En un país en el que muchos de los gobernantes son siervos de los intereses económicos de trasnacionales extractivistas e inmobiliarias, en el cual la mayoría de la población es indolente ante el despojo que políticos y empresarios realizan o en donde los pocos ciudadanos que se enfrentan al modelo económico depredador son objeto de represión e incluso la muerte, abordar otra historia de despojo se vuelve cotidiano en un contexto cada vez más adverso. Baja California Sur es un estado con un territorio natural agreste y prácticamente rodeado por mar –cuenta con la mayor extensión de litoral en el país–, con uno de los menores índices de población con relación a la extensión de su territorio. Lo que combinado con la belleza de sus playas y su riqueza mineral lo han convertido en un botín para el despojo territorial y marítimo, amparado por la corrupción y el interés económico.
El intento de establecer una mina a tajo abierto en la Reserva de la Biósfera de la Sierra de la Laguna; el de la privatización de playas y carreteras entre San José del Cabo y Cabo San Lucas, en lo que se advierte como el inicio de la transformación a gran escala de la costa del Pacífico entre Los Cabos y Todos Santos en un corredor turístico para privilegiados; y la tentativa de explotación del lecho marino en la costa del municipio de Comondú para extraer fosforita son sólo algunos de los casos que padecen los surcalifornianos y, ante los cuales, afortunadamente siguen oponiendo una decidida resistencia. Mismos en los que están implicados empresarios y políticos en funciones o retirados. En este sentido y de administraciones pasadas son emblemáticos dos de muchos asuntos. El de los intentos de venta y compra de la isla Magdalena en la bahía del mismo nombre, ilegal proceso destapado desde 2008 en el que estuvo involucrado el exgobernador Narciso Agúndez Montaño (Yenise Tinoco, “Cabo San Lázaro: riesgo de despojo a pescadores”, revista Fortuna, http://revistafortuna.com.mx/contenido/2008/06/15/cabo-san-lazaro-riesgo-de-despojo-a-pescadores/); y el del gobernador Leonel Cota Montaño, quien es responsable de que en la bahía de La Paz, frente al malecón de la capital del estado, se encuentre el desarrollo inmobiliario Paraíso del Mar, sobre la península del Mogote, en un área de manglares y humedales supuestamente protegida (www.greenpeace.org/mexico/es/Noticias/2010/Septiembre/No-al-paraiso-en-Baja-California-Sur/). Ahí, a la vista de todos, rompiendo el paisaje natural y como testimonio de la corrupción y el despojo de que somos objeto los ciudadanos, un monumento al interés particular y a la incompetencia o cooptación de instancias gubernamentales.
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El desarrollo Tres Santos implica alrededor de 5 mil casas y cientos de cuartos de hotel, en una zona con escasez de agua”
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En este escenario adverso para Baja California Sur se suma un despojo más, el de la playa, médano y humedales en Punta Lobos, delegación de Todos Santos en el municipio de La Paz. Atraco territorial y marítimo sustentado con violaciones a varias leyes, con la participación de servidores públicos de diversas instancias, diferentes administraciones y niveles de gobierno. Tema que se hizo público por la denuncia de varios pescadores sobre la invasión de la playa que históricamente han usado como lugar de trabajo, por parte del desarrollo turístico inmobiliario Tres Santos. Proyecto que está siendo edificado junto al mar, en un área que ahora está dentro de la zona federal marítimo terrestre (Zofemat), debido a la pérdida de playa por el deslave de la misma, y que además erigió un rompeolas –fuera del área que supuestamente le corresponde e invadiendo aún más la Zofemat– para protección de su complejo. Como consecuencia, las piedras se han esparcido en el área, causando costosos daños a las embarcaciones de los pescadores como ha denunciado Antonio Salvatierra (“Rompeolas de Tres Santos daña embarcaciones de cooperativas en Todos Santos”, www.facebook.com/bajasurtv/?fref=ts).
Lo anterior ha evidenciado otro conflicto social por despojo en el estado, ante el cual el delegado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) a nivel estatal, José Carlos Cota Osuna, ha emitido erradas y lamentables declaraciones que sólo evidencian la incompetencia de las autoridades. Ha dicho que el rompeolas para el desarrollo Tres Santos no se erigió en la Zofemat (lo que es dudoso, pues los desarrolladores desplantaron su construcción en los linderos de su supuesta propiedad). Pero ha señalado que si ahora se encuentra en ésta es porque la playa se perdió por el fenómeno natural conocido como “mar de fondo” y que, siendo así, sería necesario dar una nueva concesión a la empresa y cobrarle derechos. Pero que se debe esperar 1 año para hacer una redelimitación de la Zofemat (Hugo Daniel Alvares, “En Punta Lobos no hay ningún delito ambiental. Todo se debe al ‘mar de fondo’, explica Semarnat”, http://peninsulardigital.com/extra/en-punta-lobos-no-hay-ningun-delito-ambiental/182952). Esto significa que ahora y entonces los pescadores perderían la playa y la empresa la conservaría aún ocupando la Zofemat con su rompeolas y parte de su edificación. Y no importa que el fenómeno del “mar de fondo” aminore, pues sin duda se repetirá, y de ser la causa de la erosión de la playa, nuevamente unirá la enorme edificación al mar. Arrinconando a los pescadores contra el cerro de Punta Lobos, en una zona de riesgo, que por la edificación del complejo se ha convertido en una salida de agua de lluvia.
El desarrollo Tres Santos –antes denominado Playa Santos cuando en septiembre de 2013 la Semarnat lo autorizó, aunque condicionado– considera la edificación de alrededor de 5 mil casas más cientos de cuartos de hotel, un propósito incoherente, ya que la comunidad de Todos Santos tiene aproximadamente 5 mil habitantes y padece, como el resto del estado, de escasez de agua.
Actualmente varias zonas urbanas no cuentan con abastecimiento del líquido (www.facebook.com/TRUTHSantos/?fref=ts). Cuando llegaron, los promoventes del proyecto ofrecieron ventajas de desarrollo a los pobladores, pero hoy sólo han materializado el despojo de la playa a los pescadores: la edificación de parte del enorme complejo, que se empezó a erigir en 2014, se desplantó en las inmediaciones de la línea de costa, justo sobre los humedales y el estero en la playa. Construcción que ahora les impide el paso y les ha reducido considerablemente el área para varar sus embarcaciones. Dicha estructura sobresale de la arena por más de 2 metros y ha interrumpido el flujo de agua entre el mar y el humedal, modificando el área de desagüe natural de la zona e interponiéndose en el movimiento y acumulación de la arena por acción del viento y las corrientes. Esto posiblemente generó la erosión de la playa, con la consecuente pérdida de parte del área transitable entre el edificio y el mar. Éste es un espacio federal por ley de carácter público, lo que puede evidenciar dos escenarios: el primero, que los estudios de impacto ambiental de la zona con relación a la proyección de la construcción fueron equivocados al no prever esta situación, lo que desde entonces invalidaría el desarrollo por carencias técnicas. El segundo, y lo que es más grave, que dichos estudios ya contemplaran la pérdida de la playa. Y que eso fuera omitido en las propuestas de los desarrolladores y en los dictámenes de las autoridades. Con lo que estaríamos hablando de un despojo premeditado al amparo de la corrupción, que desde entonces previó la erradicación de los pescadores de la playa y la consecuente privatización de la misma. En cualquiera de los dos escenarios la afectación al medio ambiente y la social son ya un hecho.
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La empresa de Tres Santos cuenta con una conexión de agua de dos pulgadas, instalada por OOMSAPAS en la pasada administración
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El proyecto Tres Santos pertenece a MIRA Companies con sede en la Ciudad de México, perteneciente a su vez a Black Creek Group, de Denver, Estados Unidos (http://inmobiliare.com/planner/mira-companies/). Grupo inmobiliario con proyectos en Monterrey, Distrito Federal, Guadalajara y Cancún, relacionado con la Universidad Estatal de Colorado, Estados Unidos, y que como parte de Tres Santos ha erigido un campus en la zona (http://international.colostate.edu/2014/04/10/colorado-state-university-launches-international-center-in-mexico-for-research-teaching-outreach/).
Dentro del complejo habitacional multimillonario, el costo de las viviendas iría de los 400 mil a los 950 mil dólares. Es un proyecto que carece del soporte de la comunidad y en el que de manera irregular está involucrada dicha universidad (http://csutalksabouttodossantos.weebly.com/letter-to-csu-students.html). Desarrollo inmobiliario que ha generado gran inconformidad entre la población y un movimiento de resistencia civil pacífica. El 29 y 30 de octubre de 2015, la arquitecta Beatriz Ledesma, subdirectora de Tres Santos, se reunió con pescadores en medio de un fuerte operativo militar en el plantón que, el día 29 de ese mes, iniciaron los inconformes en el acceso a la playa de Punta Lobos –plantón que mantenían hasta el cierre de esta edición–, bloqueo que no permite el acceso a los trabajadores de la empresa. En esas reuniones y ante la carencia de acuerdos, Ledesma, como representante de Tres Santos, se comprometió a asistir a una sesión pública con autoridades en la Plaza de Todos Santos el 11 de noviembre pasado.
El conflicto por el despojo en Punta Lobos es un asunto ocasionado por la discrecionalidad en el otorgamiento de concesiones de uso de predios federales y los permisos para explotarlos a desarrolladores inmobiliarios; en los que han intervenido diversas autoridades como la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Semarnat. Espacios previamente concesionados a los pescadores, quienes han mencionado que sus concesiones son válidas hasta 2018. En la reunión pública celebrada en la Plaza de Todos Santos –a la que los desarrolladores inmobiliarios no acudieron–. Se desarrolló un diálogo entre los afectados con autoridades municipales, estatales y federales, en una cita llena de gestos de apoyo y promesas por parte de las autoridades. Y que en casos como el de Lourdes Acosta Cannet, jefa de Gestión de la Semarnat en Baja California Sur, se les apreció un favoritismo hacia los desarrolladores inmobiliarios. Acosta Canett señaló que “…todo lo realizado con relación a los trámites y permisos legales ambientalmente hablando ha sido correcto…”. Pero aseveró que las concesiones de los pescadores, aunque son válidas –la de las cooperativas Todos Santos y Punta Lobos– “…tienen un problema efectivamente, que las poligonales por alguna razón salieron equivocadas y no corresponden a lo que es la Zona Federal Marítimo Terrestre…”. Lo que significa que no se ubican en el área de playa antes usada por los pescadores y en la que ahora se encuentra parte de la edificación de Tres Santos. Ante lo que el presidente de vigilancia de la cooperativa de pescadores Punta Lobos, Jesús Salvatierra, señaló que las coordenadas actuales inexplicablemente se ubican de acuerdo con documentos oficiales recientes, una en la cima del cerro de Punta Lobos y la otra entre el agua. Acosta Cannet reviró culpando al cambio climático y otros fenómenos naturales de la situación que actualmente viven los pescadores, en una serie de excusas incoherentes. Por su parte, Salvatierra aseguró que los pescadores son propietarios de la playa de Punta Lobos, mencionando que la vieja planta procesadora de productos marinos que se encuentra cerca de la playa les fue entregada a ellos por el gobernador César Mendoza Arámburo (1975-1981), junto con un documento probatorio que misteriosamente hoy está perdido en las instancias de gobierno. Y se cuestionó: “¿Cómo es que ahora resultó que el señor Jorge Santana era dueño de todos los predios?” Individuo que vendió a MIRA Companies las propiedades incluidas las instalaciones de la planta procesadora y que, al parecer, tiene una participación económica más profunda en el desarrollo Tres Santos.
Es lamentable que se haya aprobado un desarrollo inmobiliario que sería más grande que el pueblo mágico de Todos Santos y albergaría a más personas que las que hoy habitan la región. Ocupando una mayor cantidad de agua que la que actualmente es destinada para los habitantes, aun y cuando tal despojo esté disfrazado con la participación de una universidad extranjera (http://todossantos.colostate.edu y www.prlog.org/12486038-colorado-state-university-complicit-in-diversion-of-municipal-water-name-of-research-teaching.html).
El conflicto por el agua se ha intensificado debido a que la toma cedida a Tres Santos por parte del Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (OOMSAPAS) se otorgó en una opacidad absoluta por parte de la dependencia municipal. Misma que el 13 de noviembre aceptó a través de su director general, Héctor García González, que la empresa de Tres Santos cuenta con una conexión de agua de dos pulgadas, instalada por su dependencia, pero durante la administración anterior. Asimismo, reconoció que la empresa realizó un pago por derechos de conexión. Sin embargo, dijo no conocer el monto, aceptando que no existe un contrato por el mismo. Aseverando que el desarrollo de Tres Santos está recibiendo agua y que el medidor control les fue instalado en días recientes. Lo que señala la participación de su nueva administración en la disposición de infraestructura para Tres Santos. Del mismo modo, García González reconoció la realización de prácticas ilegales en su dependencia, ante lo cual señaló que su departamento jurídico ya realiza una investigación, concluyendo que si se comprueban todas las irregularidades –que ya conocen– se les cortaría el suministro de agua (información tomada de la entrevista realizada a García González por el reportero Ezequiel Lizalde el 13 de noviembre de 2015, consultada en www.youtube.com/watch?v=8OjUF3g-Uf4, a través de Baja Sur TV).
Por su parte, la empresa inmobiliaria señala en la página https://tressantosbaja.com/tres-santos-water-sustainability/ lo siguiente: “1. Expanded Municipal Water Source. As property owners in Todos Santos, we were given the option to use water directly from the town’s water supply, but we knew this might burden the water system. So instead we paid up front for the municipality to bring in extra water for us to use until we’re able to complete our desalination plant in early 2016.” Lo que reafirma que pagaron por adelantado al municipio por una cantidad de agua extra. Lo que necesariamente deriva en los siguientes cuestionamientos: ¿cuál fue el monto pagado a OOMSAPAS? ¿Dónde están los recibos por la operación? ¿De dónde está supliendo el municipio esa cantidad extra de agua, si no es de la red municipal que abastece a Todos Santos? En lo que es sin duda un escándalo de corrupción. De acuerdo con Ledesma, los desarrolladores pagaron a OOMSAPAS por 33 millares de agua para inyectar a la red de agua municipal, señalando que tiene los recibos correspondientes. Además reconoció que la empresa debió romper su promesa de no tomar agua de la red municipal por diversas circunstancias (Ricardo Madrazo, #TresSantos no tiene contrato de agua: #OOMSAPAS, Baja Sur TV, en www.facebook.com/bajasurtv/?fref=ts).
El 1 de diciembre las protestas de los pescadores se trasladaron al Congreso del estado para exigir solución a sus demandas, para superar la difícil etapa de lucha que atraviesan, que por el momento compromete el bienestar de sus familias. Problemática que de no ser resuelta los condenará a un triste futuro. Con la posibilidad de que en el peor de los escenarios Tres Santos los explote como trabajadores de limpieza y mantenimiento, cambiándoles su trabajo de pescadores por el de sirvientes. El 4 de diciembre, John Moreno y algunos pescadores se reunieron con los representantes de MIRA Companies en las oficinas de OOMSAPAS a puerta cerrada. Reunión a la que asistió el director del proyecto Tres Santos, el ingeniero Carlos Asali Harfuch, y el director de MIRA en México, Javier Barros Sánchez. Al finalizar la reunión este último fue increpado por un pescador, quien lo llamó mentiroso por lo que expresó minutos antes. Barros Sánchez dejó el lugar entre abucheos y gritos contra el desarrollo de Tres Santos. Por su parte, Moreno informó que no se alcanzaron acuerdos trascendentes, salvo que se haría una inspección del sitio por parte de las autoridades y que la empresa inmobiliaria trataría de justificar más su proyecto. Pero dejó en claro que le puntualizaron a las autoridades y a los inversionistas que, de no llegar a acuerdos concretos y benéficos para la comunidad, convocarían a nivel estatal a boicotear el proyecto a la par que emprenderían acciones legales para desarticularlo (información tomada de la entrevista realizada por el reportero Ezequiel Lizalde y filmada por Ricardo Madrazo de Baja Sur TV, www.facebook.com/bajasurtv/?fref=ts).
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Sin explicación, la desarrolladora se habría apropiado de la antigua procesadora, originalmente concesionada a los pescadores”
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Durante la inspección a la playa de Punta Lobos coordinada el 10 de diciembre por el profesor Isidro Ibarra Morales, secretario general del XV Ayuntamiento de La Paz, a la cual asistieron representantes de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la Profepa, y la Semarnat, así como diversas autoridades legislativas y ejecutivas del municipio y del estado, John Moreno explicó sobre las afectaciones causadas por el desarrollo inmobiliario en la zona y dentro de ésta al área concesionada anteriormente a los pescadores. Además, señaló que la antigua procesadora es propiedad de los pescadores a título de concesión, y que ahora inexplicablemente “también es propiedad de la desarrolladora inmobiliaria”. Reunión en cuya conclusión Ibarra Morales aseguró que las autoridades competentes y sobre todo la municipal que él representa, y bajo especial encomienda del presidente municipal Armando Martínez Vega, buscarán la mejor solución para las partes en pugna (información tomada de la serie de videos realizados sobre la inspección por Ricardo Madrazo, de Baja Sur TV, www.facebook.com/bajasurtv/?fref=ts), en lo que es ya un conflicto social de grandes proporciones e implicaciones, y que parece seguirá creciendo y evidenciando más actos ilegales de autoridades y empresarios.
Los desarrolladores inmobiliarios van devastando las zonas costeras del país, colapsando diversas regiones. Así lo hicieron en antiguos y en su momento boyantes destinos turísticos como Acapulco, Zihuatanejo o Vallarta. Lugares que son hoy una muestra de la creación de cinturones de miseria en su derredor, así como de la exacerbación de la contaminación de su medio ambiente. El Caribe mexicano, destino que ya muestra signos de agotamiento, excesivos niveles de contaminación y conflictos por el uso y abuso del agua, es el ejemplo más claro de lo que le sucederá al litoral de Baja California Sur. Esos son modelos de despojo y devastación que diversos grupos empresariales van dejando a su paso, no sin antes haber prometido empleos a gente que ya los tenía, convirtiendo a pescadores, agricultores y artesanos en ejércitos de limpieza y mantenimiento de sus enormes hoteles. Complejos que les quitan, además de sus tierras, y sus playas, su agua. Para que ellos mismos, los que antes fueran dueños de ésta, ahora la viertan en los voraces campos de golf. Espacios contrarios a toda lógica en un estado en que la carestía de agua es constante. Pero que se van multiplicando en la media península al ritmo que se generan más complejos turísticos, como elementos para incrementar el valor de las propiedades, como muestra el documental Baja all-exclusive, the other face of development tourism in Baja California Sur 2010, de Carmina Valiente (http://mundonuestro.e-consulta.com/index.php/cronica/item/baja-
californiaall-exclusive). Mismo que desde hace 5 años ha denunciado la depredación de que es objeto el estado y el despojo que sus habitantes sufren desde hace más de 3 décadas. Desde que los hombres del dinero decidieron que Baja California Sur era su próximo botín.
Roberto E Galindo Domínguez*
*Maestro en ciencias en exploración y geofísica marina, licenciado en arqueología especializado en contextos sumergidos y buzo profesional; licenciado en letras hispánicas, licenciado en diseño gráfico
[BLOQUE: ANÁLISIS]
[SECCIÓN: SOCIAL]
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