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Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informará la próxima semana –en la conferencia matutina– cuál es el estado que guarda la investigación conjunta en torno a 36 empresas factureras de operaciones simuladas (EFOS) que implican a despachos de abogados, entre los que destaca el bufete del panista Santiago Creel Miranda, indicó el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Consultado por Contralínea acerca de los avances en esa indagatoria, el primer mandatario dijo que no tenía información actualizada y que le pedirá a Pablo Gómez que asista a rendir un reporte al respecto. “No tengo yo información a detalle y sí estaría bien que viniera Pablo Gómez la próxima semana”.
Como este semanario lo informó desde enero de 2002, el exsecretario de Gobernación, expresidente del Senado de la República y actual diputado federal por el Partido Acción Nacional (PAN), Santiago Creel Miranda, es investigado junto con Ricardo Anaya Cortés –excandidato panista a la Presidencia de la República– por participar supuestamente en una intrincada red financiera que vincula a políticos y despachos de abogados con EFOS, defraudar al fisco y participar presuntamente en lavado dinero del Cártel Jalisco Nueva Generación.
De acuerdo con los expedientes abiertos en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y en la Fiscalía General de la República (FGR), a los que Contralínea tuvo acceso, hasta enero pasado se habían identificado 36 empresas, la mayoría con sede en Zapopan, que utilizaban a seis despachos de abogados como representantes legales y a través de los cuales, según la UIF y el Servicio de Administración Tributaria (SAT), se triangulaban millones de pesos provenientes de presuntas actividades ilícitas para financiar a políticos panistas.
De acuerdo con documentos contenidos en el expediente, los seis despachos de abogados involucrados son: Creel, García y Asociados, constituido en 2020; Rincón, Mayorga, Román, Abogados Litigantes; Suma de Capacidades; Creel, Rodríguez y Abogados; Aguilar, Sierra y Asociados; GPL Abogados, los cuales según las indagatorias financieras reciben parte de los recursos que provienen de empresas que realizan operaciones simuladas para blanquear dinero y evadir el pago de impuestos.
El diputado panista Creel Miranda es el socio principal de Suma de Capacidades, de donde obtiene su mayor ingreso, y de acuerdo con información oficial, esa empresa recibe dinero principalmente de los despachos de abogados Rincón, Mayorga, Román, Abogados Litigantes; Aguilar Sierra y Asociados, y GPL Abogados.
Suma de Capacidades también recibió ingresos millonarios de otros despachos: Aguilar, Sierra y Asociados le transfirió 12.9 millones de pesos; Creel, Rodríguez y Abogados, 8.2 millones de pesos; C Claro (socio de Alpha Credit), 4.3 millones; GPL Abogados, 3.4 millones de pesos.
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