El 22 de marzo, Día Internacional del agua, tuvimos una gran noticia. El presidente López Obrador declaró el lago de Texcoco como área natural protegida. El lunes inauguró el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Así se evita un desastre hídrico y la sobreexplotación del agua al atinadamente haber cancelado el Aeropuerto de Texcoco. Se iba a perder el Lago Nabor Carrillo, un cuerpo de agua permanente de calidad y que ayuda al medio ambiente. Lo iban a convertir en una laguna de regulación, que recibiría aguas residuales. Todo para realizar tremendos negocios inmobiliarios.

El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles costó 80 mil millones de pesos y se construyó en 3 años. El de Texcoco iba a costar 300 mil millones, más decenas de miles para su mantenimiento en un terreno que se hunde. Quisieron construirlo sobre lo que fue un lago. Además, se tiraba a la basura el Aeropuerto Benito Juarez que vale 280 mil millones de pesos. Se cerraría junto con el de Santa Lucía.

Desde 2006 los pobladores de Atenco se opusieron al proyecto. Fueron reprimidos por el presidente Fox y el gobernador Peña Nieto. Hoy la lucha sigue, los yaquis en Sonora exigen recuperar su derecho al agua, en la región de la Laguna denuncian que reciben agua escaza y con arsénico, en Yucatán las granjas de cerdos arriesgan los acuíferos y los contaminan, en Cananea sufren por la contaminación causada por el Grupo México que derramó 40 millones de litros de desechos peligrosos de en los ríos Sonora y Bacanuchi.

La Coordinadora Nacional Agua para Todos, Agua para la Vida, con participación de 400 organizaciones sociales y populares, de comunidades rurales y urbanas, universidades, centros de investigación, trabajaron la propuesta de una nueva Ley General de Aguas. Presentó la iniciativa al Congreso con 200 mil firmas validadas por el Instituto Nacional Electoral (INE) el 4 de febrero del 2020.

Urge solucionar el problema del agua. Ríos como el Nazas y el Suchiate se están secando. En Michoacán se pierden sus lagos por sobrexplotación, es grave, se necesita agua para la soberanía alimentaria, el manejo del riego, para la mitigación de inundaciones y sequías, contra la contaminación y sobreexplotación.

En el municipio de Ecatepec, de los más poblados del país, 500 mil habitantes sufren  desabasto de agua potable. Diez municipios de Coahuila y Durango son de los más afectados. Puerto Vallarta, tercer puerto en importancia del país, sufre escasez de agua por el boom de condominios de lujo y hoteles.

Hay desorden en el manejo y uso del agua y en el fondo existe el tráfico ilegal y  corrupción. Veamos un ejemplo reciente en la Laguna. El Observatorio Hídrico Nacional y el Observatorio Socioambiental de la Universidad Iberoamericana dan seguimiento al caso de Félix Ramírez, un ingeniero agrónomo dedicado a trabajar la tierra, defensor de los ejidatarios de Francisco  Madero, Coahuila, desplazados hídricos que se aferran a sus comunidades. Ganó el liderazgo de la asociación de usuarios del Modulo de Riego XIII el 12 de enero pasado, contra el empresario Mario Valdés Quintanilla  quien llevaba en el cargo 2 períodos consecutivos de 3 años (los estatutos marcan cambio cada 3 años y alternancia entre el sector ejidal y empresarial). Ahí validaron la elección funcionarios de Conagua y reconocieron el triunfo de Félix, indicando al empresario que debía entregar la administración y el patrimonio del módulo.

El empresario se niega a aceptar el resultado, extrae la maquinaria y se la lleva a su rancho sin entregar cuentas bancarias. Los delegados del módulo van a su rancho a exigirle la entrega el patrimonio de la asociación y su respuesta es demandar penalmente a Félix por privación ilegal de libertad y se ampara para sostenerse como presidente de la asociación. Félix fue acusado de secuestro y ahora hay cuatro órdenes de aprehensión en su contra. Y así usan el agua tenientes sus contactos con poderes económicos y políticos locales.  Basta ya. Con la Nueva Ley General de Aguas debe existir el control ciudadano. Y garantizar el acceso al agua un derecho fundamental, consagrado por la Constitución en el Artículo 4 fracción sexta que señala: Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible.

Sabemos que los derechos no son meras formulaciones, el Estado debe garantizarlos. Pero en el caso del agua –como en muchos más– es letra muerta. En los días que corren 40 millones de personas las que sufren aguda escasez de agua en México, que se les arrebatan grandes corporaciones mineras, refresqueras, lecheras, cerveceras, por corporaciones agrícolas y grandes intereses inmobiliarios, así como instalaciones de corporaciones turísticas.

El manejo del agua hoy es un gran negocio, en las zonas más pobladas del país. Actualmente, la única manera de obtener agua es comprarla embotellada o en pipas. Han convertido al agua en una mercancía más en el mercado y se compran y venden derechos del agua concesionada. Para engordar el negocio se agotan los mantos y no se garantiza el agua a las generaciones futuras.

Es necesario que toda la población tenga agua potable en sus hogares. México es el país del mundo que consume más agua embotellada. Entre el 71 y el 98 por ciento de la población de México la adquiere y es un sobrecosto para las familias. La desconfianza por la calidad del agua del grifo conduce a millonarias ganancias a las corporaciones que venden agua embotellada.

Es fundamental que todas las escuelas cuenten con agua corriente, como los agricultores, los pequeños productores y prestadores de servicio. Pedro Moctezuma Barragán, de la Coordinadora Nacional Agua para Todxs, Agua para la Vida, plantea: “Dentro de las instancias que proponemos planteamos la participación de comités y consejos de cuenca construidos democráticamente por todos los sectores y que tengan un papel central en la planeación y construcción de planes de cuenca elaborados por la población y todos los sectores productivos sin conflictos intereses”.Promover una gestión de ciclos naturales más allá de extractivismo y sobreexplotación. Debe haber un equilibrio, pues para que nuestra población tenga agua debe haberla en la naturaleza.

Es esencial aumentar la captación de agua de lluvia por medio de cosecha de agua, construir terrazas y pequeñas represas y gaviones para retener el agua y aumentar su infiltración al subsuelo, almacenar agua en nuevos lagos artificiales como el Nabor Carrillo del Plan Texcoco, el reciclaje de aguas servidas, procurar la recarga de mantos acuíferos por medio de la reforestación en las cañadas que alimentan a los ríos. Asimismo, transitar a una cultura en la que regresemos a los baños secos, ya que el 70% del agua, actualmente va al excusado y a pestilentes drenajes. Los baños secos no contaminan el agua ni el ambiente y permiten el reciclamiento de los desechos orgánicos.

Es importante captar el agua suficiente incorporando en este esfuerzo a toda la población desde los pueblos, barrios y colonias, instalando la cosecha de agua de lluvia en las escuelas, mercados e instituciones; usando material permeable para pavimentar, sobre todo en los lugares donde se encharca el agua, intensificando la reforestación, promoviendo reutilizar el agua, no usar agua potable en baños, jardinería, etc.

Se necesita un Plan de Desarrollo Urbano a nivel nacional que impulse el crecimiento de las ciudades que son sustentables en agua y desestime a las que no lo son. Un Plan Maestro que comprenda obras físicas muy importantes que propicien la inducción del crecimiento de la población en centros urbanos ubicados en lugares adecuados por su acceso al agua.

Es hora de que la sociedad de organice para defender su derecho, construir contralorías ciudadanas del agua en todos los municipios y alcaldías, a lo largo y ancho del país, promover el movimiento de guardianes del agua en defensa de los derechos de los pueblos originarios y los sistemas comunitarios de agua de nuestro país, debemos fortalecer las luchas en contra los megaproyectos afectan nuestro derecho humano al agua y los derechos de la naturaleza.

Sigue vigente la Ley de Aguas Nacionales, impulsada en 1992 por Carlos Salinas de Gortari, a pesar de que en 2012 se reconoció en la Constitución el derecho al agua y se emplazó al Congreso a aprobar una nueva ley en un año. La Coordinadora Nacional Agua para Todxs Agua para la Vida ha estado denunciado que la Conagua y la Ley privatizadora son precisamente la institución y el marco normativo que han promovido los abusos y el acaparamiento. La ley actual permite la privatización de sistemas municipales y obras hidráulicas y niega derechos a sistemas comunitarios. “Asimismo, no reconoce los derechos de ejidos y comunidades que hayan recibido dotaciones por decreto presidencial. No cuenta con instrumentos para poder corregir el exceso de concesiones ni el acaparamiento, aun cuando hayan sido otorgadas con base en estudios manipulados y/o se pueda comprobar la existencia de daños a terceros. La LAN no contiene instrumentos para garantizar que los municipios y comisiones estatales puedan proveer de agua a toda su población, mientras que ha permitido que las inmobiliarias obtengan concesiones y controlen los servicios de agua en sus fraccionamientos”, sostiene Agua para Todxs.

Urge que se apruebe la iniciativa ciudadana y no otra con la que nos quieran dar gato por liebre los influyentes aguatenientes, la hidrocracia de México que realizan siempre gran cabildeo en el Congreso y con altos funcionarios. Sienten tener el poder.

Por ello es necesario que el Congreso apruebe la iniciativa ciudadana de Ley General de Agua de cara a la gente, a la sociedad a las 400 organizaciones que durante 8 años construyeron un proyecto de ley con 12 consensos por el agua y que desde el 4 de febrero espera su aprobación en el Congreso.

En el tema del agua la población debe desarrollar el poder, para garantizar su derecho y el Estado debe impulsar una transformación en este tema vital. En eso estamos. Que sea para bien.

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