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La Secretaría de Obras del gobierno de Morelos adjudicó, sin licitación de por medio, 601 contratos por más de 3 mil 50 millones de pesos entre 2013 y 2015. De ésos, cinco acapararon el 51.2 por ciento del multimillonario monto total, es decir 1 mil 564 millones 550 mil pesos.
De acuerdo con datos oficiales de la dependencia, en el primer año de gobierno del perredista Graco Ramírez –2013– se asignaron 213 contratos directos, por 1 mil 664 millones 436 mil 713 pesos; en 2014, 247, por 908 millones 173 mil 787; y en 2015, 141, por 477 millones 647 mil 305 pesos.
El total, que supera los 3 mil millones, significa 36.6 veces el presupuesto 2016 que le fue asignado al municipio de Tetela del Volcán (cuyos recursos para este año apenas alcanzan los 83 millones 334 mil 630 pesos), considerado el más pobre en el estado de Morelos.
En entrevista, Gerardo Becerra Chávez Hita, vocero de la Coordinadora Morelense de Movimientos Ciudadanos, señala que “la gran mayoría de las empresas a las que se les asigna directamente son las empresas consentidas del gobernador”.
Agrega: “Todo lo que tiene que ver con las obras públicas, el 99 por ciento, te lo digo con mucha responsabilidad, son asignadas directamente”.
El más costoso de los contratos directos asignado por la Secretaría de Obras de Morelos es el de la construcción del C-5 (Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo) en la localidad de Palo Escrito, municipio de Emiliano Zapata, por 588 millones 401 mil 692 pesos.
Firmado el 4 de octubre de 2013, dicho contrato directo benefició a la sociedad formada por Sixsigma Networks México e Itrio Arquitectos. Esta última empresa es una de las consentidas del gobierno de Graco Ramírez.
Y es que para Itrio Arquitectos, el gobierno de Morelos ha sido una mina de oro: con esta compañía también se pactó la tercera de las cinco contrataciones más caras. Se trata de la obra complementaria al C5: Proyecto de Infraestructura en Seguridad-Instalación y Puesta en Funcionamiento de ese centro de control. Este contrato se firmó el 11 de noviembre de 2014 y tuvo un costo para el erario de 296 millones 513 mil 877 pesos.
Los dos contratos que favorecieron a Itrio suman 884 millones 915 mil 569 pesos, que representan el 29 por ciento del valor total de las 601 contrataciones sin licitar.
Itrio Arquitectos está vinculada al diputado federal por el partido Encuentro Social, Alejandro González Murillo, quien además de ser sobrino del exprocurador Jesús Murillo Karam es director general de la empresa, consta en su ficha curricular.
El contrato para la construcción del estadio de futbol Agustín “Coruco” Díaz, en Zacatepec, es el segundo más oneroso que la Secretaría de Obras adjudicó sin licitar entre 2013 y 2015. Éste comprometió recursos públicos por 486 millones 801 mil 803 pesos, consta en los archivos de la propia dependencia.
De acuerdo con la versión pública del contrato SOP-SSES-DGN-A-D-080/2013, éste se asignó en forma directa a las empresas AYPP Constructores en asociación con Grupo Constructor SEPSA, porque éstas cuentan con una patente con número de invención 190644. En la página de internet de SEPSA se lee que dicha patente tiene que ver con la conexión entre trabes y columnas que esa compañía prefabrica para las edificaciones.
Para el vocero de la Coordinadora Morelense de Movimientos Ciudadanos, esto es sólo un pretexto para beneficiar a ambas empresas. El activista critica que la decisión de asignar directamente el contrato sea una patente, pues –indica– grandes empresas, como ICA y Carso, no cuentan con ella pero son altamente capaces de construir un estadio.
Desde septiembre de 2014, la construcción de este estadio ha sido motivo de escándalo en Morelos, por presuntamente beneficiar a parientes del gobernador. Ello, sin embargo, no se ha podido probar.
No obstante, el caso ya llegó al Congreso local. Por la supuesta distracción de recursos de un crédito productivo a la construcción del estadio de futbol “Coruco”, en enero pasado la Coordinadora Morelense de Movimientos Ciudadanos presentó una solicitud de juicio político en el Legislativo estatal y una denuncia ante la Procuraduría General de la República, ambas en contra del gobernador Graco Ramírez.
Sobre este tema, Gerardo Becerra Chávez Hita comenta: “No existe aparentemente la voluntad de iniciarle el juicio político al gobernador del estado. Nosotros estamos fincando más nuestras esperanzas en que sea la propia Procuraduría General de la República la que finalmente, después de agotar todas las pruebas que nosotros le hemos venido entregando, se dé a la tarea de consignar la averiguación ante un juez federal”.
Agrega que “hay una ley, que es la ley de deuda pública, que te obliga claramente a aplicar el crédito en actividades productivas y que no pagues gasto corriente. Entonces el gobernador está en un verdadero problema, está en un problema muy grave porque no tiene manera de salirse: el gobernador utilizó el dinero para otro fin [la construcción del estadio de futbol] y además utilizó el dinero para pagar deudas anteriores a su sexenio…”.
Para la empresa AYPP, el contrato directo para la construcción del estadio de futbol no es el único. El 14 de noviembre de 2013 fue favorecida con una segunda adjudicación directa, para los trabajos complementarios para la construcción de obra exterior para la torre de laboratorio de física, biología y química de la Universidad Autónoma de Morelos, ubicada en el municipio de Cuernavaca, por 498 mil 868 pesos.
La cuarta adjudicación directa más onerosa es la relativa a la construcción del cuartel para la policía acreditable en Alpuyeca, municipio de Xochitepec, por 108 millones 708 mil 412 pesos. Ésta benefició a Desarrolladora M, en marzo de 2013.
Dicha empresa –que es propiedad de los hermanos Joaquín y Ricardo Martínez del Campo– también figura como una de las favoritas del gobierno de Graco Ramírez: además de este contrato, la Secretaría de Obras le asignó en forma directa otros tres.
El primero de ellos se firmó el 8 de marzo de 2013 para la construcción del cuartel para la policía en Tres Marías, Huitzilac, con un costo de 29 millones 374 mil pesos.
El segundo, para la construcción del cuartel en Tepalcingo, adjudicado el 22 de noviembre de ese mismo año, por 53 millones 250 mil pesos. Y el tercero, también asignado ese día, para la construcción del cuartel en Totolapan, por 40 millones 435 mil 686 pesos.
Los cuatro contratos directos con los que el gobierno perredista de Morelos favoreció a Desarrolladora M sumaron 231 millones 768 mil pesos. Esta cifra representa el 7.5 por ciento de los 3 mil 50 millones de pesos destinados a los 601 contratos directos.
La quinta adjudicación más costosa fue para Construcciones Betancourt. A ésta se le encargó edificar la Fiscalía General del Estado de Morelos, Dirección General de Servicios Periciales Primera Etapa, en Temixco. El costo de la obra se tasó en 84 millones 125 mil 104 pesos.
En todos los casos, la Secretaría de Obras argumentó que los criterios para adjudicar las construcciones fueron los de “economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez, que aseguran las mejores condiciones para el estado, aceptándose como técnicas y económicamente solventes”.
No obstante, el Reglamento de la Ley Sobre Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Poder Ejecutivo de Morelos establece que para adjudicar en forma directa un contrato se tienen que definir, previo al inicio del procedimiento de contratación, las justificaciones de que no existen sustitutos razonables o alternativos de los bienes y servicios requeridos.
Los 601 contratos directos beneficiaron, en total, a 237 empresas y personas. Además de las que recibieron los contratos más caros, destacan las que se contrataron recurrentemente, como Comercializadora y Edificadora Ezry, a la que le adjudicaron 17 contratos sin licitación.
Con igual número de contrataciones directas está KCE Construcciones. En la lista de las recurrentes también aparece Grupo Ferdu, con 14 adjudicaciones directas; Tree Arq, con 13; Ka Inmobiliaria, con 12; Sistemas Constructivos de Guerrero, con 12; KBL Proyectos, Construcciones y Servicios, con 10.
Además, con ocho contratos cada una figuran Construcciones y Supervisiones Urbanas Nueva Alternativa; Novoart Construcciones; y Obras Especializadas de Infraestructura.
Central de Construcciones e Impermeabilizaciones obtuvo siete adjudicaciones directas, mientras que las compañías Construcciones Sotavento; Constructora y Comercializadora Texcal; Constructora Zertru; Daen; Daretsa Construcciones; Estructuras y Construcciones Electromecánicas Figueroa; Industrias Vicaar; Postes y Equipo Eléctrico de Morelos; Ritesa Construcciones; y Rodríguez Sotelo Ingenieros Constructores, obtuvieron seis contratos directos cada una.
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Respecto de las personas físicas beneficiadas por las adjudicaciones sin licitar destacan Juan David Villalva Calderón, con 13; Abilene Valencia Sandoval, con 10; Sergio Ocampo Navarro, con ocho; Jaime Olivar Mejía, Mildred Lizzet Aguilar Hernández y Raúl Sandoval García, con seis cada uno.
Gerardo Becerra Chávez Hita observa que en la entidad no se está haciendo un gasto eficiente: “El artículo 8 de la Constitución de Morelos dice que en situaciones similares tú tienes que optar por una empresa, un empresario o una persona morelense, y ellos no lo han cumplido, como número uno. Como número dos, todas las licitaciones que hacen están amañadas; por eso la gran mayoría llega a asignaciones directas: una porque las declaren desiertas, u otra argumentando artilugios como el artículo 39 A y B de la Ley de Deuda Pública diciendo que las trabes o alguna otra cosa solamente las puede fabricar una empresa en especial”.
Para la elaboración de este trabajo se solicitó entrevista con la secretaria de Obras de Morelos, Patricia Izquierdo, a través de Ricardo Díaz, encargado del área de comunicación social, sin que se haya recibido respuesta.
Nancy Flores, @nancy_contra
[BLOQUE: INVSESTIGACIÓN][SECCIÓN: RENDICIÓN DE CUENTAS]
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