En México, el 85 por ciento de la población padece desnutrición; 7 millones de personas viven en condiciones de pobreza extrema alimentaria y 8 mil mueren al año por esta causa, alertan especialistas, quienes afirman que el libre mercado y la falta de un programa integral del sector agropecuario mantiene al país en una grave dependencia alimentaria que pone en riesgo la seguridad nacional.
Los programas que se han puesto en práctica bajo el esquema neoliberal para el desarrollo del campo se han desvirtuado por su mala aplicación, la corrupción (desvío de recursos) o por clientelismo político con el que son condicionados, señala Guillermo Alejandro Acosta Acosta, maestro del Instituto de Investigaciones Estratégica de la Armada de México (IIEAM).
“El cambio de las políticas de un Estado de bienestar, a las de un Estado neoliberal afectó significativamente el desarrollo agropecuario”, asienta.
Refiere que la pobreza e inseguridad en el medio rural ha colocado a gran parte del campesinado en una situación de vulnerabilidad ante las actividades del crimen organizado, que controla cerca de una tercera parte de las tierras de cultivo para la producción de enervantes.
“Los narcotraficantes financian a los campesinos para la siembra de droga y quienes se niegan se ven forzados a abandonar sus tierras o expuestos a que los asesinen. Los precios de los productos agrícolas tradicionales no compiten con los precios de la mariguana o la amapola. Actualmente el dinero del narcotráfico está llenando los vacíos que no cubren los programas e instituciones de apoyo al campo”, enfatiza.
En su análisis La seguridad alimentaria en México, Acosta advierte que en México, según el Coneval (Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social), en 2014 el 46.2 por ciento de la población vivía en condiciones de pobreza, de los cuales el 9.5 por ciento se encontraban en condiciones de pobreza extrema.
“No se puede concebir un desarrollo sustentable cuando persisten desigualdades tan marcadas que mantienen a gran parte de la población en situaciones deplorables. Una de las condiciones básicas para que cualquier nación pueda lograr un desarrollo sostenido, es procurar la seguridad alimentaria.”
Respecto de la dependencia alimentaria, agrega, se observa que sólo en 2016 los alimentos básicos que consume la mayoría de la población (maíz, frijol, trigo, arroz, soya carnes de ave, cerdo y huevo) México tuvo un déficit de 11 millones 244 mil 452; -51 mil 494; -3 millones 273 mil 653; -874 mil 645; -3 millones 890 mil 070; -480 mil 866; -653 mil 362; -21 mil 867 toneladas, respectivamente, según datos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) y el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP).
Señala que el único producto en que se tuvo un superávit en la balanza comercial fue en la carne de ganado bovino; sin embargo, sus precios al menudeo rebasan la capacidad económica de gran parte de la población que vive en situación de pobreza y no cuenta con recursos para adquirirla (ver tabla 1).
Si bien la producción nacional de leche en 2016 tuvo un saldo negativo de 111 millones 922 mil litros, en contraste con las frutas, hortalizas, plantas, raíces y tubérculos, cuyo saldo comercial fue positivo, igual que en los productos del mar, se trata de productos a los que la mayoría de la población no tiene acceso.
Durante diferentes sexenios se crearon organismos para apoyar el campo, los cuales fueron desmantelados, desincorporados o privatizados con las políticas neoliberales, entre ellos la Conasupo (1965-1999); Fertimex (1977-1992); Banrural (1975.2003); Inmecafé (1958-1989), Conafrut (1979-1999). En 1977, Coplamar; En 1980, el Sistema Alimentario Mexicano (SAM); en 1983, el Programa Nacional Alimentario (Pronal); en 1983, el Programa Nacional de Desarrollo Rural Integral (Pronadri).
“Todos estos esfuerzos fueron tirados a la basura, con la premisa que la iniciativa privada y el libre mercado corregirían estos problemas, dejando así la intervención del estado reducida a paliativos o dádivas para convertir a grandes estratos de la población en pordioseros o pedigüeños”, considera el presidente de la Comisión de Autosuficiencia Alimentaria del Senado de la República, Isidro Pedraza Chávez.
En entrevista, el legislador señala que el gobierno adoptó un modelo paternalista, politizado en el que el combate a la desnutrición se vio como asistencialismo social, dando limosnas y dádivas, con el regalo de despensas, sin un programa de atención integral al desarrollo de la niñez, del campo y la salud.
Eso condujo a que el 41.6 por ciento de los hogares mexicanos estén en inseguridad alimentaria. En zonas rurales se eleva a 80.6 por ciento, en contraste con las zonas urbanas que presentan 66.8 por ciento.
Pedraza Chávez enfatiza que el gobierno sigue buscando cómo resolver el fracaso alimentario en el país, a 100 años de que se han acumulado generaciones inmersas en este problema estructural, con una población con problemas de desnutrición crónica, malos hábitos alimenticios, creciente pobreza económica, física, intelectual y anímica.
En contraste, dice, hoy el 60 por ciento del alimento que se produce se va al relleno sanitario, sin que llegue a la mesa de los consumidores, por insalubridad, mal manejo sanitario y la poca vigilancia de salubridad en la venta al público de productos preparados o en fresco, lo que representa un grave problema de salud para la población y un alto costo a las instituciones de salud por enfermedades gastrointestinales. Tan sólo en la última década fallecieron más de 80 mil personas a causa de la desnutrición, acota.
De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación (FAO), la seguridad alimentaria de un país existe cuando todas las personas tienen, en todo momento, acceso físico, social y económico a alimentos suficientes, inocuos y nutritivos que satisfacen sus necesidades energéticas diarias y preferencias alimentarias para llevar una vida activa y sana.
Al respecto, el capitán de fragata de la Armada de México Alejandro Acosta refiere las cuatro dimensiones que la FAO estipula para que un país cuente con seguridad alimentaria: la disponibilidad física de los alimentos; el acceso económico a los alimentos; la utilización de los alimentos; y la estabilidad en el tiempo de los tres rubros anteriores.
Explica que la disponibilidad física de los alimentos depende de la oferta, el nivel de producción y el comercio neto, con base en los alimentos básicos que consume la población (maíz, frijol, trigo, arroz, soya, huevo, leche, etcétera), cuya producción está condicionada por factores geográficos, medioambientales, sociales, económicos y políticos, para que la población pueda tener acceso a ellos.
Si bien México cuenta con 1 mil 900 millones de kilómetros cuadrados (km2); 5 mil 127 km2 de superficie insular y 3 millones 100 mil km2 de Zona Económica Exclusiva, la principal fuente de producción de alimentos está en el campo, donde las zonas áridas, semiáridas y subhúmedas secas ocupan el 53.94 por ciento del país y la disponibilidad de agua en el 61 por ciento del territorio es marginal en todo el año. La poca productividad de las unidades agrícolas obedece a que la mayoría de corresponden a minifundios con una capacidad agrícola pobre, con acceso al crédito escaso.
“Estas cifras explican el enorme impacto de los factores climáticos sobre la actividad agrícola ya que el 82 por ciento de la agricultura es de temporal y solo el 18 por ciento cuenta con disponibilidad de aguas de riego. Se estima que, de todo el territorio nacional, un poco más del 12.0 por ciento es apto para la agricultura (24.5 millones de hectáreas)”, resalta.
La degradación del medio ambiente alcanza el 67.7 por ciento de los suelos agropecuarios con potencial productivo al que ha contribuido el anárquico desarrollo urbano, así como la sobre explotación del agua, bosques y el petróleo que generan un costo del 5.7 por ciento del PIB.
El cambio climático genera un fuerte impacto en la producción de alimentos, ya que una gran parte de la agricultura nacional es de temporal y las sequias e inundaciones dañan a la ganadería disminuyendo las áreas de pastizales, incrementando la muerte del ganado por falta de alimento y agua.
Alejandro Acosta considera que la apertura del sector agropecuario al Tratado de Libre Comercio (TLC) tuvo un efecto muy negativo en la mayoría de los pequeños productores que no estaban en condiciones de competir con los productores internacionales de alimentos. Antes del TLC, México llegó a tener la balanza a su favor con un superávit de 62.9 millones de dólares (gráfica 1).
La tendencia del saldo anual en la balanza comercial agropecuaria desde la entrada en vigor el TLC, ha sido negativa para México. Tan sólo en los años 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014, se registró un crecimiento deficitario en millones de dólares de 1 mil 234.6; 2 mil 831.5; 2 mil 317.1; 1 mil 106.3; y 194.4, respectivamente.
Asimismo, aunque el reporte de la balanza comercial agropecuaria del Banco de México señala que en el 2015 se tuvo saldo positivo de 1 millón 729 mil 677 (miles de dólares) y en el 2016 se tuvo un superávit de enero a octubre de 2 millones 338 mil 922 (miles de dólares), es importante señalar que se incluyen pescados, crustáceos y moluscos, a los que no tiene acceso la mayoría de la población.
Pero lo importante, dice, es tomar en cuenta que los que se importa corresponde a productos básicos para la alimentación como maíz, trigo, arroz, frijol, semilla de soya, cereales, semillas para siembra, huevo, leche y sus derivados, ganado vacuno, pescados, crustáceos, moluscos y algunos frutos.
“La mayoría de estos productos están comprendidos en la canasta alimentaria tanto rural como urbana, por lo que resulta preocupante que, aunque se tenga recientemente un saldo favorable en la balanza agropecuaria, México sigue siendo dependiente de las importaciones desde la década de los 70”, añade.
Otro aspecto de la disponibilidad física de los alimentos, dice, es la cadena alimentaria desde su producción hasta el consumidor. Según el Programa Nacional México sin Hambre 2014-2018, se estima que la producción potencial agrícola nacional es de 249 millones de toneladas (131 millones para consumo humano y 118 millones para consumo animal, ornamental o industrial).
Sin embargo, destaca que las mermas y pérdidas que se generan a lo largo de la cadena alimentaria, del orden de 40 millones de toneladas, representan el 31 por ciento del volumen potencial total de la producción agroalimentaria nacional y se ven reflejadas en los precios que paga el consumidor ya que el costo final de los alimentos es tres veces mayor.
En el caso de la carne se han fortalecido las cadenas de comercialización a través de tiendas de autoservicio y se ha apoyado la producción para la exportación, con políticas que descuidan la su comercialización local y regional y en la competencia comercial, el pequeño comerciante detallista está en desventaja con las grandes cadenas de supermercados. La carne de bovino es la de mayor precio en el mercado nacional, pero queda fuera del alcance de la población de escasos ingresos.
La pesca también está en una situación crítica debido a la sobreexplotación de recursos, la pesca furtiva en periodos de veda, el aumento de la población que vive de la pesca, problemas por derechos de propiedad pesquera, pero sobre todo la falta de ordenamiento de este sector y carecer de una cadena comercializadora eficiente que permita hacer llegar al consumidor los productos del mar a precios razonables, y evitar intermediarios y acaparadores que especulan con los alimentos.
En la productividad de las actividades agrícolas como porcentaje del PIB Nacional se observa una fuerte disminución, ya que de 1965 a 2006 pasó de 13 mil 742 por ciento a 3 mil 195 por ciento, con una ligera recuperación en 2015 al llegar a 3 mil 607 por ciento, de acuerdo con el informe del Banco Mundial de 2016.
Esto da una idea de cómo la agricultura se ha mantenido muy por debajo del ritmo de desarrollo económico nacional y es un reflejo de las condiciones de atraso y abandono de esta importante actividad durante décadas.
El problema de la seguridad alimentaria no se resuelve con lograr una producción de alimentos en cantidades suficientes, sino que la población esté en posibilidades económicas para poderlos adquirir, ya que la situación agropecuaria del país presenta un cuadro muy negativo, de abandono y deterioro del sector desde la década de los 40, que han dado como resultado la pérdida de la seguridad alimentaria en México, advierte Alejandro Acosta.
La pobreza tiene que ver directamente con el acceso económico y físico a los alimentos, como lo muestran estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Coneval y Consejo Nacional de Población, que señalan que existen entidades donde los índices de pobreza y marginación son mayores que el promedio nacional –Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Michoacán, Tlaxcala, Veracruz–, donde más de la mitad de la población está en situación de pobreza.
Según el Coneval, en 2015 había 28 millones (23.4 por ciento de la población) con carencia por acceso a la alimentación. Los grupos por edad, con mayores índices de pobreza y pobreza extrema son los menores de 18 años (42.3 por ciento y 11.5 por ciento respectivamente) y los mayores de 65 años (37.4 por ciento y 8.5 por ciento). Sin embargo, es notoria la vulnerabilidad y atraso de la población indígena y campesina; se tiene 73.2 por ciento de población indígena en estado de pobreza (41.4 por ciento pobreza moderada y 31.8 por ciento pobreza extrema), de un total de 8.7 millones de indígenas. En el medio rural el 61.1 por ciento de la población es pobre (17 millones).
Las condiciones crónicas de pobreza y marginación, provocan la transmisión intergeneracional de desnutrición, lo cual incide en la disminución en las capacidades (funcional y de trabajo), afectación en el desarrollo mental e intelectual, disminución en el crecimiento físico y la productividad del individuo (social e individual). Las personas en estas condiciones son más vulnerables a enfermedades infecciosas, parasitarias y no trasmisibles, y tienen mayor vulnerabilidad a desastres.
La Encuesta de nutrición del Instituto Nacional de Salud Pública (Ensanut) del 2012 evidenció la inequidad de la nutrición en el país entre la población urbana y rural, así como en las categorías de bienestar y dietas deficientes sobre todo en niños y mujeres.
También mostró que: La desnutrición aguda provoca emaciación o peso inferior al que corresponde a la estatura, es un importante indicador de la mortalidad entre los niños menores de cinco años y suele ser el resultado de la escasez aguda de alimentos y/o de las enfermedades.
“La proporción de hogares con percepción de seguridad alimentaria en el ámbito nacional fue de 30 por ciento mientras que 70 por ciento se clasificaron en alguna de las tres categorías de inseguridad alimentaria: 41.6 por ciento en inseguridad leve, 17.7 por ciento en inseguridad moderada y 10.5 por ciento en inseguridad severa”, de acuerdo con el informe 2012 del Instituto Nacional de Salud Pública.
Las estimaciones realizadas en dicha encuesta nacional, Explica el especialista del IIEAM, consideran que 20 millones 369 mil 650 hogares se encuentran en alguna categoría de inseguridad alimentaria. En el medio rural, donde las condiciones socioeconómicas son más precarias, se estima que 80.8 por ciento de los hogares están clasificados en algún nivel de inseguridad alimentaria: 45.2 por ciento en leve, 22.4 por ciento en moderada y 13 por ciento en severa.
En hogares urbanos la prevalencia es menor estimándose en un 67 por ciento (inseguridad leve 40.6 por ciento; moderada 16.5 por ciento y severa 9.7 por ciento). Si bien a nivel nacional se calcula que el mayor porcentaje de hogares (41.6 por ciento), se encuentra en inseguridad alimentaria leve, el mayor problema está en que el 28.2 por ciento se encuentra en inseguridad moderada y severa.
En posteriores encuestas se detectó un incremento notable en el sobrepeso y obesidad de la población en todos los grupos de edad y niveles socioeconómicos (producto de una inadecuada alimentación), que conlleva a otros problemas de salud como la diabetes y problemas cardiovasculares.
Los porcentajes más altos a nivel regional de inseguridad alimentaria corresponden a las entidades con mayores niveles de pobreza. Además un importante porcentaje de la población, aunque no está clasificada en el rango de pobreza, se encuentra en condiciones de vulnerabilidad, ya sea por algún tipo de carencia social (26.3 por ciento) o por ingreso (7.1 por ciento), según estimaciones de 2015 del Coneval.
“El grado de debilidad de la estructura socioeconómica, hace que cada vez que la economía nacional se ve afectada negativamente por la crisis, la desaceleración de la economía provoca el cierre de empresas, el recorte de personal en otras, la disminución en la inversión productiva, el incremento de la inflación y los precios al consumidor. Todo ello se traduce en mayor desempleo, crecimiento de la economía informal y de los índices de pobreza que al final de cuentas repercute en las posibilidades de acceso a la alimentación de muchos mexicanos”, enfatiza.
Señala que el poder adquisitivo del salario mínimo en 25 años disminuyó en 78.66 por ciento, según el informe del Coneval 2014), el cual especifica que el valor mensual por persona de la canasta alimentaria rural pasó de 395.16 pesos en el 2000 a 963.17 pesos en 2016, lo que representa un incremento de 143.74 por ciento. Por su parte, el mismo concepto de la canasta alimentaria urbana pasó de 568.88 pesos en el 2000 a 1346.46 pesos en el 2016, es decir, un incremento de 136.68 por ciento.
“Eso significa que el incremento de los salarios siempre está muy por debajo de los incrementos en los precios de los productos, por lo que está claro que a muchas familias mexicanas les ha sido más difícil cada día tener acceso a una alimentación adecuada. El no tener un desarrollo sostenible que disminuya los graves rezagos sociales, genera un círculo vicioso y pernicioso donde el hambre y la pobreza se transmiten de una a otra generación”, argumenta Alejandro Aosta Acosta.
La tercera dimensión de la FAO para la seguridad alimentaria, se refiere a la forma en la que el cuerpo aprovecha los diversos nutrientes presentes en los alimentos. El ingerir energía y nutrientes suficientes es el resultado de buenas prácticas de salud y alimentación, la diversidad de la dieta, está influenciada por factores relacionados con las condiciones de vida, el ingreso familiar y aspectos culturales, que marcan patrones de consumo.
En zonas rurales extremadamente pobres, predomina el auto consumo, por lo general el campesino come los pocos productos que el mismo produce y los complementa en ocasiones con algún producto adicional. Comen tortillas de maíz, frijoles, chile, nopales, carne en forma esporádica y el consumo de leche es escaso o nulo al igual que sus derivados. En el medio urbano la alimentación en los estratos pobres esta igualmente compuesta en un mayor porcentaje de productos de origen vegetal, algunas pastas, refrescos, huevo, así como poco consumo de carnes, leche y derivados.
Un aspecto que resalta es que el cambio de hábitos alimenticios por la comercialización de productos industrializados (comida chatarra) y la proliferación de negocios de comida rápida, ha resultado en el incremento de una alimentación inadecuada que trajo consigo problemas como sobrepeso, obesidad y desnutrición.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012, la prevalencia de sobrepeso y obesidad en población infantil menor de 5 años, se incrementó en el periodo de 1988 a 2012, pasando de 7.8 por ciento a 9.7 por ciento; en la población infantil en edad escolar de 5 a 11 años la prevalencia de sobrepeso y obesidad en el 2012 fue de 34.4 por ciento (19.8 y 14.6 por ciento, respectivamente), siendo mayor en los niños respecto a las niñas. Los adolescentes de entre 12 y 19 años, presentan sobrepeso u obesidad en un 35 por ciento, siendo mayor la prevalencia en las mujeres.
Respecto a los adultos, según el Instituto Nacional de Salud Pública, las prevalencias de sobrepeso y obesidad varían dependiendo de los grupos de edad, sin embargo, el total de la prevalencia combinada para hombres es de 69.4 por ciento (42.6 por ciento sobrepeso y 26.8 por ciento obesidad), por su parte las mujeres tienen una prevalencia combinada de 73 por ciento (35.5 por ciento sobrepeso y 37.5 por ciento obesidad) (ver gráfica 5).
Los problemas de sobrepeso y obesidad tienen un impacto significativo en la salud especialmente en enfermedades o problemas cardiovasculares (hipertensión, insuficiencia cardiaca, arteriopatías periféricas, trombosis, accidentes vasculares cerebrales, cardiopatías coronarias, infartos, etcétera) y diabetes mellitus.
Otros problemas alimentarios que han tenido incremento sobre todo en adolescentes y cuya causa puede implicar diversos factores (psicológicos, sociales, culturales y familiares), son la bulimia y la anorexia. Se estima que el 90 por ciento de las personas que padecen estos trastornos son mujeres y que cada año se presentan 20 mil casos en adolescentes. Este tipo de trastornos alimentarios aumentaron 300 por ciento en México durante los últimos 20 años, según datos de 2016 de la Cámara de Diputados.
Finalmente, dice el experto del IIEAM Alejandro Acosta Acosta, la cuarta dimensión cae por su propio peso, pues está condicionada al cumplimiento de las otras dimensiones.
Al no haber condiciones para que se cubran las tres dimensiones de la alimentación que establece la FAO, se puede concluir que la seguridad alimentaria en México no se cumple y afecta no solo a los sectores más pobres y vulnerables de la población, sino que podría afectar también la seguridad nacional, ya que actualmente es imposible garantizar el acceso permanente y regular a los alimentos a varios millones de mexicanos”.
José Réyez
[INVESTIGACIÓN SOCIEDAD]
Contralínea 534 / del 10 al 16 de Abril 2017
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