En la emisión vespertina del Diario Oficial de la Federación, con fecha 23 de septiembre de 2024, se publicó el decreto por el cual se declara como nueva Área Natural Protegida (ANP) –llamada Felipe Carrillo Puerto– a un total de 52 mil hectáreas de terreno, dentro de los cuales se ubica la mina Calica, propiedad de la filial estadunidense Vulcan Materials.
El decreto establece en su artículo sexto, fracción XI,que en esta área queda prohibido “realizar obras y trabajos de exploración, explotación y beneficio de los minerales o sustancias, a que se refiere la Ley de Minería”. Esto significa que la empresa minera no podrá seguir extrayendo minerales, como la piedra caliza.
Asimismo, el artículo décimo dispone que: “los propietarios, poseedores o titulares de otros derechos sobre tierras y aguas, que se encuentren dentro de la superficie del área de protección de flora y fauna Felipe Carrillo Puerto están sujetos a las modalidades que se establecen en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, su reglamento en materia de áreas naturales protegidas, el presente decreto, y demás disposiciones jurídicas aplicables”.
Cabe recordar que el presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió, en una de sus conferencias,que este asunto sería concluido antes del cierre de su administración: “antes de irme, yo tengo que dejar resuelto eso, y lo vamos a resolver legalmente. Ya hay una clausura, sí, pero quiero que sea una clausura definitiva, porque es mucho el daño que han causado”.
El titular del Ejecutivo federal también expuso la negativa de la empresa estadunidense para terminar con el conflicto, a pesar de que el gobierno mexicano hizo de “todo para llegar a un acuerdo con los dueños de la empresa Vulcan”.
El presidente López Obrador aseguró que incluso se le ofreció a Vulcan Materials la compra de los terrenos y quitarles las multas por los daños ocasionados, esto debido a que violaron la legislación en materia ecológica, pero en su empeño por sacar la piedra y grava para llevarla a Estados Unidos rechazó las negociaciones.
En cambio el gobierno de Estados Unidos prefirió seguir con el litigio en instancias internacionales, mismo que sigue vigente. De hecho esta semana un grupo de congresistas estadunidenses firmaron una carta bipartidista con la finalidad de que se tomaran acciones para que el gobierno de México no se apodere de la mina Calica, tan sólo cuatro días después el decreto ha sido publicado.
Te puede interesar
Minera Panamá, entre arbitrajes y peligro ambiental
