Expulsados por la violencia o por la pobreza, niños, niñas, jóvenes, mujeres y ancianos llegan todos los días al espacio público de la Ciudad de México. Enfermos, con alguna adicción, desnutridos, cansados, deambulan por las calles del Distrito Federal a expensas de la violencia que cada día se recrudece.
La mañana del martes 22 de abril pasado, alrededor de 20 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal acompañados por el camión recolector de basura con número económico 1489 se apersonaron en las calles Artículo 123 y Humboldt, colonia Centro, en la delegación Cuauhtémoc.
Golpearon a niños, mujeres y jóvenes: un grupo de callejeros que sobreviven sobre la acera. Los despojaron de sus pertenencias. Ropa, zapatos, carriolas, dinero, trastes, cobijas, juguetes y documentos de identidad fueron arrojados sin miramientos al camión de basura.
“Los vecinos se quejaron porque escandalizan en la noche, hacen del baño en la vía pública y agreden a los transeúntes”, dijo a Contralínea, vía telefónica el mismo día del desalojo Julio Cárdenas, subdirector de información de la Secretaría de Seguridad Pública capitalina.
Según Cárdenas, el operativo se llevó a cabo por una denuncia ciudadana. A las 14:00 horas “12 elementos de la Policía de Proximidad levantaron a unos niños de la calle” sin que se registraran lesionados. “Solamente hubo empujones porque no se querían ir”.
Agregó que siete personas, entre ellas dos menores, fueron presentadas ante el juez cívico para determinar su situación legal.
Los elementos detuvieron a 16 personas de calle durante el operativo, entre ellas a un menor de edad.
Pero el grupo no fue presentado de manera inmediata ante la autoridad. Según versiones de los propios detenidos, el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, que ahora acompaña el caso en juzgados, y la organización civil El Caracol, AC, los jóvenes fueron llevados a la Alameda Central.
Ahí permanecieron entre 1 y 2 horas. Cinco de éstos –incluido el menor de edad– fueron presentados ante el Juzgado Cívico CUH-2 por supuestos ultrajes a la autoridad; posteriormente salieron en libertad.
Once fueron enviados a la Agencia del Ministerio Público 2 de la delegación Cuauhtémoc, acusados de daños a la salud y robo agravado en pandilla.
El miércoles 23 de abril, los 11 jóvenes llegaron al Reclusorio Preventivo Varonil Norte. Cinco permanecieron ahí hasta el viernes 25 de abril; acusados de daños a la salud, continúan su proceso en libertad. Un particular pagó una fianza de 5 mil pesos por cada detenido a través del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México.
Los seis restantes, acusados de robo agravado en pandilla, cumplen ya 3 meses privados de su libertad. Una abogada de oficio lleva su defensa con el acompañamiento de Sayuri Herrera Román, coordinadora del área jurídica del Centro Vitoria, y el de Johana Sánchez, también del Centro Vitoria.
Los jóvenes, con edades que van de los 20 a los 31 años, podrían pasar 5 años o más en prisión de ser declarados culpables.
Horas después de que Julio Cárdenas dijera a Contralínea que lo ocurrido el 22 de abril se trató de un operativo “a petición de los vecinos”, la Secretaría de Seguridad Pública emitió la tarjeta informativa Detención de asaltantes y desalojo en Artículo 123 (220414).
Asegura que tras una búsqueda por las calles circunvecinas, los elementos localizaron a los sospechosos, a quienes se les encontró dinero en efectivo, celulares y un cuchillo.
Y ante el supuesto intento de evitar la acción policial con agresiones verbales y físicas a los elementos, se procedió a detener a otros 10 jóvenes por ultrajes a la autoridad. “Al ser revisados, éstos tenían en su poder 56 bolsas que contenían piedras amarillas, al parecer droga y solventes”.
Relata el escrito que al lugar se presentó personal de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, causando la molestia de unos 30 vecinos, quienes les pidieron retirarse. Los habitantes de la zona reclamaron a la delegación mayor seguridad, limpieza y el retiro de los indigentes que ocupan la zona desde hace tiempo, ya que “escandalizan, se drogan y ofenden a las personas”.
En respuesta, señala el comunicado, la delegación Cuauhtémoc envió una cuadrilla para retirar la basura del área ocupada por los indigentes, en tanto que los uniformados ofrecieron canalizarlos a un albergue, pero éstos se negaron y se retiraron del lugar.
Precisa: “Por la denuncia de asalto y agresión, cinco personas fueron remitidas al Ministerio Público; y otras cinco por posesión de droga. Cinco más fueron llevadas al Juzgado Cívico CUH-2 por ultrajes a la autoridad”.
En el dispositivo participaron ocho elementos de la Policía Auxiliar y 10 de la Unidad de Protección Ciudadana del sector Revolución, apoyados con dos unidades vehiculares de patrulla, concluye.
La calle de Artículo 123 hoy permanece “limpia”. Ninguna persona pernocta sobre sus banquetas, nadie ofrece paletas, ningún joven tiende la mano hacia los transeúntes para solicitar una moneda o comida, nadie orina ni defeca sobre el pavimento, nadie consume solventes o limpia carros. No aloja drogadictos ni mendigos, tullidos, locos, ni pobres, a ningún mugroso se le permite el paso, incluso el derecho al libre tránsito les ha sido vedado.
Y es que a decir de los jóvenes, el Centro Vitoria y El Caracol, tras el desalojo, una patrulla se apostó en el lugar para impedirles regresar a las banquetas de Humboldt y Artículo 123.
Desmembrado el grupo, sus integrantes buscan sitios donde pasar la noche, sentarse a descansar, tomar algún alimento o consumir. La tarea no ha sido fácil, son considerados “focos de inseguridad” para los vecinos que rápidamente se incomodan y piden a la policía el desalojo.
En redes sociales los comentarios son contundentes: “Deberían de […] exterminar a estas lacras sociales. Los que no estén de acuerdo conmigo […] mejor llévenselos a vivir a su casa”. “Tú porque no vives por ahí […] a mí me han asaltado […] yo diría que los llevaran a un lugar donde estén o los maten […] es molesto que no puedas ni pasar porque ya te andan morboseando, o te quieren asaltar, o te piden dinero y si no les das se enojan […] son una plaga”. “Son un grave problema […] no puedo decir que es un muladar porque esos animales son más limpios que los indigentes, son un verdadero problema y muchos de ellos delinquen y no quieren trabajar, son jóvenes en su mayoría que acabaron mal por las drogas. Deberían confinarlos a algún centro especializado […]” (sic).
Hasta ahora ni el gobierno capitalino, la Comisión de Derechos Humanos ni el Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal han logrado lanzar una campaña en contra de la discriminación hacia la población callejera. Y es que, según datos del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, estas poblaciones ocupan el primer lugar en negación de servicios públicos a consecuencia de la discriminación.
Marcia Itzel Checa, secretaria ejecutiva del Mecanismo de Seguimiento y Evaluación del Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal, en entrevista reconoce que es uno de los temas pendientes, además de los desalojos forzados, el acceso a la justicia y a los servicios.
“Se llevaron nuestras cosas, las cobijas, ropa, todo”, relata Beto a Contralínea. Pasaba de la medianoche cuando llegaron los policías. “Siempre llegaban a las 12 o a la 1. Nos daba coraje. Con trabajos conseguimos ropa. Nos vamos a Tepito a conseguirla. Es gacho que los policías se la lleven”. Además de la ropa, los elementos tiraron al camión de basura cobijas, plásticos y documentos de identificación, entre ellos los de Beto.
Sun, su compañero, padece epilepsia. Toma medicamento. Es uno de los sobrevivientes del Instituto de rehabilitación de Alcoholismo y Drogadicción, Hospital Santo Tomás (popularmente llamado “anexo”) Los Elegidos de Dios. Llevado con engaños, fue privado de la libertad durante 6 meses y obligado a hacer pinzas sin remuneración alguna.
Despojados de sus pertenencias, Sun y Beto, de 22 y 32 años, respectivamente, ahora rondan por el Centro Histórico, Tepito, Pino Suarez. El lugar donde se quedan aloja por las noches hasta 40 personas en situación de calle. Ancianos, niños, mujeres (algunas con bebés) y jóvenes en busca de refugio.
Les dan permiso de quedarse bajo un techo que supone es parte de la infraestructura del Metro. Al lugar hay que entrar a las 10 de la noche y despertar cuando lo dicta la torreta de las patrullas. Invariablemente, cerca de las 4 de la madrugada la sirena encendida de una de las unidades de policía se estaciona cerca, con la sirena encendida para avisarles que deben irse.
La noche es dura y más el tiempo, la lluvia, el frío. Su trabajo diario es encontrar la mayor cantidad de cartón, PET (tereftalato de polietileno) y vidrio para venderlos y lograr comer algo por la noche. Sesenta pesos es la meta. Los riesgos son múltiples, Beto lo sabe bien: mientras buscaba en medio de la oscuridad pisó un clavo, la delgada suela del zapato no lo pudo contener.
Ahora cojea, le duele, dejó pasar algunos días antes de pedir ayuda. Casi nunca la pide. Desde que llegó a la calle, a los 9 años, ha hecho pocas veces uso del recurso. Lo que Beto quiere es ayudar: “Hablar con los chavos que se quieren salir de su casa. Pasarles mi mensaje, decirles que le echen ganas a la vida y a la escuela. Decirles que es muy difícil estar afuera”.
Los recientes hechos registrados en las calles de Humboldt y Artículo 123, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, forman parte del amplio expediente de hostigamientos y amenazas en su contra.
El 14 de agosto de 2013, aproximadamente a las 04:00 horas, un grupo de al menos ocho hombres y mujeres encapuchados privaron de su libertad a cinco personas que formaban parte de la comunidad de Artículo 123, a quienes subieron a una camioneta con uso excesivo de la fuerza.
Durante 2 horas recibieron golpes y amenazas de hacerles más daño si no se retiraban del lugar. Cerca de las 6:00 horas fueron abandonados en las inmediaciones de la estación del Metro Pantitlán, al Oriente de la Ciudad.
A decir de los testimonios, los encapuchados les dijeron que no les importaban las acciones de la Comisión de Derechos Humanos y de El Caracol, por lo que se interpuso una denuncia en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.
A través de un comunicado urgente fechado el 15 de agosto de 2013, organizaciones denunciaron hechos que involucran privación de la libertad, violencia y amenazas en contra del grupo de callejeros y de El Caracol, AC.
En el escrito, urgieron a las autoridades correspondientes a investigar, localizar a los responsables, garantizar el derecho a la justicia de las víctimas, además de brindar protección inmediata y apropiada.
Refiere el comunicado que en agosto de 2012, otro grupo de choque atacó en la madrugada para desalojar al grupo e iniciar la construcción de una estación de Ecobici en el mismo sitio. Con ello, señala, se confirma que la discriminación y violación a los derechos de la población callejera continúa teniendo como objetivo la limpieza social del Centro Histórico, al usar para ello grupos de choque que actúan impunemente.
El grupo de Humboldt y Artículo 123 ha sido víctima permanente de agresiones, entre las que destaca el caso del “anexo” Los Elegidos de Dios, por el que la Comisión de Derechos Humanos local emitió la Recomendación 13/2011 dirigida a la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, la Secretaría de Desarrollo Social, la Secretaría de Desarrollo Económico, la Procuraduría General de Justicia, la delegación Cuauhtémoc y la delegación Venustiano Carranza.
En septiembre de 2009, la Comisión de Derechos Humanos capitalina emitió la Recomendación 23/2009. A través de nueve expedientes documenta los abusos por parte de autoridades y cuerpos policiacos, como privación arbitraria de la libertad, discriminación, conducción forzada a los llamados “anexos” y criminalización contra personas que viven en la calle.
La recomendación señala que los operativos encabezados por autoridades de las delegaciones Venustiano Carranza y Cuauhtémoc y la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal violan el derecho a la igualdad y a la no discriminación; a la libertad y seguridad personales; a la integridad personal, y de la niñez de las poblaciones callejeras.
Al menos desde 1994, los jóvenes, niños y adultos mayores que habitan las calles del Distrito Federal han sido víctimas de retiro forzado, levantones, golpes, intimidación y negación de sus derechos básicos, como el acceso a la salud.
Fue en ese año, durante la administración de Óscar Espinosa Villarreal, cuando la Comisión de Derechos Humanos capitalina emitió la Recomendación 4/1995 por el uso excesivo de la fuerza. En el instrumento consta que el 27 de septiembre de 1994, aproximadamente a las 18:00 horas, en el inmueble conocido como la Casa de Todos –donde habitaban alrededor de 70 personas en situación de calle, en su mayoría menores de edad–, ubicado entre las calles de José María Marroquí e Independencia, colonia Centro Alameda, se realizó el operativo policiaco Cóndor.
Esa noche se desplegaron agentes de la Policía Judicial de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y policías preventivos del grupo especial Zorros, de la entonces Secretaría General de Protección y Vialidad, bajo el pretexto de detener a dos jóvenes que supuestamente habían robado dos cajas de refrescos.
Los elementos policiacos ametrallaron la fachada del inmueble y se introdujeron en él con lujo de violencia. En la planta baja, destruyeron instrumentos de trabajo y un pequeño altar; detuvieron a Alejandra Méndez Martínez, a quien supuestamente intentaron violar y arrastraron por las escaleras hasta introducirla en una patrulla. Los elementos golpearon y detuvieron a 13 personas (entre las que se encontraban menores de edad y una mujer embarazada).
Ante la falta del cumplimiento cabal de los instrumentos recomendatorios emitidos por la Comisión de Derechos Humanos capitalina, el pasado 7 de abril, dicha Comisión presentó el Informe especial. Situación de los derechos humanos de las poblaciones callejeras en el Distrito Federal 2012-2013.
En el documento se da cuenta de la recurrente “criminalización” a la que son sometidas las poblaciones callejeras por su apariencia física y la posesión de sustancias inhalantes, además de las constantes acciones de limpieza social emprendidas por el gobierno capitalino.
Para la realización de este trabajo se solicitó entrevista con Miguel Ángel Mancera, jefe del gobierno del Distrito Federal; Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Desarrollo Social del gobierno del Distrito Federal; Rubén Fuentes Rodríguez, director General del Instituto de Asistencia e Integración Social; y Perla Gómez, titular de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Al cierre de edición, ninguno de los funcionarios había accedido informar a Contralínea.
Elva Mendoza, @elva_contra
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