Desde 2017, la Tercera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) no cuenta con magistraturas anticorrupción, las cuales son las encargadas de imponer sanciones a servidores públicos y particulares en la materia, señala el Cuaderno de investigación No. 74 del Instituto Belisario Domínguez (IBD).
El Senado de la República es el encargado de designar a los tres magistrados para la Tercera Sección de la Sala Superior del TFJA, a quienes selecciona de una terna enviada por el Poder Ejecutivo, explica el estudio. Sin embargo, la Cámara no realizó la votación para elegir entre los candidatos propuestos en 2017 y la actual administración no sea pronunciado al respecto.
Añade que la demora en el nombramiento se debe a la carga legislativa en el Senado, porque no requiere ajustes legales, solamente la designación; además de las complicaciones causadas por la pandemia de Covid-19. En julio de 2019 se efectuó una votación para seleccionar las magistraturas anticorrupción, no obstante, de los 18 aspirantes, 13 declinaron, uno no se presentó y los cinco restantes fueron descartados por el Pleno.
“La falta de funcionamiento por parte de dichos juristas no permite el desarrollo de investigaciones de posibles actos de corrupción, lo que puede tener como consecuencias una baja productividad o perjuicios en contra de los recursos públicos ejercidos por la Administración Pública Federal”, asevera el IBD.
El tener magistraturas anticorrupción, expone el documento, representa un doble desafío: la obligación de juzgar los ilícitos cometidos por servidores públicos mediante un alto grado de especialización y la responsabilidad de demostrar probidad y ser incorruptibles en el ejercicio de sus funciones. La implementación de estos juristas es un medio más para potencializar la fiscalización mediante la aplicación de la justicia administrativa.
El pasado 22 de marzo, la Comisión de Justicia del Senado aprobó desaparecer cinco salas anticorrupción especializadas en materia de responsabilidades administrativas. Con ello, las funciones de estas pasarán a la Tercera Sección de la Sala Superior si se el Pleno vota a favor.
“Si bien esta es una innovación dentro de las reformas realizadas en el marco del Sistema Nacional Anticorrupción, el retraso en su designación ha sido uno de los pendientes para concretar esfuerzos contemplados para poner en marcha este nuevo modelo de fiscalización. El tema no es menor, ya que en dichas funciones convergen políticas públicas de los tres poderes, además de una demanda social de justicia, para dignificar la labor de los servidores públicos”, apunta el IBD.
