La crisis socioeconómica causada por la pandemia de Covid-19 ha expuesto las desigualdades estructurales relacionadas con la protección social y el mercado laboral, en particular las basadas en género, la edad y raza, coincidieron expertos.
Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal); Guy Ryder, director general de la Organización Internacional del Trabajo (OIT); y Tatiana Valovaya, directora general de la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra (ONU), consideraron sustancial cambiar el paradigma de desarrollo –con lo relativo a la desigualdad– en consonancia con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.
En su artículo “Reconstruir mejor: la igualdad desde el centro”, mencionaron que la crisis económica está afectando desproporcionadamente a las mujeres y a los grupos de población más vulnerables, los cuales trabajan en el sector informal de la economía y, a su vez, son quienes más probabilidad presentan problemas de salud, con lo que aumenta su riesgo de contagio y su muerte por el virus SARS-CoV-2.
Ante la situación de fragilidad de la globalización y de los modelos económicos y de desarrollo insostenibles y desiguales, consideraron cambiar el paradigma de desarrollo 2030 para reconstruir a nivel mundial las economías con igualdad y sostenibilidad. Ello permitirá generar un pacto social entre los sectores público, privado y social, con el fin de alcanzar protección social universal y crear sociedades más resilientes que estén preparadas para enfrentar próximas crisis mundiales.
Igualmente, recordaron que en junio convocaron a un panel virtual de alto nivel para llamar la atención sobre la difícil situación que atraviesan los 1 mil 600 millones de trabajadores informales del mundo durante la pandemia. Desde entonces, se acordó la necesidad urgente de adoptar medidas de protección social y empleo publico para ayudar a los trabajadores y evitar la destrucción de la capacidad productiva.
Considerando que algunas partes del mundo se encuentran inmersas en la crisis sanitaria, en América Latina y el Caribe se adoptaron medidas de protección social que mitiguen las pérdidas inmediatas de empleo y de ingresos, como las transferencias en efectivo y en especie para compensar la disminución de los ingresos de los trabajadores informales y otros grupos de población vulnerables; hasta ahora, comentaron, estas han ascendido a unos 69 mil millones de dólares.
Finalmente dijeron que en las próximas dos décadas se estima que se necesitarán 20 billones de dólares en inversiones públicas para la recuperación económica, social y ambiental post Covid-19 y, de ello dependerá que se sienten los cimientos de un enfoque centrado en las personas que garantice justicia social.
