Con una iniciativa de reformas a la Ley de Cultura Cívica, la jefa de gobierno, Clara Brugada Molina, propuso ampliar las alternativas para resolver determinados robos de bajo valor y daños materiales mediante la reparación y los procedimientos cívicos. La propuesta contempla condiciones específicas para cada conducta y mantiene la posibilidad de acudir al Ministerio Público. El modelo incluye audiencias públicas, agentes psicosociales restaurativos y espacios comunitarios de mediación; para fortalecer los juzgados, el gobierno capitalino anunció recursos a partir de 2027

El gobierno de la Ciudad de México busca priorizar la reparación del daño por la vía cívica en determinados casos de robo de bajo valor, sin violencia ni reincidencia, y de daños materiales. Durante la presentación del proyecto, las autoridades utilizaron como referencia aproximada los 5 mil 800 pesos, aunque el equivalente exacto de 50 unidades de medida y actualización en 2026 es de 5 mil 865.50 pesos. También plantearon atender por esta vía ciertos supuestos de violencia verbal familiar, bajo condiciones específicas.

El cambio forma parte de la iniciativa de reformas a la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México que la jefa de gobierno, Clara Brugada Molina, presentó en conferencia de prensa el 19 de octubre. Según explicó, el proyecto se trabajó durante más de un año en el Gabinete de Construcción de Paz y fue enviado al Congreso capitalino el 14 de octubre.

La fiscala general de Justicia de la Ciudad de México, Bertha Alcalde Luján, precisó que la propuesta incluye determinados daños a bienes muebles o inmuebles cuyo monto no exceda las 50 Unidades de Medida y Actualización (UMA). En esos casos se contemplan la reparación material o económica y sanciones como el arresto administrativo o el trabajo en favor de la comunidad. También considera ciertos robos menores, sin violencia ni reincidencia, en los que la víctima podría optar por la vía penal o la cívica.

Alcalde Luján ejemplificó con un caso hipotético: una persona que, por primera vez y sin violencia, sustrae un objeto de bajo valor de una tienda. Si la única opción es denunciar penalmente, la víctima debe dar seguimiento a una investigación durante semanas, asumir costos y esperar la reparación, aun cuando quien tomó el artículo esté dispuesto a devolverlo. A su vez, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México debe destinar tiempo y personal que requiere para investigar delitos graves.

La propuesta también busca fortalecer la atención de conflictos como los insultos y agresiones entre vecinos, determinados daños culposos y ciertos supuestos de violencia verbal entre familiares. Su tratamiento depende de las características de cada caso, por lo que no debe entenderse como una despenalización general de estas conductas.

En cuanto al maltrato físico o verbal y los golpes que no causen lesiones, la Ley de Cultura Cívica ya contempla infracciones contra la dignidad de las personas. El artículo 26 prevé sanciones más severas cuando se trate de un pariente colateral consanguíneo o afín hasta el cuarto grado: pueden incrementarse hasta en una mitad. Esta disposición deriva de una reforma anterior y debe distinguirse de la iniciativa presentada en octubre.

La consejera jurídica y de Servicios Legales, Eréndira Cruzvillegas Fuentes, detalló que el modelo se apoya en seis pilares: promover hábitos y reglas cívicas; resolver los conflictos de manera eficiente; anticipar y prevenir riesgos; mediar y dialogar; transformar conductas, y acompañar y dar seguimiento a los casos.

Explicó que el esquema tradicional era reactivo, pues intervenía cuando el conflicto llegaba al juzgado. Con la propuesta se busca llevar la atención a las comunidades y las escuelas, ofrecer respuestas acordes con las circunstancias de cada persona y ampliar las medidas más allá de las multas.

En palabras de Brugada Molina, se pretende pasar de una justicia que acumula expedientes a una que resuelve conflictos, y de un modelo centrado en las sanciones a otro que “también repara, que acompaña, que transforma”. La mandataria añadió: “Queremos pasar de una justicia que castiga después a una justicia que previene antes”.

La jefa de gobierno enfatizó que no queda cerrada la vía penal: explicó que esta iniciativa no modifica el Código Penal y que, en los supuestos correspondientes, la persona agraviada podrá elegir entre acudir al Ministerio Público o a la vía cívica. Si opta por esta última, afirmó, se buscará una respuesta más rápida, la devolución de lo sustraído o la reparación del daño y medidas para evitar que la conducta se repita.

“No se trata entonces de castigar menos, sino de resolver mejor”, señaló. Agregó que este enfoque permitiría a las fiscalías concentrarse en los delitos más graves. Alcalde Luján sostuvo, por su parte, que “una ciudad de derechos debe buscar, frente a cada conflicto, la respuesta menos punitiva y más efectiva, que sea capaz de resolverlo. La justicia penal debe ser fuerte, efectiva y oportuna, pero también debe ser excepcional”.

La reforma contempla juicios orales con audiencias públicas en la justicia cívica. De acuerdo con la explicación de la fiscala, una jueza o un juez escucharía a las partes y, cuando hubiera una persona detenida, determinaría primero la legalidad de la detención y la existencia de flagrancia; después resolvería si se cometió la infracción.

Alcalde Luján destacó que la audiencia también podría realizarse sin una persona detenida, por ejemplo, ante una denuncia por agresiones verbales entre vecinos que no se hubiera resuelto mediante la mediación. “Se acabaron las sanciones impuestas nada más vía administrativa y de cajón”, expresó.

Otra de las figuras previstas son los agentes psicosociales restaurativos, quienes realizarían evaluaciones al inicio de los procedimientos para identificar factores emocionales, sociales y de riesgo relacionados con las conductas infractoras, como las adicciones o las condiciones de vulnerabilidad.

A partir de esos resultados, las personas podrían ser canalizadas a servicios psicológicos, sociales, educativos, laborales o terapéuticos. El objetivo es romper los ciclos de reincidencia antes de que deriven en mayor violencia, señaló la jefa de gobierno.

La fiscala añadió que la evaluación podría efectuarse incluso antes de la audiencia y que, como parte de las medidas impuestas, se contemplaría la atención psicológica o el tratamiento de adicciones.

El proyecto incluye los Centros de Gestión de Conflictos Sociales y Comunitarios, denominados Calpullis de Paz, que podrían instalarse en las Unidades de Transformación y Organización para la Inclusión y la Armonía Social (Utopías), los Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes (Pilares) u otros espacios comunitarios. En ellos se ofrecerían servicios de mediación, conciliación y justicia restaurativa, de manera presencial o virtual.

También se proponen jornadas itinerantes de justicia cívica en las colonias. Al respecto, Brugada Molina apuntó que “a veces, presentar una denuncia penal por un asunto menor, en lugar de resolver, divide más a la comunidad”.

Los acuerdos podrían incluir reparación material, económica o simbólica, compromisos de no repetición y acciones en beneficio de la comunidad, con seguimiento de personas facilitadoras. Además, se ampliarían los programas de prevención de la violencia, resolución pacífica de conflictos, atención psicológica, prevención de adicciones, actividades educativas y apoyo para buscar empleo.

Para la mandataria, la sanción también debe ofrecer una oportunidad de modificar la conducta. La atención tendría tres vías de entrada: la detección anticipada de riesgos en las comunidades; los reportes ciudadanos al 911, al Sistema Unificado de Atención Ciudadana (SUAC) y mediante mecanismos de proximidad, como las asambleas vecinales, Zócalo Ciudadano, Casa por Casa y los puntos de atención comunitaria; y la intervención policial ante una presunta infracción cívica.

El secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, explicó que la estrategia La Policía Cerca de Ti y el programa Código 1: Policía en tu Calle ayudarían a identificar conflictos antes de que escalen. La corporación atendería conductas prioritarias que afectan la convivencia, como riñas, provocaciones, intimidación, maltrato y coacción; consumo de alcohol y sustancias en espacios públicos; servicios no solicitados acompañados de coacción –como el cobro impuesto por algunos franeleros–; maltrato animal; uso imprudente de objetos peligrosos, y daños, pintas o disposición indebida de basura.

Vázquez Camacho señaló que las audiencias orales permitirían agilizar los procedimientos, pues actualmente una patrulla puede permanecer cuatro o cinco horas en un juzgado cívico durante una puesta a disposición. Añadió que la presencia policial en esas audiencias sería excepcional.

Para instrumentar el modelo, Clara Brugada anunció que el gobierno capitalino destinará recursos a los juzgados cívicos a partir de 2027. El propósito es mejorar sus instalaciones, fortalecer la plantilla e incorporar personal especializado, además de atender las necesidades de los servicios médicos legistas.