En el análisis La Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación y la disidencia magisterial –elaborado por Alán Ruiz Moreno, capitán– se señala que desde “la rebelión” en contra de la reforma educativa, en abril de 2013, el conflicto magisterial se mantiene en la agenda institucional de riesgos y podría desbordar el proceso electoral de 2018.
“El riesgo es mayor si se considera que la CNTE [Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación] cuenta con el apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional [EZLN], que en mayo de 2016, en un comunicado de los subcomandantes insurgentes Moisés y Galeano, respaldaron el movimiento magisterial; que Andrés Manuel López Obrador subrayó que Morena [Movimiento Regeneración Nacional] apoya a los maestros; y que el PRD [Partido de la Revolución Democrática] en la Cámara de Diputados acordó elaborar una iniciativa ciudadana para reformar las leyes secundarias de la reforma educativa” (sic), indica.
En su análisis, publicado por el Centro de Estudios Estratégicos, Ruiz Moreno asegura que el conflicto magisterial se desarrolla con la renovada existencia del Ejército Popular Revolucionario (EPR) en los estados de Guerrero y Oaxaca, la región más marginada del territorio nacional y asentamiento de grupos guerrilleros, bastiones de la CNTE, principal protagonista del conflicto.
Según Ruiz Moreno, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) ha registrado casos de “vinculación” de la CNTE con el EPR: el 22 de mayo de 2013 cuando fueron detenidos dos profesores de la Sección 22, Leonel Manzano Sosa y Lauro Atilano Grijalva Villalobos, así como los simpatizantes de la Coordinadora Mario Olivera Osorio (quien obtuvo su libertad el 21 de abril de 2017), Sara Altamirano Ramos y Damián Gallardo Martínez, acusados del secuestro de familiares del empresario Juan José Álvarez Candiani.
Agrega que al momento de su detención se les aseguraron 748 mil pesos, así como propaganda del EPR y fueron “plenamente identificados” por las víctimas, según las conclusiones de la investigación que realizó la Subprocuraduría Especializada en Investigaciones de Delincuencia Organizada (SEIDO), la cual “determinó que la banda de secuestradores estaba vinculada al Ejército Popular Revolucionario”.
Asegura asimismo que, en 2016, mediante trabajo de inteligencia del Cisen a través del seguimiento de 60 líderes de la sección 22 de la CNTE, se vinculó al EPR a los profesores José María Cruz Celaya, secretario de Orientación Política e Ideológica; Octavio Herrera Camilo, secretario de Actas y Acuerdos; Víctor Manuel Agustín Reyes, coordinador de la región de la Mixteca y Jorge Guzmán Ibarra, exdelegado sindical en el sector Puerto Escondido.
También el profesor Othón Nazariega Segura fue identificado como jefe de seguridad de la sección 22 de la CNTE e integrante de Los Pozoleros o Bloque Negro, considerado como el ala más radical de la Coordinadora, y a quien se le relaciona con la quema de material electoral; Efraín Picazo Pérez, a quien se le vincula con la participación de la toma y bloqueo de gasolineras, casetas de peaje y edificios del INE, así como el cobro a comerciantes ambulantes.
Otro dato, dice Ruiz Moreno, es el testimonio de Jefte Méndez Hernández, líder zapoteca del Partido Nueva Alianza (Panal) en Oaxaca, quien dijo que desde 2006 se hizo visible la alianza CNTE-EPR, luego de una serie de plagios y asesinatos en Oaxaca. Aseguró que el presunto “secuestrador” Rafael Rodríguez Vicente, exlíder del Frente Amplio de Comunidades Marginadas de Oaxaca y del Frente Único de Lucha, fue liberado en 1998 por negociaciones de la CNTE.
Ruiz Moreno dice que la radicalización de la CNTE y “sus vínculos [sic] con el EPR” la hacen partícipe en la Agenda Institucional de Riesgos del Cisen desde 2003, “por lo que esta organización debe ser considerada como un riesgo a la seguridad nacional”.
Acerca de estos señalamientos, el maestro Lev Velázquez, integrante de la Coordinadora, dice: “La CNTE pone en riesgo al sistema, claro que sí, pero no por su vinculación con la guerrilla, sino porque ha sido un obstáculo para la vialidad de la reforma educativa del gobierno federal y para el partido gobernante rumbo al proceso electoral de 2018”.
La tesis del analista está totalmente desproporcionada respecto de cómo se organizan y con quién se vinculan los movimientos sociales en México, añade Velázquez.
Advierte que se trata de vincular a la Coordinadora con movimientos clandestinos porque es una manera de criminalizar a los militantes del movimiento magisterial pacífico, acusarlos de que atentan contra el Estado y el capital para justificar la forma de encarcelarlos.
Lev Velázquez no condena las formas de lucha que adopte cada organización o grupo del país, pero señala que no es política de la Coordinadora aliarse con los grupos armados. “La CNTE es un movimiento de la calle, pacífico, de masas, de marchas, de tomas de edificios, de organización pedagógica, no de tomar las armas”.
Precisa que no hay ningún elemento que vincule al magisterio democrático con el EPR ni con el EZLN, ya que los organismos colectivos de decisión de la CNTE no han tenido ningún pronunciamiento en ese sentido, salvo por razones de solidaridad de clase o de desaparecidos o de represión contra miembros de esas organizaciones armadas.
Por su parte, Javier Vidal Díaz, coordinador de Apoyo de la Sección 7 de la Coordinadora en Chiapas, dice que afirmar que la CNTE tiene un acercamiento con alguna organización armada es un contrasentido. “Desde luego, seguimos siendo insurrectos, pero desde el punto de vista institucional”.
Si la Coordinadora tuviera un brazo armado, la respuesta hubiera sido en el mismo sentido cuando han habido agresiones armadas en contra del magisterio democrático. Así está de claro, enfatiza el líder magisterial.
Agrega que los organismos de inteligencia del gobierno construyen hipótesis de la relación de la CNTE con grupos armados para justificar la represión, igual que algunos medios de comunicación que reproducen información de agencias de seguridad del Estado y crean corrientes de opinión para introducir en el tejido social esa idea, pero carecen de argumentos sólidos que lo demuestren.
Desde la fundación de la CNTE, dice, ha habido algunas tendencias que se han radicalizado (y aun antes con los procesos guerrilleros de Lucio Cabañas y Genaro Vázquez), sin embargo la Coordinadora no busca ningún vínculo con alguna organización armada, con la reserva de que algunos profesores pudieran tener algunos puntos de coincidencia con la guerrilla.
Vidal Díaz establece que asegurar que la CNTE tiene vínculos con grupos armados es una aseveración grave que tendría que poner en alerta no sólo al magisterio, sino a las organizaciones sociales del país, porque el gobierno pretende justificar, ante el proceso electoral de 2018, la desarticulación de cualquier grupo que pudiera representar un obstáculo para perpetuar el actual sistema político nacional.
Explica que en los 25 estados donde tiene presencia la coordinadora confluyen diversas tendencias políticas en su seno, desde las más conservadoras hasta las extremadamente contrarias al gobierno; sin embargo, aclara que los principios dejan patente que entre los miembros de la CNTE no hay uno solo que tenga que ver con la lucha armada, sino con la lucha por la democratización del país, de la educación y del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).
En ese sentido, argumenta que la vía política, la negociación, los planes de acción que establecen los principios de la CNTE, siempre son en torno a buscar el acercamiento con el gobierno, por lo que, “aunque somos una tendencia al interior del SNTE nos seguimos manteniendo desde un punto insurrecto, pero dentro del cauce institucional”.
El objetivo es claro: “buscamos que no haya despidos masivos, que la evaluación no tenga un tinte punitivo, de tal suerte que las tesis que desde los organismos de seguridad nacional pudieran existir dándole un tinte armado revolucionario a la CNTE, su objetivo primordial es justificar la represión a las movilizaciones magisteriales como se ha visto en años anteriores”.
Alán Ruiz Moreno subraya en su análisis que los partidos políticos de izquierda, “sobre todo Morena de Andrés Manuel López Obrador que busca capital social”, aprovecharán la disidencia magisterial para las próximas elecciones federales. “Los partidos políticos de izquierda, Morena y el PRD apoyan a la Coordinadora, lo cual se podría traducir como medidas políticas con miras a las próximas elecciones presidenciales en 2018”, apunta.
Por su parte, Javier Vidal considera que las preferencias por Morena se han ido incrementando no sólo entre los maestros, sino entre la población, pero el magisterio se ha reservado su participación directa porque es un contrasentido a sus principios aliarse con alguna opción partidista. “Es cierto hay un coqueteo de algunos miembros de la CNTE, peso eso no significa que como organización se defina por ese partido”.
Respecto a una posible alianza con algún partido político con miras al proceso electoral del 2018, Lev Velázquez dice que cada región de la coordinadora lo definirá de manera autónoma e independiente como lo establecen los principios básicos de la CNTE, aunque de manera coyuntural ha hecho algunos pactos donde ha arreciado la derecha y la represión, porque se ha decidido que es mejor tratar con un gobierno de izquierda que con uno de la extrema derecha.
Es decir, dependerá de las coyunturas que se presenten en cada región del país, pero no será por consenso nacional decidirse por una alianza con algún partido progresista, incluso repetir el bloqueo al proceso electoral va a ser muy difícil debido a la experiencia de las elecciones de 2016 porque los electores se fueron con la derecha en algunos estados.
Aunque se percibe una mayor simpatía por los partidos de izquierda, incluido Morena, no hay una tendencia homogénea en la CNTE que se defina por los partidos progresistas, las posiciones son muy complejas, reconoce.
Respecto al pliego petitorio, Lev Velázquez afirma que siguen vigentes los puntos que contiene, salvo que en mayo del 2017 se insistió en la Secretaría de Gobernación revertir la reforma educativa, reinstalar a los más de 700 profesores cesados, saldar los descuentos salariales y generar una ruta de discusión para una verdadera reforma pedagógica educativa, demandas que forman parte de la agenda nacional de la Coordinadora.
La CNTE demanda en su pliego petitorio que sean presentados con vida los 43 normalistas de Ayotzinapa; abrogar la reforma educativa; formalizar la comunicación CNTE-gobierno; plazas de base para todos los trabajadores de la educación; constituir un nuevo modelo educativo; contar con representantes sindicales; destinar el 12 por ciento del producto interno bruto a la educación; incrementar la matrícula; asignar de manera automática plazas a los egresados de las normales públicas; detener la represión; concretar un aumento salarial del ciento por ciento; destinar mayor presupuesto a la seguridad social, y que sean respondidas las demandas de amparo.
En su análisis, Alán Ruiz Moreno se refiere al pliego petitorio de la Coordinadora: significa “el centro de gravedad del conflicto magisterial, el control laboral magisterial mediante el sindicalismo con fines de poder, que ha desembocado en un sistema educativo mexicano de baja calidad”.
Es decir, argumenta Ruiz Moreno, pese a la liberación de los entonces líderes Rubén Núñez y Francisco Villalobos, en agosto de 2016, así como el pago a profesores “faltistas” en septiembre de ese año, “la Coordinadora no cede en sus peticiones, y muy posiblemente su interpretación política es la de ir ganando el conflicto, incrementando su confianza y el número de seguidores, por lo que radicalizará sus movilizaciones en lo que resta del sexenio”.
El capitán Alán Ruiz Moreno considera que la tendencia del conflicto magisterial perfila una clara pérdida de apoyo social para la CNTE en lo que resta del sexenio y pronostica que habrá una mayor intervención de los padres de familia para evitar la toma de escuelas, mientras que la iniciativa privada “tomará medidas” para neutralizar el conflicto.
Al respecto, Lev Velázquez considera que, por el contrario, la Coordinadora va ganando al gobierno en la lucha por el consenso de una verdadera reforma educativa, lo cual se demuestra, por ejemplo, con los resultados de las empresa Parametría, que mide el nivel de gobernabilidad del Estado y el gobierno.
La empresa afirma que en México se ha perdido la gobernabilidad de manera estrepitosa y que el sentir de la gente con respecto de la Coordinadora es que tiene un gran reconocimiento social y de aceptación frente a la crisis de autoridad que vive el país.
Incluso, dice, el ciclo escolar 2016-2017, la Coordinadora ha mejorado su relación con la comunidades y se prepara para reanudar las movilizaciones contra la reforma educativa en junio, cuando los padres de familia y la sociedad “se volcarán con la CNTE, no necesariamente en las marchas y bloqueos sino apoyándonos en la calle, con acciones de solidaridad”.
La empresa consultora Parametría, en su carta paramétrica No ven cambios en la Reforma Educativa, señala que ha indagado desde el 2013 la percepción que los mexicanos tienen de la reforma educativa y uno de los principales hallazgos es que los ciudadanos perciben que, aun con la ley, no ha habido cambios en la mayoría de los temas que contempla la misma.
Los resultados de una encuesta nacional en vivienda realizada por la empresa en marzo de 2017, arrojó que tres de cada 10 encuestados (el 28 por ciento) aseguran que a partir de la reforma se ha avanzado en la evaluación de los maestros; sin embargo, el 46 por ciento considera que no ha pasado nada en el tema.
Mediante una gráfica, Parametría muestra que en todos los temas, más personas son las que consideran que no ha pasado nada a partir de la aprobación de la reforma educativa, e incluso hay algunos temas en el que perciben un retroceso.
Resulta interesante observar, dice la empresa, cómo ha cambiado del 2016 a este año la percepción de la ciudadanía sobre la reforma educativa. “En 2016 cuando preguntamos a los mexicanos si percibían cambios en la preparación de los maestros, la calidad de la educación, la evaluación de maestros etcétera, eran más quienes veían un avance en dichos temas, ahora más personas opinan que no se ha modificado el sistema educativo del país”.
La encuesta indica que el malestar social también tocó a la reforma “más apoyada” por la ciudadanía. Por ejemplo, en 2016 el 45 por ciento de los encuestados dijo que se había avanzado en la preparación de los maestros, sólo 37 por ciento percibía un status quo y el 15 por ciento veía un retroceso; pero 1 año después, descendió a 26 por ciento el número de encuestados que dijeron que había mejorado la preparación de los docentes y subió a 48 por ciento los que no veían modificaciones en el tema.
Agrega que el mismo fenómeno se observa en el tema de la calidad de educación. En 2016 cuatro de cada 10 dijeron que a partir de la reforma educativa se avanzó en la misma; pero en la medición de 2017 el 44 por ciento dijo que no habían sucedido cambios y el 29 por ciento percibe un retroceso.
El año pasado más mexicanos consideraban que había un avance en los temas de la reforma educativa; sin embargo, en la más reciente medición se observa una caída en la percepción de mejoría en el tema educativo, la cual puede estar motivada por el descontento con la actual administración y por los movimientos sociales que se oponen a la reforma.
De acuerdo con el documento México, política, sociedad y cambio, escenarios de gobernabilidad (septiembre de 2016), del Grupo de Economistas y Asociados (GEA), el operativo mal planeado y peor realizado por la Policía Federal en Nochixtlán, Oaxaca, que resultó en nueve muertes, “reposicionó a la CNTE y ató de manos al gobierno, pues desacreditó el uso la fuerza pública para desalojar los plantones del magisterio en Oaxaca y Chiapas, razón por la cual el sector empresarial reclamó al gobierno su pasividad frente a la Coordinadora”.
La empresa de información y análisis estratégico agrega que, a partir de Nochixtlán, hay un impacto negativo para el gobierno y la reforma educativa, y positivo para la CNTE.
“La escasa aprobación del gobierno parece estar afectando el respaldo a las reformas estructurales y no sólo a la educativa. La debilidad gubernamental le ha restado gobernabilidad y sus consecuencias comienzan a ser visibles: la dificultad de superar la resistencia de la CNTE a la instrumentación de la reforma educativa, debido a la escasa credibilidad social sobre el uso legítimo de la fuerza pública.”
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