Las comunidades de Kinchil, San Fernando y Celestún, en Yucatán, llevaron a cabo procesos de consulta para evaluar la estadía de granjas porcícolas en la región. Durante los procesos se documentaron actos de intimidación y amedrentamiento sobre quienes participaron.
De acuerdo con la Misión de Observación de la Autoconsulta sobre las Mega Granjas de Cerdos en Yucatán, durante los tres procesos que se llevaron a cabo en julio pasado, hubo actos de hostigamiento y condicionamiento al voto por parte de las empresas.
Según ha documentado Greenpeace México, las mega granjas de cerdos en el estado gobernado por el panista Mauricio Vila Dosa, “han contaminado el agua, poniendo en riesgo la salud de las personas y cómo han contribuido a la deforestación en la región, misma que es una zona vulnerable por su suelo kárstico. Además, señala que únicamente 18 de las más de 200 granjas porcinas industriales, cuentan con Manifestaciones de Impacto Ambiental, la cual es un requisito indispensable para conocer los daños ambientales que su operación ocasionarían”.
El documento fue elaborado por representantes de organismos internacionales como la Oficina en México de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Así como las organizaciones de la sociedad civil Artículo 19 México y Centroamérica, y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juarez (Centro Prodh).
Señala que en la consulta de la comunidad de Kinchil, 576 personas votaron a favor de la granja contra 423 que no deseaban que continuara. No obstante, “entre la etapa informativa y la etapa consultiva se denunciaron algunos actos que vulneran el derecho a la libre participación. El día de la consulta, se percibieron personas vinculadas a la empresa que parecían anotar quiénes votaban y que hicieron intentos por ver el sentido de los votos. A pesar de no constituir agresiones, ello generó un entorno no propicio para el voto libre de las personas, más aún en una comunidad en la que tiene tanta presencia la empresa, pues se trata de una de las principales fuentes de ingresos de la población”, indica.
La información también indica que en la comunidad de San Fernando, donde hubo 117 votos en total, 58 estuvieron a favor y 59 en contra de la permanencia de las granjas de cerdos. En la Misión de Observación se destaca que: “A pesar de que no se suscitaron incidentes graves, el ambiente fue tenso desde el principio de la consulta en donde estuvieron presentes varias personas de la comunidad que se encontraban alcoholizadas.
“En la consulta, estuvieron también presentes policías municipales, quienes realizaron algunos rondines y se acercaron a la mesa de consulta para registrar los nombres de las personas que estaban realizando el ejercicio de autoconsulta.
“De acuerdo con un testimonio anónimo, la consulta fue condicionada para los trabajadores de la empresa y sus familiares, ya que unos días antes de la consulta, la propia empresa convocó a una junta brindando información sobre los beneficios de los empleos generados por las granjas porcinas y condicionando de esta forma el voto”, indica.
En tanto, el proceso que se llevó a cabo en Celestún juntó 1 mil 108 votos totales, de los cuales 1 mil 101 fueron para que no continúe la granja de cerdos en la comunidad. En este caso, fueron invitadas las empresas Grupo Porcícola Mexicano y Administración Agropecuaria de Yucatán, sin que acudieran a las votaciones.
“En la parte consultiva, la mayoría de las personas que participaron refirieron haber participado en la jornada informativa y tenían una postura clara respecto a la necesidad de proteger el medio ambiente de las consecuencias que puede tener en particular en el agua la industria porcina”, expone la información.
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