Ante la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), programada para julio del próximo año, y la presión para que México se adhiera al Tratado de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV-91), diversas organizaciones defensoras del maíz exigieron al gobierno federal excluir del esquema comercial internacional a los granos básicos, como el maíz y el frijol. También pidieron rechazar cualquier intento de privatizar las semillas.

Durante el foro “Diálogos desde la milpa: construcción de la agenda del maíz”, la doctora Mercedes López Martínez, representante de la Demanda Colectiva Maíz, advirtió que los maíces nativos y su material genético siguen bajo amenaza de las empresas biotecnológicas transnacionales, que “priorizan el lucro por encima de los derechos fundamentales de la población mexicana”.

Asimismo, exhortó al Congreso de la Unión a consolidar la protección de los derechos sociales y ambientales mediante la aplicación efectiva de las reformas constitucionales relacionadas con los maíces nativos, la biodiversidad y la soberanía alimentaria.

También, López Martínez señaló que ello debe lograrse a través de leyes secundarias y reglamentos, y pidió acelerar la publicación del Reglamento de la Ley General de la Alimentación Adecuada y Sostenible, con el fin de crear un plan integral que articule el trabajo de las distintas dependencias del Estado.

“Es fundamental mejorar la operación de las políticas públicas”, subrayó. “En el campo, las cosas dependen muchas veces de las personalidades. Por eso necesitamos una política integral. Fuera maíz y frijol del T-MEC. Y es indispensable establecer una política de diferenciación de precios. No puede ser que nuestro maíz de alta calidad compita con un maíz que no tiene la misma finalidad ni el mismo uso”.

Uno de los principales conflictos comerciales entre México y Estados Unidos gira en torno al maíz transgénico. Desde finales de 2024, el gobierno mexicano se vio obligado a eliminar la prohibición de su importación para consumo humano, tras la resolución del Panel de Solución de Controversias del T-MEC.

No obstante, frente a la próxima revisión del tratado, organizaciones campesinas e integrantes de la sociedad civil reiteraron su llamado al gobierno mexicano para que retire al maíz y al frijol del acuerdo, como una medida de protección a la soberanía alimentaria y a la biodiversidad del país.

La doctora Malin Jönsson, integrante de la Campaña Nacional Sin Maíz No Hay País, advirtió que México se aproxima a depender en un 50 por ciento de las importaciones de maíz, una situación que calificó como una amenaza directa para la soberanía alimentaria y para las comunidades campesinas que resguardan las variedades nativas del grano.

Subrayó que esta dependencia no sólo incrementa la vulnerabilidad del país ante las fluctuaciones del mercado internacional, sino también pone en riesgo la conservación de la biodiversidad agrícola y los saberes tradicionales asociados a la milpa.

De acuerdo con datos de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), entre enero y agosto de este año, las importaciones de maíz amarillo transgénico alcanzaron una cifra “histórica” de 16 millones 800 mil toneladas, un aumento de 0.2 por ciento respecto al mismo periodo de 2024.

En paralelo, las importaciones de maíz blanco se cuadruplicaron entre enero y septiembre debido a la baja producción nacional y a las condiciones climáticas adversas: México compró 822 mil toneladas, una cifra sin precedente, frente a las 210 mil toneladas del año anterior.

Ante este escenario, la doctora Jönsson insistió en la necesidad de armonizar la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados con las reformas constitucionales a los artículos 4° y 27°, particularmente en lo referente al monitoreo y trazabilidad de los maíces.

Igualmente, propuso emitir el reglamento de la Ley General de Alimentación Adecuada y Sostenible con una participación social efectiva y mecanismos para evitar conflictos de interés. Y llamó a prohibir más de 200 plaguicidas altamente peligrosos que continúan utilizándose en el país.

Actualmente, esa norma es conocida entre colectivos campesinos y organizaciones civiles como la “Ley Monsanto”, ya que su contenido favorece a las corporaciones dedicadas a la producción de semillas transgénicas y agroquímicos.

Por esa razón, las agrupaciones que integran la campaña Sin Maíz No Hay País exigen revisar y actualizar la ley –aprobada en 2005– para armonizarla con la Ley General de Salud y la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, elaboradas durante el periodo neoliberal.

“Nuestra trayectoria de más de 12 años en esta batalla legal ha sido un camino difícil y prolongado”, explicó la doctora Mercedes López Martínez. “Hemos peleado con grandes corporaciones transnacionales y con sus aliados, que lamentablemente todavía existen dentro del gobierno. Están tratando de detener el avance del reglamento de la Ley General de la Alimentación y actúan todos los días en complicidad con intereses empresariales”.

En el marco del Día Mundial de la Alimentación, los representantes de las colectivas cerraron el foro con un llamado conjunto a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial para que los maíces mexicanos sean reconocidos como eje de una política de Estado, capaz de garantizar leyes, reglamentos y programas que defiendan a las comunidades campesinas encargadas de sembrar, cuidar y preservar este legado.

Las organizaciones insistieron en que esta lucha busca proteger la agrobiodiversidad, la diversidad cultural y el medio ambiente, así como contribuir a la mitigación del cambio climático y a la preservación de las culturas, tradiciones y una gastronomía rica y variada, herencia milenaria de Mesoamérica.

Por otra parte, la senadora Laura Itzel Castillo, presidenta de la comisión correspondiente, puntualizó que durante años el modelo de la agroindustria neoliberal redujo al maíz a una simple mercancía que se cotiza en la Bolsa de Chicago. “En su afán de obtener ganancias sin límite, las empresas de transgénicos han intentado apropiarse de los saberes y de las semillas que las comunidades campesinas han cultivado por generaciones”.

La legisladora destacó que, gracias a la reforma de los artículos 4° y 27° constitucionales, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se ha consagrado la protección del maíz nativo mediante la prohibición de la siembra de variedades genéticamente modificadas. “Este avance fortalece nuestra soberanía alimentaria a nivel constitucional y representa la continuidad de la lucha que inició el presidente Andrés Manuel López Obrador”.

Sin embargo, Itzel Castillo reconoció que aún hay pendientes en materia de transparencia y regulación del consumo de maíz transgénico. Anunció que el Senado de la República trabaja en la revisión de los lineamientos de etiquetado de productos que contengan maíz genéticamente modificado, con el propósito de garantizar el derecho de la población a conocer lo que consume.

“Por eso, la próxima semana presentaremos una iniciativa de ley para que los productos genéticamente modificados, en particular los derivados del maíz, estén debidamente etiquetados. Sabemos que, con el apoyo de todas y todos ustedes, lo vamos a lograr”, concluyó.

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