La Fiscalía General de la República (FGR) mantiene abierta la carpeta de investigación FED/SEIDF/UNAI-CDMX/0000611/2020 en contra de quien resulte responsable por los ocho contratos transexenales de prestación de servicios a largo plazo que, en 2010, autorizó el entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa para que seis empresas privadas construyeran ocho reclusorios con presupuesto público cercano a los 300 mil millones de pesos, con una vigencia por 22 años (2010-2032).
El fiscal Alejandro Gertz Manero analiza citar a declarar al exmandatario panista Calderón Hinojosa y a varios exsecretarios de Estado que estuvieron involucrados en esta trama de corrupción para desviar miles de millones del erario público. Entre los involucrados destacan Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública; Ernesto Cordero, exsecretario de Hacienda y Crédito Público, y Salvador Vega Casillas, exsecretario de la Contraloría de la Función Pública, además de otros 30 exfuncionarios responsables de la dirección y administración de penales federales.
Fuentes vinculadas a estas investigaciones revelaron a Contralínea que la maquinación del cuantioso fraude y daño patrimonial consistió en que el gobierno de Calderón asignó directamente la construcción de ocho reclusorios a seis empresas: ICA, GIA, Prodemex, Arendal, Homex y Tradeco; cuatro de ellas vendieron los contratos gubernamentales a otras empresas a pesar de que eso estaba prohibido por tratarse de asignaciones bajo la modalidad de “contratos de seguridad nacional”, por lo cual la FGR también podría imputar y citar a declarar a los empresarios y representantes legales de las empresas ICA, Arendal, Homex y Tradeco.
Al asumir el gobierno a finales de 2018 el presidente Andrés Manuel López Obrador, ordenó de inmediato se abriera una investigación sobre dicha asignación de contratos y buscar una negociación con los empresarios involucrados, lo que permitió reducir en un 15 por ciento el monto total que el gobierno federal está obligado a pagar durante 22 años –lo cual concluye hasta 2032– y cuyo monto quedó en 235 mil millones de pesos, de los cuales en los primeros 10 años (2010-2020) ya se liquidaron cerca de 90 mil millones de pesos, por lo que restan por pagar 145 mil millones.
Las empresas y sus representantes legales involucrados en estas operaciones irregulares que causaron un daño patrimonial a la nación cercano a los 50 mil millones de pesos, son ICA, la cual vendió dos contratos a la empresa EXI Cuantum y sus representantes legales son Pablo García Aguilar y Horacio Esparza Pérez; Arendal vendió un contrato que le había asignado Calderón Hinojosa, a la empresa Inbursa, en donde el apoderado legal es Carlos Arturo Alcalá R; Homex también vendió un contrato a Inbursa con el mismo apoderado; y Tradeco vendió un contrato al polémico fondo de inversión BlackRock.
Las dos empresas que no vendieron sus contratos pero que participaron en la maquinación del fraude son GIA (Grupo Ingeniería Arquitectura), cuyo fundador y presidente es Hipólito Gerard Rivero, excuñado de Carlos Salinas de Gortari, y sus representantes legales son Jorge Ibarrola Morlet y Jorge Enrique Morales; y Prodemex (Promotora y Desarrolladora Mexicana), de Olegario Vázquez Aldir y su representante legal Mario de Jesús Eternod Aguilar.
De acuerdo con observaciones de la Auditoría Superior de la Federación con motivo de la auditoría número 17GB, bajo el título “contrato de prestación de servicios a largo plazo”, correspondiente a la cuenta pública 2017, se determinó que la asignación de contratos a seis empresas privadas para realizar la construcción, equipamiento y puesta en operación de Centros Federales de Readaptación Social (Ceferesos), tuvo un sobrecosto de 41 mil 26 millones 400 mil pesos, además de múltiples irregularidades en torno a la contratación de los servicios de auditoría técnica, en contravención a los contratos de prestación de servicios.
La ASF confirma también que Prevención y Readaptación Social obtuvo la autorización de la Secretaría de Hacienda, cuando su titular era el panista Ernesto Cordero, por un monto de 199 mil 476 millones de pesos para esa inversión.
Contralínea tiene en su poder el oficio número SSPC/OADPRS/DGA/DGAASCP, con fecha del 11 de marzo de 2019, en donde el encargado del despacho de la Dirección General Adjunta Responsable de la Administración de Servicios Integrales de Capacidad Penitenciaria, José Ariel Morales López, informó al titular de la Unidad de Asuntos Legales y Derechos Humanos del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, Nicollino Ciuseppemariano Cangiamilla Enríquez, que por dicho sobrecosto de más de 41 mil millones de pesos y otras irregularidades, se denota la existencia de conductas señaladas por la ley como delitos, por lo que recomienda se presente la denuncia penal respectiva ante las autoridades competentes.
En otro oficio –el OADPRS/DGA/DGAASCP/1969/2019, con fecha del 16 de agosto de 2019–, Morales López le indica a Cangiamilla Enríquez que “es pertinente formular la denuncia penal ante la Fiscalía General de la República, acorde con lo señalado por la Auditoría Superior de la Federación […] porque la entonces SSP obtuvo la autorización presupuestaria de la SHCP por 199 mil 476 millones 600 mil pesos, con un sobreprecio de 41 mil 26 millones 400 mil pesos”.
El documento añade que “la autorización se realizó con un sobreprecio en cada uno de los contratos por 27.2 por ciento del costo presupuesto inicialmente”, lo cual confirma la maquinación orquestada por el gobierno a cargo de Felipe Calderón para robar dinero del erario público.
La denuncia penal ante la FGR se presentó entonces en agosto 2019, por lo que el fiscal Gertz Manero tiene ya dos años de haber empezado a integrar la carpeta de investigación sin que hasta la fecha haya citado a declarar al expresidente Calderón Hinojosa ni tampoco a los exsecretarios de Estado involucrados, y lo mismo sucede con los empresarios involucrados en este desfalco.
En la relatoría de hechos del primer oficio (SSPC/OADPRS/DGA/DGAASCP, con fecha del 11 de marzo de 2019), se explica que la entonces Secretaría de Seguridad Pública, a cargo del convicto Genaro García Luna, justificó la procedencia de la contratación de inversionistas proveedores mediante la adjudicación directa por razones de seguridad pública y seguridad nacional, y también en su momento les fueron autorizados la contratación de auditores técnicos que no cumplían con los citados requerimientos.
Estos fueron los casos del Cefereso número 11 CPS Sonora, en donde el auditor técnico fue Desarrollos Jurídicos Integrados, el cual no acreditó contar con profesionales que tuvieran experiencia en la supervisión técnica de servicios penitenciarios.
Igualmente está el Cefereso número 16 CPS Morelos, en donde el, auditor fue Full Service de México, el cual tampoco cumplió con los requisitos establecidos en los contratos. También el Cefereso número 18 CPS Coahuila, en donde el auditor Reyval Consulting no cumplió.
Todas estas irregularidades forman parte de la carpeta de investigación que integra la FGR y que en su momento servirán para solicitar a un juez federal las órdenes de aprehensión respectivas, en donde podría estar incluido Calderón Hinojosa y su cómplice García Luna.
En la conferencia de prensa de este viernes 17 de septiembre en Palacio Nacional, la reportera Nancy Flores preguntó al presidente sobre este tema: “Seguimos en Contralínea investigando todo el tema de corrupción en los reclusorios y estos ocho contratos –que usted también ha revelado aquí– y hemos encontrado más información sobre cómo se hicieron estos negocios que el entonces presidente Felipe Calderón directamente aprobó [en 2010]: estos contratos se otorgaran a seis empresas que eran cómplices en aquel gobierno. Entre esas empresas están Tradeco, ICA, Arendal y Homex, las cuales vendieron esos contratos que les habían asignado directamente porque supuestamente era un tema de seguridad nacional; entonces, aquí hay un asunto de defraudación, pero además hay un tema de ilegalidad en esta venta de contratos.
“También hemos documentado que toda esta corrupción en estos contratos, que tienen una vigencia de 22 años, es decir son transexenales, implican un gasto del erario cercano a los 300 mil millones, al cual ustedes ya lograron que se les baje el 15 por ciento.
“Sin embargo, presidente, pues son más de 200 mil millones de pesos los implicados en este gran fraude. Me parece que es uno de los fraudes más grandes que ha habido en la historia de México. La Fiscalía General de la República ya tiene abiertas indagatorias: nosotros tuvimos acceso a algunos documentos, en donde se observa que entre los funcionarios que están investigando está el propio Felipe Calderón, el exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, y también el exsecretario de Hacienda, Ernesto Cordero, entre otros, además de las propias empresas.
“La pregunta, presidente, es si no debería ya la Fiscalía General de la República citar al expresidente Calderón para que explique por qué permitió este gran fraude a la nación, y si el gobierno de México está colaborando en esas indagatorias con la Fiscalía General de la República, pues para que se documente este gran fraude a la nación que implica más de 200 mil millones de pesos.”
El presidente López Obrador respondió: “Miren, nosotros ya hablamos sobre este tema: se logró un acuerdo de una disminución del 15 por ciento, como tú lo señalas; sin embargo, se envió a la Fiscalía el expediente por una serie de irregularidades, por decir lo menos, baste señalar que no hubo licitaciones, fueron asignaciones directas y estamos hablando de miles de millones de pesos. Por eso se envió. Va a ser la Fiscalía la que va a resolver.
“Pero quiero aclarar algo. Desde que tomé posesión sostuve que, en el caso de los expresidentes, sólo si existían expedientes de personas, de ciudadanos, si lo aprobaba la gente en una consulta, en mi opinión se podía llevar a cabo el juicio contra los expresidentes, que yo era partidario y soy partidario de que se vea hacia adelante.
“Porque el colmo, la verdad, es que luego de todo lo que hicieron en el periodo neoliberal, que es el periodo de más saqueo, de más robo que se haya registrado en la historia de México, desde que llegaron los españoles empezó el saqueo, bueno, con el tesoro de Moctezuma, está probado que se lo robaron y se lo repartieron, y le tocó más a los jefes de la invasión, y luego 300 años de saqueo, pero todo lo que se llevaron de oro y de plata a Europa en tres siglos es el equivalente a lo que se extrae de oro y plata en la actualidad en tres años. Saquearon muchísimo en el periodo neoliberal, estamos hablando de 1983 a finales del 2018, 36 años de saqueo; aun así, yo considero que no debemos convertirlos en víctimas.
“Porque es el colmo, después de todo lo que hicieron, que no aceptan, que no reconocen, que no actúan con autocrítica, con humildad, de todo el daño que causaron, imagínense que pasen a sentirse perseguidos. Por nuestra parte no, no es mi fuerte la venganza y ningún expresidente de México va a ser perseguido por cuestiones políticas, no necesitamos de eso.
“Antes, para ganar legitimidad… dos ejemplos, (Carlos) Salinas, como hubo fraude electoral, para ganar legitimidad metió a la cárcel al dirigente del sindicato petrolero y tomó otras decisiones, y ‘Oh, este sí tiene pantalones’ y aplausos. ¿Se acuerdan?
“¿Y cómo terminó ese gobierno?
“Fue el gobierno de mayor corrupción, es el sexenio en el que se profundizó más la desigualdad económica y social en nuestro país, unos cuantos se hicieron inmensamente ricos porque saquearon, se quedaron con los bienes de la nación y del pueblo, y la mayoría se empobreció.
“Muchos de los problemas actuales vienen de eso, de esa monstruosa desigualdad económica y social, por esa actitud espectacular que se aplicó en el caso de Salinas y así en otros casos ¿no?, lo espectacular. ‘Vamos a detener al Chapo’, al mismo tiempo que tenían acuerdos, como está demostrado, para que, también, aplausos. No, eso es demagogia, politiquería. Nosotros vamos a pensar hacia adelante en la transformación de México”.
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