Los delitos y agresiones que sufren las personas defensoras de derechos humanos continúan de forma preocupante en América Latina. Actualmente, “es la región del mundo más peligrosa para la defensa de los derechos humanos”, alertó la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos (Red TDT). Esta situación, dijo, se agravó en el contexto de la pandemia por Covid-19.

Recordó que las personas defensoras que viven el asedio constante en razón de su labor de defensa de derechos humanos son víctimas de asesinatos, agresiones, espionaje, privación de libertad y desplazamientos forzados. Algunas de estas agresiones, detalló la organización, se potencian en razón del género o procedencia étnica.

Para la Red TDT, es preocupante que las instancias gubernamentales sigan sin adoptar medidas integrales para brindar una adecuada protección a las personas defensoras. A esto se suma que los principales agresores son “agentes estatales, seguidos de la delincuencia organizada y actores particulares, principalmente estos últimos asociados a las industrias extractivas”.

Por ello, en el contexto del Día Internacional de la Personas Defensoras de Derechos Humanos –conmemorado el 9 de diciembre–, la Red instó a todos los organismos del Estado a instruir acciones concretas y reales, con enfoque de género e interseccional, dirigidas a proteger la vida e integridad de las personas defensoras. Ello conforme a los tratados internacionales de derechos humanos y la Declaración de Personas Defensoras.

La Red indicó que se deben establecer políticas de cero tolerancia a la violencia  y un marco legal claro que genere procesos de investigación, justicia y sanción a actores privados, actores intelectuales, empresas y contratistas que promuevan acciones de criminalización o riesgo para personas defensoras. En ese contexto, la Red señaló que se debe garantizar a las víctimas directas e indirectas adecuados procesos de reparación.

Asimismo, señaló la Red, “es urgente prevenir que los sistemas nacionales de justicia, ya sea desde la vía penal, constitucional o civil, obstruyan la labor de personas defensoras”.

Las instancias encargadas de velar por la vida e integridad de personas en situación de riesgo deben ser fortalecidas y contar con las capacidades humanas y financieras que posibiliten la coordinación en los distintos niveles de gobierno y poderes públicos a nivel nacional o binacional, puntualizó la Red.

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