La reforma electoral a leyes secundarias aprobada por el Congreso pone “fin de la burocracia dorada del Instituto Nacional Electoral”, sin que se le quiten facultades al INE o al Tribunal Electoral. “Por el contrario, desaparecen las facultades que tenían las juntas locales o las vocalías locales y se concentran todas en un solo procedimiento sancionador, que será regulado por la dirección respectiva en el Instituto Nacional Electoral”, señaló esta mañana el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández.
Al presentar el contenido de las modificaciones a las leyes electorales en la conferencia presidencial, el funcionario afirmó que “la reforma electoral ha sido objeto de una serie de ataques, de una estrategia claramente diseñada desde las oposiciones, construida a base de falsedades”. Explicó que en el llamado Plan B se reformaron cinco leyes: la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley General de Comunicación Social.
López Hernández señaló: “básicamente lo que la reforma a las otras leyes contiene pues es el fin de la burocracia dorada del Instituto Nacional Electoral: se suprimen privilegios como el seguro de gastos médicos mayores o el seguro de separación individualizada, se instruye para que desaparezcan dos fideicomisos específicos: uno, de contingencias laborales; y el otro, que es relativo a la administración de los inmuebles”.
Al respecto, indicó que esos contratos fiduciarios “están en la opacidad. Nadie sabe, nunca se ha hecho público cuál es el capital que se administran en esos fideicomisos, y se instruye para que en el caso, ese dinero se deberá reintegrar al erario federal, pero en caso de que hubiese liquidación de algún trabajador, con el dinero de esos fideicomisos se pueda aplicar”.
El secretario de Gobernación también descartó despidos masivos en el INE. “No hay, como dicen algunos trasnochados, un despido de aproximadamente 8 mil trabajadores, lo que sí se reduce sustancialmente es el número de los vocales de las juntas locales y de las juntas distritales, que durante 365 días del año pues gozan hoy de una beca sustantiva. Se reduce, en el caso de las juntas locales, de cinco a 13 vocales. Cada uno de esos vocales tiene un ingreso mensual que ronda entre 50 y 70 mil pesos mensuales. Aunque no haya proceso electoral, ellos mantenían durante todo el año sus privilegios, amén del seguro de gastos médicos y otra serie de prestaciones administrativas”.
López Hernández dijo que serán aproximadamente 1 mil 200 puestos los que se podrían perder, pero que el personal que forma parte del Servicio Profesional Electoral deberá ser reubicado en otros departamentos o tareas del INE. “El universo de posibles despidos, no llega ni siquiera al 7 u 8 por ciento del total de los 17 mil 500 trabajadores que aproximadamente tiene el Instituto Nacional Electoral”.
Asimismo, el titular de la Segob afirmó que, a partir de la nueva Ley General de Medios de Impugnación en Materia Electoral, por primera vez se regula que solamente haya un organismo encargado de resolver las controversias durante una jornada electoral.
