Por la represión policial en San Salvador Atenco, Estado de México, “no hubo justicia. A 16 años no se ha hecho justicia de esta brutal represión que hubo en el pueblo. Mi pueblo está tranquilo. Ayer justo se realizó una misa aquí en el centro, en memoria de los caídos, en esta lucha de los que asesinaron, como a nuestro hermano Alexis y al niño Javier Cortés”, explica a Contralínea Trinidad Ramírez, integrante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) y víctima de aquellos hechos.

Agrega: “hasta hoy no hay justicia por aquella agresión que no se debió ser. Sin embargo, los resultados ya los sabemos: violaciones [sexuales] a las compañeras, asesinatos, cárcel con sentencias desmedidas, total persecución, tortura para todos, siguen en la impunidad. Nosotros tenemos que lograr que haya justicia”.

Los ejidatarios de San Salvador Atenco, explica la activista, continúan en la lucha por la defensa de las tierras, a 16 años de la brutal represión que sufrieron –a manos de policías federales y estatales– por rechazar la construcción del aeropuerto de Texcoco.

Por ello, mantienen la esperanza de convertirlas en Área Natural Protegida, e impedir su venta ilegal a la iniciativa privada. Aquel 3 y 4 de mayo de 2006, los gobiernos federal –de Vicente Fox– y estatal –gobernado por Enrique Peña–enviaron decenas de agentes policiacos que incurrieron en asesinato, violaciones sexuales, tortura, allanamiento ilícito de hogares.

“Iniciamos nuestra lucha con un objetivo: la defensa de la tierra. Hasta hoy lo mantenemos. Nada fue fácil desde 2001 [cuando se presentó el proyecto aeroportuario]. En 2006, la represión. En 2010 logramos la libertad de los presos. Pero viene un 2014 donde hay una asamblea ilegal y aprueban el cambio de dominio pleno, y ahí es donde comienzan a alentar a la gente a vender la tierra. Mucha gente se dejó llevar por esas personas que operaron y organizaron toda la entrega de las tierras”, explica en entrevista con Contralínea.

Agrega que todavía existen pobladores que esperan la restitución de las tierras; y a pesar de que se logró cancelar la construcción del aeropuerto en Texcoco, los pobladores desconfían: la iniciativa privada mantiene ese territorio en la mira, consideran.

“La cancelación del aeropuerto no garantiza nada. La ambición de los empresarios continúa, toda la corrupción que existe, tienen la idea de regresar otra vez con ese proyecto”, señala Trinidad.

Por lo anterior, la solución que encontraron los ejidatarios fue exigir que se declaren sus territorios como un Área Natural Protegida, con la finalidad de bloquearlas ante cualquier intento de venta ilegal o persuasión de compra. En ese sentido, la activista en defensa del territorio reconoce que algunas tierras sí se vendieron, pero pueden ser restituidas porque los procesos fueron ilegales, indica.

“Por supuesto, con las tierras que acapararon se hicieron compromisos, las vendieron a particulares y no sabemos ni a quién las vendieron. Están comprometidas, sí; pero ése es el pleito que nosotros sostenemos: al gobierno le exigimos la restitución, justo por ser una venta ilegal”, advierte Trinidad Ramírez.

En ese contexto, indica que la lucha por el territorio sigue generando represalias. La comunidad –señala– recibe amenazas, incluso de muerte, de personajes como Alejandro Santiago López, alias Oaxaco, quien era candidato a la presidencia municipal de San Salvador Atenco.

De éste, Trinidad Ramírez indica: “pudo ser nuestra peor desgracia, pues no sólo estaba como comisariado, sino que llegara a la presidencia como hizo Andrés Luis Méndez, que empezó con la entrega de las tierras. Méndez empezó como comisariado, luego presidente, y para allá iba Alejandro Santiago,” declaró Trinidad.

La activista considera que el principal objetivo, por el momento, es informar a los ejidatarios y pobladores la importancia de declarar las tierras como zona protegida, porque –dice– aún hay quienes desconfían de este plan porque tienen miedo de venderle sus tierras al gobierno.

Por ello, Trinidad Ramírez aclara a esos ejidatarios que el FPDT no busca entregar las tierras al gobierno, sino protegerlas y también al agua, el patrimonio y el sustento de vida.

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