores resultados en la variable de inversión, no son suficientes para contrarrestar los procesos negativos en las otras variables de la economía.
Históricamente, dice, México formó parte del grupo de países con desarrollo democrático medio y ha superado siempre el promedio regional; sin embargo, por segunda vez consecutiva se coloca por debajo del promedio regional y forma parte del conjunto de países con bajo desarrollo democrático, junto con El Salvador, República Dominicana y Paraguay.
El Índice de Desarrollo Democrático Latinoamericano (IDD-Lat) evalúa el desarrollo democrático sobre la base de cuatro dimensiones: la democracia de los ciudadanos, que mide el clima de respeto de derechos y libertades en cada país; la democracia de las instituciones, que evalúa el comportamiento de las instituciones y del sistema político en relación con los principios republicanos; la democracia social, que analiza la gestión de gobierno en la generación de mejores condiciones para el desarrollo humano; y la democracia económica, que determina la evolución de la gestión de la economía en beneficio de la sociedad de los individuos.
“México aún está en una zona de alarma, porque a pesar de revertir la tendencia negativa que venía presentando en los últimos años, su crecimiento es muy leve y su puntuación final lo coloca en la misma situación del 2015, lejos de lo que había logrado en los tres primeros años de medición del IDD-Lat, cuando presentaba expectativas de acceder al grupo de países con alto desarrollo democrático”, estima el informe.
En la dimensión económica muestra una fuerte caída, que trae como consecuencia el peor valor desde el 2002 a la fecha, aunque se mantiene por encima del promedio regional y forma parte del conjunto de países con desarrollo democrático medio.
Entre sus conclusiones, el informe de Konrad Adenauer explica que para que un país pueda alcanzar plenitud democrática necesita, junto con los avances socioeconómicos, transitar con libertad e igualdad los caminos establecidos por su sistema político y respetar los derechos y garantías de todos los ciudadanos en el marco de instituciones con plena vigencia, en base a la división de poderes establecidos en su sistema republicano.
De tal suerte que “la evaluación 2016 muestra la necesidad de profundizar los esfuerzos, con distintos grados y matices, en el desarrollo de los aspectos de la democracia que refieren a los derechos y libertades de los ciudadanos, la calidad de las instituciones y la consolidación del sistema de representación política”.
Asimismo, sugiere que el análisis de cada indicador y cada dimensión, en comparación de esos valores con la propia historia del país y con la situación en países de similares complejidades y contextos, resulta importante para la elaboración de políticas de Estado que apunten a eliminar de raíz los graves problemas políticos, sociales y económicos de los países de la región.
En el rubro de la dimensión de democracia social, el informe IDD-Lat 2016 de la Fundación Konrad Adenauer destaca que en Latinoamérica la pobreza crónica continúa extendida y representa el 91 por ciento y el 50 por ciento de la pobreza extrema y moderada, respectivamente.
Sostiene que desde hace tres años la región de América Latina y el Caribe ha estado afectada por una desaceleración económica, cuyos efectos acumulados se pueden describir como una crisis en cámara lenta. El pleno impacto de esta desaceleración en los mercados laborales se ha sentido en los años 2015 y 2016.
“Desigualdad, exclusión y pobreza persisten como los mayores de desafíos para la democracia y conspiran contra el desarrollo económico y social de América Latina y el Caribe”, enfatiza.
Dice que el impacto destructivo de la extrema desigualdad sobre el crecimiento sostenible y la cohesión social es evidente en la región. Aunque se ha logrado una reducción de la extrema pobreza durante la última década, continúan altos los niveles de desigualdad del ingreso y de distribución de la riqueza, que han obstaculizado el crecimiento sostenible y la inclusión social.
En América Latina y el Caribe la desigualdad impide retornar a una trayectoria de crecimiento inclusivo, ante un entorno exterior desalentador. Aunque la desigualdad del ingreso se ha reducido durante los últimos años, América Latina sigue siendo la región más desigual del mundo. En 2014, el 10 por ciento más rico de la población de América Latina había amasado el 71 por ciento de la riqueza de la región.
Entre 2002 y 2015 las fortunas de los multimillonarios de América Latina crecieron en promedio un 21 por ciento anual; es decir, un aumento seis veces superior al del PIB de la región. Gran parte de esta riqueza se mantiene en el extranjero, en paraísos fiscales, lo que significa que una gran parte de los beneficios del crecimiento de América Latina está siendo acaparada por un pequeño número de personas muy ricas, a costa de los pobres y de la clase media, sin generar efecto virtuoso alguno sobre las economías y las sociedades locales.
Finalmente, da cuenta de que en términos de la evolución respecto del año anterior, los países que presentan el mayor deterioro en desarrollo económico son Brasil, República Dominicana, Costa Rica y Colombia, acompañados por Argentina, México, Panamá, Bolivia, Honduras y Uruguay. Es una señal de alarma el descenso de Brasil y México, tratándose de los megapaíses que deberían ser las locomotoras de la región.
Para Freedom House, México es un país parcialmente libre, merced a la prevalencia de corrupción, impunidad, agravios a derechos humanos y a las libertades democráticas de prensa, de asociación, de expresión, y la presencia de tortura, desapariciones y violencia en el territorio nacional.
“Estamos en peligro de retroceder aún más hacia una militarización total de la seguridad pública, que es de competencia de las autoridades civiles, con la reforma constitucional para regular la actuación de las fuerzas armadas en el combate al crimen organizado”, alerta la directora de Freedom House México, Mariclaire Acosta Urquidi.
La activista defensora de derechos humanos argumenta que “una cosa es reglamentar la actuación de las fuerzas armadas en seguridad pública y otra crear un pacto de impunidad, en caso de que se reglamente para suspender garantías individuales. Estaríamos frente a un negro y nocivo panorama para el país”.
Además, Mariclair Acosta enfatiza que de aprobarse la reforma en materia de seguridad pública, la población estará inmersa en un gran peligro, ya que “ni va a combatirse la inseguridad y tampoco tendremos libertades ni derechos, es muy grave”.
Expresa que es necesario “separar la seguridad pública de la seguridad nacional y fortalecer al ejército, pero hay que crear un plan realista para que el ejército y las fuerzas armadas puedan regresar a sus cuarteles; ya llevan muchos años y la seguridad no mejora. Lo que se requiere es tomar en serio la responsabilidad de brindar seguridad pública a la población, lo cual recae en los civiles, no en los militares”.
Para que México sea realmente un país libre, dice, se requiere que todos los derechos y libertades democráticas sean asequibles a la población, que formen parte de la vida cotidiana de los habitantes del país.
En México se requiere construir instituciones de procuración de justicia fuertes, ya que la tasa de impunidad es altísima, la de homicidios es de 85 por ciento y de delitos graves del 93 por ciento. Es decir, “no se han construido instituciones capaces de resolver la inseguridad y la delincuencia a pesar de las reformas al sistema de justicia penal”, dice Acosta Urquidi.
En su informe 2016, Freedom House califica a México como un país parcialmente libre, al señalar que es el sexto año consecutivo que obtiene esta clasificación debido a diversos hechos que convierten al país en un terreno frágil que ponen en riesgo las libertades de la población.
Durante 2014, agrega, la narrativa del gobierno de Enrique Peña Nieto, caracterizada por un discurso de buena gobernanza y protección de los derechos humanos, fue cuestionada por el destape de escándalos de corrupción y violaciones a los derechos humanos que se extendieron a 2015.
Señala que casos como Ayotzinapa, Tlatlaya, Apatzingán y Tanhuato; así como la fuga de El Chapo Guzmán, pusieron en entredicho el discurso oficial. De igual forma lo hicieron distintos reportes de relatores de organismos como el GIEI, la CIDH, la ACNUDH y distintas ONGs.
Refiere que según la organización Transparencia Internacional, México ocupa el lugar 103 de 175 en el Índice de Percepción de la Corrupción de 2014. Y que a pesar de estar vigente desde abril de 2015 una nueva ley de transparencia, continúa la negativa del gobierno mexicano para dar acceso a archivos relacionados con los abusos cometidos por las fuerzas de seguridad del Estado.
Además, el crimen organizado se mantiene infiltrado al interior de gobiernos locales para asegurar que no serán castigados, mientras que el 95 por ciento de la emisión de televisión abierta continúa en manos de dos televisoras, pese a la creación de dos nuevos canales.
Asimismo, activistas y miembros de organizaciones civiles enfrentan casos violentos de ataques, amenazas y en algunos casos asesinato. En marzo de 2015, el relator Especial para la Tortura de la ONU presentó el informe de México, en el que afirmó que la tortura es una práctica generalizada de las fuerzas policiacas.
El gobierno ha sido presionado nacional e internacionalmente para atender el caso de las desapariciones, las cuales se estiman en 24 mil. Aunque las mujeres tienen mayor presencia en la vida política y social, la violencia de género ocurre con frecuencia. México es un país de origen, tránsito y destino para el tráfico de personas, incluidos menores y mujeres, muchos de los cuales son víctimas de explotación laboral y sexual.
Impunidad y violencia acicatean la libertad de expresión en México. Periodistas y medios de comunicación, en menor medida, sufren una escalada de ataques que en la última década se han incrementado progresivamente, al punto que desde hace varios años el país se ubica en los primeros lugares en el mundo por asesinatos, desapariciones y agresiones a periodistas.
Para impedir que el país siga en esta pendiente de agravios a derechos humanos y libertades democráticas, se requiere fortalecer las instituciones como procuradurías de justicia, cuerpos policiacos y construir instituciones fuertes, competentes, así como recursos para combatir al delito, despenalizar el uso de drogas y atacar la corrupción, plantea Mariclaire Acosta.
“Lo que pasa es que no hay voluntad política para hacerlo. Hay que tomar decisiones importantes para la vida institucional. Esto no es una fatalidad histórica, es una decisión política, en la que los partidos políticos tendrían que hacer su papel y dejar de hacer sólo sus cálculos electorales y realmente representar los intereses de quienes votaron por ellos”, concluye.
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