Contralínea
PRESENTE
En relación con la nota publicada el pasado 9 de enero [“UIF, SAT y FGR investigan a Creel y Anaya por red financiera de factureras”], me permito informar lo siguiente:
En primer lugar, quisiera precisar que desde hace más de 3 años, no soy Representante del PAN en el INE, ni tampoco cuento con algún cargo directivo en partidos políticos.
Ejerzo la profesión de manera independiente, con la vocación de prestar servicios jurídicos con asesorías de la más alta calidad. Para ello me he preparado toda mi vida, habiendo estudiado Derecho, titulado además de una maestría en Derecho Procesal Constitucional, y a meses de concluir la segunda maestría en este caso en Derecho de la Empresa.
El despacho del que soy socio cuenta con diversos clientes, los cuales, en todo momento, se les prestan servicios debidamente comprobables.
Cuestionar sin justificación o razón fundada, el servicio que les presto a mis clientes, lastima y afecta la reputación personal y profesional del despacho y un servidor.
Durante mi ejercicio profesional hemos compartido con el despacho mencionado en la nota periodística algunos clientes, por lo que existen transferencias lícitas y reportadas a las autoridades correspondientes.
Con mucho gusto, en caso de tener alguna duda adicional, me encuentro en la mejor disposición de platicar con usted o el medio, reiterando que me encantaría aclararles lo que consideren pertinente.
ATENTAMENTE
Eduardo Aguilar Sierra
Respuesta del reportero
Abogado Eduardo Aguilar Sierra, como habrá leído en la investigación periodística, su nombre y el de su despacho aparecen relacionados con bufetes de abogados relacionados con empresas que facturan operaciones simuladas (EFOS), por lo cual aparecen en la investigación fiscal, financiera y judicial que llevan a cabo las autoridades en contra de la facturación apócrifa, la defraudación fiscal y el lavado de dinero.
Por consiguiente habrá que esperar si esas investigaciones terminan en la consignación de algún expediente ante algún juez federal. En Contralínea sólo damos a conocer dicha investigación oficial por ser de interés público, en donde se da cuenta de negocios de políticos panistas, abogados y empresarios señalados por constituir empresas fantasmas dedicadas a la facturación apócrifa.
Cualquier otra opinión estamos con disposición de reunirnos si ustedes lo consideran pertinente para explicar ampliamente los negocios que sostienen con la empresa concentradora Suma de Capacidades, propiedad del político panista y abogado Santiago Creel Miranda, a la cual según las indagatorias ustedes le entregaron casi 13 millones de pesos.
Miguel Badillo
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