Sierra de Huixquilucan, Estado de México. El pasado 6 de abril de 2017, la comunidad indígena Otomí Ñuhú de Santa Cruz Ayotuxco obtuvo el resolutivo favorable del recurso de revisión 27/2017. Está resolución indica suspender todos los trabajos de construcción de la autopista Toluca-Naucalpan, hasta que se resuelva el amparo 1396/2015.
A partir de esa fecha por diferentes instancias los comuneros han intentado hacer valer esta resolución de carácter federal y los resultados han sido desfavorables para ellos. Pero esta situación no es menor, se “entrelazan redes de corrupción, intereses económicos corporativos y la violación a los derechos humanos y de los pueblos indígenas”, señalan pobladores. La comisión de estas violaciones no sólo es por parte de las empresas constructoras, sino también de las autoridades y funcionarios del gobierno del Estado de México.
La jurídica ha sido la principal vía por la que han transitado los comuneros y pobladores que se oponen a la construcción de la autopista que pretende conectar a Naucalpan con el Aeropuerto Internacional de Toluca. El amparo se interpuso desde el 17 de noviembre de 2015 por el decreto expropiatorio de la Autopista Toluca-Naucalpan en Ayotuxco, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de octubre de 2015. Lo que exigió la comunidad a las autoridades demandadas es el respeto y protección de sus derechos, en particular a la tierra y territorio, identidad cultural, consentimiento y consulta, gestión de sus recursos naturales, derecho al medio ambiente, derecho a la alimentación y la inconstitucionalidad de la ley agraria en materia de pueblos y comunidades indígenas, en especial el artículo 93.
Los quejosos que interpusieron el juicio de amparo son: Candelaria García (representante común, comisionada por autoridades tradicionales), Hilario Tomate (autoridad tradicional), José Necha (autoridad tradicional), Marcos Valle (quien desistió el día 5 de octubre de 2016 de manera formal, pero desde el 6 de septiembre del 2016 presentó su escrito en tribunales), Leonel Gutiérrez, María Paz Ramírez y Adolfo Retoma (autoridad tradicional).
La demandan se presentó contra las siguientes autoridades: Presidencia de la República; Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorio y Urbano (Sedatu); Sistema de Autopistas, Aeropuertos y Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México (SAASCAEM); Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin), Dirección General de Ordenamiento Territorial y de Atención a Zonas de Riesgo (dependiente de la Sedatu); Dirección General de la Propiedad Rural (dependiente de la Sedatu); Comisariado de Bienes Comunales de Santa Cruz Ayotuxco, y contra el Congreso de la Unión (Cámaras de Diputados y de Senadores).
Después de un informe justificado la demanda de amparo se amplió ante las siguientes autoridades: Gobierno del Estado de México; Secretaría de Infraestructura del Estado de México; Empresa Autopistas de Vanguardia (Autovan); Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat); Presidencia Municipal de Huixquilucan; Comisión Nacional del Agua (Conagua); Comisión nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio); Comisión Nacional Forestal (Conafort).
El juicio de amparo 1396/2015 aún no ha dado sentencia definitiva. Sin embargo, los comuneros lograron la suspensión definitiva de la obra en el territorio de Santa Cruz Ayotuxco hasta que se resuelva el juicio de amparo.
Esta suspensión de la obra emitida, firmada y sellada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito y el Poder Judicial de la Federación, cinta en la Forma A-55, recurso de revisión 27/2017 (Incidente en revisión). Está otorgada y firmada por los magistrados María del Pilar Bolaños Rebollo (magistrada presidente y ponente), David Cortés Martínez y Benjamín Rubio Chávez ante el secretario de Acuerdos Rubén Quezada Hernández, que autoriza y da fe.
La suspensión de la obra es clara y otorgada a los comuneros indígenas como reza textualmente en la hoja 41; “Consecuentemente, con base en la ponderación que se realiza del concepto de interés social, simultáneamente con la apariencia del buen derecho de la parte quejosa, se estima que, en su caso, se generaría a los quejosos de la comunidad indígena de Santa Cruz Ayotuxco, Municipio de Huixquilucan, un mayor perjuicio, en razón de que la construcción de la autopista Toluca-Naucalpan, no solamente se pone en riesgo la perdida de los terrenos, sino de valores, creencias y costumbres de una comunidad indígena que es la Otomí; por tanto, los daños que se ocasionarían a la comunidad serían mayores, comparados con la construcción de la autopista Toluca Naucalpan, pues dicha construcción es realizada en terrenos que les pertenecen tradicionalmente y que son lugares para realizar sus ceremonias y ofrendas, y que, además, según lo refieren los recurrentes, dichas construcciones obstruyen los accesos a esos lugares tradicionales para ellos”.
La ponderación de los magistrados al otorgar la suspensión de obra, es en este caso claramente en defensa de la cultura y tradiciones de esta comunidad indígena otomí. Pero el racismo y desprecio de las empresas constructoras, es evidente ya que continúan trabajando impunemente, violando esta resolución judicial de carácter federal.
Los grandes intereses corporativos se entrelazan con una red de corrupción que les permite continuar los trabajos de la obra bajo el resguardo de Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana del Estado de México (CES) y de funcionarios públicos del estado de México. Esto pudo ser comprobado y documentado por Contralínea el pasado 8 de julio de 2017, cuando los indígenas otomís de la comunidad de Santa Cruz Ayotuxco, en el Estado de México, realizaron un recorrido para mostrar las afectaciones de la construcción de la Autopista Toluca-Naucalpan en su territorio.
Durante el recorrido se pudo observar a trabajadores de las empresas constructoras de la Autopista Toluca-Naucalpan, trabajando normalmente y resguardados por elementos de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana del Estado de México (Ces), lo cual –a decir de los pobladores– implica violaciones jurídicas.
La primera que se está violando –señalan– es la “Suspensión definitiva de la obra” otorgada en la resolución del recurso de revisión de amparo 27/2017, otorgada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito.
La segunda es que el personal de la CES debería de estar velando por el cumplimiento de la Ley, “y no resguardando a las empresas que la están infringiendo”.
Cuando los pobladores se acercaron al personal que estaba laborando fueron remitidos con el funcionario público Carlos Alberto Valderrama González, jefe del departamento de vinculación de la Subsecretaria de Gobierno Valle de México Zona Nororiente de la Subsecretaria General De Gobierno del Estado de México.
El funcionario, de profesión contador público, no ocultó su tarea de defensor de las empresas constructoras que en ese momento estaban violando una resolución judicial federal. Argumentó que “no” se podía parar la obra y que conocía el amparo que ordenaba la suspensión. Pero adujo que los abogados de la empresa “también tienen sus razones”.
“Es que si viene el abogado te va a decir lo contrario, tal vez, de lo que yo te esté diciendo ahorita, pero eso no lo vamos a determinar aquí”, esgrimió. Para el funcionario, la resolución judicial federal tiene carácter de rumor: “Te digo, yo te podría decir una cosa y tu otra, y no”.
Carlos Alberto Valderrama González no negó que protegía los intereses de las empresas constructoras subcontratadas por Grupo Higa, de Juan Armando Hinojosa Cantú. Como se recordará, Grupo Higa es el consorcio empresarial que vendió y financió una casa (propiedad de 854 metros cuadrados) en una exclusiva zona de Malinalco al ahora secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, cuando era Secretario de Hacienda.
A principios de 2014 Grupo Higa “ganó” el contrato para remodelar el Hangar Presidencial a través de una asignación directa por 945.5 millones de pesos. Casualmente desde el 2012 otra empresa de Hinojosa Cantú, Eolo, trasladaba a Enrique Peña Nieto entonces candidato a la Presidencia a sus actos de proselitismo en un Jet Bombardier Challenger matrícula XA-OHS o en un Dassafault Falcon 50 matrícula XA-PRR. En ese entonces los costos por el servicio fueron estimados en 3 mil 500 dólares la hora.
También Grupo Higa, a través de Ingeniaría Inmobiliaria, empresa de su propiedad, fue quien construyo la famosa Casa Blanca, de Angélica Rivera, primera dama de México y que desató un escándalo en los medios.
Contra ese consorcio se enfrenta la comunidad otomí de Santa Cruz Ayotuxco. Para los pobladores, la relación de Grupo Higa con la Presidencia de la República es la causa de que la resolución judicial de suspensión de la obra no sea acatada.
Señalan que les pretenden despojar 30 hectáreas, así como impedir el paso por sus propias tierras y lugares sagrados. Todo por un proyecto que ya está en marcha pero del que nunca se les consultó.
José Luis Santillán
[BLOQUE: INVESTIGACIÓN][SECCIÓN: SOCIEDAD]
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