Ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas, intentos de asesinato, golpizas, amenazas, detenciones arbitrarias, operativos policiacos represivos, fabricación de procesos penales, ocupaciones, saqueos, entre otras vejaciones, son algunos de los ilícitos cometidos supuestamente por agentes del Estado mexicano –de los ámbitos político, judicial y militar– que investiga el Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP).
Entre los casos emblemáticos están las represiones que sufrió, por ejemplo, Teudolfo Torres Soriano, víctima de desaparición forzada luego de que captara en video el momento en que Francisco Kuykendall, integrante de la Otra Cultura, fue herido por un proyectil a manos de la Policía Federal el 1 de diciembre de 2012.
También destacan los casos de Carlos Sinhué Cuevas Mejía, activista universitario ejecutado extrajudicialmente; de Fermín Mariano Matías, luchador social detenido-desaparecido y posteriormente ejecutado; de Edmundo Nava Mota, profesor y dirigente de la Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata, ejecutado extrajudicialmente.
En materia de represión colectiva, los casos del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, del Estado de México; el de la comunidad Tzocohuite, Veracruz; el de la organización popular Frente Oriente y el de la Asociación Civil Tierra y Libertad.
Un caso poblano ha llamado también la atención de los jueces del TPP: el de Rubén Sarabia Sánchez (conocido como Simitrio) y la Unión Popular de Vendedores Ambulantes (UPVA), que él dirige. Y es que la situación de Sarabia fue tal que mereció una recomendación por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la 7/91. En el documento dirigido a Mariano Peña Aloya, entonces gobernador de Puebla, el organismo autónomo refirió los agravios que Simitrio sufrió durante su estancia en el Centro de Readaptación Social de Puebla, al que ingresó el 7 de julio de 1989.
La celda 2 del área de visitas íntimas de dicho penal fue el “hogar” de Simitrio durante 4 años y 8 meses. Para lograr un mayor aislamiento, la ventanilla de su celda fue sellada con una placa de metal y la puerta reforzada con cinco cerraduras, cuyas llaves estaban únicamente al resguardo del director del penal. Además se le prohibió salir a tomar el sol y entrevistarse en privado con familiares y abogados (siempre lo acompañaba un custodio que tomaba nota de las conversaciones). Se le limitaron, asimismo, los suministros de agua, luz y alimentos, y se le despojó de sus pertenencias. Por si esto fuera poco, durante su reclusión, Simitrio recibió al menos tres amenazas de muerte.
Por eso la CNDH concluyó que “tal reclusión se traduce en una aflicción de ánimo; en una especie de tortura”. La recomendación del organismo, entonces a cargo de Jorge Carpizo, fue rechazada y, por tanto, incumplida por las autoridades correspondientes”.
El de Simitrio es un caso ejemplar de judicialización de la lucha social. De acuerdo con el documento entregado a los jueces del TPP, a este hombre se le habrían fabricado en total ocho procesos penales (seis del fuero común y dos del federal) por delitos diversos, que van desde homicidio calificado hasta posesión de mariguana y acopio de armas. Cada uno de ellos destaca por las irregularidades que lo acompañan, por ejemplo, la dilación, so pretexto de extravío, del recurso de amparo promovido por la defensa del acusado.
Desde su constitución, el 28 de octubre de 1973, la Unión Popular de Vendedores Ambulantes ha documentado las modalidades de represión política que ha sufrido.
Vejaciones interminables que hasta ahora no han sido objeto de investigación ni sanción alguna, denuncian sus integrantes.
El mayor embate en contra de la UPVA coincide con sus años de apogeo. Entonces, junto con ferrocarrileros, trabajadores del volante, enfermeras, estudiantes, campesinos y otros sectores organizados en Puebla se conformaron en el Frente de Acción Solidaria. Hoy, que la organización se encuentra disminuida como consecuencia del constante golpeteo gubernamental, la represión no ha cesado, pero sí cambiado de forma.
En entrevista con Contralínea, Simitrio –descendiente de dirigentes del movimiento sindical ferrocarrilero– explica que de 2001 a la fecha el gobierno mexicano ha trabajado en la preparación de una nueva “oleada de represión” que busca sepultar a la organización que encabeza. Para ello, dice, ha recurrido a técnicas más sutiles como la división y traición al interior de la UPVA.
Si antaño pertenecieron a la organización gremial hasta 10 mil personas (entre vendedores ambulantes, campesinos, estudiantes y maestros) ahora son sólo 3 mil, reconoce Simitrio. Ésta es precisamente una de las repercusiones de la represión gubernamental.
De acuerdo con Tina Alejandra Romero Rosas, politóloga por la Universidad Nacional Autónoma de México, aunque en las décadas de 1970 y 1980 la UPVA tuvo la fuerza para negociar espacios comerciales y representó un importante referente de solidaridad a nivel estatal, tras la reclusión de Simitrio entró en una etapa de resistencia que la condujo a un inminente desgate.
Así, concluye la también estudiosa de los movimientos sociales mexicanos, en la actualidad el “músculo” de esta organización de ideología maoísta es mínimo, “al grado de no representar un factor activo y de presión para el gobierno”.
Efectivamente, la utilización por parte del Estado mexicano de diversos mecanismos de represión política busca “acallar, desmovilizar e invisibilizar las expresiones populares que luchan por el ejercicio libre y defensa de sus derechos humanos”. Así lo concluyeron los jueces a cargo de la preaudiencia Represión por Motivos Políticos: una Estrategia Permanente del Estado, celebrada el pasado 28 y 29 de agosto.
Después de escuchar con atención los 12 casos expuestos durante 2 días de intenso intercambio, Soila Luna (Fundación Don Sergio Méndez Arceo), Gisela Martínez (Asociación Mundial de Radios Comunitarias, México), Beatriz Torres (Centro Académico de la Memoria de Nuestra América), Clara Meyra (Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria), Alejandro Cerezo (Acción Urgente para Defensores de Derechos Humanos), David Bermúdez (Servicios y Asesoría para la Paz), Omar Castro (Instituto Cultural Cubano Mexicano), Roberto González (Comité Independiente de Derechos Humanos) y Fritz Glockner (escritor e historiador), concluyeron, asimismo, que la mayoría de los casos presentados evidencia “el uso intencional del sistema de justicia para perpetrar la impunidad, creando las condiciones de repetición de graves violaciones de derechos humanos e impidiendo a las víctimas el acceso a la justicia, la verdad y la reparación integral de los daños”.
Como parte de su predictamen, los jueces destacaron la “colusión entre los tres poderes para sistemáticamente reprimir y criminalizar las voces disidentes, incumpliendo así con la obligación del Estado de respetar el derecho a la protesta social”. Además del “uso de los medios de comunicación masiva para criminalizar la protesta, constituyéndose en tribunales mediáticos con el fin de preparar, avalar y justificar los actos represivos del Estado”.
Semblante inquebrantable, lienzo de pliegues propios de la edad; mirada rígida, de marco dos espejos transparentes que encuentran sostén entre las comisuras de las orejas y la redondeada nariz; camisa, chamarra y pantalón casuales sobre la aún fortalecida corporalidad. Ése es Rubén Sarabia Sánchez a más de 2 décadas de represión hacia él, su familia y su organización política.
Sin perder la compostura, habla de los otros daños que causa el acoso gubernamental, esos que suelen ser invisibles al ojo humano, pero que sin duda alguna laceran el espacio privado.
“Hay una cosa, así general, que emocionalmente se expresa en el hecho de que te sientes solo, aún estando en medio de miles de personas. Y una de las razones es que todo mundo llega a plantearte sus asuntos y sientes que nadie se preocupa por los tuyos, pero eso es una cuestión que incluso yo he calificado de sentimentalona…
“Por el otro lado, me afectaron por el hecho de que, esa primera vez que me detuvieron, estando preso se murió uno de mis hijos, tenía 10 meses de edad y se murió principalmente por no tener dinero para las medicinas; lo que era un resfriado se convirtió en pulmonía fulminante y tan tan, se acabó. Luego, en la segunda ocasión que me detienen, tuve la zozobra, la incertidumbre de si me iban a matar o no”.
Entre otros, esos 12 casos se presentaron ante el panel de jueces (defensores de derechos humanos, académicos e historiadores) designados jurado del TPP para una de las preaudiencias denominada Represión por Motivos Políticos: una Estrategia Permanente del Estado.
Cada uno de los jueces fungió como asesor. Su labor: externar recomendaciones de documentación con el objetivo de que todos los casos logren escalar a la audiencia final. Ésta será en marzo de 2014 y contará con la presencia de los jueces de Roma, Italia, lugar que vio nacer este tribunal ciudadano.
De acuerdo con Gisela Martínez, cada una de las luchas narradas representa un “retrato de esta larga resistencia que hemos tenido como nación para sobrevivir al modelo que nos quieren implantar”.
El TPP es un tribunal ético internacional de carácter no gubernamental que examina las causas de violación de los derechos fundamentales de los pueblos, determina si éstos fueron efectivamente violados y, finalmente, denuncia ante la opinión pública internacional a los autores de dichas violaciones.
Sus orígenes están en el Tribunal Russel, mismo que juzgó los crímenes estadunidenses cometidos en Vietnam y la represión ejercida por las dictaduras militares latinoamericanas. El TPP se constituyó formalmente en 1979, tras las gestiones del abogado italiano Lelio Basso.
El capítulo México de este Tribunal data de 2011, cuando un grupo de personajes de alta reputación moral (Magdalena Gómez Rivera, Javier Sicilia, Jorge Fernández Souza, Raúl Vera López, Clodomiro Siller Acuña, Gilberto López y Rivas y Andrés Barreda Marín) entregó a la Secretaría Técnica del Tribunal, con sede en Roma, la petitoria formal.
El 28 de mayo de 2012 se celebró la audiencia inaugural del TPP capítulo México que se compone de siete ejes: Guerra Sucia como Violencia, Impunidad y Falta de Acceso a la Justicia; Migración, Refugio y Desplazamiento Forzado; Feminicidios y Violencia de Género; Violencia contra los Trabajadores; Violencia contra el Maíz, la Soberanía Alimentaria y la Autonomía; Violencia contra el Medio Ambiente; y Desinformación, Censura y Violencia contra Comunicadores. En 2014 tendrá lugar la audiencia final.
Para Beatriz Torres, el TPP constituye un ejercicio invaluable, un “esfuerzo gigante” para abrir “alamedas de justicia y de verdad”. Y es que si bien los jueces de Roma “no van a solucionar todos los problemas del país, sí van a marcar un antecedente internacional, lo que al Estado mexicano sí le pesa”.
El TPP es también la oportunidad de tocarle el hombro al conjunto de la humanidad, particularmente a quienes se sienten ajenos e inmunes a las problemáticas sociales. “En América Latina la gente vive de espaldas a la realidad. En las dictaduras del Cono Sur, buena parte de la población vivió a espaldas… No querían ver. Ésta es una manera de tocarle el hombro a la gente de a pie y decirle: ‘gire sobre sus talones y mire. Esto es parte de su verdad, de su historia, de lo que usted vive’”.
—¿Qué importancia tiene el TPP para la construcción de la historia de los pueblos? –Se le pregunta a Fritz Glockner.
—Tiene gran importancia. Habían pasado varios años para que este Tribunal instalara preaudiencias en el país. Esto se debía a que el Estado mexicano, a través de sus estrategias de guerra de baja intensidad, había ganado la batalla incluso en ese sentido. Y es que no solamente había desaparecido personas, torturado, asesinado, sino que además había logrado tapar los cadáveres con una hermosa alfombra que simulaba que en México no había violaciones a los derechos humanos.
“Este tipo de eventos lo que hacen es recuperar la memoria y, en ese sentido, que el Estado mexicano pierda una gran batalla en cuanto a que se reconocen las estrategias de guerra de baja intensidad aplicadas por gobiernos civiles, emanados, entre comillas, ‘democráticamente’.”
Fritz Glockner precisa que otro de los aportes del TPP recae en que éste puede servir para que las violaciones a derechos humanos cometidas en el pasado no se repitan en el presente. “Que tus sueños que se han convertido en pesadillas, no se conviertan en una pesadilla permanente en la memoria colectiva, y que logremos despertar sonriendo y no con la tragedia constante de lo que se está viviendo en el país”.
Infografía:
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Fuente: Contralinea 360 / 11 de noviembre 2013
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