La asociación civil México Unido Contra la Delincuencia (MUCD) informó que ganó un amparo en contra del acuerdo militarista promovido por el presidente Andrés Manuel López Obrador el 11 de mayo pasado, “por no regular adecuadamente el uso de las fuerzas militares en tareas policiales”.
La organización refirió que cuando fue aprobada la reforma constitucional de la Guardia Nacional, un artículo transitorio permitió que el Ejecutivo hiciera uso de dicha institución de forma permanente en tareas de seguridad pública por un periodo de cinco años.
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Sin embargo, indicó que –de acuerdo con la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos y con las múltiples sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra México– el uso de la fuerza armada en materia de seguridad pública debe ser extraordinario, regulado, fiscalizado y subordinado.
Con la finalidad de cumplir con estos criterios, el Ejecutivo emitió el 11 de mayo de 2020 un acuerdo que, según la organización, no cumple con su objetivo. Y agregó que “esta peligrosa simulación nos pone en riesgo a todos. Por eso en MUCD promovimos un juicio de amparo en contra del #AcuerdoMilitarista para que éste se corrigiera y el juez nos dio la razón”.
La organización afirmó que un juez de distrito confirmó que dicho acuerdo “no cumple con el objetivo de acotar la participación de los militares en tareas policiales, por lo tanto viola la Constitución y los fallos de la SCJN (Suprema Corte de Justicia de la Nación) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. […] Asimismo, consideró que el ejecutivo no justificó adecuadamente su uso en tareas policiales ni garantizó controles suficientes para limitar su actuar y proteger a la ciudadanía”.
El juez consideró que argumentar que la Guardia Nacional se encuentra en construcción no justifica su uso indiscriminado en temas de seguridad pública “ni constituye una situación extraordinaria que permita concluir que su participación tendrá objetivos claros, tiempos determinados y lugares de acción específicos”.
Y añadió que, “por el contrario, dado que su uso se extenderá por cinco años y podrá incluir a todo el país, el juez determinó que el acuerdo falla en cumplir con los requisitos de temporalidad y delimitación geográfica que marca la Constitución. Finalmente, advierte que al ordenar la ´coordinación` entre civiles y militares se viola el requisito de subordinación a las fuerzas civiles que ordena también el texto constitucional”.
MUCD señaló que lo que se pretende con dichas acciones es regular la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública para así prevenir abusos y violaciones a los derechos humanos. Y exhortó al residente López Obrador abrogar el acuerdo militarista, y al Congreso de la Unión emitir la legislación que “que nos permita proteger a la población y construir un México más seguro, justo y en paz”.
