El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) y Católicas por el Derecho a Decidir denunciaron que a un año del feminicidio de Nataly Michel Rodríguez Romero –cuyo cuerpo fue encontrado con signos de estrangulamiento el 21 de mayo de 2019 en la alcaldía Venustiano Carranza–, el caso prevalece impune; además, la investigación presenta diversas irregularidades que no permiten el acceso a la justicia.
Pese a que la investigación del asesinato de Nataly, de 35 años de edad, se investigó como feminicidio, hasta la fecha la carpeta se encuentra en etapa de investigación inicial. Esta reveló que la víctima tenía antecedentes de violencia por parte de su expareja, recibiendo acoso e incluso amenazas de muerte; también existían antecedentes graves de violencia por parte de sus vecinos, informaron las organizaciones defensoras en un comunicado.
Además, informaron que se han presentado irregularidades en la investigación, como la falta de resguardo del lugar del hallazgo y pérdida de la cadena de custodia; falta de identificación, fijación y embalaje de indicios en el lugar del hallazgo; ausencia de la realización de un análisis de contexto para identificar los antecedentes de violencia en que se encontraba la víctima para la acreditación de las hipótesis del caso; omisión en la elaboración de un plan metodológico de investigación para esclarecer los hechos; falta de apoyo para las víctimas indirectas por las autoridades competentes para ello conforme a las disposiciones victímales; y se ha documentado la fabricación de un testigo de los hechos por parte de la policía de investigación responsable del caso.
Dado que la carpeta se encuentra en etapa de investigación inicial, las defensoras de los derechos humanos, exigieron un plan de investigación que integre la perspectiva de género centrado en pruebas científicas, la elaboración de dictámenes de telefonía y georeferenciación, y la realización de diversas pruebas periciales para el esclarecimiento del caso.
Añadieron que las irregularidades en la investigación ocasionan que las autoridades competentes no garanticen el acceso a la justicia para la víctima y su familia.
Ante dicha situación, el OCNF y Católicas por el Derecho a Decidir recalcaron que el acceso a la justicia para las mujeres debe ser diligente, pronto y efectivo; y su retraso –además de la revictimización– representa la apariencia de permisividad e impunidad, así como una de las causas para que otras mujeres sean víctimas del mismo delito.
