Desde el sismo del 7 de septiembre de 2017 se agudizó la miseria: el 90 por ciento de la población indígena vive en alguna condición de pobreza. El avance en infraestructura básica es casi nulo, apenas algunas casas se han reconstruido, los alumnos de nivel básico estudian en chozas y ni siquiera tienen suministro de agua potable.
San Mateo del Mar, Tehuantepec, Oaxaca. La desolación de este municipio se respira. Por sus calles, el abandono se aprecia a primera vista. Casas y aulas de escuelas que no han sido reconstruidas después del terremoto del 7 de septiembre de 2017. Una clínica materno infantil, prevista para su apertura desde finales del gobierno de Ulises Ruiz (2010), aún no tiene personal médico ni administrativo; la enredadera que adornaría la entrada se ha secado y la herrería está oxidada. El sistema de agua potable no funciona, se ha descompuesto el mecanismo de bombeo y agrietado los tinacos de cemento.
Aquí, la gente anda sobre calles polvorientas. El calor agobia. El camino que llega a la laguna es el único pavimentado desde que la trasnacional Mareña Renovables intentó colocar un parque eólico en esta región, justo sobre la barra que divide a este municipio del de Santa María del Mar (en la barra de Santa Teresa), y a unos pasos de la laguna que en años anteriores era el sustento de la mayoría de las familias, dedicadas a la pesca.
Roselia Gutiérrez Ruiz, indígena ikoot y originaria de este municipio, relata la decadencia que ha sufrido la zona después de la llegada de Petróleos Mexicanos (Pemex) en la década de 1980 al vecino puerto de Salina Cruz y, años más tarde, con el terremoto de 8.2 grados, ocurrido el 7 de septiembre de 2017, del que no han podido recuperarse.
Al recorrer la zona, pareciera que el sismo ocurrió hace apenas unos días: muchas de las casas derruidas permanecen sin paredes ni techos. Las escuelas tienen todavía chozas de palma, donde los alumnos toman sus clases durante las horas que el clima les permita.
Para Roselia, la crisis de San Mateo se agudizó tras el terremoto: “el pueblo sigue teniendo muchas necesidades, más ahora que la laguna se está secando; por el sismo, la tierra se abrió y el agua se filtró hacia abajo. Se fue. El producto se acabó; ahora no tenemos pescado ni camarón, que era de lo que vivíamos”.
La mujer ikoot, cercana a cumplir los 65 años de edad, relata que los pescadores que conoce (familiares y gente cercana) apenas llegan a recolectar un “plato” de camarón, el mismo que es vendido por “medidas” de 20 pesos cada una y, en promedio, obtienen de 100 a 150 pesos al día, sólo cuando hay pesca. “A veces no alcanza ni para el autoconsumo”.
Ella es una de las más de 14 mil 300 personas que sobreviven en la miseria en el Istmo de Tehuantepec. Forma parte de una Red de Apoyo a Mujeres en temas reproductivos y es una ardua activista local de los derechos humanos.
De lo que viven ella y sus vecinos, Roselia comenta: “la alimentación es precaria; mujeres y niños están muy mal alimentados, hay mucha desnutrición y la gente qué va a hacer más que sobrevivir con lo que puede: los 150 o 200 pesos que gana un peón, cuando tiene trabajo; es lo más que pueden tener y eso ya no alcanza porque la vida está muy cara”.
San Mateo de Mar pertenece al distrito de Tehuantepec, colinda los municipios de Salina Cruz y de San Pedro Huilotepec; al Este, con Juchitán de Zaragoza. La ficha técnica Recuperación temprana en San Mateo del Mar, elaborada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), indica que luego de los sismos de septiembre de 2017, San Mateo del Mar fue “gravemente afectado con dimensiones que rebasaron la capacidad institucional.
“Las debilidades institucionales, económicas y de infraestructura detonaron que el desastre se mostrara con mayor fuerza en este municipio. La falta de planeación y preparación a través de una política y herramientas eficientes para la gestión de riesgos de desastres ocasionó problemas de coordinación en la atención a la emergencia y en el proceso de reconstrucción y recuperación.
“Este proceso ha sido lento, y ha afectado a las economías locales; asimismo se percibe una descomposición en el tejido social de las comunidades, reflejado en el aumento de las vulnerabilidades de las personas, que ya de por sí arrastraban importantes niveles de pobreza, siendo éste un municipio con grado de rezago social ‘muy alto’, de acuerdo con el Coneval [Consejo Nacional de Evaluación]”, indica la evaluación de la Organización de las Naciones Unidas.
“Estamos casi muriéndonos de hambre”, dice Reina, otra indígena ikoot que padece la pobreza de este lugar. “Ya no hay pescado ni camarón, la gente está saliendo a buscar trabajo fuera de la comunidad porque de la pesca apenas hay unos charalitos, cuando antes teníamos diferentes tipos de pescado, pero después de la llegada de la refinería a Salina Cruz y la contaminación que nos llega a la laguna, se fue acabando”.
Los ikoots, añade, “estamos en pésimas condiciones: hay división en los pueblos de la región, estamos sin autoridades administrativas, el pueblo está abandonado. De los servicios médicos, qué decir, antes podíamos contar con el médico que realizaba su servicio social en el pueblo, se quedaban aquí, pero con la violencia que se ha desatado en el Istmo, ya no permanecen con nosotros y no tenemos quien atienda alguna emergencia después de las 3 de la tarde”.
Batalla contra los megaproyectos
Por su ubicación geográfica, San Mateo del Mar ha sido uno de los principales atractivos para la generación de energía eólica, pero los habitantes de aquí se opusieron rotundamente a la entrada de Mareña Renovables, que en 2012 intentó instalar sus aerogeneradores de energía eólica. Pese a los ofrecimientos de desarrollo y empleo, los lugareños se negaron, pues sabían que perderían su principal fuente de sustento: la laguna.
Braulio Villanueva Fajardo, expresidente del Comisariado de Bienes Comunales de San Mateo del Mar, fue uno de los actores de la oposición, y comenta que con esa propuesta el pueblo se dividió y el tejido social se rompió, no sólo en la comunidad, sino con los municipios vecinos.
Ahora, con la propuesta hecha por el gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador de crear un corredor transístmico y poner en marcha el Tren Transístmico, el también director de la escuela primaria Adolfo López Mateos teme que la situación de deterioro social empeore. “Primero deben atender las necesidades que tenemos aquí”.
Con este megaproyecto, opina, “puede ser que las comunidades mejoren para las empresas porque van a hacer mejores carreteras, pero aquí la pesca es lo que más nos interesa porque el 90 por ciento de las personas son pescadores.
“Lo que quiere San Mateo es que haya escuelas, una universidad y nos den los títulos de las tierras porque ese es un grave problema que tenemos; eso es lo primero que tiene que atender el gobierno antes de hacer cualquier otro proyecto; primero queremos agua, salud y educación”.
De la revisión de diversos informes, elaborados en el periodo de 2010 a 2018, se puede apreciar que la pobreza prevalece en más del 80 por ciento de sus habitantes.
Los Indicadores de pobreza y vulnerabilidad, 2010, del Coneval evidenciaban índices de pobreza del 89.4 por ciento; de los cuales, el 49.1 por ciento presentaba “carencia por acceso a la alimentación”; y 7 años después, la situación no mejoró: el Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social 2017, elaborado por la entonces Secretaría de Desarrollo Social, censó a 14 mil 835 personas y colocó el “foco rojo” en la región por diversas carencias: el 32.40 por ciento de la población padece de rezago educativo; el 68 por ciento sufre de carencia por material de pisos en la vivienda, el 42.40 por ciento padece el hacinamiento en su vivienda, el 52 por ciento carece de agua en su hogar.
En tanto que para 2018, el documento elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas: Medición de la pobreza multidimensional y gasto en Ramo 33, indicó que el 93 por ciento de la población de San Mateo del Mar vivía en condiciones de pobreza: 63.9 por ciento en extrema pobreza y 29.1 por ciento en pobreza moderada.
El proyecto de AMLO
Éste es uno de los 76 municipios, de Oaxaca y Veracruz, que forma parte del Programa para el Desarrollo del Istmo de Tehuantepec, que de acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 busca “impulsar el crecimiento de la economía regional con pleno respeto a la historia, la cultura y las tradiciones del Istmo oaxaqueño y veracruzano”.
“Su eje será el Corredor Multimodal Interoceánico, que aprovechará la posición del Istmo para competir en los mercados mundiales de movilización de mercancías, a través del uso combinado de diversos medios de transporte. En este marco se modernizará el ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, los puertos de Coatzacoalcos, Veracruz, y Salina Cruz, Oaxaca, para que puedan ofrecer servicios de carga, transporte, almacenaje, embalaje y servicios logísticos diversos; se fortalecerá la infraestructura carretera y de caminos rurales y la red aeroportuaria y se construirá un gasoducto para abastecer a empresas y consumidores domésticos.”
Los recursos presupuestados para este 2019 serán de 8 mil millones de pesos “y se ha fijado como objetivo que, a partir de 2020, el Corredor pueda competir en costos y tiempos frente a otras opciones de transporte interoceánico”.
Respecto de la consulta popular, agrega el Plan: “la sociedad debe tener también el derecho de incidir en sus determinaciones. Por eso el gobierno federal someterá a consulta las decisiones estratégicas de interés nacional, consultará a las poblaciones los asuntos de interés regional o local y someterá al veredicto de las comunidades las acciones gubernamentales que las afecten o involucren, acatando así las disposiciones contenidas en varios artículos de la Constitución y en tratados internacionales de los que México es signatario, como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo”.
Marcelino Nolasco Martínez, coordinador del Centro de Derechos Humanos Tepeyac del Istmo de Tehuantepec, AC, critica que esta nueva administración haya “rebasado” las prácticas que llevaba a cabo el antiguo régimen liderado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Para el defensor de derechos humanos, con López Obrador, a los pobladores del Istmo “se les vino encima un gigante de mil cabezas; dijo que las Zonas Económicas Especiales ya no van, pero ahí les va mi proyecto, que es lo mismo porque él no va a dejar de favorecer a las mineras, a las empresas eólicas; no lo va a hacer, al contrario, lo va a potenciar”.
En tanto, Hugo Aguilar Ortiz, encargado de la Coordinación de Derechos Indígenas del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), defiende el proyecto federal y asegura que, en el contexto de desarrollo del Corredor Transístmico, las necesidades de infraestructura social serán atendidas en las comunidades que previamente no se contemplaba; “pero eso ha sido un reclamo fuerte de las propias comunidades, de tal manera que ahora se está contemplando en el programa incluir este foco de atención”.
Además, dice el funcionario del INPI, esta administración considera que no sólo se tiene que buscar cómo aprovechar la situación estratégica de ubicación de esta región del territorio nacional, “sino que se tiene que pensar en resolver en su integralidad toda la problemática de los pueblos indígenas ubicados en esta zona y eso incluye el ejercicio de derechos territoriales, el ejercicio de derecho de consulta, el ejercicio de derecho de autonomía y la solución de las conflictividades internas; en este sentido, el conflicto de San Mateo del Mar involucra al propio municipio en la relación deteriorada que tienen con Santa María del Mar”.
El rechazo del poblado Álvaro Obregón
Aledaño a San Mateo se localiza el poblado de Álvaro Obregón, ya en Juchitán, donde la población vive en condiciones similares. Es también un pueblo de pescadores que se han quedado sin recursos y sobreviven entre los escombros del sismo de 2017.
Del Corredor Transístmico saben poco. A esta comunidad no sólo no ha llegado información oficial, sino tampoco los programas de apoyo que promueve el gobierno federal. Aquí, los pescadores también se están quedando sin sus fuentes de empleo.
Para Roberto Santiago Martínez, integrante del Consejo de Ancianos de este poblado, es un proyecto que no prioritario para su gente: “Hemos escuchado que el gobierno lo quiere hacer, pero no tenemos información, no sabemos nada de eso, yo no sé para qué sirve; lo que necesitamos son recursos, que haya trabajo. Cada pueblo necesita bienestar”.
María Jiménez López, otra de las habitantes de esta comunidad, dice que aquí están totalmente rezagados, tampoco se han podido recuperar de la tragedia del sismo: todavía hay casas en ruinas. Comienza con la retahíla de necesidades: “los cupos en la escuela no alcanzan para que todos estudien. Aquí ni trabajo hay, por eso salen a buscar a otro lado. Mis hijos: uno es pescador, y apenas va sobreviviendo; y el otro sale a buscar trabajo de albañil. No hay médicos que atiendan una emergencia ni medicamentos, a lo mucho nos dan paracetamol, en este lugar está muy difícil, y de ese Corredor [Transístmico] no sabemos nada… Primero que nos atiendan”.
Érika Ramírez, enviada
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