En México se necesitan acciones urgentes para erradicar la venta de niñas y de adolescentes con fines matrimoniales o de unión temprana infantil, indicó Constanza Tort San Román, encargada de despacho de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna).

En ese sentido, señaló que a partir de 2021, el Sipinna asumió la responsabilidad de convocar a instancias federales para que en conjunto y articuladamente se generen acciones que terminen con la violencia hacia los menores y la vulneración de sus derechos humanos.

Por ello, indicó que en reuniones con las y los representantes de las instituciones estratégicas participantes, se estableció la necesidad de trabajar desde distintos ejes para prevenir nuevos casos de violencia infantil y dar protección a quien lo necesite.

Asimismo, dijo que se pondrá en marcha un documento donde se recopilen conceptos, criterios y categorías clave sobre la venta de niñas con fines de matrimonio forzado. Ello, subrayó, permitirá construir políticas necesarias en los territorios y las comunidades con mayor incidencia del problema, a partir del Plan de Acción 2019-2024 de México en la Alianza Global para poner fin a la violencia contra la niñez.

Constanza Tort San Román aseguró que se trabajará en el concepto de venta de niñas y matrimonio forzado que incluya la desagregación de datos entre niñas menores de 12 años y las adolescentes de entre 12 y 17 años. Con ello se pretende no discriminar a las poblaciones indígenas y sus dinámicas matrimoniales; y, si es el caso, redefinir el concepto de los usos y costumbres, a fin de respetar los derechos de las niñas y las adolescentes.

Además, se busca “impulsar la unificación de los códigos penales sobre la violencia sexual en contra de las niñas y las adolescentes, y la revisión de las normas que puedan ser discriminatorias hacia ellas, que consideren que existen matrimonios que tienen como base la violencia estructural”.

La encargada de despacho del Sipinna también indicó que en colaboración con autoridades comunitarias indígenas, se brindará información en sus lenguas nativas para propiciar la creación de espacios de participación y lograr una perspectiva más abierta en educación sexual. También, se establecerán mecanismos de mediación en las comunidades de usos y costumbres para que se respeten los derechos humanos de niñez y adolescencia, puntualizó.

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