El presidente Andrés Manuel López Obrador confió en que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México – encabezada por la abogada Ernestina Godoy – atraiga el caso de los tres niños violados sexualmente en los refugios de la panista Rosa María de la Garza Ramírez –conocida como Rosi Orozco– a mediados de 2020, y que sigue impune hasta la fecha. Ello, luego de que Contralínea consultara con la Fiscalía General de la República sobre la atracción del asunto y dicha institución informara que no es de su competencia por ser delitos del fuero común.
La FGR explicó que los únicos casos de trata de personas que puede atraer son los que se cometen en contra de personas extranjeras o de mexicanos que son trasladados a otros países, y en este caso no se presenta ninguno de los dos escenarios, pues se trata de infantes y adolescentes víctimas de trata en territorio nacional.
“Si tiene información o si le notificaron, aunque sea de manera indirecta, a la Fiscalía de la Ciudad de México, yo le tengo mucha confianza a Ernestina Godoy y le pido que nos presente un informe y que se actúe. Yo creo que sí puede resolverse de esa manera”, indicó el primer mandatario en su conferencia matutina.
Contralínea también le planteó al jefe del Ejecutivo federal que la exlegisladora Rosi Orozco se jacta de tener influencias e incluso su defensa la lleva el abogado Samuel González Ruiz –extitular de la antigua Unidad Especializada en Delincuencia Organizada de la Procuraduría General de la República–, quien participaba activamente en la Comisión Unidos vs Trata.
Al respecto, el presidente López Obrador agregó que en México ya “no hay impunidad para nadie y que puede ser que se atoren las cosas por algún influyentismo porque todavía exista, pero la instrucción es cero impunidad” .
Por ello, propuso que el caso lo atienda la fiscal capitalina Ernestina Godoy “y que, si tiene facultades, actúe, si es que la fiscalía general no quiere resolver el asunto. Pero se lo podemos pedir a Ernestina”.
Sobre este caso, Contralínea ha documentado que los menores de 7, 9 y 11 años –uno de ellos diagnosticado, entre otras enfermedades, con discapacidad intelectual– fueron violados por dos adolescentes de manera reiterada entre junio y julio de 2020 en el refugio ubicado en la alcaldía de Cuajimalpa. No obstante, por instrucciones de Rosi Orozco los hechos se denunciaron ante la Procuraduría del Estado de México, misma que judicializó las carpetas para inculpar a los menores de edad, lo que finalmente ocurrió y que deja a salvo a los verdaderos responsables que son los dueños de los albergues.
Adicionalmente, de acuerdo con la Recomendación 72/2022, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, autoridades federales y estatales encubrieron irregularidades en los refugios de la panista Rosi Orozco. Se trata de cuatro instituciones –entre las que destaca la Procuraduría Federal de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes–, así como de 16 funcionarios federales, del Estado de México y de Coahuila, encargados de investigar tres casos de violaciones sexuales contra menores de edad ocurridas en albergues de la organización Unidos vs Trata.
Entre las anomalías atribuidas a dichos servidores públicos, la CNDH documenta que la falta de debida diligencia en las indagatorias ha permitido que tres integrantes de la asociación civil continúen impunes; también, que hubo falsedad de declaraciones respecto de las agresiones sexuales, y que un funcionario federal determinó que los infantes permanecieran en las estancias de Orozco, a pesar del riesgo que corrían al convivir con sus agresores.
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