Las semanas pasadas tracé rápidamente la trayectoria del grupo que controla el Consejo Universitario (CU), máximo órgano de gobierno de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM). Afirmé que dicho grupo arroja irresponsablemente a la universidad a un nuevo conflicto al pretender defenestrar al actual rector, Galdino Morán López. Por sus orígenes políticos en el Consejo General de Huelga (CGH) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), le llamé el grupo de los “moderados”, aunque en la UACM se les conoce con motes menos lisonjeros.
El castillo de mentiras que levantaron tiene un punto de partida: su odio obsesivo, patológico, contra el exrector Hugo Aboites (2014-2018), culpable de no haber cumplido con sus expectativas. Para desmontar las acusaciones contra Morán –a quien, entre otros delitos, se le imputa de “usurpar funciones” y encubrir “los malos manejos” de Aboites– es preciso empezar por el supuesto fraude en las obras de reestructuración de los planteles de la UACM que, en voz de Aidée Tassinari, secretaria técnica de la Comisión de Hacienda del CU, habría tenido lugar entre 2016 y 2018 [1].
Acusar a alguien de fraude es cosa seria. Según el diccionario de la Real Academia –y también según las principales enciclopedias jurídicas–, fraude es el “delito que comete el encargado de vigilar la ejecución de contratos públicos, o de algunos privados, confabulándose con la representación de los intereses opuestos”. Para comprobar sus dichos, los moderados deberían acreditar que hubo una conspiración, fraguada por Aboites y avalada por Morán López, para desviar fondos de la universidad hacia cuentas particulares. ¿Lo logran? Yo diría que no les interesa; lo importante es el linchamiento mediático. El 13 de diciembre de 2018, uno de ellos, el entonces consejero del Quinto CU, Alberto Benítez, se presentó ante la Comisión de Educación del Congreso local para afirmar –mintiendo descaradamente ante la instancia que nos asigna el presupuesto– que las finanzas de la universidad tenían un hueco de 300 millones de pesos y que la Comisión de Hacienda del CU –de la cual él era parte– se encontraba en la “mejor disposición para presentar un plan de crecimiento”, atribución que sólo tiene el representante legal de la universidad, es decir el rector [2].
¿Cuál es la verdad? Para desenredar el entuerto, hay que empezar desde el principio. Los recursos para financiar las obras salieron de las gestiones que hizo Aboites para recuperar los fondos federales extraordinarios que la universidad recibía cada año de la Secretaría de Educación Pública (SEP), pero que anteriormente la Asamblea de Representantes del Distrito Federal incluía como parte del gasto corriente, es decir, que le eran escamoteados a la universidad. Fueron 150 millones adicionales durante t3 años fiscales consecutivos –2014, 2015 y 2016– por un total de 450 millones de pesos. Este, que fue un éxito indudable, acabó siendo una maldición, ya que casi 5 años después los trabajos no terminan, lo cual ha causado un legítimo malestar en la comunidad universitaria y ha dado pie a toda clase de conjeturas.
¿Qué pasó en realidad? De la cantidad mencionada, 300 millones fueron destinados a la creación de un fondo para el reforzamiento de la infraestructura de los planteles, mismo que fue autorizado por el Tercer CU (2012-2015) que, por cierto, también controlaba el grupo que pretende defenestrar a Morán. A partir de ese momento, Rectoría, la Comisión de Hacienda del CU, los coordinadores de área, los consejos de plantel, los coordinadores de plantel y la Coordinación de Obras –es decir, no solamente Aboites, sino una multiplicidad de actores institucionales– empezaron un largo proceso de discusiones y acuerdos sobre las necesidades de cada plantel.
Los primeros 150 millones llegaron a finales de 2014. Una de las decisiones cruciales que –a posteriori– se puede cuestionar, fue que la universidad asumiera la responsabilidad directa de licitar y contratar los trabajos y la supervisión de éstos a través de la Coordinación de Obras, en lugar de establecer un convenio con la Dirección General de Obras Públicas (DGOP) del entonces Distrito Federal. Esta segunda opción se descartó porque la DGOP había abandonado en 2006 la construcción de un edificio en el plantel San Lorenzo Tezonco (SLT) y entregado los que concluyó con costos elevadísimos, sin planos maestros y muchos vicios no resueltos. Cuestión que, dicho sea de paso, jamás preocupó a los moderados.
Así las cosas, las primeras licitaciones se llevaron a cabo de mayo a diciembre de 2015, pero debido a que algunas se declararon desiertas, el proceso se prolongó hasta el año siguiente y el grueso de los trabajos se llevó a cabo en el curso de 2016 y 2017. En resumidas cuentas, los primeros 150 millones se ocuparon para la conclusión del mencionado edificio abandonado de SLT y para la compra de un predio anexo al plantel Centro Histórico; los otros 150 millones se utilizaron en el resto de las obras en los cinco planteles. Los últimos 150 millones se destinaron al equipamiento de la infraestructura en construcción.
¿Por qué los trabajos no se terminaron? Básicamente, por tres razones. La primera y más importante es la naturaleza rapaz de las empresas que no cumplieron con los compromisos. La segunda es consecuencia de modificaciones a los proyectos en las que intervinieron órganos colegiados que no tenían la atribución de hacerlo. La tercera es que los conflictos internos que vivía la Coordinación de Obras y Conservación de la UACM –anteriores a la llegada de Aboites– acabaron entorpeciendo el funcionamiento del área.
Es importante, por otro lado, precisar lo siguiente: 1) si bien no concluyeron, los trabajos de remodelación presentan actualmente un 65 por ciento de avance en promedio y 2) el dinero restante no desapareció, sino que se encuentra en las cuentas de la universidad. Dado que las obras se contrataron a precio alzado –una modalidad perfectamente legal que contempla la normatividad interna– puede haber una diferencia entre lo que se pagó y lo que las empresas efectivamente entregaron, lo cual, de ser cierto, tiene que ser investigado y, en su caso, sancionado.
Añado que durante el mandato de Aboites, la universidad estuvo sujeta a dos tipos de fiscalización: las auditorías internas de la Contraloría General de la UACM, y las externas que realiza cada año la Auditoría Superior de la Ciudad de México. A esto hay que añadir las auditorías sobre el estado financiero que elaboran, también cada año, distintos despachos privados y una más sobre los trabajos de obras que encargó la Comisión de Hacienda del Cuarto Consejo Universitario al despacho Zárate García Paz & Asoc, SA de CV, en 2017. Ninguna auditoría ahorra críticas a nuestra universidad, pero ninguna encuentra indicios de fraude.
La auditoría de 2018 está en proceso de elaboración, igual que otra más que solicitó, en marzo pasado, Morán López a la Auditoría Superior de la Federación. Tengo en mi poder los resultados de la Auditoría Superior de la Ciudad correspondientes a 2015, 2016 y 2017, mismos que, con todo respeto, se antojan más confiables que las cuentas alegres de los quejosos. Es verdad que la UACM no sale airosa de dichas revisiones, pero no por los motivos que alegan.
¿Qué señalan los auditores? Para empezar, no detectan fraudes, desvíos ni desfalcos. Las fallas principales tienen que ver con la ausencia de normas y procedimientos confiables, lo cual da pie a que los procesos institucionales –no solamente los que tienen que ver con el ejercicio presupuestal, sino todos– no se desenvuelvan como sería deseable.
Agrego que los auditores denunciaron el mismo problema en tiempos de los rectores Pérez Rocha, Orozco y Dussel, de manera que la UACM es reincidente. Pregunta: ¿a quién corresponde elaborar dichas normas y procedimientos? Respuesta: al Consejo Universitario. Hay –desde mi punto de vista– otro problema: los consejos universitarios se han arrogado sistemáticamente funciones administrativas que no les corresponden, lo cual ha entorpecido nuestra vida institucional. Así que, si existe un daño patrimonial, la responsabilidad podría ser no de las cuatro rectorías por las que ha transitado la UACM, sino de seis consejos universitarios que no han sabido legislar al respecto.
Es imposible presentar en este espacio un análisis detallado de las auditorías en cuestión. Es útil, sin embargo, citar algunas recomendaciones. En la auditoría de bienes muebles e inmuebles correspondiente al año fiscal de 2015, conté 10 recomendaciones que tienen la tónica siguiente: “es conveniente que la Universidad Autónoma de la Ciudad de México implemente acciones para la elaboración de normas y lineamientos para regular el registro, control, supervisión y baja de sus bienes inmuebles”.
En otra parte, se considera conveniente que “el Consejo Universitario pueda generar de urgente y obvia resolución, los escenarios idóneos para identificar, desarrollar estrategias de solventación, reingeniería y fortalecimiento de sus sistemas de control interno, gestión administrativa, transparencia y rendición de cuentas, a efecto de que se atiendan las recomendaciones presentes y anteriores con un impacto indirecto con el informe del despacho externo, mismo que en los últimos ejercicios [2013 a 2016], tuvo opinión negativa y desfavorable”.
Lo mismo se repite decenas de veces. En ocasiones, las recomendaciones tienen que ver con observaciones puntuales a Tesorería y a la Oficina del Abogado General, así como a las coordinaciones de Obras y Conservación, Servicios Administrativos, a las que se exhorta a trabajar con el CU para implementar la normatividad faltante. En síntesis, es posible que un análisis más minucioso detecte irregularidades en algunas áreas, pero –repito– las auditorías no registran nada que se pueda tipificar como delito de fraude y menos orquestado por Rectoría.
Los moderados argumentan que Morán López usurpa funciones. Alegan que el proceso electoral fue irregular, pero caen en evidentes contradicciones. Primero, afirman que la convocatoria para elección a rector tenía “vicios” y luego admiten que fue votada por la mayoría de los consejeros. No dicen, por otra parte, que fue aceptada por todos los candidatos. Aseveran que las preferencias no se orientaron a favor del doctor Galdino Morán López, sino de la dotora Tania Hogla Rodríguez Mora, lo cual es verdad, pero ocultan que en la UACM la elección para rector es indirecta.
Aprobado en 2010 por los mismos moderados que ahora invocan la democracia directa, el Estatuto General Orgánico establece que la participación de la comunidad se reduce a la celebración de una consulta en el caso de que el número de aspirantes sea mayor a tres. Dicha consulta es vinculante, pero sólo para establecer la terna. Lo que sigue no es una elección sino una designación pues el pleno designa como rector a quien obtenga las dos terceras partes de los votos de los consejeros en primera vuelta (Artículo 49, inciso VI).
En caso de que en la primera votación ningún candidato obtenga la mayoría calificada, se llevan a cabo votaciones subsecuentes con los dos candidatos de mayor votación de la primera, hasta alcanzar la mayoría calificada. Si después de cinco votaciones consecutivas no hay candidato que obtenga la mayoría calificada, el CU designa rector al candidato que obtenga la mayoría simple de los votos efectuados en la sexta votación. Acto seguido, el ungido recibe el nombramiento por parte de la Comisión de Organización del CU, tal y como sucedió en los casos de Orozco, Dussel y Aboites.
Es decir, el modelo otorga un amplio margen de libertad a los consejeros. ¿Es una buena opción? No lo creo y en su momento muchos opinamos que era mejor la elección directa. El caso es que ésta es la normatividad que tenemos; los moderados la crearon y nunca la cambiaron. Es más, ni siquiera intentan hacerlo ahora que gozan de una mayoría aplastante.
¿Qué pasó con las elecciones de mayo de 2018? Hacia principios de año, los moderados sabían que no contaban con los votos necesarios para elegir al rector a causa de la extrema polarización entre sus operadores en el CU y la mayoría estudiantil. Se les ocurrió entonces una argucia: redactar una carta pública para conminar a los consejeros a “respetar” los resultados de la consulta venidera y consiguieron 1 mil 500 firmas. A la postre, se presentaron 10 candidatos, se impugnaron tres y quedaron siete. La consulta se hizo y dio como resultado una terna integrada por Rodríguez Mora con 1 mil 665 votos, Morán López con 971 y la doctora Roxana Rodríguez Ortiz con 574.
La convocatoria establecía que los consejeros tendrían ahora que llevar a cabo una “auscultación” en el sector que representaban; sin embargo, no indicaba ningún mecanismo específico, de manera que cada uno quedó libre de hacerla a su manera. El martes 8 de mayo, mientras se desarrollaba la votación para la elección del rector, un grupo de moderados (estudiantes, profesores y administrativos) interrumpió la sesión del CU de una forma agresiva y nada moderada. Esto ocurría justo cuando estaba a punto de finalizar la votación, con 20 votos a favor de Morán López y 13 a favor de Rodríguez Mora.
La intención era impedir que el proceso concluyera, pero el cónclave se reanudó el 18 de mayo, con un quórum de cinco profesores, 16 estudiantes y tres representantes administrativos (sin derecho a voto) aunque sin los moderados, que no acudieron pues sabían que iban a perder. Tras cinco rondas de votación en las que no alcanzó la mayoría calificada, Morán López ganó la sexta con 18 votos a favor y tres abstenciones.
¿Fue una votación legal? Sin la menor duda, pues se apegó al Estatuto General Orgánico y a la convocatoria. Los moderados argumentan que, con base en el Reglamento en Materia Electoral, la elección debió haber sido calificada por el Colegio Electoral, pero esto no aplica para la designación del rector, ya que las funciones de dicho Colegio y del Comité de Impugnaciones concluyen con la presentación de la terna al CU. Así que el tal fraude, sencillamente, no existió. ¿Fue una votación legítima? Esto se puede discutir, ya que la candidata Rodríguez Mora gozaba de un amplio margen de preferencias. Sin embargo, puesto que los moderados se reclaman devotos paladines de la legalidad, deberían de acatar el viejo principio del derecho: dura lex, sed lex (la ley es dura, pero es la ley).
En 2013, en vísperas de la victoria del movimiento contra la rectora Esther Orozco no existía ningún procedimiento para destituirla. El Tercer CU redactó entonces un documento llamado Reglamento de Responsabilidades Universitarias (RRU) que sigue vigente. Desde mi punto de vista, su falla principal es que no establece plazo alguno para que la Comisión de Organización del CU revise la procedencia de una solicitud; pero una vez que ésta ha sido aceptada, el “imputado” sólo tiene 3 días hábiles para contestar. Este mecanismo permite atender las solicitudes a la carta: de volada las que son políticamente redituables y nunca las que pueden resultar inoportunas. Esto sucedió, por ejemplo, en el caso de la profesora Adriana Terán Enríquez, quien el 6 de noviembre de 2017 presentó un expediente de violación a sus derechos humanos contra el coordinador de Comunicación, Mario Viveros, y contra los entonces consejeros Alberto Benítez y Gabriel Medina. La petición de la profesora nunca fue atendida.
Con base en dicho instrumento, en junio pasado, los profesores Pilar Padierna, Homero Galán y Samuel Cielo (los primeros dos figuran en la foto con Sheinbaum que publicamos la semana pasada) presentaron al CU un expediente que incluye seis causales: 1) incumplimiento de atribuciones, funciones y obligaciones; 2) creación de plazas como pago de favores; 3) incumplimiento de la normatividad electoral y usurpación de funciones; 4) violaciones a derechos universitarios y derechos humanos por acto u omisión; 5) daño patrimonial; 6) violación a las normas en materia de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios. Los moderados no han hecho público el documento. ¿Acaso piensan que el vulgo no está capacitado para opinar?
¿Qué pruebas aportan? Pocas o ninguna. Repletos de mentiras y/o verdades a medias, los documentos probatorios se encuentran recortados al gusto e interpretados de forma capciosa. Las causales principales, la 2), la 3) y la 5) caen por su propio peso: como lo argumenté, no hubo fraude electoral, ni fraude patrimonial y, por tanto, no hubo necesidad de pagar favores. Existe una grabación en la cual se escucha la voz de un consejero administrativo quejándose amargamente de que Morán López no cumplió lo que le prometió, lo cual, si acaso, muestra precisamente esto: que no dispensó favores.
Otro supuesto crimen es que, al principio de su mandato, el rector actual creó cinco plazas de confianza para “asistente especializado en actividades deportivas” que serían ocupadas por egresados (y no como alegan los quejosos por los consejeros estudiantes que lo habían votado) lo cual contraviene el Contrato Colectivo de Trabajo. ¿Es una falta? Sí, lo es. ¿Es causante de destitución? No, porque el expediente omite indicar que, ante los reclamos de la comunidad, Morán López las canceló.
Una “imputación” especialmente extravagante es la que tiene que ver con el “Acuerdo de Creación de la Unidad de Género y Feminismos”, instituida por Aboites, a la que Morán López dio continuidad. ¿Cuál es el delito? Impulsar una política universitaria para la igualdad entre hombres y mujeres sin contar con el aval de los moderados. En otro párrafo acusan al rector de haber pagado liquidación a algunos de los trabajadores de confianza de la administración anterior. Lo que callan es que esta es una atribución del responsable de la administración, luego de evaluar posibles demandas en perjuicio de la universidad. La lista de inconsistencias podría continuar. Está el asunto de unos pizarrones digitales que Morán López adquirió durante su gestión como coordinador del plantel Centro Histórico y que llegaron con atraso, lo cual, según los quejosos, configura el delito de daño patrimonial.
Así las cosas, el 12 de junio pasado la Comisión de Organización del Sexto Consejo Universitario recibió la solicitud en cuestión, a la cual dio entrada el día siguiente con número UACM/CU-6/RRU/001/19, a pesar de que consta de 425 páginas, lo cual contraviene el artículo 21 del Reglamento de Responsabilidad Universitarias que prescribe revisar la solicitud antes de admitirla. Se instalaron, acto seguido, las comisiones de Substanciación del Expediente y Resolutiva, integradas por personas afines a los quejosos, violando el principio de imparcialidad consagrado en los artículos 90 y 111 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
El 14, el rector fue notificado sobre el inicio del procedimiento y el mismo día apareció en el diario La Jornada un campo pagado –¿por quién?–, sin firma, en donde se puede leer que Galdino Morán López se “ostenta” como rector de la UACM y se hace público el juicio en su contra, lo cual es gravísimo puesto que viola el principio de presunción de inocencia y le causa daño moral.
Había, claro está, mucha prisa. Y empezaron los resbalones. El 17 de junio la Comisión de Substanciación entregó al “imputado” un expediente con decenas de copias ilegibles, lo cual dice mucho sobre la pulcritud de su trabajo. Por lo menos en una ocasión, los consejeros moderados se hicieron acompañar por un grupo de choque integrado por estudiantes que les son afines registrándose conatos de violencia. Siguió una ronda de audiencias con el “imputado”, siempre celebradas a puertas cerradas, bajo la argumentación de que los documentos a evaluar contenían datos personales, a pesar de la solicitud del interesado de que fueran públicas. Como lo señalé en las entregas anteriores, al final se entramparon en su propio procedimiento y no lograron concluirlo antes de vacaciones.
Epílogo
¿En qué va a terminar la patraña? Los moderados tienen la mesa puesta para defenestrar a Morán López. Sería, sin embargo, una victoria pírrica ya que el sucesor(a) gozaría de muy poca legitimidad lo cual, a su vez, podría crear un nuevo conflicto. Lo cierto es que todo esto ha sembrado la duda entre algunos de los consejeros del bloque mayoritario, quienes podrían no estar dispuestos a asumir tal responsabilidad.
Una vía de salida es la que proponen los firmantes del Pacto por la Defensa y la Consolidación Académica e Institucional de la UACM: un llamado a los consejeros para que abandonen la pretensión de destituir al rector y concentren sus esfuerzos en discutir y aprobar la normatividad que tanta falta nos hace: a) la estructura académica e institucional de la Universidad, misma que deberá ser incorporada al Estatuto General Orgánico que hasta ahora se encuentra incompleto; b) el Estatuto del Personal Académico, en el que se señalen los derechos y obligaciones de los profesores investigadores; c) el Reglamento de Estudiantes, en el que, igualmente, se señalen sus derechos y obligaciones; d) el Estatuto del Personal Administrativo; e) las Normas de Convivencia, entre otros instrumentos jurídicos.
Se hace también un llamado al rector y a otras autoridades académicas y administrativas de la UACM para que presenten, a la brevedad: a) un plan estratégico de desarrollo de la universidad, con objetivos a corto, mediano y largo plazos, y con metas medibles y evaluables periódicamente; b) un plan de desarrollo de la infraestructura de la universidad, pues todavía tenemos importantes carencias en esa materia en los diversos planteles y sedes universitarias; c) un plan de revisión y, en su caso, de actualización de planes y programas de las licenciaturas, ingenierías y posgrados; d) un programa de apoyo a la conclusión de estudios y la titulación de nuestros estudiantes, y e) un informe pormenorizado de las supuestas irregularidades en el ejercicio presupuestal en las obras inconclusas –en la medida que sea pertinente debido a las auditorias en proceso.
Es una propuesta sensata. ¿Encontrará eco? No es imposible. Están abiertas, al mismo tiempo, varias rutas legales, pero el problema es político antes que jurídico. Para salir del atolladero es necesaria la participación de todos en la dirección de los asuntos comunes. Es estratégico que aparezcan caras nuevas, conviene que surjan nuevas direcciones estudiantiles y los académicos abandonen su tradicional pasividad. Es urgente, además, que el gobierno de la Ciudad deje de entorpecer nuestra vida institucional.
La tarea que tenemos como institución es poner al día nuestro proyecto educativo. La Universidad Autónoma de la Ciudad de México tardó 5 años después de la huelga de 2012 en recuperar el número de solicitudes de ingreso de nuevos estudiantes y, sin embargo, prácticamente lo duplicó tan sólo de 2018 a 2019. ¿Tiene sentido una nueva crisis? Dejo la respuesta al lector.
No olvidemos, al respecto, los criterios de Cornelius Castoriadis: “una paideia de la autonomía, una educación para la autonomía y hacia la autonomía, que induzca a aquellos que son educados –y no solamente los niños– a interrogarse constantemente para saber si obran con conocimiento de causa o más bien impulsados por una pasión o un prejuicio”. Sí se puede. De lo contrario peligra el futuro de la institución de educación superior más innovadora y democrática que tiene México.
Notas
[1] Sandra Hernández, “Denuncian fraude con obras en UACM”, La Jornada, 12 de julio de 2019.
[2] Véase grabación en Youtube.
[3] http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGRA_120419.pdf.
[4] https://omegalfa.es/downloadfile.php?file=libros/de.la.autonomia.en.politica.pdf.
Claudio Albertani*
*Doctor en ciencias políticas; politólogo e historiador; responsable del Centro Vlady de la UACM
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