En su mayoría afines al pensamiento neoliberal y promotores del adelgazamiento de los derechos laborales, un centenar de exfuncionarios del Banco de México (Banxico) mantiene el privilegio de que el erario de la nación les pague una pensión vitalicia similar a la que cobraban, hasta octubre de 2018, los expresidentes de la República y que fue cancelada por el Congreso de la Unión.
Los beneficiarios son exgobernadores, exsubgobernadores y exdirectivos del banco central, entre los que destacan Ernesto Zedillo Ponce de León, Agustín Carstens Carstens, Francisco Gil Díaz y Guillermo Ortiz. Sus pensiones anuales van alcanzan hasta 4 millones de pesos anuales. Además, se les garantizan otras prebendas como seguro de gastos médicos de cobertura amplia.
De acuerdo con los datos del propio Banxico (actualizados al primero y segundo trimestre de 2022), el expresidente Ernesto Zedillo cobra de esa institución 121 mil 763.22 pesos mensuales, por lo que al cierre de este año se habrá embolsado 1 millón 461 mil 156 pesos. En el banco central se desempeñó como analista y subgerente de investigación económica. El político priísta fue uno de los principales impulsores de la privatización de los bienes públicos, entre ellos los Ferrocarriles Nacionales de México.
A éste se suma otro centenar de privilegiados. Entre ellos, Miguel Ángel Mancera Aguayo, quien cobra mensualmente 338 mil 833.75 pesos. Éste encabezó el banco central del 1 de abril de 1994 [último año del sexenio de Carlos Salinas de Gortari] al 31 de diciembre de 1997 [periodo en el que Ernesto Zedillo ocupó la Presidencia]. A este se le recuerda como corresponsable del llamado error de diciembre de 1994, cuando por falta de reservas internacionales, crisis de deuda externa, déficit público abultado y una acelerada devaluación del peso, México cayó en una profunda crisis financiera.
En su Informe anual de 1995, el Banco de México apuntaba que durante ese año “la economía mexicana sufrió la crisis más severa ocurrida desde la década de los años treinta. La interrupción repentina de los flujos de capitales del exterior hacia México a finales de 1994 e inicios de 1995, sumada a la consecuente devaluación de la moneda nacional, impusieron a la economía del país un ajuste doloroso pero inevitable. […] Cabe señalar que uno de los factores críticos que determinaron la estrategia específica adoptada, fue la débil situación del sistema financiero, resultado en buena medida del previo sobreendeudamiento de un número importante de familias y empresas mexicanas”.
En aquel entonces los subgobernadores del Banxico eran: Ariel Buira Seira –cuya pensión vitalicia actualmente asciende a 228 mil 513.44 pesos mensuales [2 millones 742 mil 161.28 pesos al año]; Guillermo Güémez García; Jesús Marcos Yacamán, con una pensión vitalicia de 219 mil 942.72 pesos cada 30 días; y Francisco Gil Díaz, a quien los mexicanos le seguimos pagando 219 mil 115.81 pesos al mes. Este último fue promotor de la creación de la empresa privada ISOSA y del derecho de trámite aduanero –operado por los fideicomisos Aduanas I y Aduanas II–, con los cuales se defraudó por años a la Hacienda Pública.
Otro exgobernador del banco central que tiene garantizada su pensión es Guillermo Ortiz Martínez, quien cada mes cobra a la nación 270 mil 642.37 pesos. El cargo lo desempeñó del 1 de enero de 1998 [último año del gobierno de Zedillo] al 31 de diciembre de 2009 [periodo que abarcó los gobiernos de Vicente Fox y parte del de Felipe Calderón].
Antes de ocupar ese cargo, Ortiz Martínez fue secretario de Hacienda en el sexenio de Zedillo. Asumió la dependencia federal el 29 de diciembre de 1994, tras la renuncia de Jaime Serra Puche ante la grave crisis que enfrentaba el país. Como titular de Hacienda, promovió el rescate fiscal de los bancos y con ello propició que las deudas privadas de éstos se convirtieran en deuda pública a través del Fobaproa, que ha costado más de 2 billones de pesos a los mexicanos.
Además de lo que le paga la nación por concepto de pensión vitalicia, Ortiz Martínez gestionó mediante correos electrónicos dos donativos en efectivo –por 5 mil dólares cada uno, en octubre de 2020 y noviembre de 2021– para beneficio del Grupo de los 30 [Consultative Group on International Economic and Monetary Affairs, Inc]. En sus solicitudes indicaba que el objeto del dinero sería contribuir en la realización de sus planes de trabajo para 2020 y 2021, respectivamente.
Guillermo Ortiz es tesorero del Grupo de los 30, donde también son miembros Ernesto Zedillo y Agustín Carstens. Las donaciones con dinero público estuvieron autorizadas por el director de Recursos Materiales del Banxico, Guillermo José Martínez Villarreal, bajo las justificaciones de que se tomaba “en cuenta que los fines de su representada tiene propósitos culturales y científicos”.
En la lista de los pensionados se encuentra también Agustín Guillermo Carstens Carstens, con una paga de 131 mil 134.04 pesos al mes. Fue gobernador del banco central entre el 1 de enero de 2010 [Felipe Calderón] y el 30 de noviembre de 2017 [Enrique Peña Nieto].
El también exsecretario de Hacienda (diciembre de 2006-2009) se caracterizó por ser un duro crítico de los pasivos generados por el sistema de pensiones e impulsó la reforma a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), para adelgazar los derechos laborales.
Entre sus frases más polémicas está aquella que pronunció el 20 de octubre del 2006, cuando era el coordinador económico de Felipe Calderón: “no hay balas de plata que uno pueda usar para que de repente haya más crecimiento, menos pobreza y más empleo”.
En la lista de exgobernadores pensionados de por vida está también Alejandro Díaz de León, supuestamente con 26 mil 370.10 pesos aunque su último sueldo que cobró en diciembre pasado ascendió a 364 mil 207.9 pesos.
Los otros pensionados por toda su vida son los exsubgobernadores: José Julián Sidaoui Dib, con 246 mil 91.30 pesos al mes; Roberto del Cueto Legaspi, con 205 mil 631.80; Javier Guzmán Calafell, con 199 mil 988.76; y Manuel Ramos Francia, con 22 mil 71.24.
Asimismo, los exaltos funcionarios: Enrique Trueba Méndez de Vigo, con 302 mil 234.29 pesos mensuales; Francisco Gerardo Rueda Rábago, con 285 mil 911.62; Fernando Liceaga Rodríguez, con 284 mil 761.30; Humberto Armando Acevedo Milan, con 264 mil 99.58; Ángel Antonio Palomino y Hasbach, 246 mil 216.02; José Julián Sidaoui Dib, 245 mil 164; Luis Emilio Gutiérrez Moller, 244 mil 607.85; José Luis Flores Lozano, 217 mil 65.12; Sergio Augusto Ghigliazza García, 217 mil 300.16; Luis Jaime Marentes Manzanilla, 215 mil 529.90; Manuel Camacho Téllez, 209 mil 492.50; Armando Raymundo Rodríguez Heres, 208 mil 750.66; Jorge Federico Espinosa de los Monteros Guerra, 207 mil 229.37; Luis Humberto Villalpando Hernández, 205 mil 980.47; Francisco Abelardo Vela Venegas, 192 mil 74.85; Gilberto Calvillo Vives, 191 mil 994.82; Carlos Jaime Bazdrech y Parada, 191 mil 424.66; Antonio Pérez Ossio, 188 mil 830.15; Ángel Rodríguez Vera, 186 mil 82.66; Magdaleno Casillas Caballero, 181 mil 777.82; Pablo García Cisneros, 171 mil 58.72; Jesús Francisco Vara Mora, 178 mil 176.60 ; Víctor Joaquín Galindo Montoro, 176 mil 953.52; Carlos Enrique Isoard y Viesca, 170 mil 358.28; Germán Andrés Fernández Aguirre, 167 mil 475.09; Salvador García Borbolla, 164 mil 720.05; Raúl Sierra Otero, 162 mil 99.10; Jorge Carlos López González, 160 mil 273.80; Álvaro Sergio Barba Rodríguez, 153 mil 466.96; Mario Luis Carranza y Lozano, 155 mil 410.26; Guillermo Tejeida Miranda, 149 mil 67.83; Reynaldo Reyes Medel, 139 mil 125 pesos al mes.
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